Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La judicialización del cambio climático ha aumentado exponencialmente dentro de los últimos años, debido a la lenta reacción de los Estados en tomar las medidas legislativas necesarias para adaptar a la sociedad actual a las exigencias del fenómeno del cambio climático. Uno de los casos más emblemáticos dentro de este nuevo movimiento es el de Urgenda vs Holanda, en donde el Tribunal ordenó al Estado que redujera sus emisiones de GEI en al menos un 25% para el año 2020 respecto a los niveles de 1990, basado en la evidencia científica disponible y en los compromisos internacionales adoptados por el Estado. Sin embargo, y a pesar del éxito del caso anteriormente mencionado, la mayoría de estos juicios no corren la misma suerte, principalmente por dos grandes problemas: El primero de ellos es la prueba de la causalidad, la que se ve muchas veces obstaculizada debido a la naturaleza difusa del daño ambiental. El segundo problema es la reticencia de los tribunales a aceptar la evidencia científica como argumento válido para imputar responsabilidad o para establecer un deber de cuidado respecto del demandado. El objetivo de este artículo es, en base al análisis de doctrina especializada y jurisprudencia nacional y comparada, revisar estas dificultades y descubrir sus posibles soluciones, las que van desde la inversión de la carga de la prueba, hasta las presunciones de responsabilidad. Por otro lado, también se pretende analizar el caso Urgenda vs Holanda con la finalidad de exponer los principales puntos de la sentencia, para luego pasar a la revisión de la prueba de la causalidad y por qué razones fue aceptada la evidencia científica del IPCC en este caso, lo que ha traído como consecuencia un nuevo movimiento de demandas en contra de Estados por razones y con argumentos muy similares a los entregados por la Fundación Urgenda.