En el año 2006, el Gobierno Nacional de Colombia, sancionó la ley 1098 correspondiente a la ley de infancia y adolescencia. La nueva ley de infancia, generó a su vez el diseño de la política de atención al adolescente en conflicto con la ley Sistema de Responsabilidad penal para Adolescentes (S.R.P.A), la cual contempla los lineamientos y rutas indicadas para la atención de los menores de edad que se ven involucrados en delitos. El sistema señala como principales sanciones, la amonestación, la imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, medio semi cerrado y privación de la libertad; todas ellas se han aplicado, pero no han sido suficientes para disminuir el índice de delincuencia en adolescentes y jóvenes, esto se evidencia en el incremento de adolescentes vinculados a SRPA, el cual presentó un aumento de 15,1% durante el periodo de 2011- 2012 según cifras del ICBF (2012). A parte de este marco normativo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desarrolló en el año 2011 un manual sobre la aplicación eficaz de las directrices para la prevención de delito, el cual sirve como carta de navegación en este tema. De acuerdo a lo anterior, se planteó una investigación de orden cuanti-cualitativo, para conocer la eficacia de la intervención del Centro de Formación Juvenil ACJ, en relación a su contratación con el Estado para la aplicación de la sanción de libertad vigilada en los adolescentes y jóvenes que fueron atendidos en el año 2012, para este fin se realizó un investigación mixta de carácter descriptivo, en la cual se aplicó la técnica cuantitativa de la encuesta a 119 jóvenes participantes de Centro de Atención y las técnicas cualitativas como la entrevista y el focus group fueron aplicadas a 8 directivos y profesionales del programa, 16 familias de los jóvenes y un funcionario del ICBF. Los resultados obtenidos, muestran que tanto los jóvenes, sus familias y funcionarios coinciden en que la medida de libertad vigilada si bien es cierto aporta elementos de socialización y contribuye a la reflexión de los jóvenes y familias frente a su problemática, no es suficiente para lograr un inclusión social efectiva y la garantía de no repetición o reincidencia, poniendo en relieve un una situación que va en ascenso, por lo cual se infiere que todos los actores involucrados, es decir, el Estado, la familia, el centro de atención y los mismos jóvenes son responsables de lo ocurrido; tendiendo que generar estrategias conjuntas desde esta mirada para reducir la problemática. De esta manera, el estudio concluye que no basta solo con crear estrategias de afrontamiento de la problemática de delincuencia juvenil, sino también el establecimiento de directrices que lleven hacia la prevención de estas conductas, al interior de las familias, las instituciones educativas, instituciones prestadoras de servicios sociales y sociedad en general. Este tema debe ser abordado desde todas las miradas y no le compete solo a una parte de la sociedad, sino a toda en general, de esta manera, el Estado debe liderar la concentración de diferentes actores sociales que analicen la situación actual de delincuencia juvenil en Colombia y facilite la atención, pero sobre todo la prevención. / In the year 2006, the National Government of Colombia, sanctioned the law 1098 corresponding to the law of childhood and adolescence. The new childhood law, in turn, generated the design of the adolescent care policy in conflict with the Criminal Responsibility System for Adolescents (SRPA), which includes the guidelines and routes indicated for the care of minors. Who are involved in crimes. The system indicates as main sanctions, the admonition, the imposition of rules of conduct, provision of services to the community, assisted freedom, semi-closed means and deprivation of liberty; all of them have been applied, but they have not been enough to reduce the delinquency rate in adolescents and young people, this is evidenced in the increase of adolescents linked to PACS, which presented an increase of 15.1% during the period of 2011- 2012 according to ICBF figures (2012). Apart from this normative framework, the United Nations Office on Drugs and Crime, developed in 2011 a manual on the effective application of the guidelines for the prevention of crime, which serves as a navigation card in this subject. In accordance with the above, a quantitative-qualitative research was proposed, to know the effectiveness of the intervention of the Youth Training Center ACJ, in relation to its contracting with the State for the application of the probation sanction in adolescents and young people who were attended in 2012, for this purpose a mixed investigation of a descriptive nature was carried out, in which the quantitative technique of the survey was applied to 119 young participants of the Care Center and the qualitative techniques such as the interview and the focus group were applied to 8 managers and professionals of the program, 16 families of the youth and an official of the ICBF. The results obtained show that both young people, their families and officials agree that the measure of supervised freedom, although it is true, contributes elements of socialization and contributes to the reflection of young people and families in the face of their problems, it is not enough to achieve an effective social inclusion and the guarantee of non-repetition or recidivism, highlighting a situation