Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos regula la actividad probatoria en tan sólo cuatro artículos, desde el 35 al 38. Esta deficiencia ha generado diversos conflictos, tanto doctrinarios como jurisprudenciales, al intentar dotar de contenido dicha actividad. En razón de lo anterior, y considerando la relevancia e importancia de la prueba en todo procedimiento, es que hemos decidido aventurarnos en la investigación de la actividad probatoria en el Derecho Administrativo Sancionador, desde una mirada analítica, descriptiva y crítica. Para ello recurriremos a la legislación vigente, la doctrina y jurisprudencia. Finalmente, con el desarrollo de esta investigación, pretendemos aportar bases para discusiones posteriores, razonamientos jurisprudenciales y, por qué no, ofrecer una propuesta lege ferenda.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / El presente trabajo se ha dividido en cinco capítulos. En el capítulo primero, con la finalidad de entender los procedimientos de calificación ambiental consagrados en el S.E.I.A., estudiaremos los mecanismos de intervención administrativos. Con este objeto, se analiza el concepto de procedimiento administrativo, sus distintos principios formativos, su influencia en el actuar propiamente tal de la Administración, todo bajo la luz de la actual normativa consagrada en la Ley 19.880, publicada recientemente en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2003. Asimismo, se analiza el concepto de acto administrativo, sus diversas clasificaciones y dentro de dichos actos, se estudia a la autorización administrativa, particularmente. Como el S.E.I.A. es un mecanismo legal de protección jurídica al medio ambiente,en el capítulo segundo de este trabajo, se desarrolla la evolución histórica que presenta dicha protección jurídica en Chile, para concluir en el capítulo tercero, con un análisis de las principales características, orígenes y rasgos principales del S.E.I.A., finalizando con un estudio de las principales características que presentan los distintos Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel comparado, intentando develar su espíritu como mecanismo de protección al medio ambiente. En el capítulo cuarto, se desarrolla la consagración legal en nuestro país del procedimiento administrativo contenido en el S.E.I.A., analizando desde la etapa de la formación de la ley, consagrados en los Registros de la Historia Fidedigna de la Ley 19.300, hasta la última modificación reglamentaria, realizada por el Decreto Nº 95/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, de 21 de agosto de 2001 y publicado en el Diario Oficial el 07 de diciembre de 2002. En el análisis del procedimiento administrativo consagrado en el S.E.I.A., se exponen los dos grandes métodos que establece la Ley 19.300 para evaluar ambientalmente un determinado proyecto o actividad económica, consistentes en los “Estudios de Impacto Ambiental” (E.I.A.) y en las “Declaraciones de Impacto Ambiental” (D.I.A.); junto a los diferentes pasos y etapas que deben ser observados para obtener la resolución que califica favorablemente al determinado proyecto o actividad. Cabe destacar, que el análisis del procedimiento administrativo, se hace a la luz de las normas contenidas en la Ley 19.880 y la reflexión se detiene en la importancia que tiene el silencio administrativo para la calificación ambiental de un determinado proyecto o actividad. Finalmente, en el capítulo quinto, se estudia desde el punto de vista material del Derecho Administrativo, a la resolución de calificación ambiental, reflexionando en torno a la calidad o naturaleza jurídico-administrativa de la resolución que evalúa ambientalmente un determinado proyecto o actividad, para llegar a la conclusión que dicha resolución presenta las características propias de una “autorización” y cuales son las características de esta “autorización ambiental”. Por último, se analiza y reflexiona en torno a cuál es el título de intervención específico que autoriza a la autoridad para calificar ambientalmente un determinado proyecto o actividad, finalizando con algunas reflexiones en torno a cuán reglados o no son los procedimientos establecidos en el S.E.I.A. y las resoluciones que lo concluyen, determinando las consecuencias que se derivan de dicho hecho.

