Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Es en la década de los años setenta cuando surge una preocupación jurídica por el consumo y el consumidor. Hasta entonces se entendía el consumo como un fenómeno estrictamente económico, de forma que, si se regulaba convenientemente la libre competencia, el consumidor tendría plenamente resueltas sus aspiraciones, demandas e intereses. Sin embargo, la necesidad de que el consumidor sea protegido es consecuencia del reconocimiento de que existe una gran masa que al realizar las operaciones normales de la vida diaria, referidas principalmente a la adquisición de bienes y servicios, no están en condiciones de conseguir por sí solas las calidades y precios adecuados, o dicho de otra forma, no existe equilibrio entre la posición que ocupa el consumidor en el mercado y la que ocupa la empresa organizada. Esta preocupación por el consumidor ha tenido acceso a las recientes constituciones, como es el caso de la portuguesa de 1976 y de la Constitución española de 1978, que en su artículo 51 establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo comprende la creación de una propuesta de Repertorio del “Título III: Disposiciones especiales”, el “Título IV: Del procedimiento a que da lugar la aplicación de esta ley y del procedimiento para la defensa del interés colectivo o difuso”, el “Título V: Del sello SERNAC, del servicio de atención al cliente y del Sistema de Solución de Controversias”, el “Título VI: Del Servicio Nacional del Consumidor”, y el “Título Final” de la Ley N° 19.496, promulgada el año 1997, la cual no se encontraba en la anterior versión del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias que data del año 1994. Para ello, en el marco del proyecto de Actualización de Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias, se realizó una compilación de sentencias, la que consideraba aquellos fallos de las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, Tribunal Constitucional y dictámenes de la Contraloría, dictados entre los años 1997 y 2010 relativos a la Ley N° 19.496. Una vez terminado el trabajo de recopilación se procedió a la creación del Repertorio de esta Ley, revisando su historia legislativa y agregando jurisprudencia destacada que permitiera una mejor comprensión de los artículos de la misma. Finalizada la búsqueda y sistematización de la jurisprudencia relevante, es innegable la importancia de las reflexiones v judiciales al momento de evaluar la aplicación de la ley a situaciones particulares. Junto con este trabajo se presenta una monografía que tiene como finalidad dar una mejor comprensión a las materias abordadas en los Títulos de la Ley N° 19.496 antedichos, analizando el desarrollo doctrinario y jurisprudencial sobre aquellos temas. La memoria finaliza con la inclusión, como anexo, de aquellas fichas realizadas por los autores dentro del Taller de Memoria

Memoria (Licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El objetivo de esta memoria es analizar las infracciones a la Ley 19.496 o Ley de protección a los derechos de los consumidores, de modo tal de dejar en evidencia la ineficacia del sistema para prevenir la existencia de fórmulas contractuales que abiertamente infrinjan la norma protectora. La investigación se divide en cuatro capítulos. El primero describe el origen y modelo de negocios de las empresas de descuentos, se recopila información acerca de las denuncias que ha recibido en su contra y la normativa general que regula la materia. El capítulo II ahonda en las infracciones que existen en sus términos y condiciones presentes en su página web, y como se respetan o no la ley 19.496. En el capítulo III se analiza el actuar del Servicio Nacional del Consumidor en esta materia, y en qué ha derivado su proceder. Finalmente, el capítulo IV de los resultados del accionar de Sernac, analiza qué soluciones se podrían plantear para poder evitar las infracciones de las nuevas empresas de descuentos que surjan a futuro o de las nuevas formas de contratación derivadas del Comercio Electrónico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo se hace un análisis de la interpretación y aplicación llevada a cabo por el Servicio Nacional del Consumidor, organismo público encargado de velar por la protección de los consumidores en Chile, respecto del artículo 16 letra g) de la Ley N° 19.496 durante el período que comprende los años 2006 hasta 2014, realizando un estudio tanto de las demandas presentadas por dicho organismo en ejercicio de su legitimidad activa para representar intereses colectivos o difusos como en distintos estudios que