Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo es un análisis pormenorizado del contenido del “Libro Azul: la demanda marítima boliviana”, en cuanto a su eventual valor como compendio de los argumentos históricos, políticos y jurídicos que sustentan la reclamación marítima. El objetivo propuesto es extraer y comentar sus principales alcances histórico-jurídicos y contrastarlos con un examen riguroso de los acontecimientos históricos que les dan origen, las normas aplicables en el campo del derecho internacional público y, en lo pertinente, de la legislación colonial. Con miras a la consecución de dicho fin, se ha optado por un método de exposición segmentada de los principales párrafos del texto boliviano, incluyéndose inmediatamente sus respectivas observaciones, correcciones y análisis; todo ello, sin perjuicio de haberse estructurado éstos de acuerdo a criterios cronológicos y temáticos que facilitan su estudio. Los resultados de la presente memoria apuntan a despejar las interrogantes y contradicciones que supone el “Libro Azul” dado su carácter de texto gubernamental y no académico, objetivo que es promovido en el afán de contrastar sus contenidos con la realidad histórica y con el apego irrestricto del derecho aplicable a cada suceso aludido por el libro altiplánico

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende esclarecer el rol de la ciudad de Arica en la pretensión marítima boliviana sostenida contra Chile. Para conseguir tal fin este se construye en base a una recopilación de hitos clave en las relaciones de Bolivia con Perú, soberano de aquella provincia hasta 1883, y con Chile, primero poseedor de ella hasta el año 1929 y luego soberano en propiedad. A ese efecto además se analiza el papel del Tratado de 1929 entre Perú y Chile, junto con su Protocolo Complementario, para luego proceder a abordar la estrategia de Bolivia en la actualidad. La pretensión boliviana sobre la ciudad de Arica, sostenida frente al Perú, se prolonga hasta el día de hoy, según los argumentos revisados en este trabajo

Cuando inicié las investigaciones sobre el tema de mi tesis, ellas me hicieron recordar mis años juveniles en La Haya, donde me tocó la oportunidad de trabajar como Tercer Secretario en l a confortable Embajada de Nassauplein, una bella casa remodelada de tres pisos, muy cerca de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En aquella época, gracias a la generosidad de mis colegas, tuve la fortuna de ocuparme de los temas jurídicos que se referían a la Corte. Recuerdo que, -- por mi interés por el derecho ambiental --, me tocó seguir muy de cerca el caso de los Ensayos Nucleares franceses de 1995 y que tuve que asistir en numerosas ocasiones al Palacio de la Paz, sede de la CIJ.

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Ésta memoria, básicamente e intentando ser lo más didáctica y clara posible, da conocer un conflicto que se ubica en nuestra frontera noreste, siendo uno de los tantos dilemas que tenemos con el gobierno boliviano. A grandes rasgos, el problema en sí consiste en el aprovechamiento aguas abajo, de un Río Internacional, hecho lícito, según la postura chilena y la postura boliviana, que califica de ilícito, el aprovechamiento por Chile de unos manantiales ubicados en la provincia de Sud Lípez que escurren hacia Chile. ¿Cómo se llega a este conflicto? El desarrollo de las posturas de ambos países, la legislación aplicable según cada posición, el conflicto en la actualidad y la presencia de la prensa como creadora y preservadora del problema, son algunos de los ámbitos que se desarrollaran al correr de éstas páginas.

Como resultado de la Guerra del Pacífico, Chile anexó a su territorio el territorio boliviano que le daba salida al mar. En consecuencia, la relación entre ambos países se caracterizó por los intentos constantes – y fallidos – de Bolivia de recuperar su acceso al Océano Pacífico. Pero la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (planteada en el año 2013) no prosperó, y fue declarada improcedente en el año 2018. Perú no fue parte de este proceso, pero como peruana, me interesó muchísimo. Bolivia sustentó su demanda – obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico – haciendo referencia a distintos instrumentos internacionales que no generaron, según la Corte Internacional de Justicia, dicha obligación (intercambios de notas y cartas, memorándums, agendas de negociación, minutos de reuniones, etc.) y en figuras que no se consolidaron (estoppel, aquiescencia, expectativas legítimas). Este informe tiene como objetivo analizar, en primer lugar, la objeción preliminar planteada por Chile respecto a la competencia de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia, y en segundo lugar, el procedimiento de la demanda de Bolivia, el contexto histórico, qué configura una negociación, y los conceptos y características para que los actos bilaterales y unilaterales efectivamente sean considerados vinculantes y capaces de generar una obligación como la obligación de negociar alegada por Bolivia. Asimismo, hago un breve análisis de las figuras jurídicas internacionales que, según Bolivia, se configuraron. Finalmente, concluyo en que la Corte Internacional de Justicia resolvió de manera correcta, pues de lo contrario se hubiera solidificado un precedente muy peligroso para las relaciones internacionales.

El Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo (CIDF) es el principal mecanismo bilateral que aborda los temas fronterizos de Tacna (Perú) y Arica y Parinacota (Chile), y que funciona hace veinte años con reuniones bilaterales en donde participan funcionarios de ambas cancillerías, autoridades subnacionales y miembros de la sociedad civil con el objetivo de consolidar la integración fronteriza. Sin embargo, al momento de evaluar el rendimiento del CIDF, los resultados muestran una serie de problemas y críticas como un bajo cumplimiento de acuerdos (39.4% de efectividad hasta el 2011), la poca relevancia y baja participación de los actores estatales y subnacionales en el CIDF, y una coordinación deficiente debido a las trabas burocráticas y centralistas al momento de recoger las demandas de la sociedad civil. Por ello, la estrategia empleada por ambas cancillerías consistió en incluir el CIDF en el marco de los espacios políticos al más alto nivel. Dicha decisión puede ser entendida a partir de dos subetapas: el Consejo de Integración Social (CIS) (2013 – 2015) y el Gabinete Binacional. Esta investigación concluye que la inclusión del CIDF a estos espacios ha generado un mejor rendimiento en la organización y en la toma de decisiones del CIDF. Los hallazgos se centran en el reordenamiento institucional del CIDF, el mayor porcentaje de acuerdos cumplidos (entre el 2017 y 2019 se cumplieron un 80%), y un mayor fortalecimiento de los actores bilaterales; es decir, se ha percibido un mejoramiento y buen entendimiento entre las cancillerías, los actores estatales que operan en la frontera y otras instituciones de ambos Estados. En el marco teórico se puede encontrar al institucionalismo neoliberal como al modelo burocrático en la toma de decisiones, que permiten comprender el CIDF y los espacios políticos al más alto nivel. Para alcanzar dicho propósito, se utilizó una metodología de carácter cualitativa a partir de la recolección de información sustentado en actas y declaraciones por parte de cancillería; como también en la realización de una serie de entrevistas semiestructuradas a los actores principales del CIDF y de la cancillería peruana tanto en Tacna como en Lima.

El presente caso trata sobre la controversia de límites marítimos surgida entre el Perú y Chile. Mientras para el Perú no existía un límite marítimo fijado con Chile, el vecino país argumentaba que las fronteras marítimas se encontraban definidas. El Perú intentó resolver el impasse por la vía diplomática. En vista que Chile mantuvo su posición inicial, el Perú decidió llevar el caso a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el año 2008. El proceso duró alrededor de 6 años durante los cuales la Corte examinó los argumentos de ambas partes respecto a la existencia del límite marítimo, el inicio y el curso del mismo. El 27 de enero de 2014 la Corte emitió su fallo estableciendo que las partes habían llegado a un acuerdo tácito respecto a la frontera considerando el paralelo geográfico hasta las 80 millas marinas y como punto de inicio el Hito N° 1. Luego de ese tramo la Corte continuó el trazado de la frontera mediante el método de la equidistancia.

El caso objeto de estudio desarrolla la controversia entre el Perú y Chile relativa a su límite marítimo lateral sobre el Océano Pacífico. Ambos Estados tenían puntos de vista diametralmente opuestos. Si bien para el Perú no existía un límite marítimo establecido, para Chile éste se hallaba plenamente definido por una serie de instrumentos suscritos por las partes. Luego de buscar, sin éxito, una solución a este desencuentro por la vía diplomática, empleando los medios de solución pacífica de controversias reconocidos internacionalmente, el 16 de enero de 2008 el caso fue elevado por el Perú a la Corte Internacional de Justicia. Durante el proceso, las partes presentaron sus posiciones respecto de la existencia de un límite marítimo entre ellas y del curso que éste debería tener. Tras analizar las argumentaciones y los instrumentos que fueron considerados relevantes, el 27 de enero de 2014, la Corte emitió la sentencia que puso fin a la controversia, valiéndose de un recurso no previsto por las partes y asumiendo parcialmente la posición de ambos Estados. El fallo, en primer lugar, estableció la existencia de una frontera convenida, sobre la base de un acuerdo tácito, de una extensión únicamente de 80 millas náuticas, teniendo como criterio de su curso el paralelo geográfico, con su punto de inicio en la bajamar alineada al hito N° 1. El Tribunal interpretó que, en adelante, el límite marítimo no había sido acordado, por lo que decidió su trazado utilizando el principio de equidistancia del “método de tres pasos”. / The case under study develops the dispute between Peru and Chile regarding their lateral maritime boundary on the Pacific Ocean. Both States had diametrically opposed points of view, because although for Peru there was no established maritime limit, for Chile it was fully defined by a series of instruments signed by both parties. After unsuccessfully seeking a solution to this disagreement through diplomatic channels, using internationally recognized peaceful means of settlement of disputes, on January 16, 2008, the case was submitted by Peru to the International Court of Justice. During the process, the parties presented their positions regarding the existence of a maritime boundary between them and the course that it should have. After analyzing the arguments and the instruments that were considered relevant, on January 27, 2014, the Court issued the Judgement that put an end to the controversy, using a recourse not provided by the parties and partially assuming the position of both States. The judgement, in the first place, established the existence of an agreed border, on the basis of a tacit agreement, with an extension of only 80 nautical miles, having as a criterion of its course the geographical parallel, with its starting point at low -water line aligned to Boundary Marker No. 1. The Tribunal interpreted that, henceforth, the maritime boundary had not been agreed upon, therefore it decided its layout using the equidistance principle of the “three-step method”.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)