Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como fin averiguar cuál es el estado actual del derecho a la educación, como derecho fundamental, en Chile. Haremos un recorrido por la historia de su consagración en las Constituciones que han regido a nuestro país, un análisis de su regulación actual en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, los tratados internacionales de derechos humanos relacionados y vigentes y los nuevos proyectos de ley que pretenden dar un nuevo rostro a la educación en Chile. Analizaremos también, y será el grueso de nuestra obra, la jurisprudencia nacional que se ha dictado desde la existencia del recurso de protección como acción cautelar, de manera que podremos observar de igual manera el comportamiento y el papel que ha tenido esta acción con respecto a este derecho y su derecho asociado, la libertad de enseñanza. Finalmente estudiaremos también un poco de jurisprudencia internacional; revisaremos algunos casos emblemáticos, como el caso “Brown vs. Board of Education of Topeka” de Estados Unidos, y algunos casos muy interesantes del Tribunal Constitucional Español, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este abanico internacional nos abrirá nuevas perspectivas a situaciones y casos que no se han presentado aún en Chile, pero que bien podrían llegar a plantearse en alguna cualquiera de nuestras cortes superiores del país y también a plantearnos interrogantes acerca de cuál o cuáles podrían las posibles soluciones

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente por infracciones a la ley penal, publicada el 7 de diciembre del 2005, constituyó un intento por adecuar y dar coherencia a nuestra normativa legal con el Sistema Internacional de Derechos del Niño, cuyo instrumento clave es la Convención de Internacional de Derechos del Niño, ratificada 15 años antes por nuestro país. La dictación de esta ley implicó un cambio de paradigma en la consideración de la infancia y un avance significativo respecto del antiguo sistema, dejando atrás el modelo tutelar para adscribirse a un modelo de responsabilidad. Dicha ley introduce un sistema penal especial de justicia juvenil. Aporta en cuanto a reconocer la capacidad penal de los adolescentes e incorporarlos al sistema de garantías procesales que tiene todo imputado adulto en un debido proceso, introduciendo además derechos sustantivos y procesales especiales para ellos. Se limita así el poder punitivo del Estado en el marco de la justicia penal aplicable a los mayores de 14 y menores de 18 años de edad, dejando atrás las arbitrariedades en la determinación del discernimiento y las intervenciones en nombre de la tutela y disciplinamiento. Además, incorpora en su art. 20 una doble función de la sanción penal adolescente, que es la responsabilización por los hechos delictivos cometidos por menores de edad, conjuntamente con una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social, para lo cual se establece un catálogo especial de sanciones, en virtud de la responsabilidad diferenciada de los adolescentes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El siguiente trabajo tiene por objeto analizar el conflicto entre el llamado derecho a la educación y la privación de libertad como respuesta del sistema judicial ante la comisión de un ilícito, para cumplir la finalidad de reinserción social. En el contexto de las penas privativas de libertad, el derecho de los condenados a acceder a una educación al interior de los Centros Penitenciarios resulta en extremo difícil cuando ni la normativa penitenciaria ni la institucionalidad cuentan con programas de acceso universal para la población penitenciaria. Esto, sumado a las precarias condiciones existentes al interior de los centros penitenciarios, hace poco verosímil la finalidad de reinserción social de la penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El acceso a la educación superior en Chile está fuertemente condicionado por el contexto socioeconómico del postulante. En efecto, solo 2 de cada 10 alumnos pertenecientes al 10% de la población de menores ingresos, mientras que 9 de cada 10 jóvenes pertenecientes al 10% del grupo de más ingresos acceden al sistema de educación superior. Lo anterior nos lleva necesariamente a cuestionar los mecanismos de acceso a este sistema desde el prisma del derecho a la igualdad y no discriminación, afirmando que las medidas de acción afirmativa son el mecanismo idóneo para garantizar el goce del derecho a la educación superior de aquellos grupos históricamente excluidos del sistema. Con dicho propósito en mente, en la presente memoria de prueba para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, se analiza el contenido normativo del derecho a la educación tanto en el derecho doméstico como en el derecho internacional. Luego, se analiza el principio de igualdad y no discriminación a partir de las concepciones teóricas propuestas por Amartya SEN, Martha NUSSBAUM y Roberto SABA, y su relevancia en el derecho a la educación. Posteriormente, se analizan exhaustivamente las medidas de acción afirmativa: su origen y desarrollo histórico en Estados Unidos y Europa, y su consagración en el sistema internacional de derechos humanos, con especial énfasis