El presente informe jurídico desarrolla y analiza el conflicto acontecido entre una persona jurídica (Hacienda el Potrero S.A.C) con derecho otorgado para uso de agua para riego, frente a los operadores hidráulicos (Comisión de Usuarios “La Papaya”), los cuales comparten la misma infraestructura hidráulica, el canal de San Juan de Marañón. Al respecto, se emplea el método dogmático enfocado en analizar fuentes escritas en materia de leyes, regulaciones administrativas, sentencias, resoluciones administrativas y artículos académicos de análisis para poder determinar las potestades y limitaciones conferidas a dichos operadores, en contraste con el reconocimiento de los derechos conferidos por la Administración Nacional del Agua para el aprovechamiento del agua. A lo largo del informe, se presentan puntos relevantes de discusión que involucran el caso, como son los establecimientos de tarifas extraordinarias hacia la empresa usuaria del agua, las facultades que poseen las Juntas de Usuarios de Agua y las Comisiones correspondientes. Asimismo, la idoneidad de la determinación de responsabilidad para sancionar al presidente y los demás integrantes de la Comisión. Finalmente, se proponen reflexiones y recomendaciones sobre la naturaleza de los operadores y la atención en su regulación para evitar posteriores conflictos de naturaleza similar / This legal report develops and analyzes the conflict that occurred between a company (Hacienda el Potrero S.A.C) with the right granted to use water for irrigation, against the hydraulic operators (La Papaya Users Commission), which share the same hydraulic infrastructure., the channel of San Juan de Marañón. In this regard, the powers and limitations conferred on these operators will be analyzed, in contrast to the recognition of the rights conferred by the National Water Administration for the use of water. Throughout the report, relevant points of discussion that involve the case are presented, such as the establishment of extraordinary rates for the company and the organization of the Water Users Boards and the corresponding Commissions. Likewise, the suitability of the determination of responsibility to sanction the members of the Commission is reviewed. Finally, reflections and recommendations are proposed on the nature of the operators and the attention in their regulation to avoid later conflicts of a similar nature

La presente investigación tiene como objetivo identificar los factores legales, técnicos y/o económicos claves que influyen en el éxito de un proyecto de concesión en transportes en Perú. Para ello se recurrió al análisis de la normativa que rige a las Asociaciones Público Privadas (APP), así como literatura nacional e internacional que ha explorado cuáles son los factores claves de éxito para proyectos de APP. La metodología empleada inicia con la recolección de información relevante del sector transportes, mediante la aplicación de encuestas/entrevistas a expertos; posteriormente se realiza un análisis factorial y la aplicación de la lógica difusa. Sobre estos resultados se plantea un modelo de regresión ya fin de determinar los factores principales que determinan el éxito de un proyecto de APP. Los resultados obtenidos de la regresión de modelo Logit señalan que, la hipótesis planteada fue parcialmente confirmada, al identificarse que, los factores vinculados a la necesidad de contar con una adecuada fortaleza de las instituciones y un sector privado fuerte, capaz de gestionar la envergadura de los proyectos de concesión son los más relevantes en el éxito de un proyecto de APP en transportes. Finalmente, con los resultados obtenidos, se hace necesario realizar recomendaciones para la formulación y gestión de los proyectos de APP, entre los cuales se recomienda, la formalización de contratos estándar, elaboración de análisis ex post de sobre la estructuración y redacción de los contratos, en especial sobre aquellos contratos que cuentan con adendas. / The purpose of this research is to identify the legal, technical and/or economic factors that influence the success of a concession project for the transport sector in Peru. For this purpose, the regulations in Public Private Partnerships (PPP) were analyzed, as well as national and international literature that has explored the key success factors for PPP projects. The methodology used begins with the collection of relevant information from the transportation sector, through the application of surveys/interviews to experts; subsequently, a factor analysis and the application of fuzzy logic are carried out. Based on these results, a regression model is proposed in order to determine the main factors that determine the success of a PPP project. The results obtained from the Logit regression model indicate that the hypothesis was partially confirmed by identifying that the factors related to the need for adequate institutional strength and a strong private sector capable of managing the size of concession projects are the most relevant for the success of a PPP project in transportation. Finally, with the results obtained, it is necessary to make recommendations for the formulation and management of PPP projects, among which it is recommended, the formalization of standard contracts, elaboration of ex post analysis of on the structuring and drafting of contracts, especially on those contracts that have addenda.

