El presente trabajo de investigación ha sido formulado y desarrollado desde nuestra ocupación laboral dentro del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, CENECP, primero como profesor y luego como organizador y director del Instituto de Investigaciones Criminológicas y Penitenciarias y surge como preocupación primero por la falta de información documentada sobre el tratamiento penitenciaria, para instruir a nuestros estudiantes y porque la muy poca existente en nuestro medio no se condice con lo que observamos diariamente en los penales de Uma, primero en las condiciones que acabamos de anotar y después como asesores de la Presidencia del Consejo Nacional Penitenciario, INPE, constatado lo mismo en otros penales del país. A esta realidad se añade el hecho de la existencia reiterada y con más frecuencia de la que pOdría pensarse, de hechos delictivos cometidos por personas que ya han estado en penales, reincidiendo de este modo en sus anteriores conductas delictivas, lo que nos hizo pensar en que toda la doctrina sobre la resocialización del delincuente asumida tácitamente en nuestros cursos universitarios como estudiantes de pre y de post grado, o no se aplicaba en penales o tenía falencias graves. A estos hechos hubimos de añadir nuestra ignorancia total. sobre la realidad fáctica de la vida del hombre en prisión, lo que frente a nuestra responsabilidad como formador de los nuevos agentes penitenciarios nos hizo revisar y estudiar desde el primer día la doctrina penitenciaria e inquirir a quienes trabajaban dentro del sistema sobre esa realidad fáctica que pronto tuvimos oportunidad de conocer y examinar personalmente.

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Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Analiza el artículo 23 del Código penal de 1991, que recoge de forma expresa, la figura de los que realizan el hecho conjuntamente que se identifica tanto por la doctrina como por la jurisprudencia con la tradicional "coautoría". El derecho penal al reconocer la coautoría está extrayendo la consecuencia lógica de que sea posible la división de trabajo. La coautoría concurre cuando, según el plan de los intervinientes, se distribuyen las aportaciones necesarias para la ejecución, sean en todos los estadios del delito, sean entre los distintos estadios, de manera que también personas no participantes en la ejecución codeterminan la configuración de esta, o el que se lleve a cabo o no a cabo. El dominio material del hecho, e incluso el formal, están distribuidos, el resultado es un hecho de varios intervinientes, que son plenamente responsables de la obra total en concepto de autores, siempre y cuando ostenten las cualificaciones de autor específicas del delito. Como el legislador ha preferido evitar una delimitación un poco más precisa de esta figura, caracterizándola únicamente por la concurrencia de una pluralidad de sujetos que realizan el hecho de forma conjunta, sin especificar en qué debe consistir formal o materialmente la intervención de cada uno de ellos, permite realizar una labor de interpretación por parte del operador jurídico. Existen diferentes interpretaciones sobre el concepto de autor entre las defendidas por la doctrina. Se demuestra en la investigación que el criterio delimitador entre la coautoría y otros supuestos distintos de intervención plurisubjetiva en el delito, como serían la autoría accesoria o supuestos de autoría y participación, no puede hacerse depender en ningún caso de elementos exclusivamente de carácter subjetivo, a riesgo de volver a conceptos subjetivos de autoría ya abandonados y el menoscabo a la seguridad jurídica que conllevan. Y, sin embargo, el elemento que en mayor medida parece otorgar entidad propia a la coautoría, el que parece caracterizarla más claramente, es la existencia de un acuerdo de voluntades entre los coautores. Por ello creemos que la problemática del acuerdo como elemento subjetivo de la coautoría no puede explicarse sino dentro de la "teoría de la imputación objetiva del comportamiento", conectada a través del principio de "prohibición de regreso", ya que la teoría del dominio del hecho, no es de gran utilidad en la jurisprudencia para resolver problemas en el orden de autoría y participación y tiende a complicar las decisiones judiciales con apoyo de esta teoría. El problema de delimitación de la tipicidad en los casos de coautoría debe realizarse a través de una labor de interpretación, por parte del operador jurídico, a efectos de no excederse en subsumir las conductas con criterios subjetivos en el ámbito de la participación delictiva. Se tiene que en la coautoría y debido a su peculiar estructura, el coautor debe, en principio, realizar menos de lo que realiza el autor individual en relación con la responsabilidad que finalmente le va a corresponder; en otro caso, la regulación expresa de la coautoría carecería de sentido, pues en todos los supuestos de coautoría podría ser directamente aplicable la autoría inmediata individual. Luego de haber demostrado lo importante que resulta regular en la coautoría la exclusión de conductas neutrales o estereotipadas, recomiendo su incorporación de estas en un segundo párrafo del art. 23° de nuestro CP, con la finalidad de salvaguardar la seguridad jurídica frente a pronunciamientos judiciales incorrectos, sustentados en apreciaciones subjetivas y erróneas y en interpretaciones teórico-dogmáticas en las formas de intervención en el delito. En tal sentido, la regulación total de la coautoría debería ser la siguiente: CAPITULO IV-(código penal-1991)-AUTORÍA Y PARTICIPACIÓNAutoría, autoría mediata y coautoría. Artículo 23°.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. / Agregar al art-23 del CP-un segundo párrafo: “Se excluye la imputación objetiva del hecho cuando la participación se limite a una conducta neutral o estereotipada carente de sentido delictivo”. / Tesis

