Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema de esta investigación es el control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional sobre los decretos supremos del Presidente de la República. En un régimen presidencialista como el nuestro, los contrapesos institucionales que se generen para contrarrestar el poder del Presidente cobran muchísima importancia. En este escenario el Tribunal Constitucional ha jugado un papel preponderante, modelando –poco a poco y por la vía jurisprudencial– su potestad normativa de la manera que mejor garantice la supremacía de la Constitución. Es así que el control de los decretos presidenciales se ha ido construyendo sobre la marcha, a partir de los casos prácticos que el mismo Tribunal ha debido enfrentar. Justamente la reforma constitucional del año 2005, en lo relativo a esta atribución, tuvo por objeto consagrar en la Constitución algunos de los criterios que el Tribunal Constitucional ya había fijado en sus fallos. En consecuencia, abordaremos una materia variable que ha sufrido cambios substanciales en los últimos años

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro ordenamiento jurídico cumple con un requisito básico de una democracia, esto es, que las normas sean publicadas en forma previa, de modo tal que los ciudadanos puedan saber cuales son las nuevas disposiciones que los rigen, contra las cuales no cabe alegar desconocimiento alguno. Toda la tramitación que se exige para la obligatoriedad de una ley parece ser perfecta en cuanto a su aspecto formal, pero en su sustancialidad la situación inevitablemente dista mucho en la realidad. Resulta impensable en nuestra sociedad que el ciudadano común conozca la normativa que día a día se actualiza, ello se debe a dos motivos, en primer lugar las nuevas disposiciones solo se pueden conocer a través del Diario Oficial, del cual poco o nada se sabe, y en segundo lugar, las disposiciones contenidas en el mismo son de una complejidad y diversidad tal, que resulta inverosímil su comprensión para el ciudadano medio. De acuerdo a lo expuesto es posible señalar que la publicación de una ley es un requisito sine qua non para la exigibilidad de una norma, pero es desde luego insuficiente para producir un sistema que permita el acceso y conocimiento ciudadano a nuestro ordenamiento jurídico. Lógicamente resulta impensable crear un sistema que permita a los ciudadanos alcanzar el mismo nivel de comprensión que los profesionales del Derecho, duchos en la ciencia jurídica; por tanto, lo que se requiere es crear un mecanismo que permita al lego conocer el ordenamiento jurídico de acuerdo a sus necesidades, mientras que para los abogados y estudiosos de la ciencia jurídica se requerirá un sistema ideado de acuerdo a sus requerimientos. De lo dicho se concluye que sería necesario para nuestra sociedad crear dos sistemas diversos, uno destinado a la socialización del ordenamiento jurídico y otro destinado a los entendidos en la materia. Ahora bien, la creación de estos sistemas requiere la asistencia de una ciencia, la cual permitirá la labor de recopilar y almacenar un inmenso caudal de información. Para ello resultaría inconcebible realizar tal tarea a través de un simple soporte físico, tal tarea resultaría inverosímil, por lo mismo, la ciencia informática será la encargada de desempeñar dicha importante labor, pues considerando su enorme capacidad de almacenamiento, como la facilidad con la cual permite llegar a la información requerida, es la ciencia más idónea para tales fines.

Memoria para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El ensayo en cuestión tiene como finalidad explicar cuál ha sido el trabajo del Tribunal Constitucional, como garante de la supremacía de la Constitución, y en específico de la Objeción de Conciencia tanto particular como Institucional. En este sentido se analiza al respecto la Sentencia Rol 3729-2017 en virtud del requerimiento de inconstitucionalidad de los honorables diputados y senadores sobre al proyecto de ley de la despenalización del aborto en tres causales. Luego se aborda el pronunciamiento de la Contraloría General de La República, determinando si el derecho a invocar la objeción de conciencia institucional que se contempla en el artículo 119 ter del Código Sanitario, corresponde sólo a las instituciones de salud privada de carácter confesional o si puede ser ejercido por cualquier persona jurídica de derecho privado. Finalmente nos referiremos al requerimiento de Inconstitucionalidad del Decreto Supremo N°67 del Ministerio de Salud, para invocar objeción de conciencia, acogido en causa ROL 5572-2018 y 5650-2018 ambas acumuladas, ponderando todos los argumentos esgrimidos y determinando así si la regulación de objeción de Conciencia en Chile es suficiente para los estándares nacionales e internacionales.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad o “cuestión de inaplicabilidad” es una de las herramientas fundamentales de control concreto de constitucionalidad de la ley en nuestro ordenamiento actual. Una de las particularidades del modelo de control concreto de constitucionalidad chileno es que los jueces tienen legitimación para interponer la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a las causas que conocen. El presente trabajo se centra en el estudio de las cuestiones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovidas por jueces durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2017. Del tratamiento estadístico y análisis de cada una de estas causas es posible extraer importantes conclusiones respecto a la naturaleza jurídica de esta particular acción y a la forma en que los jueces han ejercido esta potestad / 30 junio de 2020

