1. Con relación al Capítulo I, establece los aspectos metodológicos de la tesis, que apunta a determinar cuáles son los factores de carácter normativo que determinan el probable no resguardo de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonia Peruana en las actividades económicas de hidrocarburos. 2. Con relación al Capítulo II, se hace un análisis del derecho a la consulta previa y otros derechos indígenas asociados al mismo, revisando para ello la normatividad internacional y nacional, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hasta llegar al estado actual de desarrollo de dicho derecho, y mostrar las deficiencias en su implementación. 3. Con relación al Capítulo III, aborda la normatividad de concesiones en el sector de energía y minas, esto es en las actividades de hidrocarburos, minería y electricidad, para efectos de articularlas con el ejercicio de los derechos indígenas, y se concluye que en los mismos no se viene respetando los derechos indígenas como más adelante desarrollaremos. 4. Con relación al Capítulo IV, en el mismo se desarrolla el estado actual del derecho a la consulta previa y la propiedad comunal, en el contexto del aprovechamiento de los recursos naturales y el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental. Advertimos en el mismo que la institucionalidad estatal en materia indígena a nivel del Estado, si bien siempre ha sido débil, en los últimos dos años ello se ha acentuado con la desaparición del INDEPA como Órgano Público mediante Decreto Supremo No 001-2010-MINCU, y la extinción del Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional Camisea (GTCI CAMISEA), mediante Decreto Supremo Nº 071-2009-EM. (...) 5. Con relación al Capítulo V, analiza las inconstitucionalidades de las que está preñada la normatividad sobre consulta previa vigente, especialmente teniendo en cuenta que sin una autoridad estatal indígena fuerte y autónoma, la legislación sobre protección de pueblos indígenas ha naufragado entre la desidia burocrática de los sectores responsables y la ausencia de voluntad política de los gobiernos de turno, así no sorprende que el régimen multisectorial ni el comité de gestión de protección de PIAV, ni el documentos de planificación para la protección de estas poblaciones se hallan elaborado, actualizado o puesto en vigencia la escazas normas al respecto. (...) / --- 1. With regard to Chapter I, provides the methodological aspects of the thesis, which aims to identify the factors that determine normative probably not guard the constitutional rights of isolated indigenous peoples of the Peruvian Amazon in the economic activities of hydrocarbons. 2. With regard to Chapter II, provides an analysis of the right to prior consultation and other indigenous rights associated with it, checking for this national and international norms and the jurisprudence of the Constitutional Court, up to the current state of development of the right, and show weaknesses in its implementation. 3. In relation to Chapter III addresses the regulation of concessions in the energy and mining sector, namely in hydrocarbon activities, mining and electricity, to articulate the purpose of the exercise of indigenous rights, and concludes that in the same not respecting indigenous rights comes as later develop. 4. With regard to Chapter IV, it is developed in the current state of the right to prior consultation and communal property, in the context of the use of natural resources and the national system of environmental impact assessment. Caution in the same state institutions on indigenous at the state level, but has always been weak in the past two years it has been accentuated by the disappearance of INDEPA as a public body by Supreme Decree No. 001-2010-Mincu, and extinction of Interagency Coordination Technical Group Camisea (GTCI CAMISEA), by Supreme Decree No. 071-2009-EM. (...) 5. With regard to Chapter V analyzes the unconstitutionality of which is pregnant on consultation regulations in force, especially considering that without a strong Indian state authority and autonomous legislation protecting indigenous peoples has sunk between the bureaucratic apathy responsible sectors and lack of political will by successive governments, so it is not surprising that the regime nor multisectoral committee PIAV protection management, nor the planning documents for the protection of these populations are developed, updated or placed in few force the rules. (...)

