Se exponen las motivaciones de los jefes de unidades orgánicas de una entidad del Poder Ejecutivo del Perú durante el año 2012 para entender las razones por las cuales emplean mecanismos irregulares para la contratación de personal bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios – CAS y se explica que estas motivaciones están vinculadas a aspectos como la confianza y distintos a los vinculados con corrupción. Para ello, se hace una revisión del contexto de la reforma del servicio civil en Perú; la nueva gestión pública; el isomorfismo institucional, el proceso de decoupling, redes de confianza; licitud atípica y otros. Se complementa con entrevistas al personal involucrado que permite entender de primera mano sus motivaciones y se hace un análisis estadístico que demuestra la utilización de estos mecanismos. Se puede afirmar que la utilización de mecanismos irregulares en la contratación de personal CAS es una respuesta natural a la ineficiencia e ineficacia de las entidades públicas para adecuarse a los conceptos de la nueva gestión pública; lo que a su vez ha llevado a que se pierda la perspectiva y ha generado falta de planificación en el Sistema de Recursos Humanos / The motivations of the heads of organic units of an entity of the Executive Power of Peru during 2012 are exposed to understand the reasons why they use irregular mechanisms for hiring personnel under the modality of Administrative Contracting of Services - CAS and it is explained that these motivations are linked to aspects as trust rather than those related to corruption. For this, a review of the context of the civil service reform in Peru is made; the new public management; the institutional isomorphism, the decoupling process, trust networks; atypical legality and others. It is complemented with interviews to the personnel involved that allows to understand first hand their motivations and a statistical analysis is made that demonstrates the use of these mechanisms. It can be said that the use of irregular mechanisms in the hiring of CAS personnel is a natural response to the inefficiency and inefficacy of public entities to adapt to the concepts of the new public management; which in turn has led to the loss of perspective and has generated lack of planning in the Human Resources System

El trabajo titulado Beneficios del Proceso de Colaboración Eficaz de Personas Jurídicas como posible afectación al fin de Prevención General de la Pena tiene relevancia jurídica su investigación, puesto que, a la fecha se encuentra vigente un nuevo proceso de colaboración eficaz a favor de las personas jurídicas y/o corporativas, proceso que no es aplicado generalmente por los Magistrados de nuestro país, al ser un proceso nuevo que viene surgiendo; sin embargo, dicho proceso debe de ser analizado con mucha minuciosidad, ya que al otorgar beneficios premiales, genera espacios de impunidad, más aun cuando se aplica beneficios no solo a la persona natural sino también a la empresa, siendo que este doble beneficio por una misma información, trae con ello, un menaje para el delincuente potencial que pese a que cometa delitos tiene aún la posibilidad de evitar una condena efectiva. Por consiguiente, a través del presente artículo se ha buscado describir si la imposición de benéficos premiales por colaboración eficaz a las personas jurídicas afectaría o no los fines de prevención general de la pena. Sin desconocer que el proceso de colaboración eficaz ha demostrado ser un mecanismo eficiente en lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada por lo que su uso, recientemente ha aumentado considerablemente, inclusive se ha ampliado esta figura a las personas jurídicas o también llamada por el derecho procesal Brasileño colaboración eficaz corporativa, sin embargo debe de existir una especial fundamentación que haga suponer que los fines de la pena en su vertiente de prevención general no será vulnerada, y que el potencial criminal al conocer que tiene una oportunidad que no se le impondrá la pena por sus delitos, no actuara con el mismo respecto al cumplimiento a las normas sociales.

