La presente investigación tiene como objetivo general determinar las características, tendencias y consecuencias de la política criminal legislativa aplicada a la criminalidad patrimonial asociada a los delitos de hurto y robo regulados en los artículos 185º y 188º del Código Penal de 1991, respectivamente; así como sobre sus modalidades agravadas específicas descritas en los artículos 186º y 189º, respectivamente. La investigación abarca el periodo 2006- 2011, quinquenio en el que se produjo la mayor cantidad de modificaciones legislativas a los artículos mencionados La metodología empleada para el desarrollo de la investigación tiene como objeto de conocimiento el análisis legislativo de los tipos penales de robo y hurto, en base a una metodología cualitativa y estadística descriptiva. La información y el análisis se realizó aplicando las siguientes actividades cognoscitivas: i) revisión de proyectos de ley y leyes aprobadas por el Congreso de la República, así como revisión de literatura especializada en los temas de investigación, y (ii) revisión y procesamiento de bases de datos de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Instituto Nacional Penitenciario y Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en lo concerniente a robo y hurto. Como resultado de esta investigación se determina que la política criminal frente a los delitos de robo y hurto, en el periodo 2006-2011, respondió a un modelo de seguridad ciudadana y de giro punitivo, en el que las decisiones de sobrecriminalización, de incremento de penas e incorporación de circunstancias agravantes específicas, fueron las más frecuentes. Esta tendencia generó dos tipos de consecuencias negativas: i) formales, vinculadas a los efectos sobre los principios configuradores del Derecho Penal, y ii) materiales, orientadas a los efectos que generan en la sociedad. / Tesis

La presente investigación tiene como objetivo general determinar las características, tendencias y consecuencias de la política criminal legislativa aplicada a la criminalidad patrimonial asociada a los delitos de hurto y robo regulados en los artículos 185º y 188º del Código Penal de 1991, respectivamente; así como sobre sus modalidades agravadas específicas descritas en los artículos 186º y 189º, respectivamente. La investigación abarca el periodo 2006- 2011, quinquenio en el que se produjo la mayor cantidad de modificaciones legislativas a los artículos mencionados La metodología empleada para el desarrollo de la investigación tiene como objeto de conocimiento el análisis legislativo de los tipos penales de robo y hurto, en base a una metodología cualitativa y estadística descriptiva. La información y el análisis se realizó aplicando las siguientes actividades cognoscitivas: i) revisión de proyectos de ley y leyes aprobadas por el Congreso de la República, así como revisión de literatura especializada en los temas de investigación, y (ii) revisión y procesamiento de bases de datos de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Instituto Nacional Penitenciario y Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en lo concerniente a robo y hurto. Como resultado de esta investigación se determina que la política criminal frente a los delitos de robo y hurto, en el periodo 2006-2011, respondió a un modelo de seguridad ciudadana y de giro punitivo, en el que las decisiones de sobrecriminalización, de incremento de penas e incorporación de circunstancias agravantes específicas, fueron las más frecuentes. Esta tendencia generó dos tipos de consecuencias negativas: i) formales, vinculadas a los efectos sobre los principios configuradores del Derecho Penal, y ii) materiales, orientadas a los efectos que generan en la sociedad.

Las actividades de las concesiones de distribución eléctrica no están excelsas de actos ilícitos que afecten el ejercicio de sus principales obligaciones. De hecho, el hurto de conductores es un evento que se presenta con frecuencia. Por lo que mediante Resolución del Consejo Directivo N° 010-2004-OS/CD se ha tipificado dicho evento como un supuesto de fuerza mayor que debe ser solicitado y, de ser el caso, aprobado por Osinergmin. El problema surge cuando las resoluciones emitidas en vía administrativa no evalúan todos los criterios establecidos en la norma sectorial. Con ello, la Administración no genera seguridad jurídica ni predictibilidad. Asimismo, cabe mencionar que incluso en algunas resoluciones se evidencian falta de motivación, aumento las posibilidades de pronunciamientos arbitrarios. En ese sentido, se plantea el análisis copulativo de los elementos constitutivos de la fuerza mayor con mayor incidencia en el elemento de irresistibilidad, considerando criterios de evaluación particulares en cada caso en concreto en virtud de una imposibilidad relativa. Bajo esas premisas, el presente informe jurídico utilizará como instrumentos normativos la Constitución Política del Perú, el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, el Decreto Supremo N°009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas; Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y la Resolución del Consejo Directivo N° 010-2004- OS/CD, Directiva para la Evaluación de Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución; así sentencias de la Corte Suprema de la República del Perú. / The activities of the electrical distribution concessions are not exempt from illegal acts that affect the exercise of their main obligations. In fact, driver theft is an event that occurs frequently. Therefore, through Resolution of the Board of Directors No. 010-2004-OS/CD, said event has been classified as an event of force majeure that must be requested and, if applicable, approved by Osinergmin. The problem arises when the resolutions issued through administrative channels do not evaluate all the criteria established in the sectoral regulation. With this, the Administration does not generate legal certainty or predictability. Likewise, it is worth mentioning that even in some resolutions there is a lack of motivation, increasing the possibilities of arbitrary pronouncements. In this sense, the copulative analysis of the constitutive elements of force majeure with the greatest incidence in the element of irresistibility is proposed, considering particular evaluation criteria in each specific case by virtue of a relative impossibility. Under these premises, this legal report will use as normative instruments the Political Constitution of Peru, Decree Law No. 25844, Electricity Concessions Law, Supreme Decree No. 009-93-EM, Regulation of the Electricity Concessions Law; Law No. 27444, General Administrative Procedure Law; and the Resolution of the Board of Directors No. 010-2004-OS/CD, Directive for the Evaluation of Requests for the Qualification of Force Majeure for Transmission and Distribution Facilities; thus judgments of the Supreme Court of the Republic of Peru.

El presente informe tiene como punto de partida el caso de un banco (Banco Sur del Perú) que denuncia, a través de su representante, a sus extrabajadores por los delitos de hurto, estafa, apropiación ilícita y peculado; todo ello por haber participado en dos operaciones irregulares que terminaron con la sustracción de más de un millón de soles de la bóveda bancaria. Luego de cinco años de proceso penal, la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Lima absolvió a los imputados de todos los delitos denunciados. Su decisión estuvo fundamentada en la supuesta inexistencia de elementos probatorios objetivos suficientes para establecer la comisión de los delitos. Al año siguiente de culminado el proceso penal, uno de los imputados absueltos, el señor Miguel Óscar Saavedra Díaz, quien se desempeñaba como Jefe de Bóveda del banco, decidió demandar a su antiguo centro de labores invocando la figura de indemnización por denuncia calumniosa, contemplada en el artículo 1982° del Código Civil, y exigió una indemnización civil de $ 3’000,000.00 (tres millones de dólares), alegando que lo denunciaron de manera maliciosa, a sabiendas de la falsedad de sus imputaciones, ocasionándole daños y perjuicios a él y a su familia. La Tercera Sala Civil de Lima, en la sentencia de diciembre del año 2001, decidió declarar fundada la demanda fijando una reparación civil de $ 35,000.00 (treinta y cinco mil dólares) a favor del señor Saavedra Díaz. El presente informe tiene como objetivo realizar un análisis de los equívocos y aciertos que realizan las salas penales al momento de absolver a los imputados, particularmente al señor Miguel Óscar Saavedra Díaz y a su jefe directo, el señor Leonidas Yabar Bedregal. Además, se estudiarán los equívocos de la Tercera Sala Civil de Lima, al pronunciarse a favor del señor Saavedra Díaz y otorgarle un monto indemnizatorio.