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La figura del estado de cosas inconstitucional (ECI) es uno de los aportes del constitucionalismo colombiano a la jurisprudencia internacional protectora de derechos fundamentales (Rodríguez 2009: 435).Mediante ella, la Corte Constitucional ha abordado situaciones es las que “concurren la violación masiva de derechos fundamentales, las deficiencias estructurales para su atención y la falta de voluntad de las autoridades estatales en todo o en parte del territorio nacional, de forma tal que, ante esa situación, se puede generar una gran proliferación de tutelas, con graves consecuencias para la congestión de los despachos judiciales” (Plazas 2009: 244). Además del dictado de órdenes para cautelar los derechos de los/as accionantes, la Corte declara una situación estructural que lesiona derechos de un número amplio y hasta indeterminado de personas que no son parte del proceso, de forma que el fallo tiene un efecto preventivo general que transforma una realidad dada de falla estructural (Vargas 2003: 214). Esta innovación jurisprudencial se inserta en el marco de una corriente más amplia de activismo judicial que, en sus raíces estadounidenses, se ha denominado como litigio de derecho público, modelo que propicia la transformación de fallas estructurales en entidades gubernamentales que se han hecho resistentes a otras formas de control político; no obstante la persistencia de la falta de un adecuado desempeño en las mismas, otras formas de control no han logrado el objetivo de reformarlas para cesar la violación de derechos que producen (Sabel y Simon 2004: 1062). En la medida de que la figura del ECI ha sido acogida en la jurisprudencia peruana por parte del Tribunal Constitucional con referencia explícita a sus raíces originarias (Naupari 2009: 340, 355), es relevante analizar los términos en que esta incorporación se ha dado para tener un claro balance de sus limitaciones y posibilidades. En un país como el Perú, en que la falla de las instituciones públicas en sus obligaciones de garantizar los derechos de ciudadanas y ciudadanos es recurrente, una figura como el ECI cobra mayor interés como herramienta para posibilitar cambios en un status quo injusto, un cambio que sería posible desde una demanda individual ante la jurisdicción constitucionalque podría transformar el escenario de balance de poderes para que las entidades públicas sean puestas bajo el examen de modo que cumplan con las reformas necesarias para asegurar derechos. / Tesis

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La presente tesis parte de un análisis teórico de la operatividad del control difuso que es contrarrestado con datos fácticos a los que se tuvo acceso, para valorar y afirmar de manera inductiva cuál es la operatividad del control difuso, por medio de la revisión del control difuso por la Corte Suprema peruana, con la que se genera un control con la consulta de la decisión que contiene la aplicación de la misma. De esa manera, se cuenta con tres capítulos, en el primero, se aborda los aspectos teóricos del control de constitucionalidad hibrido, control de constitucionalidad difuso; en el segundo capítulo, se desarrolla la operatividad del ejercicio del control difuso, en el que se aprecia no solo los efectos jurídicos de la aplicación de la institución sino también las consecuencias de la operatividad de la misma; y en el tercer capítulo, se realiza una evaluación de la operatividad de la consulta en los casos que se accedió, los cuales datan del 2014, donde la Corte Suprema decidió en consulta la aprobación o no de la aplicación del control difuso. De esa manera, se afirma y sostiene que la aplicación del control difuso para tutelar el derecho fundamental, al entrar en operatividad genera efectos negativos no solo para las partes del proceso sino para todo el sistema, el cual suspende los efectos de la sentencia que contiene el control difuso, prolonga el proceso judicial sin interés de las partes, aumenta la carga procesal y genera mayor trabajo logístico, en causas que son reafirmadas en su sentido, dado que son en su mayoría aprobadas, por la Corte Suprema. / Tesis