en el sistema interamericano de derechos humanos. Finalmente, a partir de las nociones teóricas expuestas en los capítulos I, II y III, en el capítulo IV se expondrán los argumentos que permitan justificar la tesis propuesta y descartar los motivos para rechazar la adopción de este tipo de medidas como un arma contra la estratificación social en el sistema educativo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Producto de las movilizaciones estudiantiles llevadas a cabo por estudiantes secundarios(as) y universitarios(as) el 2006 y 2011, nuestra jurisprudencia ha tenido ocasión de pronunciarse intensamente a raíz de la acción de protección utilizada por los(as) estudiantes frente a las expulsiones y cancelaciones de matrículas –entre otras medidas disciplinarias- en los establecimientos educacionales. A propósito de ello, nuestros tribunales superiores de justicia han esgrimido diferentes argumentos, que han pasado desde el derecho de propiedad sobre la matrícula: propietarización, en los años 80 y que, en la actualidad, son abordadas a través del derecho a la igualdad (artículo 19 Nº2 CPR) y al debido proceso (artículo 19 Nº3 CPR), criticado –este último- por ser una especie de cláusula abierta en que toda arbitrariedad tendría cabida dentro de este derecho. Se analizarán los derechos y principios infringidos a través de estas acciones tomadas por los establecimientos educacionales, y se sistematizarán los casos que han hecho uso del recurso de protección, así como los argumentos que han tenido las Cortes de nuestro país para acogerlos o rechazarlos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta Memoria de Pregrado para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, se desarrollan argumentos propiamente jurídicos que permiten asentar la existencia de una rama del derecho especializada dentro del Derecho Público chileno, pero autónoma de otras ramas tales como el Derecho Constitucional o Administrativo, cuya finalidad es el estudio sistemático de las relaciones jurídicas surgidas a propósito del fenómeno educativo y cuya denominación es “Derecho Educacional” o “Derecho de la Educación”. Estos argumentos, que aportan a otras elaboraciones que ya se han hecho al respecto en Chile y en el extranjero, se relacionan principalmente con la idea de autonomía, entendida ésta como la cualidad de ciertas normas de poseer un objeto propio de estudio y desplegada en al menos tres ámbitos: el científico o académico (autonomía científica), el pedagógico (autonomía didáctica) y el legislativo (autonomía legislativa). La tesis que aquí se sostiene es que el Derecho Educacional chileno posee, a la fecha, cierto grado de desarrollo disciplinar en los tres ámbitos y que por ende, existen razones propiamente jurídicas para hablar ya de una nueva rama del derecho chileno.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de este trabajo es contribuir desde una perspectiva de derecho público al estudio de los principios y concepciones que han orientado el desarrollo de la educación chilena, abordando en particular la evolución de los derechos a la educación y la libertad de enseñanza. Para ello, se analiza, desde 1810 a la fecha, la evolución del concepto constitucional de educación, contenido en cada una de las cartas fundamentales chilenas y sus modificaciones; el desarrollo legal de la educación escolar bajo la vigencia de cada una de ellas; y, las diversas concepciones que la doctrina jurídica nacional ha otorgado en cada momento histórico a los derechos a la educación y la libertad de enseñanza. El trabajo se organiza en dos capítulos. El primero, aborda el periodo que va entre los años 1810 y 1973, dominado por la comprensión del desarrollo educativo como una tarea fundamental del Estado. En el segundo capítulo se aborda el periodo que transcurre entre el año 1973 y el 2014, etapa caracterizada por la primacía del principio de subsidiariedad del estado sobre las políticas educacionales

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo. / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La movilización estudiantil del año 2011, puso en boga la constante preocupación ciudadana respecto al costo que le produce al estudiante y a sus familias, la prosecución de sus estudios a un nivel superior. Este hecho de carácter social, fue el que inspiró el desarrollo de un proceso de investigación jurídica en virtud de la cual se planteó si habría o no una salida o remedio jurídico a tal preocupación. De acuerdo a lo anterior, nuestro trabajo no podía sino partir de esa premisa. Consecuente con ello, debe explicarse la causa, magnitud y forma de impacto en los ingresos socio-económicos de una familia el asumir un elevado costo de tener a un estudiante cursando la educación superior. Primeramente, nos encontramos frente a un derecho de carácter social: el derecho a la educación. Este derecho, está consagrado en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Chile que en virtud del artículo 5, inciso segundo de la Constitución, se entienden incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de ello, la satisfacción de este derecho está dada tanto al Estado como a los particulares, quienes interactúan con los estudiantes por medio del mercado.