La presente investigación contiene el estudio de dos herramientas jurídicas que emplea el Estado Peruano en la relación contractual que mantiene con los concesionarios que participan en el mercado de infraestructura de transporte de uso público. Estas herramientas son las penalidades y las sanciones administrativas. Las primeras tienen naturaleza civil y buscan garantizar el cumplimiento de una obligación; y las segundas, poseen naturaleza administrativa y cumplen un rol punitivo por la transgresión a las normas. Por lo tanto, si bien ambas permiten desincentivar los incumplimientos en los que pudieran incurrir los concesionarios, deben tramitarse desde sus respectivos procedimientos. Sin embargo, en el sector de infraestructura de transporte se ha presentado una confusión conceptual porque se ha creado un procedimiento especial para aplicar las penalidades, el cual dista de la naturaleza civil que tienen tales figuras y las aproxima al ámbito del derecho administrativo sancionador. Así ha ocurrido que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) ha emitido una Directiva a través de la cual crea una vía administrativa para imponer las penalidades, como si éstas fueran sanciones administrativas. La situación antes descrita incide sobre la integridad de los contratos de concesión en tanto que deja sin efecto la cláusula de solución de controversias, llevando los conflictos a sede judicial como última instancia. Esto genera tres potenciales problemas: incertidumbre y riesgo regulatorio, incremento de costos de transacción a nivel contractual e ineficacia del sistema de cumplimiento. En este contexto, la tesis aborda el análisis de las penalidades y las sanciones administrativas, considerando lo establecido en el marco normativo y el criterio expuesto por el OSITRAN, con el fin de esclarecer que son figuras que requieren un procedimiento de aplicación acorde con su naturaleza jurídica. A su vez, deja en evidencia que el problema se origina por la confluencia innecesaria de ambas, al haberse asignado para un mismo tipo de incumplimiento en los contratos de concesión. En nuestro estudio se concluye que OSITRAN carece de competencia legal para regular un procedimiento de aplicación de penalidades. Asimismo, se hace visible que la confusión conceptual involucra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por haber incluido, en los contratos de concesión, un régimen de penalidades que adolece de los defectos mencionados. Por ello, en esta investigación se analiza el régimen de penalidades con el fin de identificar los incumplimientos que sólo deberían ser objeto de penalidades y no de sanciones administrativas. De este modo, se le asigna a cada herramienta el uso que le corresponde según su naturaleza, reduciendo así la posibilidad de que puedan confluir sobre un mismo tipo de incumplimiento. Finalmente, como último propósito de la tesis, se plantea la idea de mejorar el procedimiento establecido en la Directiva, armonizándolo con el mecanismo de solución de controversias pactado por las partes, haciendo uso de la regulación responsiva; y se elaboran unos Lineamientos para la formulación de una cláusula que regule el régimen de penalidades en los contratos de concesión que a futuro se suscriban o que forme parte de las modificaciones contractuales a insertarse en los proyectos de inversión que así lo requieran. / The present investigation contains the study of two legal tools that the Peruvian State uses in the contractual relationship that it maintains with the concessionaires that participate in the transport infrastructure market for public use. These tools are penalties and administrative sanctions. The first ones have a civil nature and seek to ensure the compliance of an obligation; and the second ones have an administrative nature and have a punitive role when exist a transgression of the normative rules. Therefore, although both of them discourage contractual breaches in which the concessionaires could incur, penalties and administrative sanctions must be processed in their respective procedures. However, in the public transport infrastructure sector, conceptual confusion has arisen because a special procedure has been created to apply the penalties, which is far from the civil legal nature of penalties and, conversely, brings them closer to the scope of sanctioning administrative law. As it has happened, the Supervisory Organism of Investment in Public Transport Infrastructure (OSITRAN) has issued a Directive that creates an administrative