Nuestro trabajo de investigación jurídica se centra en la determinación del lucro cesante y el daño emergente en las cláusulas de los contratos petroleros. Nuestro propósito nace de nuestro interés, en los años de estudio de pregrado, por la naturaleza jurídica de los contratos petroleros. Pero hoy lo que nos anima a acometer el presente estudio es nuestro objetivo por establecer en los contratos petroleros, que celebra el Estado peruano con las empresas transnacionales del petróleo, cláusulas que regulen el lucro cesante y el daño emergente en este tipo de contratos, que por la actividad económica que regula y por los elementos jurídicos que integra, son de alta complejidad. / Tesis

En el presente trabajo de investigación, la autora realiza un análisis al tratamiento tributario del Contrato de Asociación en Participación, a la luz de la Ley del Impuesto a la Renta, a propósito de un pronunciamiento emitido por el Tribunal Fiscal en el año 2017. A partir de éste pronunciamiento efectuado por el Tribunal Fiscal, se presente un cambio en el tratamiento tributario del referido Contrato, generando controversia y dividiendo las posturas de los operadores jurídicos. A efectos de la investigación, se hace un recorrido histórico de todos los cambios normativos que ha tenido el Contrato de Asociación en Participación en nuestro ordenamiento jurídico peruano, específicamente en la Ley del Impuesto a la Renta y demás normas en el marco del derecho tributario. En este contexto, se presenta la postura de la autora, la cual cambiaría el escenario fiscal que se viene teniendo hasta el día de hoy, siendo que la tributación del Contrato de Asociación en Participación caerá en cabeza, única y exclusivamente, del Asociante, quien otorgará la utilidad, de ser el caso, del negocio al Asociado en calidad de “renta desgravada”. Finalmente, la autora reflexiona sobre la necesidad de una regulación tributaria que acoja al Contrato de Asociación en Participación, tomando en consideración las necesidades particulares de este Contrato y, sobretodo, su naturaleza jurídica societaria.

El presente trabajo centra su análisis en el tratamiento tributario aplicable a los Contratos de Asociación en Participación, de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta. Para tales efectos se busca comprender (i) los antecedentes de la actual regulación (o falta de ella). Así, es importante indicar que tanto el cambio normativo basado en la Ley No. 27034 y el Decreto Supremo No. 194-99-EF como las posteriores posiciones a raíz de aquel resultan de vital importancia para comprender la actual “falta de regulación expresa”; (ii) las posiciones más relevantes planteadas en el ámbito administrativo. Para ello, a fin de contar con un marco de análisis más sólido y comprehensivo se ha optado por atender al actual criterio de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal; finalmente, (iii) se ahonda en una propuesta desde la estructura actual de la Ley. Es decir, por aplicación del inciso g) del artículo 28 de la tal norma

Esta investigación responde a la pregunta por la validez de los convenios arbitrales asimétricos en el Perú, mediante el análisis de los fundamentos del arbitraje y las normas constitucionales y legales. Los convenios arbitrales asimétricos, entendidos como aquellos en los que una parte tiene más derechos o facultades, y la otra más deberes o cargas, se encuentran hoy en la penumbra en Perú. No hay normas, pronunciamientos judiciales ni doctrina que instruya sobre su validez o invalidez general. Esta tesis recorre los principales fundamentos del arbitraje para diagnosticar cuáles son las instituciones y los valores que lo inspiran. A la luz de estos, se analiza, con especial énfasis en las normas peruanas, la validez de los convenios arbitrales asimétricos y los límites de la autonomía de la voluntad, para pactar convenios arbitrales con variadas asignaciones de situaciones jurídicas. Esta investigación concluye que, salvo el puntual caso del nombramiento de árbitros, los convenios arbitrales asimétricos sí son válidos en el Derecho peruano. Además, se definen límites constitucionales, principalmente vinculados con el contenido mínimo del debido proceso arbitral y la función del arbitraje como mecanismo de solución de controversias, y límites legales, principalmente vinculados con la contratación masiva. / This research answers the question about the validity of asymmetrical arbitration agreements in Peru, through the analysis of the foundations of arbitration and the constitutional and legal norms. Asymmetrical arbitration agreements, understood as those that grant one party more rights or powers and the other more duties or burdens, are currently on shadows in Peru. There is no rule, judicial ruling or literature that instructs its general validity or invalidity. This thesis go through the principal foundations of arbitration to diagnose which are the institutions and values that inspire it. Through this lens, the validity of asymmetrical arbitration agreements and the limits to autonomy of will to agree arbitration agreements with diverse arrangements of legal situations is analyzed, with emphasis on Peruvian norms. This investigation concludes that, except for the specific case of arbitrator’s designation, the asymmetric arbitration agreements are valid under Peruvian law. Furthermore, constitutional limits, mainly linked to the minimum guaranteed content of arbitral due process and arbitration’s function as a mechanism to solve conflicts, and legal limits, mainly linked to massive hiring, are defined.

