El sistema democrático reconocido en la vigente constitución peruana otorga al ciudadano los componentes esenciales para el ejercicio de su ciudadanía. Sin embargo, la realidad peruana exhibe una coyuntura dispar con el texto constitucional. En principio, la categoría más importante del ciudadano es sin duda, la protección de sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho fundamental al voto. Aunque el artículo 31° de la constitución establece los lineamientos para ser considerado elector, éste no ha logrado empoderarse de su derecho, por lo que actualmente existe una brecha entre los actores políticos presentes en la escena peruana. La falta de identificación parcial o plena con el sistema político o con alguna organización política en especial por parte del electorado, genera desequilibrio entre las partes. Es así que nos hemos propuesto desarrollar un diagnóstico democrático de la situación peruana, advirtiendo la calidad democrática y de participación ciudadana. No cabe duda que el componente más importante consiste en desarrollar el análisis al voto, estableciendo su contenido esencial; y, sobre todo la debatida cuestión sobre la voluntariedad y obligatoriedad de éste, concluyendo en la justificación para su implementación voluntaria. Así, nuestra investigación busca encaminar las condiciones estructurales que necesita el sistema democrático a la luz del derecho constitucional. / Tesis

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La idea de Dignidad ha sido una constante a lo largo de la historia de toda la humanidad, la cual vino a positivizarse como concepto jurídico en el ordenamiento nacional e internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, que tras los horrores que ella significó, emerge en las conciencias la certeza de la necesidad de la defensa y la protección de los Derechos Fundamentales y de la Dignidad intrínseca del ser humano. Ello implicará el reconocimiento de la naturaleza específica del hombre, que lo hace un ser distinto, según algunos superior, a otras realidades, por lo cual es merecedor de un respeto mayor. Esta positivisación, a lo menos en el papel, vino a significar una protección contra todas aquellas acciones u omisiones del Estado, o de otros particulares, que pusieran en peligro o menoscabaren su integridad física, síquica o moral. Así, este reconocimiento de la Dignidad se configurará para los terceros como una obligación permanente de tratar a todo ser humano según los dictámenes que emanan de su propia naturaleza, conservando su Dignidad no sólo a lo largo de su vida, sino mas allá, cualquiera fuese la situación en que se encontrase o el comportamiento que tuviere. A lo largo de este trabajo veremos la concreción del sueño del reconocimiento y protección jurídica de la Dignidad a través de la historia de la humanidad. La transformación que sufre de ser una idea propia de algunos intelectuales, a una bandera universal de lucha hoy en día cada vez que la barbarie y la hipocresía se apoderan de la escena internacional, avasallando almas desvalidas, arrebatándoles el último bien intrínseco y eterno que poseemos como seres humanos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La reserva de ley constituye uno de los principios capitales que determinan la estructura del ordenamiento jurídico, tocando las bases mismas del funcionamiento del Estado, particularmente en la vinculación de los poderes que lo constituyen. En este contexto, las expresiones normativas que configuran el contenido propio de las conexiones sobre las cuales este principio opera son el reglamento y la ley, en cuanto constituyen las manifestaciones jurídicas naturales al ejercicio creador de Derecho del Estado. Así, el reglamento, como consecuente normativo de la potestad reglamentaria, se traduce en el instrumento operacional a través del cual el Poder Ejecutivo ejerce su actividad regulatoria. La ley, por su parte, es la norma jurídica por antonomasia, cuya generación corresponde al Poder Legislativo, en cuanto éste expresa la voluntad popular. De esta manera, es la Constitución la que se hace cargo del establecimiento de una fórmula de reserva de ley, la que, como veremos, difiere en sus contenidos dependiendo de los caracteres que el constituyente le establezca, de tal modo que el principio se adapta a la naturaleza propia del ordenamiento jurídico sobre el que opera, considerando una matriz fundamental con multifacéticas expresiones. En este entendido, el propósito del presente trabajo involucra dos aspectos determinantes. En primer lugar, precisar, dentro de lo posible, esta matriz conceptual que en definitiva nos permita entender las esencias que involucra la idea de reserva de ley. Y segundo, dar luces acerca del problema central que envuelve la aplicación del principio, esto es, la relación entre ley y reglamento.