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Determina las contribuciones que otorgaría el reconocimiento constitucional del Estado Plurinacional para la tutela efectiva de derechos de los pueblos indígenas en el Perú. Después del análisis teórico, doctrinario y normativo, los resultados obtenidos permiten afirmar que el reconocimiento constitucional en nuestro país del Estado Plurinacional permitiría proteger los derechos de los pueblos indígenas como son: la efectiva consulta previa, la vigencia del pluralismo jurídico, el respeto de las tierras y propiedades de los pueblos indígenas, el usufructo por las exploraciones y explotaciones en su espacio territorial; la inclusión de los pueblos indígenas en la políticas sociales, el cumplimiento irrestricto de su derecho a la educación y salud. Utiliza las técnicas del análisis documental y la bibliográfica y como instrumentos el análisis de contenido y las fichas textual, de comentario, de resumen, así como las fichas críticas. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Busca demostrar que la no regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo vulnera derechos esenciales de las parejas homosexuales. Demuestra que el obstáculo legal para que las parejas homoparentales contraigan matrimonio está prevista en el Código Civil más no en la Constitución. Demuestra que en el derecho comparado, a fin de no vulnerar los derechos de las parejas homoparentales, vienen incorporando el matrimonio homosexual a través de fallos judiciales y reformas legales. Demuestra que los tratados internacionales de Derechos Humanos no prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. Demuestra que la jurisprudencia internacional sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano tienden a la protección de derechos de las parejas del mismo sexo. Demuestra que la Unión Civil es una institución que solo garantiza algunos derechos civiles y constitucionales de las parejas homosexuales. Realiza un estudio de campo con los actores directamente involucrados con el tema. / Tesis

El presente informe contiene un análisis jurídico del proceso penal ordinario que tiene como imputado a Rider García Inga. Dicho proceso se desarrolla entre los años 2007 y 2009 en el departamento de Lima, bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal de 1991. La elección del expediente radica en la vigencia que mantienen ambos códigos a la fecha en Lima Centro y Lima Sur, vigencia que continúa siendo interpretada como un obstáculo frente a la necesidad de constitucionalizar el sistema procesal penal. En esa línea, se tiene como objeto determinar si las interpretaciones realizadas por muchos fiscales, jueces penales y Colegiados se condicen con los principios y derechos reconocidos por la Constitución vigente. Al respecto, el expediente contiene materias jurídicas de especial relevancia, entre ellas el rol que le otorga la Constitución de 1993 al Ministerio Público dentro de la investigación preliminar, la detención policial, la medida cautelar de mandato de detención, los estándares de sospecha a lo largo del proceso, el razonamiento probatorio y la necesidad de motivar las resoluciones judiciales. A efectos de realizar el análisis, se hace una revisión de las normas, doctrina y jurisprudencia relativas al Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, así como de los derechos y garantías procesales reconocidos por la Constitución de 1993 y por el Tribunal Constitucional peruano. Finalmente, se concluye que Rider García Inga fue víctima de medidas arbitrarias y actuaciones inconstitucionales llevadas a cabo por las autoridades policiales, fiscales y judiciales en su contra, denotándose así una carencia de capacitación de las mismas en materia de Derecho Penal Constitucional, debido a que la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940 y del Código Procesal Penal de 1991 no debe representar una limitación al respeto del principio de interdicción de la arbitrariedad, a la garantía al debido proceso, al derecho de defensa, al derecho de igualdad procesal, entre otros

La Sentencia del Tribunal Constitucional materia del presente informe jurídico es emitida a raíz de la demanda de inconstitucionalidad planteada por cinco mil ciudadanos, contra los artículos 5° de la Ley N° 30313, Ley de oposición al procedimiento de inscripción registral en trámite y cancelación del asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de documentación y modificatoria de los artículos 2013° y 2014° del Código Civil y de los artículos 4° y 55° y la quinta y sexta disposiciones complementarias transitorias y finales del decreto legislativo 1049. No obstante la parte accionante argumenta que las consecuencias de dicha norma afectarían, principalmente el derecho constitucional a la propiedad de aquellos propietarios originarios víctimas de suplantación de identidad o falsificación de documentos a fin de ser despojados de sus bienes por mafias inmobiliarias en favor de terceros de buena fe, el Tribunal Constitucional declara infundada la demanda basando su argumentación en la preminencia de la seguridad jurídica, por sobre el contenido privado o civil de la propiedad, el cual debe subyugarse a su contenido constitucional, en favor de los intereses públicos. A pesar de ello, el Tribunal, excediendo sus facultades interpretativas, desarrolla nuevos requisitos a fin de que sean amparados los derechos de propiedad tanto del propietario víctima de un fraude por falsificación documentaria o suplantación de su identidad, como del propio tercero, por sobre las ya establecidas en el ordenamiento jurídico. En base a estos hechos, este informe concluye que la Sentencia materia de análisis ha fallado correctamente al declarar infundada la demanda incoada, pese a ello, los fundamentos que la sostienen carecen del adecuado método de interpretación, al excederse en cuanto a los efectos que tienen las nuevos requisitos para acceder o destruir la fe pública registral, en perjuicio de la propia seguridad jurídica que su fallo desestimatorio dice defender