El informe aborda los aspectos legales del arbitraje entre Inversiones Esparza Triveño S.A.C. (“Inversiones Esparza”) y la Municipalidad Distrital de Jesús María (MDJM), donde se discute la validez de dos adendas modificatorias del contrato de arrendamiento de un bien público de dominio privado, acto regulado tanto a nivel sectorial como municipal. La selección de este expediente se ha encontrado jurídicamente relevante por generar una discusión que contrapone instituciones del Derecho Civil tales como acto jurídico, contratos, derechos reales y obligaciones, frente a los principios que informan los procedimientos y actos del Derecho Administrativo. También las diferencias de regulaciones vinculadas (Contrataciones con el Estado con Derecho Municipal) y normativa elemental como es el Derecho Constitucional, todo ello enmarcado en el Arbitraje. En este contexto, la decisión del árbitro único como mediador de estos intereses contrapuestos permite apreciar que el punto central y determinante para solucionar esta disputa es definir la rama pertinente del Derecho cuyas reglas se aplican en la estimación del caso. Para lograr este objetivo se toman en cuenta las particulares circunstancias del arrendamiento, que, si bien es un contrato típico del Derecho Civil, tiene en esta ocasión elementos esenciales, subjetivos y objetivos, que obligan a ver este acto con otros ojos y percibir (como finalmente lo hizo el Árbitro Único) que corresponde un análisis más afín con el Derecho Administrativo. Si bien compartimos la decisión adoptada, vemos por conveniente aportar argumentos adicionales, para lo cual se revisa la particular regulación de los bienes estatales y se exploran las bases constitucionales de la autonomía municipal, con lo cual consideramos se refuerza la diferencia con el criterio voluntarista del Derecho Civil, que en nuestra opinión no proporciona una línea de argumentación, y, por ende, tampoco un fallo consistente. Como punto aparte se anotan incidencias en el proceso de arbitraje producto de cambios normativos.

Nuestro trabajo de investigación jurídica se centra en la determinación del lucro cesante y el daño emergente en las cláusulas de los contratos petroleros. Nuestro propósito nace de nuestro interés, en los años de estudio de pregrado, por la naturaleza jurídica de los contratos petroleros. Pero hoy lo que nos anima a acometer el presente estudio es nuestro objetivo por establecer en los contratos petroleros, que celebra el Estado peruano con las empresas transnacionales del petróleo, cláusulas que regulen el lucro cesante y el daño emergente en este tipo de contratos, que por la actividad económica que regula y por los elementos jurídicos que integra, son de alta complejidad.