that is on the rise, for which it is inferred that all the actors involved, that is, the State, the family, the center of attention and the young people themselves are responsible for what happened; tending to generate joint strategies from this perspective to reduce the problem. In this way, the study concludes that it is not enough just to create strategies to address the problem of juvenile delinquency, but also the establishment of guidelines that lead to the prevention of these behaviors, within families, educational institutions, lending institutions of social services and society in general. This issue must be approached from all perspectives and not only a part of society, but the whole in general, and in this way, the State must lead the concentration of different social actors that analyze the current situation of juvenile delinquency in Colombia and facilitate the attention, but especially the prevention.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Dentro de este trabajo realizamos un análisis de la situación del concurso de delitos y la reincidencia en imputados adolescentes. Para esto, en primer lugar, se revisan características generales del concurso de delitos y reincidencia en régimen general y ciertas consideraciones respecto a la Convención de los Derechos del Niño. Luego se analiza en particular ambas hipótesis de pluralidad de ilícitos dentro de la responsabilidad penal adolescente en cuanto a su legislación actual, jurisprudencia y proyecto de ley. Finalmente se hacen propuestas respecto a cada tema, incluyendo una toma de postura al respecto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo consta básicamente de tres partes. Primero, se realiza una revisión de lo que ha sido el desarrollo en el derecho internacional en la protección de niños y adolescentes, a través de instrumentos jurídicos, suscritos por nuestro país. Esto, a fin de identificar cuáles son los estándares y principios que se entregan para la protección de niños y adolescentes condenados a cumplir una sanción privativa de libertad, en particular aquellos que pretenden fomentar la reinserción social de los adolescentes. Luego, se pretende hacer un análisis de la aplicación de estos estándares y principios a nuestra legislación nacional, de manera de constatar si nuestro país se ha hecho cargo de lo que el derecho internacional prescribe para la protección de adolescentes condenados. Esto, con el objetivo de comprender cómo se dispone en nuestro ordenamiento interno la necesidad de la reinserción social del adolescente. Luego, se busca, a través de el análisis de las actas de visita de las comisiones interinstitucionales de supervisión, cuáles son las condiciones materiales de los centros semicerrados en la Región Metropolitana, durante el período de 2014-2016. Finalmente, una vez observadas las condiciones materiales de los centros, podremos extraer ciertas conclusiones, respecto a verificar si en la práctica, nuestro país cumple o no con los estándares establecidos internacionalmente para lograr el objetivo de la reinserción social.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación busca, en primer lugar, describir el funcionamiento de los Centros de Internación en Régimen Cerrado y Semi Cerrado del Servicio Nacional de Menores, específicamente desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente -el 18 de junio de 2007-. Se identificarán las dificultades prácticas que ha traído la aplicación del sistema sancionatorio diferenciado que la ley creó para los menores entre 14 y 18 años, para posteriormente comparar las condiciones observadas con la normativa sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por nuestro país en 1990. Según la información recabada durante la investigación, se analizará finalmente si la vulneración de estos Derechos es un factor que condiciona el fracaso de la labor de reinserción social que desempeña el SENAME.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente ensayo tiene como objeto esencial el estudio de aquellas normas de la Ley 20.084 que conforman el régimen general de determinación de la pena en el Derecho Penal Juvenil nacional, y entregar una opinión acerca de los cambios y adiciones que respecto de estas normas se proponen en el “Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones la Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes y a otros cuerpos legales que indica”. Por el hecho de estar centrado el enfoque del trabajo en el referido régimen general, han sido deliberadamente excluidas de este estudio aquellas normas que tratan situaciones especiales referidas a la unificación de condenas, reiteración de delitos y concurso de sanciones correspondientes a regímenes diversos. Luego de un breve repaso de los principales conceptos que rodean la teoría de la reacción punitiva estatal, se realizará un estudio exegético de las disposiciones que conforman el régimen general, para posteriormente realizar comentarios a las modificaciones que el proyecto introduce, entregando un juicio personal acerca de si éstas implican un trato más o menos severo para los adolescentes infractores que el que suponen las normas actualmente vigentes. Hacia el final, junto a las conclusiones, se entregarán propuestas orientadas a la aclaración de ciertos puntos obscuros que se han atribuido a la normativa vigente y que, en algunos casos, podrían ser profundizados por las modificaciones que el proyecto viene a introducir.