Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / Este estudio de caso busca analizar, evaluar y proponer un plan estratégico de posicionamiento para el Consejo para la Transparencia (CPLT) y el Derecho de Acceso a la Información Pública en Chile, tanto a nivel institucional, social y ciudadano. La metodología se fundamenta en la descripción y análisis de la actual estrategia de posicionamiento del CPLT, dando cuenta de los avances que ha existido en la difusión del derecho de acceso a la información pública y el CPLT, evaluando las áreas críticas que han existido, y finalmente desarrollar una propuesta estratégica para enfrentar los desafíos en la instalación de este derecho humano de tercera generación. A través del análisis podemos observar que este derecho produce bienes no inmediatos ni materiales por lo tanto tiene una dificultad inherente en su posicionamiento, ya que se ve lejana su relación con la forma de incidir en la calidad de vida de los ciudadanos, debiendo competir con otros derechos que producen un valor público explícito como son el derecho a la salud o educación. Gracias a ello la estrategias de posicionamiento que se propone se enfoca en la implementación de siete actividades que potencien la difusión del derecho y a tres que ayuden a la habilitación social de este derecho, especialmente a través de una propuesta transversal de segmentación basada en dos grupos de clientes objetivos , públicos y privados, y apuntando a una focalización en sectores de carácter crítico salud, educación y vivienda-, para lograr así aumentar el porcentaje de conocimiento del CPLT y la ley la transparencia en Chile. Por tanto, esta estrategia apunta a posicionar en los segmentos identificados de un derecho que facilita la consecución de otros derechos. Sólo así se adquiere un posicionamiento con pertenencia, sentido y que perdure.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El estudio de caso analiza la implementación del Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Comisión Defensora Ciudadana (CDC) desde la perspectiva de su impacto en la capacidad de agencia de los ciudadanos. Estas instituciones ponen nuevas reglas del juego a las asimetrías de información y poder presentes en la relación Ciudadano/Estado, buscando mitigar a través de sus mecanismos la posibilidad de abuso asociada a la concentración de poder. Sin embargo, inercias sociales tienden a resistir las nuevas lógicas. A partir de allí, la pregunta que guía esta investigación es: ¿qué factores presentes en el diseño e implementación de los mecanismos estudiados inciden en el despliegue o retracción de las capacidades de las personas en el espacio público? Desde una metodología cualitativa y teniendo como eje el análisis de la Nueva Economía Institucional, desarrollamos en esta investigación los siguientes capítulos: 1. Modernidad, Espacio Público y Mecanismos de Voz. 2. Consejo para la Transparencia y Comisión Defensora Ciudadana. 3. Personas, Motivación, Acción. 4. Instituto Federal de Acceso a la Información, México. Reflexionamos en las conclusiones sobre el desafío de transformar una institucionalidad formalmente correcta, en una que posibilite condiciones sociales más justas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por fin revisar y sistematizar la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia en dos grandes ámbitos: información pública y acto administrativo, y causales de secreto o reserva. Como se verá, en cuanto a lo primero, el Consejo ha elaborado, basado en la regulación de la Ley de Transparencia, un criterio amplio para determinar qué se entiende por información pública, no sólo atendiendo a un principio formal relacionado al acto administrativo y a sus fundamentos y la documentación que le sirve de sustento o complemento directo y esencial, sino que también a que la información elaborada con presupuesto público y la que obra en poder de la Administración tiene la misma calidad. Además, se ha pronunciado respecto a distintos tipos de actos que no poseen una regulación legal acabada en nuestro derecho o que derechamente no la tienen, y los ha incluido dentro de la categoría de información pública. En el segundo tema, el Consejo ha desarrollado lineamientos distintos que le han permitido delimitar las situaciones en que cierta información es secreta o reservada debido a que su divulgación afecta el debido cumplimiento de las funciones de los órganos administrativos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación, el interés nacional, o porque una ley de quórum calificado ha determinado su resguardo. Además, ha construido un criterio referente a cuándo es posible para un órgano excusarse de entregar información porque ella no existe, no siendo suficiente que únicamente señale tal circunstancia

