En el marco de los Objetivos del Milenio, la falta de provisión de servicios públicos esenciales constituye en el Perú una carga histórica que debe ser superada con el objetivo de implementar de manera eficiente políticas de desarrollo social, establecer índices sostenibles de crecimiento micro y macroeconómico y aportar a la reducción de las tasas de pobreza en el país. Sin embargo, es indiscutible que la prestación de tales servicios esenciales o de interés público o general (servicios eléctricos, de transporte, ferroviarios, aeroportuarios, portuarios, etc.) no es posible sin contar con el soporte o sostén de una infraestructura que permita su viabilidad. De esta manera, en los países latinoamericanos, la falta de provisión de servicios públicos se ha intentado explicar en la denominada “Brecha de Infraestructura en América del Sur”, término que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (“CEPAL”) y la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (“UNASUR”) han utilizado en diversas investigaciones Ejemplo claro de esta brecha es que, en los últimos 20 años, los países latinoamericanos (con distintos modelos económicos y políticos) han invertido aproximadamente entre el 2% y el 3% de su Producto Bruto Interno (“PBI”) en infraestructura, salvo en los casos de Chile con 6% y Colombia con 4% / Tesis

El Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma, por su elevado retorno social y adscripción a un proyecto de interconexión multimodal de mayor envergadura, despertó gran expectativa del gobierno y de la población amazónica. No obstante, el proyecto ha presentado problemas de demoras e incumplimientos por parte del Estado que han conllevado a generar serios inconvenientes durante la etapa de construcción y un poco alentador inicio de la etapa de operaciones. El presente trabajo trata de identificar y analizar aquellos aspectos que habrían contribuido al surgimiento y persistencia de los serios problemas que ha tenido que enfrentar el proyecto, por lo que se ha podido determinar que muchos de ellos se derivan y podrían ser mitigados por una acción directa y comprometida de las entidades con competencia en el desarrollo de la concesión. Consideramos que los resultados del presente trabajo permitirán evidenciar los errores incurridos en la estructuración y diseño de la primera concesión portuaria en el ámbito amazónico, lo que lo convierte en una herramienta de consulta que permita a los planificadores del Estado mejorar las condiciones para el éxito de los siguientes procesos de promoción de los terminales portuarios de Iquitos y Pucallpa

En materia de contratos de APPs, la caducidad, resolución y rescate del contrato vienen utilizándose de manera heterogénea confusa. Es necesario, por tanto, definir claramente los conceptos, y determinar su aplicabilidad en el Perú, considerando la legislación vigente. Se analizan diversos contratos suscritos, así como las tres principales controversias que han surgido en contratos que fueron extinguidos por el Estado de manera irregular. El concepto de interés público es analizado, por ser un recurso al que acude el Estado para extinguir un contrato, no siempre con una adecuada justificación. Se concluye que la caducidad de una concesión solo debe proceder ante el incumplimiento de una obligación esencial por parte del concesionario, debiendo establecerse en la legislación cuáles son las obligaciones esenciales. Asimismo, no se deberá continuar incorporando en los contratos de APP cláusulas que establezcan la resolución del contrato como una causal de caducidad, cláusulas que establezcan el derecho del Estado de declarar la caducidad de pleno derecho, sin preaviso, cláusulas de rescate unilateral sin ninguna justificación, o cláusulas que permiten al Estado recuperar la concesión de facto o por las vías de hecho. Se concluye con una propuesta de modificación al DL No. 1362. / Tesis