procedure to impose penalties, as if these were administrative fines. The aforementioned situation affects the integrity of the concession contracts, as it leaves the dispute resolution clause without effect, taking the disputes to court as a last resort. This generates three potential problems: uncertainty and regulatory risk, increase in contractual costs and inefficiency of the compliance system. In this context, the thesis broaches the analysis of penalties and administrative sanctions, considering what is established in the regulatory framework and the criteria exposed by OSITRAN, in order to clarify that they are figures that require an application procedure according to their legal nature. At the same time, it shows that the problem is caused by the unnecessary confluence of both of them, having been assigned for the same type of noncompliance in the concession contracts. In our study, it is concluded that OSITRAN lacks legal competence to regulate a penalty application procedure. Likewise, it is visible that the conceptual confusion involves the Ministry of Transport and Communications, and the Agency for the Promotion of Private Investment for having included, in concession contracts, a penalty regime that suffers from the aforementioned shortcomings. Therefore, in this investigation the penalties regime is analyzed in order to identify the breaches that should only be subject to penalties and not administrative sanctions. Finally, as the final purpose of the thesis, the idea of improving the procedure established in the Directive is proposed, harmonizing it with the dispute resolution mechanism agreed by the parties, making use of the responsive regulation; and some Guidelines are prepared for the formulation of a clause that regulates the penalties regime in concession contracts that are going to be subscribed in the future or that form part of the contractual modifications to be inserted in investment projects that require it. / Tesis

Tras la liberalización de la prestación de los servicios públicos, el Estado ha venido empleando diversos mecanismos para la regulación de las conductas de las empresas de servicios públicos e infraestructura, entre los cuales figuran la definición de obligaciones o derechos a través de disposiciones normativas así como mediante contratos de concesión (o regulación contractual). En ese marco, en la presente investigación se analiza el contenido regulatorio de los contratos de concesión de servicios públicos, con el objetivo de determinar si este se sujeta a los estándares del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Para ello, se analizan siete contratos de concesión en sectores de infraestructura de transporte y de telecomunicaciones, de los cuales se concluye que durante la fase de diseño no se habrían seguido los estándares de carácter procedimental y sustantivo que establece el AIR. Asimismo, se concluye que no resulta suficiente la positivización de principios aplicables a todas las fases de los contratos de concesión en el marco de las Asociaciones Público Privadas, sino que además es necesario contar con disposiciones que permitan la concreción de estos principios, y una metodología de AIR aplicable a la etapa de diseño de los contratos de concesión. En esa línea, mediante la presente investigación se formulan lineamientos para regular en un escenario contractual, a partir de la aplicación de los estándares del AIR en sus dos dimensiones: sustantivo y procedimental. Con respecto a los aspectos sustantivos se plantean los siguientes elementos: i) identificación del problema; ii) identificación de alternativas de solución, las cuales se sujetan a la evaluación de la legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad; y iii) el análisis costo beneficio con respecto a las alternativas que hayan superado el filtro anterior. Y en cuanto a los aspectos procedimentales, se plantea el acceso a la información en la etapa preparatoria de los contratos de concesión, y la participación de los agentes involucrados, en especial de los afectados negativamente, tanto en la etapa de identificación del problema como en la etapa de análisis de impacto. / Tesis

