This paper analyzes the employment policy of the current Peruvian government. We begin with some considerations on the economic and social context of the period 2011-2015 and specifically on the concept of precariousness in employment. Then we analyze the most important changes in labor and social security matters; finally, we will discuss some proposals for concrete measures regarding the search for solution of the problems addressed. / El presente trabajo se propone analizar la política laboral del actual Gobierno peruano. Empezaremos con algunas consideraciones sobre el contexto económico y social del período 2011-2015 y específicamente sobre el concepto de la precariedad en el empleo. Luego, analizaremos los cambios más importantes en materia laboral y previsional; finalmente, expondremos algunas propuestas como medidas concretas respecto a la búsqueda de solución de los problemas tratados.

This article focuses on the analysis and use of the institutions that are used in the new work process in order to give effective protection to workers in a process who were imposes a minimum duty of proof, and in turn, serve to combat fraud in hiring. / El presente artículo se enfoca en el análisis y usos de las instituciones que se utilizan en el nuevo proceso laboral con el fin de dar un tutela efectiva a aquellos trabajadores dentro de un proceso a quienes se les impone un deber mínimo de probanza, y, a su vez, sirva para combatir el fraude en la contratación laboral.

The New Labor Procedure Act has generated many changes in the structure of the labor process itself: It has turned from being written and unfocused to become now an oral and concentrated one. As a consequence, there's only once chance for convincing the Judge.This article covers the strategy to be followed in this new process, from the strategy itself to the allegations, in order to generate certainty in the judge whom will solve the case. / La Nueva Ley Procesal del Trabajo ha generado cambios muy amplios en la estructura delproceso mismo: Ha pasado de ser un proceso escrito y desconcentrado a convertirse en uno oral y concentrado. Como consecuencia de ello, existe una única oportunidad de convencer al Juez.El presente artículo abarca la estrategia que debe seguirse en este nuevo proceso, desde la formulación de la estrategia misma hasta los alegatos, a efectos de generar convicción en el juzgador que resolverá el caso.

The facultative arbitration in labor matters procedures allows either party of   the employment relationship to compel the other to submit their disputes to an arbitral tribunal. One of the application assumptions of the facultative arbitration in labor mattersprocedures when bad faith of a party during the negotiation of the statement is noticed,which should be tested.What happens with the decision of the Arbitral Tribunal which admits the claim and establishes that it has jurisdiction to hear the case? In this article, the author analyzes the procedural effects of this decision, in the light of the doctrine and jurisprudence. / El arbitraje potestativo en materia laboral permite que cualquiera de las partes de la relación de trabajo pueda forzar a la otra parte a someter sus diferencias a un Tribunal Arbitral. Uno de los supuestos de procedencia del arbitraje potestativo  en materia  laboral es que se advierta la mala fe de una de las partes durante la negociación del pliego, lo cual deberá ser probado.Ahora bien, ¿qué ocurre con aquella decisión del Tribunal Arbitral que admite a trámite la demanda y se declara competente para conocer el caso? En el presente artículo, el autor analiza los efectos procesales de esta decisión, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia.

The labor guardianship of worker’s fundamental rights: A pending subject in times of reformThe articlestarts with the penetration of Constitutional Law in labor relations mainly promoted by the Constitutional Court, which with its repeated statements have specified the normative content of workers’ constitutional rights. From this, it maintains that in protection matters of fundamental rights we are in the middle of an insufficientordinary route and another extraordinary route, legal protection, also unable to assume adequate protection of workers. The article analyzes particularities that should have a claim of violation of the fundamental rights of any other in alabor site to pick up characteristics such as:  accentuated swiftness, priority and preventing inadmissibility “in limine”. Finally, the text concludes regretting that New Procedural Labor Lawhasn’t created an ad hoc process for the protection of fundamental rights and that, on the contrary, it has opted for a disperse and chaotic system to protect them. / El artículo tiene como punto de partida la penetración del Derecho Constitucional en las relaciones de trabajo impulsada principalmente por el Tribunal Constitucional, el cual, con sus reiteradas sentencias, ha precisado el contenido normativo de los derechos constitucionales de los trabajadores. A partir de ello, se sostiene que en materia de protección de los derechos fundamentales nos encontramos en medio de una vía ordinaria insuficiente y otra vía extraordinaria, la del amparo, también incapaz de asumir la protección adecuada del trabajador. El artículo analiza las particularidades que debe tener una demanda de violación de derechos fundamentales y que la diferencian de cualquier otra en sede laboral para recoger características como: celeridad acentuada, prioridad e impedir la improcedencia in limine. Finalmente, el texto concluye lamentando que la Nueva Ley Procesal del Trabajo no haya creado un proceso ad hoc para la protección de derechos fundamentales y que, por el contrario, se haya optado por un sistema disperso y caótico para la protección de los mismos.

La Prueba de Oficio, es una institución controvertida, que ha vuelto a cobrar especial importancia debido a la modificatoria del artículo 194º del Código Procesal Civil. Modificatoria, que ha generado que vea el artículo 22º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, con una mirada crítica, llegando a considerar que contiene una fórmula legislativa demasiado general. Es así, que el objetivo principal de esta trabajo de investigación, es determinar si la prueba de oficio en el proceso laboral, requiere una nueva fórmula legislativa, que incluya alguno de los límites de aplicación que establece el artículo 194º. Para ello analizaremos principalmente, la prueba de oficio a la luz de la modificación introducida por la Ley Nº 30293, la parte pertinente de la doctrina, el derecho comparado y el X Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de la República. Tenemos gran interés en la prueba de oficio, debido a que muchas veces los trabajadores por razones económicas no logran ser representados por letrados de gran experiencia, circunstancia que resulta ser un claro reflejo de la notoria desigualdad en el binomio empleador-trabajador; razón por la cual es imprescindible contar con magistrados que sean verdaderos directores del proceso y que de ser el caso adviertan la necesidad de recurrir excepcionalmente a la prueba de oficio. Diez años después de la vigencia de la Ley N.º 29497 y sabiendo que actualmente el uso de la prueba de oficio tiene algunas debilidades, consideramos que necesitamos que el artículo 22º evolucione. / The main objective of this thesis is to determine if the evidence required by the judge in the labor process require a new legislative formula. We going to analyze the Law 30293, and the X Plenary Civil Casatorio of the Supreme Court of the Republic, issued last September. Currently, the right to evidence has gained special importance as a manifestation of the right of defense. Therefore, and bearing in mind that the right to prove is not, nor should it be, exclusively for the parties, we have analyzed the legislative formula of article 194 of the Civil Procedure Code in order to determine the convenience of these guidelines in the process regulated by law 29497. We are clear that the labor process contains a notorious inequality between the employer-worker binomial, for this reason, it´s essential to have magistrates who are true directors of the process and who, if necessary warn of the need to excepcionally resort to ex officio evidence. Ten years after the entry into force of Law No. 29497 and knowing that currently the use of the ex officio test has some weaknesses, we consider that we need Article 22 to evolve. / Trabajo de investigación