En el sector de infraestructura de transporte se han suscrito 32 Contratos de Concesión, el 87% de los cuales han sido renegociados, considerándose ello un problema característico del sector; conforme a la doctrina, dicho problema se presenta debido a la falta de transparencia en los procesos regulatorios; siendo así, es importante fomentar la participación en éstos de las partes interesadas y grupos de interés que se pudieran ver afectados con la propuesta regulatoria, lo cual trae como beneficios inmediatos la mejora en los niveles de confiabilidad del Estado, la institucionalización de los procesos de consulta pública y a su vez refuerza el control de las acciones de los funcionarios públicos. En esa línea, la presente investigación tiene como objetivos analizar la problemática vinculada a la transparencia de las renegociaciones contractuales en el sector de infraestructura de transporte y sus oportunidades de mejora, y formular una propuesta que contribuya a fortalecer la transparencia en los procedimientos de renegociación contractual; para ello, la presente investigación expone la situación actual, detallando el marco conceptual y la teoría de renegociación de los Contratos, luego de lo que se analiza una muestra de adendas y se emite opinión en torno a éstas y al procedimiento de renegociación contractual. Finalmente, se concluye que en las adendas que estén relacionadas con temas de interés general, no puramente técnicos, se debe permitir la participación de terceros interesados a fin de coadyuvar a la comprobación de cualquier información o de alguna exigencia legal no evidenciada por la autoridad. En ese sentido, a efectos de transparentar el procedimiento, se sugiere la emisión de una norma que regule la posibilidad de que los terceros interesados puedan participar ante la eventualidad de una modificación del Contrato de Concesión que sea lesiva a sus intereses. / Tesis

En el presente trabajo se analiza si las modificaciones efectuadas sobre los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público, cofinanciados y vigentes, han alterado la asignación de riesgos previamente pactada por las partes. Para tal efecto, en primer lugar, se estudia y reconoce que la óptima distribución de riesgos es una característica inherente a las asociaciones público privadas, siendo las concesiones cofinanciadas una de sus modalidades. Asimismo, se define el alcance de la noción de riesgo contractual, se identifican cuáles son los riesgos que existen y se comparten en las concesiones cofinanciadas, así como los criterios para conseguir una eficiente asignación. Como siguiente paso, se estudian las razones que justifican la legítima necesidad de recurrir a las modificaciones contractuales, como mecanismos de solución de contingencias no previstas, pero también se reconoce la existencia de ciertos peligros que encierran las renegociaciones contractuales. En ese mismo orden de ideas, se estudia la evolución normativa de la regulación sobre adendas y modificaciones contractuales, con especial énfasis en el tratamiento legal del deber de procurar no alterar la asignación de riesgos originalmente contemplada. Continuando con el desarrollo de la investigación, se establecen los criterios en virtud de los cuales debe considerarse que una modificación contractual altera justificada o injustificadamente la asignación de riesgos. Posteriormente, sobre la base de dichos criterios, se efectúa un análisis detallado de las modificaciones efectuadas a los trece contratos de concesión cofinanciados vigentes de infraestructura de transporte de uso público que han sido objeto de alguna renegociación. Después de completar dicho estudio, se determina si las modificaciones contractuales analizadas han producido una alteración en la asignación de riesgos previamente establecida y si, de ser el caso, dicha variación es justificada o injustificada. Dichos resultados son consolidados gráficamente. La investigación finaliza con la presentación de las conclusiones y de algunas recomendaciones normativas, que pueden ser implementadas, con la finalidad de precisar el alcance de la obligación legal de procurar no alterar la asignación de riesgos y de evitar la suscripción de adendas que incurran en variaciones injustificadas de los esquemas de distribución de riesgos. / In the present research, it is analyzed if the modifications made to the current co-financed concession contracts of transport infrastructure for public use, have altered the allocation of risks previously agreed upon by the parties. For this purpose, first of all, it is studied and recognized that the optimal distribution of risks is an inherent characteristic of public-private partnerships, and therefore of co-financed concessions, as they are forms of public-private partnerships. Likewise, in the development of the thesis, the notion of contractual risk is defined, which are the risks that exist and are shared in the cofinanced concessions, as well as the criteria to achieve an efficient allocation. As a next step, this research presents the reasons why the modifications of concession contracts are legitimately used as mechanisms for the resolution of unforeseen contingencies, but also recognizes the existence of certain dangers inherent in contractual renegotiations. In this sense, the evolution of regulatory regulation on addenda and contractual modifications is studied, with special emphasis on the legal treatment of the duty to try not to alter the assignment of risks originally agreed upon. Continuing with the development of the research, the guidelines to be followed are established to determine if a contractual modification justifiably or unjustifiably alters the allocation of risks. Subsequently, following these criteria, a detailed analysis is made of the modifications to the thirteen current co-financed concessions transport infrastructure for public use that have been subject to at least a renegotiation. After completing this study, it is determined if the contractual modifications have produced an alteration in the previously established risk allocation and if, if applicable, such variation is justified or unjustified. These results are consolidated graphically. The investigation ends with the presentation of the conclusions and some recommendations, which can be implemented legally, in order to specify the content of the legal obligation to ensure that the allocation of risks is not altered and to avoid addenda that incurs unjustified alterations of the risk distribution schemes. / Tesis

