Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Se supone que el Derecho Civil, más específicamente, el de contratos, está llamado a proveer respuestas, o soluciones si es el caso de que alguna parte no cumpla o lo haga de mala manera, a las obligaciones pactadas en un contrato. Es la obviedad de esta afirmación lo que a veces desorienta un poco. En el contrato las partes se obligan a algo. Acuerdan, además, de que si no se respeta aquello a lo que se obligan, uno de los dos va a tener herramientas, mecanismos, o soluciones para hacer de esa obligación algo que descanse más allá de la volubilidad de cada participante. En otras palabras, el derecho de contratos supone, por una parte, individuos que desean obligarse, y por la otra, un mecanismo para que esa voluntad sea coercitivamente exigible. En la doctrina anglosajona, se suele llamar a estos mecanismos, o respuestas del ordenamiento jurídico ante el incumplimiento contractual, remedios contractuales. Quizá la más nutrida discusión académica que se ha dado en torno a los remedios contractuales en la doctrina anglosajona en los últimos treinta años, se enmarca dentro del movimiento conocido como análisis económico del derecho. En este debate, el énfasis está dado en dilucidar cuál remedio contractual es más eficiente como regla por defecto del sistema legal, la ejecución forzada de la prestación o el pago de una indemnización en dinero. En este debate se han esbozado una serie de argumentos para preferir una alternativa por sobre la otra, mas, la doctrina pareciera no haber todavía dado por zanjado el tema. Existen quienes propugnan por la eficiencia de uno u otro remedio, de la misma manera que hay quienes buscan alguna salida intermedia entre las dos posiciones dominantes. El primer objetivo de esta memoria de prueba es hacer un repaso de este debate, de manera de poder obtener algunas herramientas para analizar nuestro sistema de remedios contractuales