En la presente investigación se profundiza en la regulación (Circular SBS N° B-2101- 2001) y concepciones doctrinarias de lo que es la Carta Fianza, toda vez que al existir problemáticas en su interpretación y en como se concatenan en forma sistemática las disposiciones de la Carta Fianza con las del contrato de fianza del Código Civil, es necesario encontrar los conceptos adecuados de esta figura. Al respecto, proponemos: (i) acercamientos conceptuales, más adecuados de las características sustanciales de la Carta Fianza como figura jurídica, (ii) criterios que la normativa puede recoger para una mejor regulación sin remisiones normativas al Código Civil y, (iii) criterios que nos permitan proteger mejor a las entidades del Sistema Financiero ante una ejecución correcta y clara de cartas fianza, considerando que debemos asimilar la Carta Fianza a las Standby Letters of Credit y no al contrato de fianza. Para esta finalidad, se recurre una revisión comparada con soft law de la International Chamber of Commerce (ICC) y recolección de la jurisprudencia pertinente. El resultado de esta investigación y conclusión principal radica en que la Carta Fianza es un Crédito o Garantía Contingente más cercano, a las Standby Letters of Credit conforme a la ISP98 de la ICC, por lo que se recomienda no hacer remisiones normativas al Código Civil, asimilar criterios más generales pero correctos para esta figura en la regulación bancaria e inclusive, se sugiere la posibilidad de abandonar el término “Carta Fianza”. / In this research, we have reviewed both banking regulations (SBS Circular N ° B-2101- 2001) and conceptions of what the “Carta Fianza” is, since there are problems in its understanding and systematic interpretation with the rules for the “fianza civil” contract of the Civil Code, deeming necessary to find the appropriate concepts of this figure. In this regard, we propose: (i) conceptual approaches, more appropriate of the substantial characteristics of the “Carta Fianza”, (ii) criteria for better regulation without references to the Civil Code and, (iii) criteria to better protect the banks when correct and clear payment of a “Carta Fianza” is made, considering that we must assimilate this with the Standby Letters of Credit and not to the “fianza civil” contract. A legal analysis is used and contrasted with the rules of the International Chamber of Commerce (ICC), as well as a review of the relevant jurisprudence. The result of this investigation and its main conclusion is that the “Carta Fianza” is an instrument closer to standby letters of credit, (ISP98 of the ICC), so it is recommended not to make references to the Peruvian Civil Code, assimilate more general but correct criteria for this instrument in the banking regulation and it also is suggested a possibility of abandoning the term “Carta Fianza”. / Trabajo de investigación

El presente informe aborda las competencias del Fondo MIVIVIENDA S.A en los proyectos de vivienda de interés social promovidos por el Estado Peruano a través del Ministerio de Vivienda, a partir de la constitución de fideicomisos inmobiliarios con la finalidad de atender proyectos Techo Propio con problemas de continuidad. El caso se desarrolla a raíz de la Demanda Arbitral por parte de una empresa promotora quien suscribió un contrato de fideicomiso con la citada entidad para culminar la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social “Las Garzas”. En la Demanda Arbitral, entre otras pretensiones, la empresa exige al Fondo MIVIVIENDA S.A se constituya como “mejorador” a fin de aportar recursos para la construcción del proyecto. Para el análisis se debe considerar en primer lugar que el Programa Techo Propio es un programa de fomento de la actividad privada inmobiliaria, fue creado mediante Ley N° 27829 y su Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N° 13-2007-VIVIENDA. Su funcionamiento está regulado en los Reglamentos Operativos vigentes para acceder al Bono Familiar Habitacional en las diferentes modalidades. Por su parte, el Fondo MIVIVIENDA S.A, cuyo principal rol es la administración y operatividad del Programa Techo Propio fue creado mediante Ley N° 28579, Ley de Conversión del Fondo Hipotecario de la Vivienda a Fondo MIVIVIVENDA S.A., sus competencias se encuentran detalladas en su norma de creación y en el Estatuto Social del Fondo MIVIVIENDA S.A. De acuerdo a lo expuesto, del análisis del caso, se desprende la necesidad de que los roles de los actores que participen del Programa Techo Propio se encuentren adecuadamente definidos y se circunscriban a la normativa vigente con el objetivo de asegurar que el Bono Familiar Habitacional cumpla su finalidad. No resulta idóneo que, a efectos de buscar la continuidad de proyectos, se opten por alternativas que jurídicamente no son posibles. / This report addresses the competences of Fondo MIVIVIENDA S.A in social housing projects promoted by the Peruvian State through the Ministry of Housing, based on the constitution of real estate trusts in order to address Techo Propio projects with continuity problems. The case is developed as a result of the Arbitration Claim by a promoter company who signed a trust agreement with the aforementioned entity to complete the execution of a housing project of social interest "Las Garzas". The operation of the Techo Propio Program was created by Law No. 28579, Law on the Conversion of the Mortgage Fund of Housing to a Fondo MIVIVIVENDA S.A ., its powers are detailed in its creation standard and in the Social Statute of Fondo MIVIVIENDA S.A. For the analysis, it should be considered first of all that the Techo Propio Program is a program to promote private real estate activity, it was created by Law No. 27829 and its regulations were approved by Supreme Decree No. 13-2007-HOUSING. Its operation is regulated in the Current Operating Regulations to access the Family Housing Bonus in the different modalities. For its part, Fondo MIVIVIENDA S.A., whose main role is the administration and operation of the Techo Propio Program, was created by Law No. 28579, Law on the Conversion of the Mortgage Fund for Housing to Fondo MIVIVIVENDA S.A. its powers are detailed in its creation regulation and in the Social Statute of Fondo MIVIVIENDA S.A. According to the above, the analysis of the case shows the need for the roles of the actors participating in the Own Roof Program to be adequately defined and limited to current regulations in order to ensure that the Family Housing Bonus fulfills its purpose. It is not ideal that, in order to seek the continuity of projects, alternatives that are not legally possible are chosen.