En el sector de infraestructura de transporte se han suscrito 32 Contratos de Concesión, el 87% de los cuales han sido renegociados, considerándose ello un problema característico del sector; conforme a la doctrina, dicho problema se presenta debido a la falta de transparencia en los procesos regulatorios; siendo así, es importante fomentar la participación en éstos de las partes interesadas y grupos de interés que se pudieran ver afectados con la propuesta regulatoria, lo cual trae como beneficios inmediatos la mejora en los niveles de confiabilidad del Estado, la institucionalización de los procesos de consulta pública y a su vez refuerza el control de las acciones de los funcionarios públicos. En esa línea, la presente investigación tiene como objetivos analizar la problemática vinculada a la transparencia de las renegociaciones contractuales en el sector de infraestructura de transporte y sus oportunidades de mejora, y formular una propuesta que contribuya a fortalecer la transparencia en los procedimientos de renegociación contractual; para ello, la presente investigación expone la situación actual, detallando el marco conceptual y la teoría de renegociación de los Contratos, luego de lo que se analiza una muestra de adendas y se emite opinión en torno a éstas y al procedimiento de renegociación contractual. Finalmente, se concluye que en las adendas que estén relacionadas con temas de interés general, no puramente técnicos, se debe permitir la participación de terceros interesados a fin de coadyuvar a la comprobación de cualquier información o de alguna exigencia legal no evidenciada por la autoridad. En ese sentido, a efectos de transparentar el procedimiento, se sugiere la emisión de una norma que regule la posibilidad de que los terceros interesados puedan participar ante la eventualidad de una modificación del Contrato de Concesión que sea lesiva a sus intereses. / Tesis

El servicio público de mercados implica el abastecimiento y comercialización de productos y servicios para la población1 . De acuerdo con nuestra normativa, este servicio público es responsabilidad de los gobiernos locales y por tanto estos son los llamados a garantizarlo. Ahora bien, dicho servicio público se desarrolla en las instalaciones que corresponden a los mercados de abastos, los cuales se encargan de abastecer a la población, teniendo muy buena acogida por lo asequible de los precios. Según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2014, el 50% de los hogares realizó sus compras en mercados minoristas, el 6% en los mercados mayoristas, el porcentaje restante se distribuyó entre comerciantes informales, bodegas, supermercados, entre otros. A pesar de la buena aceptación de los mercados de abastos, la realidad nos muestra que la infraestructura de las instalaciones en las cuales se brinda este servicio dista de tener las mejores condiciones para su prestación; de igual manera, existen deficiencias prácticas de salubridad que podrían poner en riesgo la salud de los usuarios del servicio, entre otros. En el presente trabajo, señalaremos las razones que nos hacen considerar a la concesión como el mecanismo idóneo para lograr una prestación eficiente del servicio público de mercados. Es así que, comenzaremos analizando lo que significa hablar del servicio público en la estructura descentralizada del Estado, específicamente lo que implica el servicio público de mercados, para luego analizar la concesión y sus características que nos hacen considerarla la mejor opción para la prestación de este servicio público local.

En mi experiencia profesional, me he desempeñado en el campo de las finanzas, en específico, viendo temas regulatorios, en consultoría empresarial, evaluación en proyectos de inversión1 , manejo fiduciario para programas del Estado y actualmente como Especialista Económico para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dentro del ámbito de mis actividades, está comprendida la revisión y estructuración de la información procesada respecto a la Red Vial Nacional Concesionada desde la posición del Concedente (Estado), donde se espera otorgar indicadores clave del cumplimiento y desviaciones presupuestarias en el marco de la implementación de un Sistema de Gestión de Activos. En ese sentido, existe información no estructurada que contiene variables clave, que junto con data externa y análisis multidisciplinario puede obtenerse la predicción de obligaciones y mejor toma de decisiones. Considerando aspectos regulatorios del régimen económico y compromisos derivados de contratos APP de este tipo de infraestructura, se clasifica y estructura. Posteriormente, nos centramos en el análisis de Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG) en contraste con casos de estudio hipotéticos de bandas superiores de ingresos que buscan mitigar las imprecisiones de las proyecciones de demanda.

