Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / Esta investigación tuvo como objetivo elaborar una propuesta constitucional del derecho a la salud, en el contexto de la reforma a la Constitución Política de la República de 1980, y teniendo como principal directriz el parámetro internacional que existe actualmente en la materia. La propuesta se realizó en base a los elementos comunes extraídos de una comparación constitucional que reunió doce textos constitucionales (tres europeas y nueve latinoamericanas), en su primera parte; un marco internacional que contempló instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en su segunda parte; y un análisis del concepto de derecho a la protección de la salud en la normativa constitucional chilena. El trabajo concluyó con la elaboración de la propuesta, enunciando los elementos considerados y su justificación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto analizar si en las causas relativas a violaciones sistemáticas de derechos humanos los tribunales de justicia nacionales han recepcionado y aplicado los estándares que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha fijado al respecto. En virtud de ello, se pretende determinar si el Estado de Chile ha cumplido con las obligaciones que ha suscrito en esta materia, y si consecuentemente es posible imputarle responsabilidad internacional. En particular, se estudiarán 10 sentencias dictadas durante los años 2013 y 2014 por el Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, el señor Leopoldo Llanos Sagistrá, en procesos relativos a homicidios y secuestros calificados ocurridos durante la dictadura cívico militar chilena. Para cumplir con los fines descritos, en el primer capítulo se revisarán los estándares internacionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado a la luz de lo dispuesto en la Convención Americana, en relación con las obligaciones de los Estados frente a casos de transgresiones graves y sistemáticas a los derechos humanos. En el segundo capítulo se identificarán ciertas premisas que el sentenciador consagró en los fallos y que constituyen las ideas base sobre las que descansa su argumentación. Utilizando aquellas premisas como guía, en el tercer capítulo se expondrán los razonamientos entregados por el juez al momento de evaluar las instituciones jurídicas sometidas a su decisión, y utilizando como parámetro los estándares consagrados en el primer capítulo, se evaluará si aquellos criterios efectivamente son adoptados en las sentencias y, en consecuencia, si el Estado chileno cumple debidamente las obligaciones internacionales con las que se ha comprometido. Finalmente, en el cuarto capítulo, se revisará brevemente la configuración de la responsabilidad internacional, y teniendo en cuenta el análisis de los capítulos recién descritos, se determinará si el Estado es responsable internacionalmente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta tesis tiene como objetivo analizar si la actual Constitución Política de la República y las demás Constituciones de la historia que han tenido vigencia en el país, poseen una consagración expresa o implícita del derecho al Buen Gobierno o a la Buena Administración Pública, o solo se identifican algunos derechos de los que se consideraran al alero de este, o si, por el contrario, no se encuentra ningún rastro del mismo, también analiza el reciente proceso constituyente, los primeros insumos y el proyecto de nueva Constitución, que se presentaron por el gobierno de Chile. Luego, se buscará identificar a nivel europeo y Latinoamericano, su consagración en los más altos instrumentos de organización de la sociedad, en Cartas que consagran derechos fundamentales, la Constitución Española de 1978 y las convenciones anticorrupción. Por último, se señalará que facetas de existencia presenta el derecho en estudio. El método que se ha empleado en el desarrollo de esta memoria es el de la investigación teórico-dogmática, siendo la técnica de investigación utilizada la documental, bibliográfica y el fichaje, que se materializa en la recopilación del material, legislativo y doctrinario, de Chile, Latinoamérica y Europa, una posterior lectura, revisión y análisis de la información recabada y finalmente, la redacción del trabajo. El resultado de la investigación considera al Buen Gobierno o Buena Administración Pública como un derecho Fundamental de la persona, cuyo fundamento se asienta en la esencia de la función de la Administración, reconocimiento expreso en las Cartas Europea e Iberoamericana, e implícito en algunas Constituciones analizadas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo de tesis se propone como objetivo dar una respuesta jurídica a la pregunta sobre la legitimidad del secreto de los archivos de la Comisión de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech I) establecido por el artículo 15 de la Ley N°19.992, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en específico de los estándares del Derecho a la Verdad en el Sistema Interamericano. La necesidad de esta respuesta se enmarca en la controversia que ha existido desde el establecimiento del secreto hasta la actualidad. Por una parte, de las posturas a favor, se sostiene como principal fundamento jurídico la protección de la intimidad de las víctimas; mientras que, entre los argumentos que sustentan posturas contrarias, está el derecho a saber la verdad de lo ocurrido. Si el secreto protege efectivamente la intimidad de las víctimas y como afecta al Derecho a la Verdad, serán cuestiones a examinar en este trabajo. Considerando no solo lo más evidente, la afectación al Derecho individual a la Verdad a través del impedimento a los tribunales de justicia a los archivos de la Comisión Valech I, si no que también, las consecuencias sobre el Derecho colectivo a la Verdad, cuya titularidad reside en la sociedad. Para entender el conflicto y sus alcances, se aborda el cuerpo normativo fuente del secreto y objeto de análisis, la Ley N°19.992. Así como también se trata el Decreto Supremo que crea la Comisión Valech I, como antecedente relevante para aportar herramientas al debate y ayudar a entender las diferencias entre la reserva y el secreto, ambas soluciones posibles a la protección de la intimidad de las víctimas. Para ayudar a resolver el cuestionamiento, se establece a qué obliga el Derecho a la Verdad en el Sistema Interamericano, es decir, cuáles son los estándares concretos con los que debe cumplir el Estado. De esta manera, son utilizados para el análisis comparativo con el artículo 15 de la Ley N°19.992 y así se logra determinar el cumplimiento o incumplimiento de la normativa internacional por parte del Estado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo analizará la normativa vigente en Chile sobre el uso de la lengua indígena en educación, para luego estudiar los estándares internacionales, tanto en el derecho internacional de los derechos humanos, así como su reconocimiento jurídico en ordenamientos comparados. A partir de lo estudiado se intentará establecer la necesidad de cambios en nuestra normativa.