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El presente estudio analiza el proceso de implementación de la Política de Acceso a la Información Pública (PAIP), con el propósito de identificar las principales fuerzas que influyeron en la instalación y puesta en práctica de esta política pública. A partir del estudio de las fuerzas impulsoras, que han jugado roles significativos, se busca conocer cómo se abordaron los obstáculos en los 5 años que lleva de implementada la ley 20.285. Mediante el análisis de fuerzas impulsoras, planteado por Hasenfeld & Brock (1991), se identificaron los factores con mayor influencia y el rol que ellos jugaron en el proceso de implementación de la PAIP, y adicionalmente, el análisis de estas fuerzas impulsoras ha contribuido a comprender la estrategia y obstáculos enfrentados por el CPLT para encaminarse a lograr el valor público declarado. El análisis de esta política pública ha sido trabajado como un caso de estudio exploratorio. Su unidad de análisis es el espacio inter-organizacional en el cual la PAIP se ha implementado. La información analizada proviene de las siguientes fuentes: entrevistas, documentos oficiales, literatura académica y prensa de la época. Se llevaron a cabo once entrevistas a personas que fueron clave en el proceso de implementación. Las entrevistas se analizaron según el método de análisis de contenido, luego procesadas y codificadas mediante el programa Nvivo. El análisis con base en los testimonios de los entrevistados dio a conocer que las relaciones de poder, la búsqueda de racionalidad y el ajuste organizacional han sido las principales fuerzas que han influido en la implementación de la PAIP. Este hallazgo es consistente con las dinámicas de una política con un enfoque de arriba hacia abajo en términos macro (nivel más político), para luego, a medida que se va instalando la política, esta vaya ajustándose a un nivel micro en base al contexto inter-organizacional, en que obliga a los gestores públicos, por su cercanía con el problema, a ir adecuando la política a los requerimientos ciudadanos con miras a generar valor público. Estas conclusiones difieren, en parte, de los hallazgos de los estudios de Hasenfeld & Brock (1991) y de Olavarría (2014). La diferencia con el primero estaría explicada ya que en la PAIP el conflicto no se sostuvo en la arena política, sino que, en el control de las acciones del Consejo, limitando sus acciones, lo que implicó una lucha constante por su espacio institucional, esto mismo hace que la PAIP se diferencie del segundo estudio, ya que se encuentra todavía en un fase de surgimiento, además, se suma el hecho que esta política creó un organismo nuevo, cosa diferente a otras PMGP, lo que afirma que las relaciones de poder hayan sido tan importantes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En Chile la regla general en materia de acceso a la información pública es su publicidad y la excepción su reserva o secreto. Las causales de secreto o reserva a la entrega de información se encuentran establecidas en la Constitución Política y especificadas en la Ley de Transparencia. La Jurisprudencia Administrativa del Consejo para la Transparencia desarrollada en menos de una década, ha ido delineando sus criterios de aplicación de la normativa respecto de las causales de reserva. Dichos criterios de interpretación de la normativa y su aplicación, están ligados con una actividad que ha sido frecuente en las decisiones del Consejo, cual es, la actividad ponderadora desarrollada a través de los Test de Interés Público y Test de Daño. Resulta de importancia efectuar una aproximación esquemática a la forma en que el Consejo ha llevado a cabo esta actividad de ponderación, mediante el análisis de los criterios que se extrapolan de sus fallos, ya que se va sentando jurisprudencia que puede ser analizada a fin de tener mayor certeza sobre el modo en que el Consejo aplica la Ley de Transparencia y las causales de reserva, certeza que sirve para que los abogados estén al tanto de cómo funcionan los criterios aplicados, para que el ciudadano sepa a qué atenerse al momento de efectuar solicitudes de entrega de información y los funcionarios públicos conozcan con claridad cuando obran al margen de los dispuesto por la Constitución y la normativa vigente.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La noción de transparencia está relacionada con la posibilidad de ver a través de algo. En el caso de nuestro estudio, se trata de que el Estado deje a los ciudadanos ver a través de su gigante infraestructura y poderes casi ilimitados, qué es lo que están haciendo los funcionarios públicos, cómo lo están haciendo y en qué se están gastando los recursos - siempre escasos- que nunca alcanzan a cubrir todas las necesidades del país

Actividad formativa equivalente a tesis para optar al grado de magíster en derecho con menciones, mención derecho público. / A comienzos del año 2010, y habiendo trascurrido un breve período de tiempo desde la puesta en marcha de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública, el Consejo para la Trasparencia (CPLT), resuelve agregar de manera experimental, un nuevo trámite, a los requerimientos de amparo ingresados por los solicitantes de información ante dicho organismo; dicho trámite se denominó “Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC)”, y se caracterizaba por la incorporación de un papel más activo por parte del CPLT, el que asumiría un rol mediador o conciliador en la búsqueda de acuerdos entre el reclamante y el Órgano reclamado, y con ello, eventualmente una resolución temprana de los requerimientos formulados y un mayor ahorro de recursos. Ahora bien, dicho trámite, no sólo implicaba un nuevo rol para el mencionado Órgano, -encargado específicamente del resguardo del Derecho de acceso a la información pública- sino que también, estaba dando lugar, a una actividad, al parecer no regulada expresamente en nuestro Derecho público nacional relativo a la materia, instándonos con aquello, a analizar en este caso, temas como la competencia de los Órganos de la Administración del Estado, la iniciativa que debe regir en sus funciones, y como convive con el principio de juridicidad de los actos de la Administración del Estado; y en particular, hasta qué punto llegan, pueden llegar, y deben llegar las atribuciones de los Órganos públicos, así