Memoria (licenciado en ciencias jurìdicas y sociales) / El objetivo de esta investigación es estudiar a fondo la presunción de legalidad de los actos administrativos. Para ello se estudia la legislación comparada de procedimientos administrativos. En Chile se dictó la ley de la materia sólo en 2003, por lo que debemos estudiar si esta es la tendencia a nivel mundial. Asimismo, debemos conocer si la presunción de legalidad ha sido consagrada a nivel legal, qué sanciones existen para los actos ilícitos, y qué facultades se le otorga a la Administración de cada país en esta materia. Luego, se estudia a la doctrina comparada. No todos los países contemplan la existencia de la presunción de legalidad, por lo que debemos estudiar qué fundamento entregan los autores en Europa y en Latinoamérica para ella en el caso que se la reconozca. Del mismo modo, es importante saber cómo han surgido estas ideas en otros países, considerando que en Chile nació gracias a un dictamen de la Contraloría General de la República. Posteriormente, se estudia todo lo que ha señalado históricamente la doctrina chilena, clasificándola en dos distintas etapas: durante la vigencia de la Constitución Política de 1925 y durante la vigencia de la Constitución Política de 1980. En este último caso, se distingue entre antes y después de la dictación de la Ley N° 19.880. Finalmente, se estudia la jurisprudencia nacional en la materia. Siendo en Chile la presunción de legalidad una creación contralora, lo señalado por esta entidad reviste de gran importancia, en especial si durante muchos años fue la única fuente de la misma. También se estudia lo señalado por el Tribunal Constitucional. Si se ha acusado a esta institución de inconstitucionalidad, será este el órgano que tenga la última palabra en la materia. Asimismo, se estudia lo señalado por los tribunales ordinarios, como garantes últimos de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos efectuados por la Administración en el ejercicio de sus facultades

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria busca ser material de consulta para quienes necesitan saber la opinión de la Contraloría General de la República en materias reguladas por la Ley Nº 19.880, “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado”. El contenido de esta obra consiste en una enumeración de cada uno de los artículos de la Ley ya mencionada, seguida de una o más conclusiones producto del análisis de dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República en aplicación de ese particular artículo. El método consistió en usar el buscador del sitio web de la Contraloría General de la República para encontrar dictámenes en que dicho órgano aplicara un artículo de la Ley Nº 19.880. El mismo procedimiento se repitió para cada uno de los artículos de la Ley. Una vez obtenidos los dictámenes, se analizó el contenido de cada uno de ellos para encontrar la aplicación concreta que de esa disposición hace el organismo contralor. Los resultados de dichos análisis constituyen doctrina administrativa emanada de la Contraloría General de la República, la que es compilada bajo el epígrafe “Doctrina Administrativa” a continuación del texto de cada artículo. Luego de la doctrina, se reproducen las partes pertinentes del texto de los dictámenes relevantes en orden cronológico, dejándose el encabezado del dictamen como nota al pie.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el marco del procedimiento administrativo sancionador la prueba cumple un papel fundamental al permitir que la decisión que ahí se emita sea conforme a las garantías de un debido proceso. Uno de los propósitos de este trabajo es analizar los aspectos generales de la actividad probatoria dentro del procedimiento administrativo sancionador, tanto desde la perspectiva de la autoridad como del presunto infractor, a la luz de lo establecido en la legislación chilena. Para ello, me centraré en la interpretación de la Ley N°19.880, buscando establecer un marco común y supletorio para aquellos aspectos atingentes a la prueba que no han sido regulados en la normativa específica del órgano responsable del procedimiento. Otro de los propósitos de este trabajo será analizar el poco estudiado periodo de informaciones previas, considerando que en la práctica gran parte de los antecedentes incorporados por la autoridad al procedimiento fueron recabados dentro de él. En esta parte, las conclusiones se guiarán conforme a lo dispuesto en la carta fundamental, especialmente en cuanto al derecho a defensa. Lo anterior, a falta de una regulación especial por parte del legislador. Palabras claves: Procedimiento administrativo sancionador; debido proceso; derecho a defensa; periodo de información previa; prueba en el procedimiento administrativo sancionador.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tiempo que transcurre desde el inicio del proceso administrativo hasta su terminación con la dictación de una resolución final, puede ir en detrimento de los derechos involucrados en el caso concreto, e incluso hacer peligrar la eficacia de la potencial resolución final. La herramienta de que dispone la Administración para responder con celeridad a la necesidad de proteger los intereses en riesgo, durante la tramitación del proceso administrativo e incluso antes de que éste inicie, son las medidas provisionales, contempladas de manera general en la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos. Desprovistas de una regulación exhaustiva en la mayoría de las áreas del Derecho Administrativo, el desafío principal es dilucidar si la Ley de Bases habilita de manera general a los órganos de la Administración para la adopción de las medidas provisionales; considerando además, que las autoridades competentes han venido decretando medidas provisionales guiadas por su discrecionalidad, en un terreno donde conceptos tan indeterminados como el riesgo, la proporcionalidad, y la proyección del eventual contenido de la resolución final, son los parámetros de su decisión, resulta fundamental el establecimiento de los aspectos centrales de las medidas provisionales, y avanzar hacia la generación de una norma de aplicación general que se baste a sí misma, eliminando todo atisbo de arbitrariedad.