En la actualidad, muchos futbolistas profesionales obtienen buena parte de sus ingresos de contratos de publicidad que celebran con diversas empresas. En este contexto, consideramos pertinente analizar el tratamiento tributario que nuestra legislación otorga a estos ingresos, especialmente al amparo del Convenio para Evitar la Doble Imposición (en adelante, CDI) celebrado con Brasil. Para dicho efecto, analizamos la clasificación de dichos ingresos desde la doctrinaria y la jurisprudencia. Asimismo, evaluamos el tratamiento tributario que reciben dichos conceptos en nuestra legislación interna para luego entrar a analizar la forma en la que el CDI celebrado con Brasil regula dichos importes. El análisis que se realiza nos permite concluir que los ingresos derivados de los contratos por publicidad involucran diversas prestaciones cuya clasificación y la posterior alocación de rentas por cada una de ellas, presenta dificultades teóricas y prácticas. Asimismo, se determina que nuestra legislación no regula de manera específica este tipo de ingresos, motivo por el cual resulta importante una correcta diferenciación de cada una de las prestaciones a nivel contractual. Por último, se establece que en el ámbito del CDI también se presentan problemas de calificación de las rentas, al haberse establecido en ellos criterios como “la efectiva conexión de una renta con la actividad deportiva” que en la práctica pueden dificultar la aplicación del CDI

Muchas veces personas jurídicas domiciliadas y no domiciliadas en el Perú celebran contratos entre sí. La persona jurídica no domiciliada se obliga a la prestación de cierto servicio en territorio peruano y, a su vez, la persona jurídica domiciliada en el Perú se obliga al pago de una retribución (100) afecta al Impuesto a la Renta peruano, cuyo contribuyente es el sujeto no domiciliado. Es frecuente advertir en esta clase de contratos la existencia de una cláusula que contiene el mecanismo del gross up, cuyo efecto es la traslación del Impuesto a la Renta, de tal manera que esta carga económica pasa a ser soportada por el cliente del servicio y no por el perceptor de la renta. Aquí se genera una serie de conflictos con el principio económico del beneficio y los principios y deberes jurídicos de solidaridad, deber de contribuir, legalidad y capacidad contributiva. El común denominador de todos estos puntos críticos es que se produce una distorsión en el sistema de distribución de las cargas tributarias que ha sido diseñado por el Estado tomando en cuenta la obtención de rentas por parte del sujeto que se obliga a la ejecución del servicio. Además, como consecuencia de la indicada traslación, se produce un indebido incremento en el monto que la persona jurídica domiciliada se obliga a pagar al proveedor del servicio (100 + x), generándose otro conflicto con el principio de causalidad para efectos de la determinación de su Impuesto a la Renta. En la presente investigación se analizan los límites de la voluntad individual de los sujetos contratantes ante la Ley del Impuesto a la Renta que ha previsto que al deudor le corresponde asumir la carga tributaria. Frente a este mandato legal, resulta que la voluntad individual de los privados no puede modificar a las normas tributarias. En este sentido, mediante la presente investigación se confirmará que en el Derecho Civil es válida la cláusula contractual que contiene el mecanismo denominado gross up. Sin embargo, en el Derecho Tributario -en virtud de los principios de legalidad y capacidad contributiva- no tiene cabida esta clase de alternativa