En mi experiencia profesional, me he desempeñado en el campo de las finanzas, en específico, en el área de Planeamiento Financiero y en el área de Control de Gestión, ambas posiciones, usualmente, dentro de la gerencia de Administración y Finanzas. En este puesto se realiza la revisión del presupuesto de todas las áreas, en el que se dan alertas en caso de que surjan desviaciones tanto en ingresos, egresos, así como capex ejecutados en referencia a lo presupuestado. En ese sentido, el presente documento expone mi experiencia profesional en el área de Planeamiento Financiero en Aeropuertos del Perú, la cual es una empresa concesionaria de doce aeropuertos regionales, que se encarga de la administración, mejoramiento y generación de infraestructura. De esta manera, mi experiencia profesional está relacionada al sector transporte. La importancia de este sector radica en que brinda el servicio que contribuye con la conectividad del país, lo cual repercute en el bienestar de los usuarios y familias. Por tanto, las funciones realizadas requieren de un análisis minucioso y crítico tanto de las cifras como de los pronósticos generados. Para ello, es importante establecer supuestos que contribuyan con la generación de proyecciones lo más cercanas a la realidad posible. De esta manera, es necesario indagar cómo funciona el mercado y los efectos en la oferta de vuelos por cada aeropuerto, tomando en cuenta las distintas variables que surgen como, por ejemplo, la repercusión de la ejecución de obras en las operaciones.

En el presente trabajo se analiza si las modificaciones efectuadas sobre los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público, cofinanciados y vigentes, han alterado la asignación de riesgos previamente pactada por las partes. Para tal efecto, en primer lugar, se estudia y reconoce que la óptima distribución de riesgos es una característica inherente a las asociaciones público privadas, siendo las concesiones cofinanciadas una de sus modalidades. Asimismo, se define el alcance de la noción de riesgo contractual, se identifican cuáles son los riesgos que existen y se comparten en las concesiones cofinanciadas, así como los criterios para conseguir una eficiente asignación. Como siguiente paso, se estudian las razones que justifican la legítima necesidad de recurrir a las modificaciones contractuales, como mecanismos de solución de contingencias no previstas, pero también se reconoce la existencia de ciertos peligros que encierran las renegociaciones contractuales. En ese mismo orden de ideas, se estudia la evolución normativa de la regulación sobre adendas y modificaciones contractuales, con especial énfasis en el tratamiento legal del deber de procurar no alterar la asignación de riesgos originalmente contemplada. Continuando con el desarrollo de la investigación, se establecen los criterios en virtud de los cuales debe considerarse que una modificación contractual altera justificada o injustificadamente la asignación de riesgos. Posteriormente, sobre la base de dichos criterios, se efectúa un análisis detallado de las modificaciones efectuadas a los trece contratos de concesión cofinanciados vigentes de infraestructura de transporte de uso público que han sido objeto de alguna renegociación. Después de completar dicho estudio, se determina si las modificaciones contractuales analizadas han producido una alteración en la asignación de riesgos previamente establecida y si, de ser el caso, dicha variación es justificada o injustificada. Dichos resultados son consolidados gráficamente. La investigación finaliza con la presentación de las conclusiones y de algunas recomendaciones normativas, que pueden ser implementadas, con la finalidad de precisar el alcance de la obligación legal de procurar no alterar la asignación de riesgos y de evitar la suscripción de adendas que incurran en variaciones injustificadas de los esquemas de distribución de riesgos. / In the present research, it is analyzed if the modifications made to the current co-financed concession contracts of transport infrastructure for public use, have altered the allocation of risks previously agreed upon by the parties. For this purpose, first of all, it is studied and recognized that the optimal distribution of risks is an inherent characteristic of public-private partnerships, and therefore of co-financed concessions, as they are forms of public-private partnerships. Likewise, in the development of the thesis, the notion of contractual risk is defined, which are the risks that exist and are shared in the cofinanced concessions, as well as the criteria to achieve an efficient allocation. As a next step, this research presents the reasons why the modifications of concession contracts are legitimately used as mechanisms for the resolution of unforeseen contingencies, but also recognizes the existence of certain dangers inherent in contractual renegotiations. In this sense, the evolution of regulatory regulation on addenda and contractual modifications is studied, with special emphasis on the legal treatment of the duty to try not to alter the assignment of risks originally agreed upon. Continuing with the development of the research, the guidelines to be followed are established to determine if a contractual modification justifiably or unjustifiably alters the allocation of risks. Subsequently, following these criteria, a detailed analysis is made of the modifications to the thirteen current co-financed concessions transport infrastructure for public use that have been subject to at least a renegotiation. After completing this study, it is determined if the contractual modifications have produced an alteration in the previously established risk allocation and if, if applicable, such variation is justified or unjustified. These results are consolidated graphically. The investigation ends with the presentation of the conclusions and some recommendations, which can be implemented legally, in order to specify the content of the legal obligation to ensure that the allocation of risks is not altered and to avoid addenda that incurs unjustified alterations of the risk distribution schemes. / Tesis