La presente investigación aborda los límites en las capacidades estatales derivados de las prácticas de corrupción. Para ello, se toma como caso de estudio las prácticas de corrupción en el control del ingreso y del uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios de Lima Metropolitana durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2016, y su objetivo es comprender cómo se han implementado dichas medidas. A partir de ello, se proponen tres objetivos específicos: primero, se busca describir las dinámicas de ingreso y uso de los teléfonos móviles en los establecimientos penitenciarios de Lurigancho y Miguel Castro Castro. Segundo, se busca determinar las prácticas de corrupción asociadas a las medidas de control del ingreso y uso de los teléfonos móviles y su efecto sobre la implementación de las mismas. Tercero, se busca explicar los límites de dichas medidas de control ante el fenómeno de la corrupción. De lo analizado, se tiene que la capacidad de un organismo estatal puede verse mermada no solo por la insuficiencia de recursos o cobertura de sus funciones, sino también por la existencia de dinámicas de pequeña o “micro corrupción”, que están asociadas a vulnerabilidades en las medidas de control de ingreso y uso de teléfonos móviles, las cuales se explican debido a la falta de recursos para la implementación de la normativa existente y a la necesidad del mantenimiento del frágil equilibrio existente en estos espacios. Asimismo, estas dinámicas continúan reproduciéndose debido a que dichas medidas de control tienen un impacto limitado, pues solo apelan a la concientización de los involucrados sobre el problema (campaña contra la corrupción, incentivos simbólicos, etc.), menguando así la eficiencia para ejercer un control efectivo por parte del Estado. / This research addresses the limits on state capacity derived from corrupt practices. Therefore, it is taken as a case of study, the corruption practices in the control of entry and use of cell phones in penitentiary establishments of Lima, during the period between the years 2011 and 2016, and its objective is to understand how such measures have been implemented. Based on this, three specific objectives are proposed: first, the aim is to describe the dynamics of entry and use of cell phones in the penitentiary establishments of Lurigancho and Miguel Castro Castro. Second, it seeks to determine the practices of corruption associated with control measures regarding the entry and use of cell phones and their effect on the their implementation. Third, it seeks to explain the limits of those control measures against corruption practices. Thus, the capacity of a state agency can be reduced not only by insufficient resources or coverage of its functions, but also by the existence of small or "micro-corruption" dynamics, which are associated with vulnerabilities in control measures of entry and use of cell phones, which are explained due to the lack of resources for the implementation of the existing regulations and the need to maintain the fragile balance in these spaces. In addition, these dynamics continue to be reproduced because the control measures have a limited impact, since they only appeal to awareness of those involved in the problem (anti-corruption campaign, symbolic incentives, etc.); hence, the efficiency to exercise control by the State is reduced.

En el Perú la actividad deportiva es regida y fomentada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), el cual, de manera descentralizada, cuenta con los Consejos Regionales de Deporte (CRD) que tiene entre sus funciones la administración de la infraestructura deportiva y no deportiva bajo en su región; de esa manera estos son los responsables de arrendar estos predios ya sea para eventos deportivos y no deportivos. En este contexto, es que se identifica al problema público como la alta incidencia de riesgo de corrupción en el proceso de arrendamiento de la infraestructura deportiva por parte de los CRD, a razón de diversos informes de control del OCI del IPD que evidencian en este proceso situaciones adversas en la que no se estaría priorizando el aspecto deportivo sino el comercial, ni cumpliendo con los requisitos, ni se estaría realizando un adecuado uso del mismo, y que los recursos recaudados no se estarían usando para fines institucionales. Para afrontar este problema, entre diversas causas identificadas, dos de ellas impactarían de manera relevante al problema público, a saber: la alta discrecionalidad de los presidentes de los CRD y el no establecimiento de un mecanismo específico para realizar una adecuada supervisión. Para ello, mediante una metodología cualitativa, se plantea desde el enfoque de la gestión pública, la propuesta de innovación denominada “Arrendamiento 360º” que plantea realizar el proceso de arrendamiento mediante el uso de una plataforma virtual, además de una estrategia publicitaria, propuestas que pretenden por un lado, mejorar y transparentar el proceso y por el otro hacer de conocimiento a la población sobre la disponibilidad de infraestructura pública para la realización de actividades deportivas y no deportivas. / In Peru, sports activity is ruled and supported by the Peruvian Sports Institute (IPD), which, in a decentralized manner, has the Regional Sports Councils (CRD) whose functions include the management of sports and non-sports infrastructure in its region. Consequently, they are responsible for leasing these properties, whether for sporting or non-sporting events. In this context, the high incidence of corruption risk in the sports infrastructure leasing process by the CRDs has been identified as a public concern, due to various control reports from the audit office of the IPD that demonstrate adverse situations in which the commercial aspect would not be prioritized over the sporting one, nor would it comply with the requirements, nor would it be making an adequate use of the infrastructure, and that the resources collected would not be used for institutional purposes. To address this problem, among various identified causes, two of them would have a relevant impact on the public concern, specifically: the high discretion of the CRD presidents and the failure to establish a specific mechanism to carry out adequate supervision. For this, through a qualitative methodology, the innovation proposal called "360º Leasing" is proposed from the public management approach, which proposes to implement the leasing process through the use of a virtual platform, in addition to an advertising strategy. Those proposals aim, on the one hand, to improve and to make the process transparent and, on the other, to make the population aware of the availability of public infrastructure for carrying out sports and non-sports activities.