luego han dado origen a una serie de informes, los que a su vez han derivado en instancias de mediación colectiva con los proveedores, todo esto con la finalidad de determinar el sentido y alcance que le ha dado la autoridad administrativa a la cláusula abusiva de carácter general contenida en esta norma. Para el estudio de este tema se realizará además un análisis comparativo de la interpretación hecha por SERNAC con lo que ha dicho tanto la jurisprudencia como la doctrina acerca del control de contenido de los contratos por adhesión. Se pondrá especial énfasis en qué es lo que se ha entendido por infracción a la buena fe, por desequilibrio importante de las prestaciones, por finalidad del contrato y por la alusión a las disposiciones generales y especiales que lo rigen, todo esto en conformidad a la estructura de la cláusula general dada por la letra g) del artículo 16 de la LPDC, teniendo también presente cómo la noción de expectativas razonables del consumidor ha influido en esta labor. Lo anterior dará pie, detectadas posibles falencias, a la formulación de críticas a la tarea interpretativa, sumado a la proposición de soluciones y reformas normativas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En primer término, el presente trabajo pretende subsanar deficiencias procesales que se han ido develando con el devenir de los años en ciertos ámbitos de la contratación. Si bien, desde una óptica tradicional, en las relaciones entre particulares existen lazos de carácter eminentemente horizontal, en que las partes se miran como iguales, hoy por hoy, en contextos tales como la responsabilidad médica por mala praxis, el derecho del trabajo o de protección al consumidor, presentan especiales características de desigualdad económica, productiva y de información, entre las partes contratantes. Para esto, analizaremos la institución moderna de la carga dinámica de la prueba, sus principales características y estructura, consecuencias prácticas, fundamentos que llevaron a su creación y estudio, así como también, el actual estado de la distribución del esfuerzo probatorio en áreas de especial interés; como son el derecho laboral y de protección al consumidor. Luego, se construirá doctrinalmente el principio de colaboración, a través de los elementos que nos proporcionan la buena fe y la adquisición procesal. Veremos que dicho principio actúa como idea inspiradora de diversas normas que contemplan sanciones efectivas a las partes que injustificadamente no colaboren en el esclarecimiento de los hechos. En tercer lugar, presentamos como modelo alternativo, la responsabilidad objetiva y las presunciones de culpa, los cuales permiten eximir de la carga de acreditar la negligencia con que ha actuado el causante del daño, cuando se trate de actividades que normalmente lleven un riesgo aparejado por el solo desarrollo de dicha función. Cerraremos dando un vistazo hacia el exterior y examinaremos el tratamiento con el que el derecho comparado ha intentado revertir situaciones de desigualdad contractual y procesal, dentro de las reglas relativas a la carga de la prueba. Por último, expondremos un ítem final que da cuenta del Proyecto de Ley (Boletín 9369-03), en actual tramitación, que pretende incorporar a la normativa vigente de defensa de los derechos de los consumidores, una alteración de las cargas probatorias de manera facultativa por el juez, verificados ciertos supuestos de hecho. Para finalizar, se extraerán las conclusiones que se coligen del presente trabajo, delimitando así, el mecanismo idóneo bajo el cual se posibilita el restablecimiento de la igualdad entre las partes.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de la presente memoria consiste en determinar la eficacia y alcance de la cláusula de desistimiento -o de terminación unilateral- en los contratos civiles y los contratos de consumo, así como también la eficacia y alcance de las cláusulas de modificación unilateral insertas en estos últimos. Al respecto, es preciso advertir que esta memoria sólo se limitará a indagar acerca de los márgenes normativos dentro de los cuales las cláusulas antedichas pueden producir efectos jurídicos, dejando así de lado la cuestión sobre las sanciones que recaen sobre aquellas cláusulas que no se ajustan a dichos márgenes. En otras palabras, las discusiones relativas a la ineficacia de las cláusulas de desistimiento o modificación, ya sea desde la perspectiva del Derecho Civil o del Derecho del Consumo1, no serán objeto de este trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En las últimas décadas, Chile se ha dotado de una institucionalidad