Esta investigación plantea la necesidad de demostrar la relación que existe entre la comunicación estratégica de las políticas públicas y la generación del consenso, por medio de factores como la legitimidad; transparencia y acceso a la información; rendición de cuentas; y participación ciudadana. A partir de ello, se propone un modelo de gestión de la comunicación estratégica de políticas públicas en gobiernos locales, el cual se evalúa en la política pública de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores. La aproximación de la investigación se realiza mediante la metodología de estudio de caso con finalidad instrumental y unidad de análisis holística. El enfoque utilizado es principalmente cualitativo, ya que recoge información a través de entrevistas a profundidad; sin embargo, también se utilizan herramientas mixtas, ya que se trabaja en base a una estrategia de triangulación. La generación del consenso en los ciudadanos de Miraflores se estima a través de una herramienta cuantitativa, la encuesta estructurada. Los principales resultados que se encontraron en la evaluación de la comunicación de Miraflores 360° fueron: en primer lugar, la comunicación de Miraflores 360° es estratégicamente baja. Segundo, a pesar del nivel estratégico de su comunicación se encontró un alto nivel de consenso sobre la política. En tercer lugar, una razón que podría explicar la generación del consenso, es la eficacia técnica de la política para reducir la inseguridad ciudadana. Es así que, dada la particularidad del caso, algunas veces sucede lo contrario a lo que propone Majone (1997), y es la racionalidad instrumental la que rebaza a la dialógica. / Tesis

El documento digital no refiere asesor / Aborda la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima en el período 2010-2016. Construye un diagnóstico sobre la situación de inseguridad ciudadana que enfrenta la capital, en términos comparados con otras ciudades capitales de las Américas y con las otras regiones políticas del país, a la luz de los cuatro principales indicadores en esta materia, a saber, la violencia, la victimización, la confianza en las instituciones y la percepción de inseguridad. Entre los hechos violentos se analizan los homicidios, la violencia contra la mujer y las lesiones; en cuanto a la ocurrencia real de delitos, se estudian las denuncias formuladas ante la autoridad policial y los resultados de las encuestas sobre la victimización personal, los robos en vivienda y la victimización empresarial; se ausculta los grados de confianza ciudadana en la policía y la justicia penal; y por último el temor ciudadano a ser víctima de un delito en el futuro cercano. Se aborda las condicionantes sociales vinculadas a las principales instancias de socialización, como la familia, la escuela y el barrio de las personas que delinquieron; los condicionantes socioeconómicos, relacionados a sus historias laborales; los facilitadores que impulsan dichos hechos, como el consumo de alcohol y de drogas ilegales, y el uso de armas; y los condicionantes institucionales. Estos últimos están referidos a la vigilancia y el patrullaje público en los barrios, el funcionamiento de la justicia penal, las condiciones carcelarias y la corrupción institucional. Se esboza las principales conclusiones y las líneas de actuación que podrían adoptar los encargados de las instituciones de la seguridad y la justicia con relación a los eslabones de la llamada «cadena de valor de la seguridad ciudadana», a saber, las distintas formas de prevención de la violencia y el delito, la persecución penal, la rehabilitación y reinserción social de los delincuentes, y la asistencia y protección de las víctimas. / Tesis