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo principal de esta tesis fue estudiar el procedimiento de expulsión de extranjeros en Chile, de modo de verificar si es vulneratorio de los principios que integran el debido proceso -expresados por la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por Chile-, y en términos específicos, analizar el funcionamiento de la institución para determinar si en el país existe la práctica de las expulsiones colectivas. Para ello, en la primera parte del trabajo se hizo un análisis de la legislación chilena relativa a la expulsión de extranjeros en perspectiva histórica, con el fin de entender la evolución que ha tenido la institución en los últimos cien años, para luego, a la luz del procedimiento establecido por ley para expulsar a un extranjero, determinar si éste se ha adecuado o no a los requisitos del debido proceso establecidos en la Convención. Finalmente se examinó la expulsión colectiva y su protección normativa en el derecho internacional, así como sus elementos, que se desprenden de la jurisprudencia de tribunales internacionales, para determinar con esas herramientas, y en base a casos de expulsiones conocidos por tribunales chilenos, si en Chile se realizan este tipo de prácticas. Al respecto se llegó a la conclusión de que si bien las expulsiones no se adecuaron al debido proceso, no se realizaron en grupo, no pudiendo acreditarse en consecuencia que se lleven a efecto expulsiones colectivas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La pregunta que se plantea en la presente investigación que gira en torno a los límites jurídicos de la expulsión de los extranjeros en la legislación chilena, dice relación a si dichos límites efectivamente existen, siendo la respuesta afirmativa. Esto se hace efectivo mediante el artículo quinto inciso segundo de la Constitución que posibilita el ingreso de aquellos derechos fundamentales contenidos en tratados internacionales firmados y ratificados por Chile, que contienen principios, directrices y fundamentos relativos a los Derechos Humanos, y que por tener tal importancia pasarían a formar parte del Ordenamiento Jurídico Chileno. La hipótesis planteada es que no existen dichos límites jurídicos expresamente mencionados en la legislación chilena, pero estos límites se hacen parte de la misma mediante el artículo quinto de nuestra Carta Fundamental, ya antes mencionado. Es así, como los tribunales han hecho uso de los diversos instrumentos internacionales en los que dichos límites se encuentran para hacer frente a expulsión de inmigrantes de naturaleza arbitraria emanadas por los distintos órganos administrativos que poseen la facultad de determinar dicha sanción. Se hace una comparación en torno a cómo trata el Sistema Europeo de DDHH a dichos límites, así como también el Sistema Interamericano en general. Se comprueba que Chile ha ido acercándose a dichos parámetros pero aún queda una importante labor frente al reconocimiento expreso de los derechos de los inmigrantes en el país.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca analizar de forma doctrinaria y jurisprudencial el impacto que sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puedan tener en el desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos cuando éstas tengan como sujeto principal comunidades indígenas. Para realizar este estudio se analizó una vasta recopilación de bibliografía y jurisprudencia internacional relativa tanto al derecho internacional de los derechos humanos como a comunidades indígenas. Con la información provista por estas fuentes se pasó a analizar 10 sentencias de la Corte Interamericana cuyos criterios interpretativos y conclusiones demuestran la hipótesis de esta tesis. Como resultado se obtuvo un trabajo esquematizado, que de manera concreta y práctica permite al lector identificar qué, cómo, y porqué particularidades y costumbres de comunidades indígenas son tomadas en consideración por un tribunal regional de Derechos Humanos al momento de dilucidar un conflicto y de paso llevar hacia adelante la protección de los pueblos indígenas en el ámbito del derecho internacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / ¿En qué consiste el Convenio 169 de la OIT? ¿Cómo fue la discusión que ratifica el convenio mencionado en el Congreso Nacional? ¿Cómo ha sido la implementación del Convenio? Las preguntas enunciadas tienen por objetivo generar inferencias descriptivas respecto el impacto que ha tenido el Convenio en los procesos de consulta y participación de los pueblos indígenas en Chile. Mediante una revisión exhaustiva de la discusión suscitada en el Congreso Nacional que antecedió la ratificación de este convenio, se aportan los principales elementos de análisis para abordar tres fallos de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que sientan jurisprudencia respecto del trámite de consulta de los pueblos indígenas y del estándar establecido para este por el Convenio 169. Además, se hace hincapié en el proceso de consulta constituyente iniciado por el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), donde se avizoran críticas a la implementación del convenio, por parte de los propios pueblos indígenas y otros actores de la sociedad civil. Este elemento del derecho internacional, en una lógica de dos niveles, permea el ordenamiento jurídico interno e invita a cuestionar los avances del Estado chileno en el reconocimiento de las demandas históricas de los pueblos indígenas, generando una superficie propicia de mejora en la materia.