En el marco de los Objetivos del Milenio, la falta de provisión de servicios públicos esenciales constituye en el Perú una carga histórica que debe ser superada con el objetivo de implementar de manera eficiente políticas de desarrollo social, establecer índices sostenibles de crecimiento micro y macroeconómico y aportar a la reducción de las tasas de pobreza en el país. Sin embargo, es indiscutible que la prestación de tales servicios esenciales o de interés público o general (servicios eléctricos, de transporte, ferroviarios, aeroportuarios, portuarios, etc.) no es posible sin contar con el soporte o sostén de una infraestructura que permita su viabilidad. De esta manera, en los países latinoamericanos, la falta de provisión de servicios públicos se ha intentado explicar en la denominada “Brecha de Infraestructura en América del Sur”, término que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (“CEPAL”) y la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (“UNASUR”) han utilizado en diversas investigaciones Ejemplo claro de esta brecha es que, en los últimos 20 años, los países latinoamericanos (con distintos modelos económicos y políticos) han invertido aproximadamente entre el 2% y el 3% de su Producto Bruto Interno (“PBI”) en infraestructura, salvo en los casos de Chile con 6% y Colombia con 4%

Las tarifas de embarque de pasajeros para vuelos domésticos que se cobran en el AIJCh, se encuentran reguladas por Contrato de Concesión y son revisadas cada cinco años por parte del OSITRAN y se han incrementado entre el 2010 y 2018 de US$ 4.91 a US$ 9.77 mientras que la tarifa de embarque para vuelos internacionales no ha sufrido variación (manteniéndose en US$ 26.05). El objetivo de esta investigación es revisar la metodología de regulación utilizada para el ajuste de las tarifas de embarque de pasajeros durante los últimos años. En particular, se busca investigar la racionalidad de la decisión del Concesionario de variar solo la tarifa de embarque nacional y mantener inalterada la tarifa de embarque para vuelos internacionales. Se postula que dicha decisión está influenciada por las cláusulas del Contrato de Concesión respecto a las transferencias monetarias que debe realizar al Estado, lo cual estaría afectando el objetivo regulatorio de traslado de eficiencias a los usuarios de vuelos domésticos. En esa línea, se plantea como hipótesis principal que la aplicación de un mecanismo de canasta para cada servicio de embarque sería más beneficioso, al considerar que con esto, los pagos realizados por los pasajeros que se embarcan en el AIJCH para la realización de vuelos domésticos serían menores con respecto al actual mecanismo aplicado simulándose mejor un mercado competitivo. Para demostrar esta hipótesis, se planteó la aplicación de un modelo contrafactual a través del cual se simularon las tarifas de embarque que se hubiesen obtenido aplicando el ajuste por cada servicio, encontrándose que los pasajeros que se embarcan en el aeropuerto (tanto en viajes nacionales como internacionales) para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018 hubiesen pagado US$ 20.8 millones de dólares menos por concepto de tarifas de embarque, lo que hubiese representado un 2.3% de ahorro para los pasajeros en comparación con los resultados de la aplicación del actual mecanismo. Adicionalmente, se encuentra que de los 2.5 millones de turistas que visitaron el Perú en el 2018, el 60% (1.5 millones) no realizó vuelos nacionales, mientras que en el caso de los pasajeros domésticos que también realizaron vuelos internacionales, el porcentaje aún es reducido, con lo que el mecanismo de canastas de servicios no cumpliría su finalidad. A partir de los conceptos desarrollados por la literatura y los resultados presentados en esta investigación se plantea que modificar el actual mecanismo regulatorio de ajuste de las tarifas de pasajeros hacia un esquema de canastas diferenciadas para vuelos domésticos e internacionales sería más beneficioso y consistente con los objetivos regulatorios detrás de los esquemas de incentivos y del traslado periódico de eficiencias a los consumidores.