y una regulación que norma el vínculo que se produce en el acto de consumo y establece los derechos del consumidor. La ley 19.496 y, particularmente, el artículo 23 inciso 1° contenido en ella, es la piedra angular de dicho ordenamiento en materia de responsabilidad. Pese a la importancia de esta normativa, su interpretación desde la doctrina y la aplicación en la práctica, así como la jurisprudencia no han generado consenso. En la aplicación del artículo 23 inciso 1° de la Ley 19.496, el presente trabajo se propuso identificar su uso más apegado al sentido de la normativa. La conclusión a la que arribamos es que debe primar el principio de Especialidad vigente en nuestro ordenamiento. Ello se traduce en la pertinencia de aquellos artículos que regulan específicamente conductas negligentes de los proveedores, apelando al artículo 23° solamente en los casos en los que el legislador no ha regulado la negligencia en una materia específica. / 23/09/2017

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Memoria de título para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / En el último tiempo, se han incorporado y modificado distintas legislaciones destinadas a regular y circundar los nuevos flancos que el mundo moderno ha traído al Derecho del Consumo (“DDC”). La relevancia de dicha disciplina dice relación con que la mayoría de los contratos que una persona firma durante su vida se encuentran amparados en este ámbito del derecho, por lo que gran parte de los conflictos contractuales entre dos particulares también habrán de darse en esta sede. La presente investigación tuvo como finalidad determinar cuáles han sido los principales lineamientos y tendencias de las I. Cortes de Apelaciones (“Corte de Apelaciones”) y la Excma. Corte Suprema (“Corte Suprema”) de nuestro país en materia del DDC, a la luz del impacto de la LDC y sus reformas más importantes. Para ello, se consideró una muestra de las sentencias pronunciadas por los Tribunales Superiores de Justicia (“TSJ”) desde 1997, fecha de promulgación de la LDC original hasta el año 2017 con el objetivo de determinar cuál fue, en términos empíricos, el comportamiento de la jurisprudencia en relación con la LDC y sus diversas modificaciones durante sus primeros veinte años de aplicación (1997-2017)1. A partir de dicha base de datos, se hicieron análisis de 7 aspectos de la base de datos, a saber: (i) la evolución de la judicialización en los TSJ de las causas referidas al DDC; (ii) el análisis de la aplicación de la LDC y sus principales modificaciones a través del tiempo; (iii) la tendencia de las revocaciones y confirmaciones de los TSJ por año; (iv) la posición 1 Para definir el número de sentencias a analizar, se hizo un primer cálculo relativo a la cantidad de sentencias totales que hicieron mención directa a la aplicación de la Ley Nº 19.496, la Ley Nº 19.955 y la Ley Nº 20.555. A partir de ese resultado, se hizo un primer filtro relativo a solo aquellas sentencias que hayan sido pronunciadas por TSJ. De ese total, se hizo una exploración de sentencias relevantes mediante una metodología que consideraba tres etapas diferentes: Primero, se hizo una búsqueda con menciones expresas a cada ley examinada, según su periodo de vigencia predominante. Así la Ley Nº 19.496 en su redacción original fue examinada entre los años 1997 y 2004; la Ley Nº 19.955 fue inspeccionada desde el 2004, año en que fue promulgada, hasta el año 2010 y la Ley Nº 20.555, analizada desde su promulgación, en febrero del 2011, hasta el año 2017. Posteriormente, y para evitar la omisión de sentencias que hayan aplicado un artículo adicionado por una reforma a la LDC, se pesquisaron de manera independiente los principales artículos incorporados por la Ley Nº 19.955 y Nº 20.555 a la LDC. Para terminar, y en pos de la rigurosidad del ejercicio, se examinaron las principales modificaciones que las leyes recién mencionadas hicieron a la LDC, en cuanto a redacción de preceptos ya existentes, sin nuevas incorporaciones de artículos. Este ejercicio dio como resultado una base de datos que contiene 655 sentencias o, en términos estadísticos, observaciones. Por motivos metodológicos que serán expuestos oportunamente y que se encuentran relacionados con la integridad de la información expuesta, se utilizó la base de datos del buscador Vlex. 6 predominante de las cortes respecto a la figura del consumidor; (v) las tendencias de las revocaciones y confirmaciones respecto a la figura del consumidor; (vi) los pronunciamientos de los TSJ según mercado; (vii) El desempeño del SERNAC en las sentencias a favor del consumidor