I. El concepto de recurso y su naturaleza. Los recursos como derecho fundamental; fuentes de apoyo de carácter constitucional, y de carácter internacional, mención del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de las Constituciones Políticas. La doble instancia, en relación con la existencia en Guatemala de un recurso de apelación contra la sentencia de primer grado denominado Apelación especial. Mención de algunas reglas comunes para el planteamiento de los recursos, aplicadas en diversos países de América Latina, y de las clases de recursos existentes en el procedimiento penal guatemalteco y español.II. Apelación. Historia, naturaleza y formas, la apelación plena y la limitada, coexistencia en las legislaciones contemporáneas; datos y características de la apelación española, así como de la denominada Apelación Especial en el procedimiento guatemalteco, los requisitos para su planteamiento, trámite, comentario crítico sobre los aspectos principales de la regulación de la apelación guatemalteca en materia penal, señalándose como el esencial, que el tribunal de apelación conozca solamente los puntos de la sentencia expresamente impugnados; mención de algunos aspectos prácticos para el contenido de un escrito de apelación especial.III. Revisión penal, su naturaleza, como un recurso y como un proceso especial; motivos de revisión en el código de procedimiento penal guatemalteco, planteamiento y trámite. Análisis de la revisión española, colombiana, argentina y costarricense.IV. Recurso de casación, historia y generalidades, importancia de los derechos fundamentales en relación con el mismo. Importancia del artículo 24 de la CE y de los derechos fundamentales para fundar un recurso de casación especialmente por la existencia del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que según algunos constituye una tercera vía casacional y ha servido para eliminar las barreras tradicionales de acceso al recurso. El recurso de casación en España, su origen histórico y naturaleza, mención de otros sistemas casacionales europeos; estudio histórico de la casación guatemalteca y los fundamentos y objetivos generales. Importancia de la distinción de los hechos y el derecho en la casación; motivos de inadmisión tanto en el derecho español como el guatemalteco y planteamiento del recurso. V. Motivos del recurso de casación y casos de procedencia en España. Se tratan aquí los motivos de fondo y de forma y la alegación en casación de la infracción de precepto constitucional con un comentario a la infracción del principio de presunción de inocencia.VI. Motivos del recurso en la legislación guatemalteca; comentario relativo a la existencia de las mismas bases para el recurso de apelación especial. Estudio de resoluciones recurribles en casación con alusión a la variabilidad de la doctrina jurisprudencial, pese a la existencia de normas concretas. Se analizan los motivos de fondo y de forma así como el planteamiento y la sentencia de acuerdo con la ley guatemalteca. VII. Propuesta para redefinir el sistema de recursos en la legislación guatemalteca, consistente en que el recurso de casación que conoce la Corte Suprema, sea para la unificación de la doctrina jurisprudencial, es decir que dicha Corte a través de sus fallos centralice la interpretación judicial, consecuentemente la llamada apelación especial debe ocuparse de la función revisora del fallo de primera instancia.VIII. Comentarios respecto del presente y futuro de la casación. Señalamiento sobre incidencia de regulación actual en el retardo en la tramitación del proceso, que se agrava cuando los litigantes plantean Amparos, "contra" la sentencia de casación. Fundamentos y una regulación posible de la nueva casación guatemalteca.IX. La necesidad de una nueva casación en España, y en general una nueva regulación sobre recursos; corriente que se inclina por la necesidad de la regulación de una apelación con carácter previo a la casación. Propuestas del Tribunal Supremo español para la reforma del sistema de recursos en el orden jurisdiccional penal.X. Conclusiones: A) el derecho al recurso es un derecho fundamental equiparable al derecho de acción. B) La Constitución de Guatemala establece el derecho al recurso a través de dos vías: i) la del artículo 12 que se refiere al derecho de defensa y al debido proceso, cuya interpretación por la Corte Constitucional señala como consecuencia la posibilidad recurrir ante el tribunal competente, la Constitución española a través del 24 ii) la del artículo 46 que establece la preeminencia de los Tratados y convenciones en materia de Derechos Humanos sobre el derecho interno. C) El Recurso de apelación especial guatemalteco tiene un similar contenido al del recurso de casación; existe una duplicidad de la revisión del fallo de primera instancia que implica retardo en la administración de justicia, por lo que es necesaria una reforma legal que redefina el recurso de apelación y dé nuevo contenido a la casación. D) En España la doctrina y especialmente el Tribunal Supremo a través de la Sala segunda han estimado que a la par de una nueva casación penal ha de rediseñarse un nuevo sistema de recursos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Cuando se aborda el tema del deporte en nuestro medio se hace, por lo general, en desconocimiento de sus enormes implicaciones actuales. Se le aplican esquemas, categorías e ideas que no corresponden a nuestros tiempos, en los que la práctica deportiva alcanza un lugar tan relevante. En el mundo entero, el deporte se ha constituido en una actividad con una reconocida y singular capacidad de coadyuvar con los poderes públicos en la realización de sus metas más anheladas en los ámbitos de la salud, la educación, la economía y la sana convivencia.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere un asesor / Analiza y determina si las normas especiales que regulan los procesos de amparo en materia concursal, contenidas en los artículos 133 y 134 de la Ley General del Sistema Concursal, son inconstitucionales. / Tesis

El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Busca investigar y demostrar que, en los casos concretos de las cartas bajo análisis, que su estudio va más allá de un simple análisis jurídico-gramatical y que exige conocer e identificar las fuerzas políticas, sociales, ideológicas y eminentemente culturales que le dieron vida a ellas y a sus principales instituciones y derechos. Asimismo, descubre las fuentes del auge de ese pensamiento liberal en la carta de 1856 y conservador o moderado en la de la constitución de 1860 en el mundo y concretamente en el Perú. Además, estudia si el pensamiento político-constitucional de los hermanos José y Pedro Gálvez, por el lado del liberalismo; y el de Bartolomé Herrera, por el lado conservador tienen un correlato inmediato en los textos constitucionales y su desarrollo posterior. / Tesis

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