Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo busca determinar el efecto práctico que tiene la aplicación de medidas alternativas en el sujeto beneficiado y en la sociedad. Para esto se eligió como punto específico de referencia y análisis la provincia de San Antonio, que cuenta con una población de 112.860 habitantes. El estudio en cuestión se efectuó materialmente en el Centro de Reinserción Social, en el Centro de Readaptación Social y los dos Juzgados de Letras de esa ciudad. Allí se tuvo acceso a cada uno de los expedientes de los beneficiados con la medida, a las personas que se encuentran a cargo de su aplicación y a los jueces que la concedieron. Especial importancia tuvo la realización de entrevistas con individuos beneficiados, pues esto nos permitió establecer el efecto de su aplicación en su trayectoria de vida y en sus familias. Tal como lo pensamos al iniciar esta memoria, concluimos que la aplicación de medidas alternativas es a todas luces más efectiva que el cumplimiento intramuros, sin perjuicio de reconocerle varios defectos. En todo caso el éxito es atribuible al acento que se pone por parte de los organismos encargados de su ejecución en la persona del delincuente, de tal suerte que es reconocido como sujeto de derecho

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho con menciones) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Debido a lo contingente que es la expulsión de migrantes dentro de la agenda política actual, es necesario realizar una mirada crítica a nuestra legislación, y así vislumbrar los desafíos pendientes sobre esta materia. Este trabajo pretende analizar la expulsión contemplada en la ley N°18.216 sobre penas sustitutivas, partiendo por la historia de la ley N°20.603, que modifica la ley de penas sustitutivas, e integra la expulsión de migrantes sin residencia legal como sustitutivo penal, su relación y alcance con la expulsión administrativa del D.L. N°1094, siguiendo con un estudio sobre su naturaleza jurídica, y finalmente un análisis jurisprudencial sobre la materia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ley 18.216, que vino a establecer en nuestro sistema jurídico la institución de las antiguamente llamadas “medidas alternativas” a las penas privativas de libertad, encarnó al momento de su dictación el deseo eminentemente prevencionista del legislador chileno frente a un ámbito de delincuencia menor, cuyas ideas matrices estaban marcadas por una finalidad de reinserción, resocialización y el uso racional de la pena efectiva de cárcel. Frente a esto, en el presente trabajo analizamos cómo con el transcurso del tiempo dicha institución ha debido acomodarse dentro de nuestro sistema jurídico de manera tal que pueda ser justificada también desde una perspectiva retribucionista de la fundamentación de la pena, fenómeno que se manifiesta claramente en las modificaciones que dicha ley ha sufrido desde su dictación, que van desde cuestiones tan simples como la modificación de la nomenclatura de “medidas alternativas” a “penas sustitutivas”, hasta la reducción del catálogo de delitos que permiten acceder a estas penas. Este análisis comprende también una revisión histórica acerca de la evolución en la concepción teórica de la sanción penal y su aplicación en la política criminal, lo que demuestra -a nuestro juicio- que el fenómeno descrito a propósito de esta ley no es algo aislado, sino más bien viene a ejemplificar lo que ha sucedido en diversos momentos de la Historia en los cuales ha existido una orientación predominante en las decisiones político criminales en relación a la imposición del ius puniendi Estatal y en los cuales diversas instituciones sufrieron este mismo proceso de “intervención”, de manera tal que pudieran ser justificadas desde otra perspectiva y así poder hacer frente a las necesidades de la sociedad en cada momento, dejando en evidencia su permeabilidad ante la realidad y el devenir histórico. Palabras clave: Ley 18.216, penas sustitutivas, medidas alternativas, justificación de la pena, prevención, resocialización, reinserción, retribución, culpabilidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La crisis del sistema carcelario, provocada por las malas condiciones de vida de los penados y la nula capacidad de resocialización que implicaba la privación de libertad, derivó en la búsqueda de métodos distintos de sanción que permitieran a los condenados una vida digna, tanto durante como luego de cumplida la pena aplicada. Dichos métodos alternativos son las llamadas penas sustitutivas a la privación de libertad. En Chile estas sanciones están reguladas en la Ley Nº18.216, modificada por la Ley Nº20.603, las cuales establecen reacciones al delito que difieren de la privación de libertad. Una de ellas es la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad. La presente memoria tiene por objeto analizar la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad desde un punto de vista tanto legal como reglamentario, para luego llevar a cabo un análisis de la aplicación práctica de la misma, desde que entró en vigencia la Ley Nº20.603, en el año 2012.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria responde a la necesidad de plasmar en una materialidad parte del trabajo desarrollado por estos memoristas en calidad de analistas documentales durante el tiempo arriba indicado. Es por ello que hemos escogido un tema específico, a saber, la aplicación de la Ley 18.216 en el contexto de la Reforma Procesal Penal, seleccionando una cantidad acotada de sentencias relevantes y atingentes a esta materia, para extraer los criterios aplicados por nuestros tribunales. La presente memoria constituye una innovación en la forma tradicional de desarrollar este tipo de trabajos. En este punto debemos reconocer un hecho fundamental: la utilización de la tecnología de la información aplicada al Derecho, entrega ventajas impensables a los operadores jurídicos en lo que dice relación con la sistematización y utilización del material jurisprudencial, doctrinal y legislativo. Un trabajo como el que se desarrolla en esta memoria, no es concebible sin esta herramienta que es la informática jurídica. Para ser más precisos, la memoria que presentamos reconoce su pertenencia a la informática jurídica documental, que es aquella parte de la informática jurídica que trata del procesamiento a través de soportes computacionales, de la información jurídica contenida en documentos para su posterior recuperación. En nuestro caso nos circunscribimos al procesamiento de información procesal penal de tipo jurisprudencial. En este sentido, esta memoria viene a ser un aporte en el contexto de la informática jurídica documental, dado que el incesante flujo de datos jurídicos – leyes, doctrina, jurisprudencia- exige una capacidad cada vez mayor de sumirse en esta inflación normativa para lograr un óptimo aprovechamiento de ésta. Una memoria como la nuestra, constituye un aporte real en esta tarea

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis de las penas sustitutivas a la prisión efectiva que se encuentran contempladas en la legislación nacional y plantear la utilidad que estas pueden tener en ir reduciendo los efectos negativos que tiene el sesgo de género en el tratamiento de la población penal femenina. Se realizó un estudio de la historia que han tenido las penas sustitutivas tanto en Chile como en otros países, el desarrollo que han tenido y cuál es su situación actual tanto en el derecho nacional como el internacional. Dentro del derecho nacional se hizo un análisis sobre la Ley 18. 216 y la Ley 20.603 que introdujo una serie de modificaciones a la primera, ampliando el catálogo de penas sustitutivas. Dentro del derecho internacional se estudiaron las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio) junto con las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). Igualmente se hizo un análisis sobre la política criminal chilena, respecto de la población penal en general según el último informe de la Fiscalía Judicial correspondiente al Oficio 14-2018 relativo a la situación carcelaria durante el año 2017. Respecto de la población penal femenina en particular, se utilizaron el documento preparado por el Ministerio de Justicia sobre Política Penitenciaria con Perspectiva de Género del año 2013, algunos datos otorgados por el informe de La Fundación San Carlos de Maipo, Fundación de Colunga y el Programa de Estudios Sociales del Delito del Instituto de Sociología UC de 2018 y estadísticas publicadas por Gendarmería de Chile. Finalmente, se exponen las conclusiones obtenidas en base a las distintas disposiciones legales y datos estadísticos obtenidos, de manera de generar una propuesta sobre aplicación de las penas sustitutivas respecto de la población femenina en particular.

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