La presente investigación se justifica en la existencia potencial del fenómeno de la corrupción en la realidad contractual de nuestro país, donde la respuesta estatal se ha enfocado principalmente en la persecución del delito en la vía penal; y en el inadecuado tratamiento contractual por las autoridades competentes al detectar su presencia. Estos hechos vuelven necesario el estudio de la corrupción como fenómeno y su vinculación con el contrato (especialmente donde interviene el Estado), además de conocer cómo reacciona el ordenamiento jurídico a través del estudio de sus remedios clásicos de nulidad y anulabilidad. Los objetivos de la presente investigación son determinar si un contrato que proviene de actos de corrupción es nulo o anulable; establecer si es posible convalidar un contrato que procede de actos de corrupción y si la inclusión sobreviniente de una cláusula anticorrupción podría convalidarlo. Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación son el método dogmático, comparativo y funcional. La conclusión principal alcanzada a través de la investigación, es que el contrato celebrado a través de actos de corrupción donde participa el Estado es nulo y no anulable a todos sus efectos; y que el Estado, que siempre cautela los intereses generales de la sociedad, no puede recurrir a la convalidación para darle validez a este tipo de contratos bajo ninguna causal, inclusive a través de la inclusión sobreviniente de una cláusula anticorrupción.

El presente trabajo tiene por finalidad proponer la creación de un sistema mixto para la implementación del modelo de prevención o compliance anticorrupción. Como se verá a lo largo de la investigación, el Perú tiene un serio problema de corrupción, sobre todo, en el sector de construcción de obras públicas en infraestructura. La corrupción detectada no está asociada a las normas actuales en materia de contrataciones estatales, sino a los operadores en esas contrataciones, dentro de las cuales las empresas privadas juegan un papel importante. Ante este hecho, una posible solución sería la exigencia de implementar el compliance anticorrupción para aquellas empresas que contratasen con el Estado para la construcción de obras públicas bajo la modalidad de licitaciones. Dicha implementación sería voluntaria para todas las demás, pero teniendo siempre presente los beneficios que esta conllevaría.

La tesis aborda el problema de corrupción en la extracción y comercialización de la madera extraída de concesiones forestales en la Región Ucayali. La corrupción es el motor principal de la tala ilegal, siendo ineficientes e ineficaces las políticas implementadas por el Estado Peruano para combatirla. Esta se sustenta en redes variables, mutables, con una organización que no corresponde a la estructura regular del crimen organizado, y cuya actuación se basa en la confianza de sus actores y la permisibilidad de la sociedad. Este panorama se presenta no solo en las modalidades de acceso al bosque, sino en toda la cadena de valor de la madera independientemente si esta se encuentra o no debidamente autorizada en un título habilitante como el que otorgan las concesiones forestales, permisos y autorizaciones. El objeto de la investigación es comprender cómo se estructuran dichas redes, el desempeño de los actores involucrados y los mecanismos de corrupción utilizados en la cadena de valor de la madera. La tesis se divide en cuatro capítulos. El Capítulo I detalla el estado de la cuestión y el marco teórico referente al sector forestal. El Capítulo II aborda el manejo de los recursos forestales mediante concesiones determinando espacios grises para la práctica de actos de corrupción. El Capítulo III desarrolla la idea central de la investigación, identificando la estructura de las redes, sus actores y prácticas de corrupción según los escenarios de actuación. Finalmente, el Capítulo IV trata las políticas de estado para la lucha contra la corrupción y tala ilegal del sector forestal, tratando de identificar sus efectos en la conformación o mantenimiento de las redes de corrupción, así como las deficiencias en su implementación debido al poco conocimiento sobre el fenómeno, los actores y las prácticas identificadas según los espacios presentados. / Tesis

En el Perú son importantes la normativa y las iniciativas de promoción de la participación ciudadana; sin embargo, esta no llega a manifestarse de manera efectiva en muchos espacios locales y/o regionales, lo cual impide el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo local. Esta es la realidad de muchas zonas del país, entre ellas la de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) en la Región Ancash, cuya experiencia estudiaremos en el siguiente trabajo. Esta investigación explora los factores que impidieron la implementación del Consejo de Coordinación Local (CCL) de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) como espacio de participación, debate y concertación entre sociedad civil y autoridades locales para la planificación del desarrollo y óptimo uso de los recursos públicos. Se plantearon los siguientes objetivos: 1) conocer las dificultades que enfrenta la MPS para promover la participación de la sociedad civil en el CCL; 2) explorar si el CCL de la MPS responde o no a las necesidades y expectativas de los ciudadanos; 3) analizar la idoneidad de la intervención del CCL en la planificación del desarrollo y la toma de decisiones sobre el presupuesto en la MPS; y 4) determinar el valor que el alcalde y sus funcionarios atribuyen al CCL de la MPS como mecanismo de participación de la sociedad civil. Para responder esta pregunta, se diseñó un estudio de caso con una estrategia metodológica cualitativa, obteniéndose una muestra significativa en base a un muestreo no probabilístico por juicio o conveniencia y por cuotas. La muestra estuvo conformada por funcionarios de la MPS vinculados con el funcionamiento del CCL, alcaldes y regidores distritales que participan en el CCL, representantes de organizaciones de la sociedad civil que participan en el CCL, y documentos que contengan información sobre la naturaleza y funcionamiento del CCL de la MPS. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a funcionarios y representantes de sociedad civil, un grupo focal con representantes de la sociedad civil, y revisión de información documentaria. Se identificaron los siguientes como factores que impidieron la implementación del CCL en la MPS: 1) manejo no inclusivo de la gestión local por parte de la autoridad provincial; 2) insuficientes capacidades para la participación de los representantes de la sociedad civil; 3) insuficientes capacidades para la gestión y la participación en los funcionarios de la MPS; 4) insuficiente promoción de la participación ciudadana; 5) limitaciones en la Ley Orgánica de Municipalidades y los procedimientos para implementar el CCL; 6) debilidad institucional y falta de valores democráticos; y 7) falta de un enfoque de desarrollo. Se concluyó que la principal dificultad desde la Municipalidad Provincial del Santa para promover la participación de la sociedad civil en el CCL, fue el escaso interés de las autoridades por fomentar esta participación. Por otro lado, el CCL no respondió a las expectativas de la ciudadanía, que se vieron limitadas por el carácter consultivo que le otorga la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) a esta instancia. Asimismo la sociedad civil no cuenta con capacidades necesarias para participar de manera eficaz en el CCL, y existe bajo nivel de valoración de las autoridades y funcionarios respecto del CCL y la participación de los ciudadanos. Por ello se recomienda entre otras cosas que: se modifique la LOM para que especifique procedimientos de convocatoria, y/o establezca sanciones a las autoridades que no cumplan con implementar el CCL: se fortalezcan capacidades tanto de funcionarios como de representantes de organizaciones de sociedad civil, y de ciudadanos en general, sobre participación ciudadana y gestión local en general; se asigne una partida presupuestal desde la 4 MPS que incluya gastos logísticos de los funcionarios y de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil por su participación en el CCL y el Presupuesto Participativo; se difundan estos espacios de participación ciudadana; y se promueva la creación de un ente rector que impulse y regule el cumplimiento de las normas de participación ciudadana; entre otras recomendaciones. / Tesis

En el presente informe jurídico se busca determinar el tipo de consumación que se produce en el delito de Enriquecimiento ilícito, así como la posible atribución de responsabilidad penal a los terceros (extranei) que intervengan y colaboren con la realización del ilícito. Sumado a ello, se analizará la figura jurídica del acuerdo previo o pactum sceleris y las implicancias que el mismo pueda tener en la atribución de la responsabilidad penal a los acordantes. Es así que se hará uso del método de investigación en base a la doctrina existente y los pronunciamientos jurisprudenciales que resulten relevantes. En ese sentido, se demostrará que, según los hechos narrados en el recurso sub examine (Recurso de Nulidad N° 2976-2004-Lima), la Corte Suprema debió optar por atribuir responsabilidad penal a la esposa e hijas de un ex General del Ejército Peruano (funcionario público). Ello en cuanto se está ante un delito residual, comisivo de consumación permanente y, las extranei, mediante el despliegue de diversas acciones y transacciones financieras (complicidad material y psíquica), colaboraron en la realización del delito de Enriquecimiento ilícito, aunado a que también se habría incurrido en la realización, en conjunto con el funcionario público, de un acuerdo previo o pactum sceleris

En el año 2016, la empresa ODEBRECHT mediante el documento denominado “Acuerdo de Declaración de Culpabilidad” confesó ante la justicia de EE.UU que había pagado sobornos en 12 países de Latinoamérica con la finalidad de obtener grandes proyectos de infraestructura. Uno de los países donde se había cometido este tipo de actos era el Perú, lo que motivo que se iniciaran investigaciones preliminares a funcionarios públicos, líderes de partidos políticos y empresarios reconocidos por delitos de corrupción y lavado de activos. En el marco de estas investigaciones, los jueces de investigación preparatoria vienen utilizando la información brindada por aspirantes a colaboradores eficaces como elemento de convicción para dictar medidas de prisión preventiva, sin aprobación judicial. Al final del presente trabajo, se ha determinado que la utilización de la declaración del aspirante, con los supuestos elementos de convicción que lo corroboran, no cumplen con el estándar probatorio de “sospecha fuerte” exigido por el Acuerdo Plenario Nº 1-2019/CIJ-116 y la Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1- 2017/CIJ-443.