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tratará acerca de cómo se presenta el Principio de Especialidad en el Derecho Penal Adolescente chileno. En particular, se abordará la forma en que este principio se ha manifestado en relación a la figura de los jueces intervinientes en el proceso penal adolescente, actualmente regido por la Ley Nº 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Para comenzar, el Capítulo I ilustrará las características de cada uno de los modelos de justicia penal juvenil presentes a lo largo de la historia. Se hará referencia a sus orígenes, al concepto que se tenía en ellos de Niño y Adolescente, a la finalidad atribuida a la justicia penal adolescente en las distintas etapas, al rol del juez y a las singularidades del procedimiento. Para culminar de darle esta necesaria ambientación a nuestra investigación, se hablará de la Doctrina de la Protección Integral y algunos detalles de su presencia en Chile. Acto seguido, en el Capítulo II se expondrá acerca de las exigencias que en el ámbito internacional se plantean en materia de adolescentes y su responsabilidad penal, con énfasis en lo que ocurre en relación a los jueces penales juveniles, cuestión central de esta memoria. El Capítulo III ofrecerá un estudio del tratamiento que distintos países, tanto americanos como europeos, han dado a la responsabilidad penal adolescente y, al mismo tiempo, se revisará en qué medida ha sido acogida la especialidad del juez en ellos. Para estar más cerca del objetivo planteado, el Capítulo IV aportará elementos para conocer y entender la realidad por la que atraviesa el país en el tema. Empezando por dar una pincelada a lo que ha sido la historia del Derecho Penal Adolescente en Chile, para continuar con el análisis de la ley vigente. A lo anterior, se agregará un apartado dedicado a los órganos judiciales y administrativos involucrados en el proceso penal de adolescentes, su enumeración y descripción, y, las que, a juicio de las autoras, son sus falencias. Finalmente, en el Capítulo V se darán a conocer las reformas propuestas al sistema imperante en el territorio nacional, modificaciones que aspiran a convertirlo en un modelo acorde a los nuevos estándares

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los estándares internacionales de la pena privativa de libertad adolescente son recogidos por la Ley 20.084 y su reglamento, estándares que demuestran una manifiesta finalidad preventivo-especial positiva de la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, lo cual no obsta a que uno de los objetivos de esta pena sea hacer efectiva la responsabilidad penal del adolescente infractor de ley, lo que a su vez demuestra también la existencia de una finalidad preventivo-general positiva. La coexistencia de ambas finalidades es también manifestación de la adopción del principio del interés superior del niño, lo cual importa, por un lado, que el adolescente privado de libertad debe ser visto como un sujeto de derechos, que no por estar privado de libertad pueda ver privado otros derechos como la educación, recreación u otros dispuestos por la normativa internacional y nacional atingente. Por otro lado, importa que el adolescente también es sujeto de obligaciones, lo que se traduce en que es susceptible de ser responsable penalmente por sus actos, y, por ende, ser privado de libertad. Las condiciones materiales de los centros de régimen cerrado de la Región Metropolitana entre los años 2013 y 2016 si bien no denotan un retroceso continuo, demuestran que muchos de los problemas que se pueden observar se repiten año a año, y que, en caso de solucionarse, dicha solución ha tomado un largo tiempo o termina siendo insuficiente, todo lo cual puede tener efectos negativos en las condiciones que propician la reinserción social de los jóvenes que han sido condenados a la pena de internación en régimen cerrado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tuvo por objetivo determinar y analizar el procedimiento aplicable a los adolescentes entre 14 y 17 años, imputados por crimen o simple delito que se encuentren en la hipótesis del artículo 10 N° 1 del Código Penal. A partir del análisis de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad, Reglas de las Naciones Unidas para los Menores privados de libertad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se determinaron los estándares internacionales aplicables a esta hipótesis. Asimismo, se recurrió al derecho comparado (Derecho penal adolescente estadounidense y alemán) para conocer los avances y posibles alternativas a la persecución penal común para adolescentes con trastornos mentales. A la luz del marco teórico anterior, se analizó la normativa nacional pertinente, comprendiendo principalmente la Ley N° 20.084 y su reglamento, así como su implementación. Esto último, a partir de la información proporcionada por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, y encuestas realizadas a Defensores Públicos juveniles. Los datos recabados permitieron constatar vulneraciones a los derechos y garantías inherentes al debido proceso. En este sentido, se constató la aplicación a menores de edad de medidas de seguridad, procedimiento regulado en el Código Procesal Penal y aplicado a adultos. A partir de lo anterior, se formularon sugerencias orientadas a la adecuación del actual sistema a las exigencias de los instrumentos internacionales.