El presente informe contiene un análisis jurídico de los alcances de la jurisdicción arbitral y tiene como principal insumo la emisión de la sentencia en el Expediente No. 6167-2005-PHC/TC. Dicho caso se origina en la contienda arbitral entre Compañía de Exploraciones Algamarca S.A., y Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. La elección del expediente obedece a su riqueza y diversidad temática ya que encontramos en él distintas ramas del Derecho relacionadas con el proceso, como el arbitraje, el proceso penal y el proceso constitucional. Así, en cada una de estas materias se analiza los principales problemas que se presentan en el caso. Por consiguiente, el informe abarca relevantes materias referidas a estas especialidades, tales como la recusación de un árbitro, los recursos en el arbitraje, de la renuncia de un árbitro y si poseen la calidad de vocales de la Corte Suprema, del hábeas corpus y del recurso de agravio constitucional. Para dar respuesta a los problemas que surgen del expediente se acude a jurisprudencia y doctrina en materia arbitral, procesal y constitucional. El informe concluye que el arbitraje es una vía alternativa para la solución de conflictos de orden constitucional que, como vía jurisdiccional independiente, cuenta con las facultades que impiden la intromisión de cualquier tercero en esta jurisdicción, reconocida como tal por la Constitución. En esa línea, el Tribunal Constitucional, en su labor como máximo intérprete de la Constitución, distingue y reconoce la competencia de los árbitros para tomar decisiones en el ámbito que se desarrollan.

El presente trabajo busca analizar, desde la perspectiva del Derecho Tributario, Constitucional y Procesal Constitucional, un caso cuyo origen se remonta a la expropiación de un bien inmueble de propiedad de Sociedad Agrícola San Agustín S.A. (SASA) para la ejecución de una obra de gran envergadura. Una vez determinado el monto de la indemnización justipreciada por la vía arbitral y con el fin de salvaguardar su derecho de propiedad, SASA interpone una demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), pretendiendo la inaplicación del artículo 5 de la Ley del Impuesto a la Renta, que califica a la expropiación como una forma de enajenación gravable con el referido impuesto. Demanda que fue finalmente declarada fundada por el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente No. 00319-2013-AA/TC. Sin duda, el caso tiene relevancia jurídica, pues supone una investigación jurídica integral desde múltiples ramas del Derecho, que permite evaluar los principales problemas jurídicos sopesados en la resolución que al respecto emitió el alto tribunal. Así, a lo largo de este trabajo demostraremos que, a pesar de que técnicamente la expropiación califica como un hecho imponible susceptible de generar una ganancia de capital, ello no es sino el reflejo de un uso excesivo de la potestad tributaria que ostenta el legislador; y que demuestra una clara vulneración de los principios constitucionales tributarios que fungen de límites para su adecuado ejercicio.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el entender cómo es que el Derecho Constitucional y el derecho de acceso a la información pública, en especial, se ven afectados por las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante, TIC). En el primer capítulo se realiza una breve exposición del crecimiento y evolución de Internet y, teniendo en cuenta su naturaleza, se analiza cómo este influencia el Derecho Constitucional: ello nos permite generar el concepto de Constitucionalismo digital, el cual definimos como el conjunto de ideas propias del constitucionalismo contemporáneo que nos brindan los parámetros de estudio del ejercicio del poder político en espacios digitales, el ejercicio de derechos fundamentales y los mecanismos de interpretación ante situaciones de incertidumbre iusfundamental en espacios digitales. En el segundo capítulo expondremos el estado de la cuestión del principio constitucional de transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el Perú. El primero es un principio implícito en nuestro ordenamiento constitucional y que cuenta con desarrollo normativo a nivel legal. Este se relaciona con el Estado exigiendo de él distintas actuaciones o el cumplimento de distintas obligaciones: transparencia pasiva y transparencia activa. En lo que respecta al derecho de acceso a la información pública, este ha sido reconocido en ámbitos supranacionales y se le ha vinculado con el derecho a la libertad de información. De la misma manera, en Perú, jurisprudencialmente, se ha vinculado este derecho con el derecho de petición. Consideramos que el derecho de acceso a la información pública tiene un contenido diferenciado del derecho de petición y de la libertad de información: este gira en torno al interés fundamental que tienen las personas de conocer la información que produce o posee el Estado

