Tras la Segunda Guerra Mundial y las nefastas atrocidades cometidas en ellas, se crea el Sistema Universal e Interamericano de protección de Derechos Humanos que recoge valores comunes mínimos de la civilidad como la igualdad y no discriminación los cuales integran la dignidad humana; principios-derechos que han sido recogidos por nuestra Constitución. En este contexto de derechos fundamentales se enmarca la presente tesis, dado que tiene como objetivo principal evidenciar que las personas LGTBI aún padecen discriminación social, legislativa y judicial, por el hecho de tener una sexualidad no binaria o heteronormativa convirtiéndolos en ciudadanos de segunda clase, carentes de derechos, pues no acceden a derechos tan básicos como la salud, educación, trabajo, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. En ese sentido, a través de un estudio comparativo, descriptivo y analítico de la dogmática de los derechos fundamentales, así como de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional se constata dicha situación; asimismo, se advierte la necesidad de reconocer constitucionalmente la unión de las personas homoafectivas a través del matrimonio igualitario, además se compara con la experiencia constitucional en América Latina. Con todo ello, se concluye que la binariedad sexual (varón-mujer) sigue siendo el modelo social imperante que excluye e invisibiliza a las personas LGTBI y no brinda respuestas a sus necesidades ni protege sus derechos, razón por la que el Estado debe adoptar políticas públicas que transversalicen la igualdad de derechos y erradiquen la discriminación contra las personas con sexualidades diversas.

El autor se plantea a través de una investigación dogmática, el problema de cómo surge la preocupación por la evaluación de la conducta de los hombres públicos, analizando el juicio político y la acusación constitucional, desde el origen de la Institución llamada impeachment en la Inglaterra medieval, su extinción para ceder su lugar a la responsabilidad política del ministro consejero o gabinete, su paso a los Estados Unidos de Norteamérica y aplicación en un sistema de gobierno diferente, vale decir, de un modelo monárquico parlamentario a uno presidencial; frente al modelo kelseniano o europeo que encarga esta atribución al órgano titular de la jurisdicción constitucional orgánica; para desembocar en Iberoamérica y su coexistencia con el Juicio de Residencia Colonial, con el propósito de analizar estas instituciones en el Perú a partir de su tratamiento en las diferentes Constituciones que hemos tenido, las leyes de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, de 06 de junio de 1834 y 25 de septiembre de 1868 así como los Reglamentos de las Cámaras Legislativas, analizando las posibilidades interpretativas e insuficiencias de los artículos 99º y 100º de la Constitución Política, naturaleza jurídica y algunos casos sustanciados, para finalmente ocuparse del Proceso Judicial a que da lugar la acusación constitucional y los pronunciamientos que sobre el particular ha hecho nuestro Tribunal Constitucional, lo que evidencia muchas veces prejuicios en la sustanciación de los casos, en detrimento de las notas características del debido proceso legal de los procesados, lo cual frente a la evidencia histórica peruana resulta penosamente cierto y es un indicador de la inutilidad política de una institución que cuando el Perú sale a la vida independiente en 1821, en el país cuna del juicio político Inglaterra, era ya un fósil jurídico, pues el último caso data de 1806, contra el Primer Vizconde de Melville.

La presente investigación aborda una realidad que en el Perú existe desde hace décadas pero que no tiene reconocimiento legal como es la administración de justicia que ejercen las rondas urbanas. La tesis se realiza desde una perspectiva de derechos humanos, considerando prioritariamente el derecho a la cultura y el derecho a la justicia, que permite hacer realidad los demás derechos. La tesis compara las rondas campesinas, reconocidas por la Constitución de 1993, con las rondas urbanas, señalando que surgen debido a la misma problemática: la incapacidad del Estado para brindar una justicia rápida y eficaz para los sectores populares. Para esta investigación se ha tomado como caso de estudio la ronda urbana de Bagua Grande, una localidad urbana, donde existe fuerte presencia de migrantes cajamarquinos, indígenas awajún y habitantes de otros lugares del país. Al analizar la realidad de las rondas urbanas se demuestra que sus integrantes no tienen intención de constituir un estado paralelo y mas bien en la práctica coordinan día a día con las autoridades estatales. Por eso la propuesta que tenemos es que se reconozca su facultad de administrar justicia pero con la posible presencia de magistrados, fiscales, jueces de paz o policías, cuya principal responsabilidad sería velar porque no se cometan violaciones a los derechos fundamentales. El planteamiento final de la tesis es la necesidad de una Ley de Rondas Urbanas que permita dar un tratamiento adecuado a estas organizaciones y termine con la criminalización de las mismas. / Trabajo académico