Magíster en derecho con mención en derecho penal / El abigeato siempre ha tenido especial importancia, por su trascendencia social y económica. Durante los últimos ocho años, nuestra legislación ha sido modificada principalmente por dos leyes, en el año 2006 la Ley 20.090 y el año 2012 por la Ley 20.596. De ahí, el interés en revisar las especiales características de su actual fisionomía. En cuanto a los aspectos dogmáticos, veremos que se trata de una figura derivada del robo o del hurto y responde a los mismos análisis, solo que con particularidades. Revisaremos algunas dificultades prácticas en torno a su tipificación, facultades de la policía, elementos distintivos y la presunción legal de autoría que modifica la regla general del iter criminis. Revisaremos los conflictos generados por la naturaleza del bien jurídico protegido que, conlleva un cuestionamiento a la constitucionalidad del aumento de pena, paralelos y hasta concurso en situaciones practicas, con las figuras contempladas en otras leyes que abordan en conjunto el tema cárneo, principalmente la ley sobre mataderos clandestinos y otras normas asociadas al gran tema de la carne y la ganadería, intentando evidenciar algunas carencias legislativas y las repercusiones desde el punto de vista teórico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El uso de presunciones y ficciones en el ámbito tributario como mecanismo contra el fraude fiscal, e incluso como medio para facilitar la actividad fiscalizadora de la autoridad administrativa, se posiciona como una tendencia generalizada en los ordenamientos jurídico tributarios. Precisamente, dada la efectividad de este tipo de instrumentos para el interés recaudatorio del fisco, es que existe en la práctica una delgada línea entre la necesidad y el abuso, lo cuál en el peor de los casos puede llegar a vulnerar las garantías fundamentales que asisten a los contribuyentes. Desde una premisa práctica, se observa en Chile una insuficiencia del tratamiento que se le ha dado a este tipo de mecanismos legales, tanto de parte del legislador como de la jurisprudencia, los que parecieran tener una responsabilidad no menor en los problemas asociados a su establecimiento y posteriormente en su aplicación. El análisis de normas específicas del ordenamiento jurídico en general, así como de las normas de Derecho Tributario chileno, soporta la apreciación anterior

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación, comienza con la exposición del sistema de responsabilidad civil como mecanismo de prevención y reparación del daño ambiental, comúnmente recogido en diversas legislaciones, e incluida en el Derecho chileno a partir de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esta ley, establece un régimen general de responsabilidad basado en la culpa del autor del daño ambiental, el que contempla ciertos matices, tales como las presunciones de culpabilidad que invierten la carga probatoria en favor de la víctima de un daño ambiental, entre otros. En los capítulos siguientes, se describe y analiza especialmente la presunción de culpabilidad del artículo 52 de la Ley N° 19.300, con el objeto de determinar su alcance normativo, para enseguida estudiar los fallos de la Excelentísima Corte Suprema, y de los Tribunales Ambientales de Santiago y Valdivia que aplican la presunción, examinando su incidencia práctica y su evolución, para finalmente concluir cuáles son las tendencias jurisprudenciales en la materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La judicialización del cambio climático ha aumentado exponencialmente dentro de los últimos años, debido a la lenta reacción de los Estados en tomar las medidas legislativas necesarias para adaptar a la sociedad actual a las exigencias del fenómeno del cambio climático. Uno de los casos más emblemáticos dentro de este nuevo movimiento es el de Urgenda vs Holanda, en donde el Tribunal ordenó al Estado que redujera sus emisiones de GEI en al menos un 25% para el año 2020 respecto a los niveles de 1990, basado en la evidencia científica disponible y en los compromisos internacionales adoptados por el Estado. Sin embargo, y a pesar del éxito del caso anteriormente mencionado, la mayoría de estos juicios no corren la misma suerte, principalmente por dos grandes problemas: El primero de ellos es la prueba de la causalidad, la que se ve muchas veces obstaculizada debido a la naturaleza difusa del daño ambiental. El segundo problema es la reticencia de los tribunales a aceptar la evidencia científica como argumento válido para imputar responsabilidad o para establecer un deber de cuidado respecto del demandado. El objetivo de este artículo es, en base al análisis de doctrina especializada y jurisprudencia nacional y comparada, revisar estas dificultades y descubrir sus posibles soluciones, las que van desde la inversión de la carga de la prueba, hasta las presunciones de responsabilidad. Por otro lado, también se pretende analizar el caso Urgenda vs Holanda con la finalidad de exponer los principales puntos de la sentencia, para luego pasar a la revisión de la prueba de la causalidad y por qué razones fue aceptada la evidencia científica del IPCC en este caso, lo que ha traído como consecuencia un nuevo movimiento de demandas en contra de Estados por razones y con argumentos muy similares a los entregados por la Fundación Urgenda.