como cuál pudiera ser la contribución que puede tener este procedimiento, tanto para los solicitantes de información pública como para los Órganos requeridos que intervienen en la entrega de dicho tipo de información. En este trabajo, nos interesa analizar el porqué, el CPLT estimó que su utilización e implementación en nuestro derecho, podría contribuir a alcanzar de manera célere y completa el Derecho de acceso a la información pública, a tan escaso tiempo, de la entrada en vigencia de la Ley N°20.285, y si es posible calificar esta implementación como un procedimiento dotado de juridicidad de acuerdo a nuestra legislación. La peculiar incorporación, de un procedimiento no contenido en la Ley de Acceso a la Información pública, nos lleva a indagar en sus particularidades, así como en la experiencia comparada que sirvió de fundamento a este Órgano para optar por la inclusión de un sistema alternativo de solución de controversias en nuestro sistema de acceso a la información pública, cuales son las dificultades que ha enfrentado en su incorporación, como integra y promueve la participación de los interesados, entendiéndose como aquellos, el Órgano requerido y los solicitantes de información; y si es posible construir, sobre diversos conceptos, un nuevo accionar de la Administración que optimice las intervenciones públicas en función de sus deberes de protección; en otras palabras que logre una relación eficiente entre el adecuado ejercicio de este Derecho por la población y la misión para la cual ha sido creada dicha institución. Por otra parte y considerando que el actuar de la Administración se ha fundado siempre en la normativa, y se encuentra especialmente sometido al principio de juridicidad, como se consagra expresamente en los artículos 6 y 71 de la Constitución Política de la República, y en los demás principios que le son aplicables, como son los contenidos en Ley Nº18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado es que en este trabajo hemos resuelto analizar, en qué ámbito de la actividad de la Administración se encontraría el Sistema de Soluciones Alternativas a los Amparos del Derecho de Acceso a Información Pública, y con ello si en definitiva se encuentra avalado por nuestra legislación, o en caso contrario, cuáles serían los efectos que tendría para nuestra institucionalidad su incorporación en el Derecho de acceso a la información, sino contar con un espacio dentro de la misma. Es por lo indicado, que, elegido y aprobado el tema de este trabajo de investigación, y luego de seleccionada y revisada la bibliografía en que se apoya el mismo, surgió la necesidad, -para su mejor desarrollo y comprensión- de estructurar este trabajo en cuatro grandes apartados, con su correspondiente introducción y conclusión. El primer apartado o capítulo, denominado “SARC, Sistema Anticipado de Resolución de Controversias en El Derecho de Acceso a La Información Publica En Chile.”, contempla, antecedentes del CPLT y del SARC, así como la implantación de dicho sistema al interior de dicha entidad. En el siguiente apartado de este trabajo titulado “La Experiencia Comparada En Materia De SARC.” Se analiza este sistema en legislaciones anglosajonas como continentales y de influencia del Derecho francés. En el tercer capítulo denominado “EL SARC y Su Aplicación en La Administración Del Estado”. Se trató analizar la figura en la realidad nacional desde su recepción por parte de los Órganos obligados por la Ley de Transparencia, como los resultados de su aplicación a dichas instituciones. Finalmente se analizó en el capítulo cuarto de este trabajo la “Juridicidad Del Sistema de Solución Alternativa de Amparos en el Derecho de Acceso a La Información Pública”, lo que se abordó considerando la convivencia de los principios de legalidad, competencia e iniciativa, así como otras instituciones actuales del Derecho, que han surgido con ocasión de la evolución de los tiempos, como es la discrecionalidad administrativa, la actuación entra iuris y la actividad informal de la Administración entre otras. En cuanto al objetivo principal de este trabajo, en él se pretende analizar la legalidad del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias del Derecho de Acceso a Información Pública-SARC, implementado por el CPLT a partir del año 2010 y como aquel ha incidido en el ejercicio del Derecho de acceso a la información pública en nuestro país por parte de los solicitantes de información desde su puesta en marcha hasta la fecha. La técnica de investigación que se utilizó en este trabajo fue la documental bibliográfica, abordando para ello, diversas fuentes de información contenidas en bibliografía nacional e internacional tradicionales, como libros y tesis, así como revistas electrónicas, páginas web, informes en línea y fallos de órganos administrativos y tribunales, etc. Y, en cuanto a una conclusión fundamental sobre esta tesis, está el hecho que el CPLT, en este rol especial que detenta, y en consideración a la experiencia comparada, decidió la implementación del SARC en el marco del Derecho de Acceso a la Información Pública, considerando los positivos resultados obtenidos en dichas legislaciones, aun cuando no estaba contemplado en la nuestra, en atención a que vio a dicho sistema, como una alternativa viable y legítima, para alcanzar el Derecho de acceso a la información pública en nuestro país, y economizar el ejercicio de sus funciones, disponiendo para el efecto un procedimiento sistematizado y socializado a los Órganos de la Administración del Estado sujetos a las normas de Transparencia Pasiva.