1. Con relación al Capítulo I, establece los aspectos metodológicos de la tesis, que apunta a determinar cuáles son los factores de carácter normativo que determinan el probable no resguardo de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonia Peruana en las actividades económicas de hidrocarburos. 2. Con relación al Capítulo II, se hace un análisis del derecho a la consulta previa y otros derechos indígenas asociados al mismo, revisando para ello la normatividad internacional y nacional, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hasta llegar al estado actual de desarrollo de dicho derecho, y mostrar las deficiencias en su implementación. 3. Con relación al Capítulo III, aborda la normatividad de concesiones en el sector de energía y minas, esto es en las actividades de hidrocarburos, minería y electricidad, para efectos de articularlas con el ejercicio de los derechos indígenas, y se concluye que en los mismos no se viene respetando los derechos indígenas como más adelante desarrollaremos. 4. Con relación al Capítulo IV, en el mismo se desarrolla el estado actual del derecho a la consulta previa y la propiedad comunal, en el contexto del aprovechamiento de los recursos naturales y el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental. Advertimos en el mismo que la institucionalidad estatal en materia indígena a nivel del Estado, si bien siempre ha sido débil, en los últimos dos años ello se ha acentuado con la desaparición del INDEPA como Órgano Público mediante Decreto Supremo No 001-2010-MINCU, y la extinción del Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional Camisea (GTCI CAMISEA), mediante Decreto Supremo Nº 071-2009-EM. (...) 5. Con relación al Capítulo V, analiza las inconstitucionalidades de las que está preñada la normatividad sobre consulta previa vigente, especialmente teniendo en cuenta que sin una autoridad estatal indígena fuerte y autónoma, la legislación sobre protección de pueblos indígenas ha naufragado entre la desidia burocrática de los sectores responsables y la ausencia de voluntad política de los gobiernos de turno, así no sorprende que el régimen multisectorial ni el comité de gestión de protección de PIAV, ni el documentos de planificación para la protección de estas poblaciones se hallan elaborado, actualizado o puesto en vigencia la escazas normas al respecto. (...) / --- 1. With regard to Chapter I, provides the methodological aspects of the thesis, which aims to identify the factors that determine normative probably not guard the constitutional rights of isolated indigenous peoples of the Peruvian Amazon in the economic activities of hydrocarbons. 2. With regard to Chapter II, provides an analysis of the right to prior consultation and other indigenous rights associated with it, checking for this national and international norms and the jurisprudence of the Constitutional Court, up to the current state of development of the right, and show weaknesses in its implementation. 3. In relation to Chapter III addresses the regulation of concessions in the energy and mining sector, namely in hydrocarbon activities, mining and electricity, to articulate the purpose of the exercise of indigenous rights, and concludes that in the same not respecting indigenous rights comes as later develop. 4. With regard to Chapter IV, it is developed in the current state of the right to prior consultation and communal property, in the context of the use of natural resources and the national system of environmental impact assessment. Caution in the same state institutions on indigenous at the state level, but has always been weak in the past two years it has been accentuated by the disappearance of INDEPA as a public body by Supreme Decree No. 001-2010-Mincu, and extinction of Interagency Coordination Technical Group Camisea (GTCI CAMISEA), by Supreme Decree No. 071-2009-EM. (...) 5. With regard to Chapter V analyzes the unconstitutionality of which is pregnant on consultation regulations in force, especially considering that without a strong Indian state authority and autonomous legislation protecting indigenous peoples has sunk between the bureaucratic apathy responsible sectors and lack of political will by successive governments, so it is not surprising that the regime nor multisectoral committee PIAV protection management, nor the planning documents for the protection of these populations are developed, updated or placed in few force the rules. (...)

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Al respecto, cabe precisar que la investigación desarrollada se enmarca dentro de los lineamientos formulados en la mencionada Maestría en Ciencias Administrativas, la cual señala que al finalizar la misma, el egresado, entendiéndose como tal al candidato a Magíster, será capaz de aplicar métodos y técnicas de investigación para el diseño y ejecución de programas novedosos en la gestión y gerencia de empresas e instituciones, así como analizar la realidad nacional e internacional desde la perspectiva del cambio, en los aspectos económicos, sociales, políticos y tecnológicos. De la misma forma, dentro de las Líneas de Investigación establecidas, se desarrollará un modelo de gestión empresarial el planeamiento estratégico. En ese sentido, es necesario mencionar que la Tesis presentada, es producto de los cuatro semestres de investigación que comprendieron el desarrollo de la Maestría, en los cuales el Egresado cumplió con la correspondiente currícula obligatoria durante los Semestres Académicos de 2003 I y 2003 II, así como 2004 I y 2004 II, respectivamente. En este orden de ideas, en imperativo reseñar que en el devenir de la investigación la Provincia de Pisco ubicada en el Departamento de Ica, donde se encuentra ubicada la Reserva Nacional de Paracas fue duramente afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007, siendo que la misma Reserva sufrió daños irreversibles. Por tal razón, nuestra Tesis se orienta a demostrar que la generación de riquezas por medio del Ecoturismo en este sitio natural contribuirá al fortalecimiento del Eje Pisco – Paracas luego del fenómeno natural acontecido. / Tesis