Analiza y explica cuál es la necesidad de la observancia y acatamiento del sistema constitucional para efectivizar un adecuado control de la normatividad procesal penal frente a la lucha contra la criminalidad organizada en el Perú. Se explica que la criminalidad organizada se presenta como fruto de una evolución con respecto a la delincuencia ordinaria, tanto en la cualificación y cuantificación profesional de estos grupos que se asocian para delinquir y que cada vez suponen un mayor perjuicio para la sociedad por ser entramados mucho más hermenéuticos, inflexibles, agresivos, violentos y sofisticados. Es una investigación jurídica de tipo dogmática teórica - normativa, y por su naturaleza es cualitativa; empleándose la técnica documental y análisis de contenido para la elaboración del marco teórico y discusión, la técnica del análisis cualitativo para el análisis de información y la argumentación jurídica, como método del diseño metodológico para validar la hipótesis y el logro de los objetivos. / Tesis

La presente investigación buscó problematizar las trayectorias delictivas, laborales y educativas que presentan los residentes de una localidad en desventaja social. Para ello,se analizaron tres dimensiones de análisis que configuran las trayectorias: las oportunidades y/o recursos, el aprendizaje social, y el tipo de convivencia de los residentes. Los hallazgos principales son: primero, cómo los recursos se encuentran constreñidos a la condición de desventaja de la localidad, conduciendo a los residentes a un mismo tipo de oportunidades laborales precarias e inestables. Luego, en cuanto a las valoraciones, se identificó cómo el refuerzo positivo desde distintos grupos sociales inserta o sostiene a los entrevistados en sus trayectorias. En cuanto a la convivencia, seidentificó el peso de etiquetas que los distinguen entre los residentes de la localidad, generando proximidad o distancia ante grupos que promueven conductas de riesgo. La metodología utilizada es el enfoque de curso de vida y se estudian las trayectorias, hitosy transiciones de los entrevistados. Se entrevistó y analizó a 9 residentes de una localidaden Cercado de Lima, una localidad que describimos y reconocemos en desventaja social.La presente tesis resalta y discute hasta qué punto una localidad en desventaja social, alconstreñir (y limitar) las oportunidades y grupos de socialización de sus residentes, puede acabar configurando trayectorias delictivas.

Los altos índices de violencia y criminalidad no son una problemática que se haya presentado en el Perú en el presente siglo, al igual que en Latinoamérica, África y otras regiones del mundo, desde fines de los setenta y principios de los ochenta, los niveles de inseguridad se han acrecentado de manera preocupante en algunos países y alarmante en otros. Aquellos Estados que han diseñado e implementado políticas públicas integrales de seguridad que han comprometido al Estado, la sociedad civil y la academia, son los que han podido controlar o revertir este fenómeno. / Tesis

La inseguridad en la ciudad tiene repercusiones en el espacio urbano que se evidencian en fenómenos como el de la privatización de la calle, consistente en la apropiación de este espacio público por parte de un grupo de personas como si fuera una extensión del espacio privado o vivienda. Una expresión de ello es el enrejado de calles que en la actualidad se puede observar en varios distritos de Lima Metropolitana, entre los que destacan Ate y La Molina. En la presente investigación y a través del estudio de urbanizaciones colindantes en estos dos distritos se busca indagar sobre la relación entre seguridad ciudadana y privatización de la calle, como una manera de interrogarnos respecto a los efectos del problema social de la inseguridad sobre la vida urbana. Las barreras físicas; vale decir, rejas, muros, entre otros elementos que se instalan en las vías públicas bajo el argumento de la seguridad también pueden convertirse en barreras sociales que van fragmentando la ciudad. En el trabajo de campo realizado se pudo comprobar que, pese a que los residentes de uno u otro distrito admiten que no se conocen, se forman una serie de estereotipos en base al nivel socioeconómico que se asume tienen los residentes o debido a las características de las viviendas. Es así que más se teme al otro por desconocido que por “peligroso”, lo que da una señal de alerta respecto a las dificultades para integrarse en una ciudad que se va enrejando poco a poco debido no solo al temor al delito, sino también a las diferencias sociales. / Tesis

La fase de implementación de la política pública pone especial énfasis en la coordinación intergubernamental como una condición para solucionar el problema público y las necesidades de la población. El Plan Distrital de Seguridad Ciudadana como política pública tiene como actividad obligatoria la ejecución del patrullaje integrado y como tal se convierte en un espacio de coordinación entre las Comisarías y el Serenazgo municipal. / Tesis