Las actividades de las concesiones de distribución eléctrica no están excelsas de actos ilícitos que afecten el ejercicio de sus principales obligaciones. De hecho, el hurto de conductores es un evento que se presenta con frecuencia. Por lo que mediante Resolución del Consejo Directivo N° 010-2004-OS/CD se ha tipificado dicho evento como un supuesto de fuerza mayor que debe ser solicitado y, de ser el caso, aprobado por Osinergmin. El problema surge cuando las resoluciones emitidas en vía administrativa no evalúan todos los criterios establecidos en la norma sectorial. Con ello, la Administración no genera seguridad jurídica ni predictibilidad. Asimismo, cabe mencionar que incluso en algunas resoluciones se evidencian falta de motivación, aumento las posibilidades de pronunciamientos arbitrarios. En ese sentido, se plantea el análisis copulativo de los elementos constitutivos de la fuerza mayor con mayor incidencia en el elemento de irresistibilidad, considerando criterios de evaluación particulares en cada caso en concreto en virtud de una imposibilidad relativa. Bajo esas premisas, el presente informe jurídico utilizará como instrumentos normativos la Constitución Política del Perú, el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, el Decreto Supremo N°009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y la Resolución del Consejo Directivo N° 010-2004- OS/CD, Directiva para la Evaluación de Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución; así sentencias de la Corte Suprema de la República del Perú. / The activities of the electrical distribution concessions are not exempt from illegal acts that affect the exercise of their main obligations. In fact, driver theft is an event that occurs frequently. Therefore, through Resolution of the Board of Directors No. 010-2004-OS/CD, said event has been classified as an event of force majeure that must be requested and, if applicable, approved by Osinergmin. The problem arises when the resolutions issued through administrative channels do not evaluate all the criteria established in the sectoral regulation. With this, the Administration does not generate legal certainty or predictability. Likewise, it is worth mentioning that even in some resolutions there is a lack of motivation, increasing the possibilities of arbitrary pronouncements. In this sense, the copulative analysis of the constitutive elements of force majeure with the greatest incidence in the element of irresistibility is proposed, considering particular evaluation criteria in each specific case by virtue of a relative impossibility. Under these premises, this legal report will use as normative instruments the Political Constitution of Peru, Decree Law No. 25844, Electricity Concessions Law, Supreme Decree No. 009-93-EM, Regulation of the Electricity Concessions Law; Law No. 27444, General Administrative Procedure Law; and the Resolution of the Board of Directors No. 010-2004-OS/CD, Directive for the Evaluation of Requests for the Qualification of Force Majeure for Transmission and Distribution Facilities; thus judgments of the Supreme Court of the Republic of Peru.