Hace más de diez años (en 2007) se incorporó, en el Código Tributario, una regla mediante la cual se limitó el tiempo con el que cuenta la Administración Tributaria para solicitar documentos, con motivo de un procedimiento de fiscalización. Sin embargo, el mismo dispositivo estableció que, si la fiscalización estaba vinculada a la aplicación de las normas de Precios de Transferencia (y más recientemente, a la Norma Antielusiva General), no habría un límite temporal para requerir los referidos documentos. El presente trabajo tiene por objetivo realizar un análisis crítico, tanto desde el punto de vista constitucional como procedimental, sobre la falta de plazo máximo para las actuaciones de la Administración referidas a la solicitud de documentos, con motivo de un procedimiento de fiscalización definitiva. En ese sentido, se analizan los principios y valores constitucionales que sustentan la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria y aquellos que sustentan la preclusividad de los plazos y se practica el test de proporcionalidad a fin de ponderar los principios y valores constitucionales en conflicto. También se evalúan los efectos procedimentales de la referida regla, en cuanto a la prescripción, la posibilidad de impugnar y los intereses moratorios que se computan durante el procedimiento de fiscalización, con el objeto de identificar los principios o valores constitucionales que pueden verse afectados. Como resultado del análisis descrito se verifica que la falta de un límite temporal para solicitar documentos por parte de la Administración implica un conflicto entre principios constitucionales no ponderados por el legislador, que genera una serie de afectaciones constitucionales. Adicionalmente, se verifican en el ámbito procedimental —a través de los efectos de la anotada regla— otras afectaciones constitucionales. Finalmente, se formulan posibles soluciones a los problemas detectados y se contrastan los aspectos favorables y desfavorables de tales opciones. / Trabajo de investigación

El presente informe jurídico analiza la decisión del Tribunal Constitucional recaída en el Pleno Sentencia N° 676/2020 (EXP. N° 01739-2018-PA/TC) que declara la improcedencia de la demanda de amparo presentada por Óscar Ugarteche Galarza. En este caso, el ciudadano alegó la vulneración a sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad frente a las resoluciones denegatorias del RENIEC para inscribir su matrimonio igualitario celebrado en el extranjero. En ese sentido, cuestionamos la decisión del Tribunal Constitucional al no pronunciarse sobre el fondo de la controversia en un caso de especial relevancia constitucional y sobre el que poseía plenas facultades. Asimismo, sostenemos que la inscripción del matrimonio del recurrente no supone una violación al orden público internacional. También defendemos la posición de que existe protección de rango constitucional en el Perú para el matrimonio entre personas del mismo sexo, al aplicar el estándar de protección internacional de derechos humanos para la comunidad LGBTIQ+, así como los métodos de interpretación sistemática y evolutiva. Por último, concluimos que, en efecto, los derechos fundamentales del recurrente fueron vulnerados. Cabe decir que la presente investigación fue realizada en base a la investigación de las más recientes fuentes doctrinales sobre la materia, así como de la legislación y jurisprudencia internacional para el estándar de protección de derechos humanos. / This legal report analyzes the decision of the Constitutional Court handed down in the Plenary Sentence No. 676/2020 (EXP. No. 01739-2018-PA/TC) which declares the inadmissibility of the amparo claim filed by Oscar Ugarteche Galarza. In this case, the citizen alleged the violation of his fundamental rights to equality and non-discrimination and to the free development of personality in the face of the refusal resolutions of the RENIEC to register his equal marriage celebrated abroad. In this sense, we question the decision of the Constitutional Court by not ruling on the merits of the controversy in a case of special constitutional relevance and over which it had full powers. Likewise, we maintain that the registration of the appellant's marriage does not constitute a violation of international public order. We also defend the position that there is constitutional protection in Peru for marriage between people of the same sex, by applying the standard of international protection of human rights for the LGBTIQ+ community, as well as the methods of systematic and evolutionary interpretation. Finally, we conclude that, indeed, the fundamental rights of the appellant were violated. It should be said that the present investigation was carried out based on the investigation of the most recent doctrinal sources on the matter, as well as international legislation and jurisprudence for the standard of protection of human rights.