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis ha sido realizada a través del estudio y análisis de las 21 sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en relación a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2331 del Código Civil, así como también en relación a la resolución que da cierre al procedimiento iniciado de oficio para observar la constitucionalidad de la norma consideraba en abstracto, todo ello dentro del periodo comprendido entre los años 2008 y 2017. A través de dicho estudio se definen concretamente los distintos argumentos expuestos por los ministros, así como también la integración en cada caso particular del Tribunal Constitucional, con el fin de poder observar si ha existido o no un cambio en la línea argumentativa del Tribunal en general y de los ministros considerados individualmente, en relación al artículo 2331 del Código Civil y su constitucionalidad. Finalmente, los resultados obtenidos nos muestran que la línea argumentativa se ha mantenido constante dentro de este gran periodo de tiempo, observándose en todas las distintas instancias la misma clase de razonamientos. A ello tan sólo se presenta una excepción, cual es la instauración del argumento que dice relación con observar al artículo 2331 del Código Civil como uno compuesto de dos normas distintas, siendo tan sólo inconstitucional la primera de ellas que establece la prohibición a priori y absoluta de la reparación por daño moral cuando se ha materializado una imputación injuriosa. Es en torno a este gran argumento, única transformación en el razonamiento del Tribunal Constitucional, que se dan las grandes discusiones tanto cuando se inicia de oficio el procedimiento para observar la constitucionalidad de la norma, así como en los distintos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Asimismo, solo dos del total de los ministros integrantes entre los años 2008 y 2017 demuestran haber dado un giro radical en sus consideraciones en relación al artículo 2331 del Código Civil y su constitucionalidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Sobre el Deber de Fundamentación de las Sentencias El discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general y tiene como característica principal, el que sus premisas deben estar obligatoriamente vinculadas con el derecho vigente . En consecuencia, los jueces deben fundamentar sus sentencias de acuerdo a las reglas y principios del derecho vigente . Es la realización de este deber la que nos permite conocer las razones - al menos las expresas - que llevan a los sentenciadores a decidir un caso de determinada manera. La actividad judicial adquiere especial relevancia cuando se refiere a la determinación de la constitucionalidad de las normas emitidas por los órganos legislativos, es decir, cuando el criterio para la determinación de la validez de una norma sea su conformidad con otra de carácter superior, en este caso, la Constitución Política de la República.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento hasta el año 2020. / La presente investigación tiene por objeto estudiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile durante los años 2011 y 2017, respecto de requerimientos de inaplicabilidad de preceptos legales cuya aplicación en una gestión pendiente pudiere afectar o vulnerar la garantía del Debido Proceso, desde el punto de vista del derecho procesal penal. En el capítulo I expresaremos la necesaria diferencia entre las ramas del derecho procesal, sin perjuicio de concurrir elementos comunes que determinan la existencia de una unidad, dentro de la diversidad, del derecho procesal. A continuación, en el capítulo II, describiremos brevemente al Tribunal Constitucional y su regulación en Chile. Por su parte, en el capítulo III, efectuaremos un análisis de las características de la acción de inaplicabilidad y de los criterios de inadmisibilidad que contempla el artículo 93 de la Constitución Política de la República y el artículo 47 F de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (“Ley N° 17.997”). Luego, en el capítulo IV, constataremos y evaluaremos la jurisprudencia de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional de Chile en requerimientos cuya pretensión diga relación con posibles vulneraciones de la garantía del Debido Proceso desde una mirada general, como desde el prisma más particular de los derechos que la doctrina ha entendido formar parte de esta garantía, tales como la publicidad, el emplazamiento, el derecho a defensa y el derecho al recurso. En este sentido, cabe prevenir que no se comprenden en este trabajo los casos de aplicación directa de la norma constitucional que se ha denunciado infringida en el conocimiento de los recursos de nulidad en virtud del artículo 373 letra a) del CPP1. Por último, realizaremos reflexiones finales de la importancia de la garantía del Debido Proceso y las tendencias del Tribunal Constitucional en la materia. materia / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 2020

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria de prueba da cuenta de la configuración del Derecho de Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo, DAIP) en el ordenamiento jurídico chileno, destacando cuatro niveles normativos: internacional, constitucional, legal y reglamentario. Asimismo, examina la jurisprudencia constitucional durante veinte años del TC, desde 1995 a 2015, por medio de la cual se evidencia las tendencias en la valoración del principio de publicidad, del principio de transparencia y del DAIP. Así, se proponen tres épocas, una de alta valoración de estos bienes jurídicos, que se desarrolla entre 1995 y 2012, teniendo como dos grandes hitos la aprobación de la reforma constitucional de 2005 que introdujo el nuevo artículo 8º de la Constitución Política de la República (en adelante, CPR) y la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública (LAIP, por sus siglas). Una segunda época de ruptura con esta línea interpretativa que señala que estos bienes no se encuentran en la CPR, sino que son simplemente de rango legal y en alguna medida inconstitucionales en abstracto dada su extensión y, finalmente, una tercera etapa de revisión en la cual se observa que el TC ha dictado fallos oscilantes, entre algunos de alta y otros de menor valoración del DAIP y los principios mentados. En un Chile que clama ante la ocurrencia de un gran número de episodios de corrupción, la mayor y mejor estimación de los mecanismos de prevención y control son imperativos. No es razonable que la magistratura que recibe el mandato de garantizar la supremacía de la CPR desmerezca un derecho que fue una de las piedras angulares del Estado Moderno Constitucional. Del mismo modo, el DAIP que coadyuva a la adopción de políticas públicas eficientes y eficaces a través de la participación ciudadana, debe ser fortalecido y reconocido como un requisito en los mecanismos de intervención de los incumbentes en la gestión pública. Este trabajo demuestra también la necesidad de una reforma constitucional que responda a esta dificultad en la interpretación y valoración del DAIP, los principios de publicidad y transparencia, como mecanismo de solución a la problemática que se desprende de la jurisprudencia de la magistratura constitucional.

Tesis (doctorado en derecho) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento