Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto analizar descriptivamente el sentido y alcance de los principios económicos fundamentales consagrados en la Constitución de 1980. Para este cometido, se revisarán las construcciones doctrinarias de la materia, en donde se distingue una línea interpretativa dominante, caracterizada por ser la línea primordial en las cátedras de Derecho Económico y Derecho Constitucional Económico. En el cuerpo de esta memoria, se analizan en primer lugar, los antecedentes y la historia del establecimiento de los principios económicos fundamentales en la Constitución de 1980, a decir: la Declaración de Principios de 1974; las políticas económicas implementadas desde la dictadura; en Derecho Económico, la vinculación entre Orden Público Económico y Economía Social de Mercado; y por último, la particular formulación de los principios en la Constitución. Luego en un segundo capítulo, se revisan descriptivamente cada uno de los principios económicos considerados fundamentales, sus características generales, sus respectivas consagraciones y protecciones ofrecidas por el sistema constitucional y normativo. Finalmente, se indican las conclusiones en torno a la línea interpretativa de la doctrina dominante y sus consecuencias, en atención a que hasta la fecha, los principios económicos fundamentales siguen manteniendo su formato o redacción original, y su sentido y alcance construidos hace ya más de 40 años.

Memoria para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Tesis (doctor en derecho)

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Sobre el Deber de Fundamentación de las Sentencias El discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico general y tiene como característica principal, el que sus premisas deben estar obligatoriamente vinculadas con el derecho vigente . En consecuencia, los jueces deben fundamentar sus sentencias de acuerdo a las reglas y principios del derecho vigente . Es la realización de este deber la que nos permite conocer las razones - al menos las expresas - que llevan a los sentenciadores a decidir un caso de determinada manera. La actividad judicial adquiere especial relevancia cuando se refiere a la determinación de la constitucionalidad de las normas emitidas por los órganos legislativos, es decir, cuando el criterio para la determinación de la validez de una norma sea su conformidad con otra de carácter superior, en este caso, la Constitución Política de la República.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis (Magister en Derecho) / Esta tesis pretende, desde el conocimiento de la realidad ya vivida en Ecuador, describir brevemente su proceso constituyente, realizando una explicación del momento histórico que se vivió, lo que significó su realización en términos políticos, la influencia que tuvo la prensa escrita en la discusión jurídica y política del país, que se tradujo en discursos de legitimación y deslegitimación del proceso, lo que permitirá en un primer momento caracterizar el proceso constituyente ecuatoriano; en segundo lugar describir los discursos que legitimaron y deslegitimaron su proceso constituyente; y como la discusión en torno a ellos en la prensa, se trasladó a la discusión jurídica y política que influyó en la redacción del texto final de Constitución a cargo de la Asamblea Constituyente; para en tercer lugar; realizar un ejercicio comparado de identificación de los principales discursos deslegitimadores, que se presentan en el caso ecuatoriano, y que coincidentemente también se presentan en el debate que sobre la materia se ha instalado en Chile; para analizar la pertinencia de la instalación de una Asamblea Constituyente en Chile. El trabajo de investigación para el caso chileno, se centra fundamentalmente en el debate académico, a veces imbricado con el movimiento social, y en menor medida en la historia social. El método empleado implica una historia constitucional del tiempo presente, en concreto, una aproximación a la dogmática constitucional ocupada de un problema político institucional sustantivo como es el de generar o no una nueva Constitución. Por lo tanto, a pesar que la temática es propia del Derecho Público, no aspira a satisfacer las exigencias de la dogmática constitucional sino a conocer la dimensión más sociopolítica del fenómeno constitucional en la medida que el enfoque empleado es el de los discursos de legitimación y deslegitimación del proceso constituyente ecuatoriano y chileno. En razón de ser una tesis de magíster, cuya extensión debe ser adecuada al nivel intermedio de postgraduación, no hemos buscado agotar el tema sino sólo presentar sus rasgos generales y tendenciales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta memoria de prueba da cuenta de la configuración del Derecho de Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo, DAIP) en el ordenamiento jurídico chileno, destacando cuatro niveles normativos: internacional, constitucional, legal y reglamentario. Asimismo, examina la jurisprudencia constitucional durante veinte años del TC, desde 1995 a 2015, por medio de la cual se evidencia las tendencias en la valoración del principio de publicidad, del principio de transparencia y del DAIP. Así, se proponen tres épocas, una de alta valoración de estos bienes jurídicos, que se desarrolla entre 1995 y 2012, teniendo como dos grandes hitos la aprobación de la reforma constitucional de 2005 que introdujo el nuevo artículo 8º de la Constitución Política de la República (en adelante, CPR) y la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública (LAIP, por sus siglas). Una segunda época de ruptura con esta línea interpretativa que señala que estos bienes no se encuentran en la CPR, sino que son simplemente de rango legal y en alguna medida inconstitucionales en abstracto dada su extensión y, finalmente, una tercera etapa de revisión en la cual se observa que el TC ha dictado fallos oscilantes, entre algunos de alta y otros de menor valoración del DAIP y los principios mentados. En un Chile que clama ante la ocurrencia de un gran número de episodios de corrupción, la mayor y mejor estimación de los mecanismos de prevención y control son imperativos. No es razonable que la magistratura que recibe el mandato de garantizar la supremacía de la CPR desmerezca un derecho que fue una de las piedras angulares del Estado Moderno Constitucional. Del mismo modo, el DAIP que coadyuva a la adopción de políticas públicas eficientes y eficaces a través de la participación ciudadana, debe ser fortalecido y reconocido como un requisito en los mecanismos de intervención de los incumbentes en la gestión pública. Este trabajo demuestra también la necesidad de una reforma constitucional que responda a esta dificultad en la interpretación y valoración del DAIP, los principios de publicidad y transparencia, como mecanismo de solución a la problemática que se desprende de la jurisprudencia de la magistratura constitucional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El Concepto de Constitución corresponde a una adquisición evolutiva de la sociedad moderna. No obstante, y pese a que puede ser indicada como un término joven, ha concitado gran interés tanto a nivel teórico como práctico. Desde el nacimiento del Estado Soberano y el posterior rompimiento de la sociedad estratificada, la teoría jurídica y política se ha acercado a dicho concepto en el contexto de las luchas de poder y la limitación del mismo. Para posteriormente avanzar hacia una organización del Estado que permita por un lado cierto grado de seguridad, y por otro, sea capaz de garantizar determinados derechos a sus ciudadanos. Asimismo, por tratarse de una institución que da forma no sólo a la vida política de un país, sino finalmente a la vida social misma, la presente memoria intenta una reconstrucción conceptual clara que permita observar de qué modo dicho concepto se encuentra en condiciones de filtrar la complejidad de la sociedad actual.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer un análisis crítico del sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión, desde la óptica del Derecho Constitucional y la teoría de los derechos fundamentales. En efecto, en estas páginas se analizará la constitucionalidad de la aplicación –vía extensión dogmática- de principios del debido proceso penal y de sus altos estándares de prueba y de convicción a procesos infraccionales por colusión, así como también se examinará la constitucionalidad de las nuevas atribuciones intrusivas de la FNE y del mecanismo de delación compensada, ambos incorporados recientemente a nuestro estatuto de libre competencia por la Ley 20.361, publicada en el Diario Oficial de fecha 13 de julio de 2009. La metodología que se utilizará consiste en describir objetivamente los principios, reglas técnicas, mecanismos y prerrogativas de la autoridad que forman parte del sistema de investigación, prueba y sanción del ilícito colusivo, para luego efectuar reflexiones constitucionales que permitan justificar, criticar o rechazar el empleo de aquéllos, sobre la base de la exigencia irrenunciable del Estado de derecho de respetar las garantías fundamentales. El resultado obtenido concluye que, en el caso chileno, tanto el antiguo sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión como algunos de los mecanismos que recientemente han sido institucionalizados para acreditar la existencia de carteles presentan vicios constitucionales por innecesaria conculcación de derechos fundamentales y/o falta de certeza jurídica, que sólo pueden ser enfrentados y subsanados mediante la correcta aplicación de las normas y principios que recoge nuestra CPR.