In this roundtable, our speakers analyze, evaluate and criticize the new legal scenario which is the collective labor law, specifically related to collective bargaining, in an area influenced by the development of capitalism, which is beginning to cause different forms business organizations that break the paradigm of the definition of company we know, and thus leads us to redesign legal parameters to meet the challenges of the now called “business groups” and “network companies” for a proper defense of the collective rights of workers and defend the interests of employers. / En la presente mesa redonda, nuestros ponentes analizan, evalúan y critican el nuevo escenario legal en el cual se encuentra el derecho colectivo del trabajo, específicamente relacionado con las negociaciones colectivas, en un ámbito influenciado por desarrollo del capitalismo, que empieza a originar distintas formas de organizaciones empresariales, que rompen el paradigma de la definición de empresa que conocemos, y que de esta manera, nos lleva a rediseñar parámetros legales para sobrellevar los desafíos de los ahora llamados “grupos empresariales” y “empresas en red” para un adecuada defensa de los derechos colectivos de los trabajadores y la defensa de los intereses de los empleadores.

Tras la introducción del artículo 61-A al Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el número de arbitrajes en materia laboral ha aumentado de manera considerable, tan es así que hoy se constituye como una de las novedades más resaltantes que se ha producido en materia de solución de conflictos laborales. Son muchas las opiniones que se han emitido a raíz de la emisión de esta norma. Algunos a favor del arbitraje potestativo y otros en contra, llegando incluso estos últimos a sostener que el Decreto Supremo, que introduce esta norma, sería inconstitucional. Dadas estas circunstancias, decidimos entrevistar al profesor Javier Neves, experto en Derecho Laboral, quien nos expuso su punto de vista respecto a la naturaleza del arbitraje potestativo y a las implicancias que de este se derivan. Since the promulgation of Article 61-A of the Regulations of the Collective Labor Relations Law, the number of labor arbitrations has increased considerably to the extent that today they are considered to be one of the most important innovations that have been implemented for the solution of labor conflicts in Peru. Many different opinions about this norm have been published since its promulgation; some favor facultative arbitration and others are critical, even going to the point of sustaining that the Supreme Decree that promulgated this norm is unconstitutional. As a result of this controversy, we decided to interview Professor Javier Neves, an expert in Labor Law, who discusses his point of view on the nature of facultative arbitration and its implications.

The facultative arbitration in labor matters procedures allows either party of   the employment relationship to compel the other to submit their disputes to an arbitral tribunal. One of the application assumptions of the facultative arbitration in labor mattersprocedures when bad faith of a party during the negotiation of the statement is noticed,which should be tested.What happens with the decision of the Arbitral Tribunal which admits the claim and establishes that it has jurisdiction to hear the case? In this article, the author analyzes the procedural effects of this decision, in the light of the doctrine and jurisprudence. / El arbitraje potestativo en materia laboral permite que cualquiera de las partes de la relación de trabajo pueda forzar a la otra parte a someter sus diferencias a un Tribunal Arbitral. Uno de los supuestos de procedencia del arbitraje potestativo  en materia  laboral es que se advierta la mala fe de una de las partes durante la negociación del pliego, lo cual deberá ser probado.Ahora bien, ¿qué ocurre con aquella decisión del Tribunal Arbitral que admite a trámite la demanda y se declara competente para conocer el caso? En el presente artículo, el autor analiza los efectos procesales de esta decisión, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia.

This article addresses the issue about the application of Facultative Arbitration and its effect on the redirection of negotiable behaviors of business and gremials organizations in order to achieve some previous agreement before they submitted to an arbitral tribunal. Furthermore, the authors compare the effects of the strike concept variation on the qualification of this like legal or illegal and its relationship with the emergence of Facultative Arbitration that, as an exceptional measure, complement the collective negotiation. / El presente artículo trata sobre la aplicación del Arbitraje Potestativo y su efecto en la redirección de las conductas negociales de las organizaciones gremiales y empresariales a fin de que logren un acuerdo previo antes de someterse a un tribunal arbitral. Asimismo, los autores comparan los efectos de la variación del concepto del derecho a la huelga en la calificación de esta como legal o ilegal y su relación con la aparición del Arbitraje Potestativo que, como medida excepcional, complementa la negociación colectiva.

This work studies constitutional bases of two essential institutions of Collective Labor Law: employer’s obligation to negotiate collectively and facultative arbitration. In relation to the first one, using tools provided bythe Theory of Law, it is argued that the section 28º of Peruvian Constitution establishes a collective negotiation concept as claim (not as permission) so, employers legal obligation of collective negotiation is constitutional. In theother hand, regarding facultative arbitration, it has constitutional support on state’s obligation to promote pacific ways to labor conflicts; even though, it is questioned that a «sub constitutional» rule has restrictively regulated this institution. / En este trabajo se estudian las bases constitucionales de dos instituciones centrales del derecho colectivo del trabajo: la obligación patronal de negociar colectivamente y el arbitraje potestativo. En lo que se refiere a la primera, utilizando las herramientas que proporciona la teoría del derecho, se sostiene que el artículo 28 de la Constitución consagra una concepción de la negociación colectiva como pretensión (y no como permiso), y por tanto, que es constitucional el deber legal de los empleadores de negociar colectivamente. En cuanto al segundo, se afirma que este encuentra sustento constitucional en la obligación estatal de promover formas pacíficas de solución de los conflictos laborales, aunque se cuestiona que la normativa infraconstitucional haya regulado esta institución de forma restrictiva.