Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Los presupuestos de la RPA son todas aquellas circunstancias, condicionamientos o requisitos cuya común ocurrencia imponen a un organismo administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio la obligación de reparar a un particular un perjuicio injustamente sufrido o injustamente causado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 trajo consigo, entre otras cosas, la Doctrina de la Seguridad Nacional. Doctrina política que concibe el Estado de Seguridad Nacional y una manera de ejercer el poder, ambos basados principalmente en el anticomunismo, la noción de una guerra interna y antisubversiva, la idea de un enemigo interno y el rechazo tanto al sistema democrático como a la cultura de derechos humanos. Como técnica política fue promovida desde el extranjero, ingresando a Chile mediante la instrucción y la fuerza, consagrándose por la acción del Derecho en la Carta Constitucional de 1980. Como doctrina operó en el quehacer universitario, principalmente, en la investigación académica. En la Revista de Derecho Público de la Universidad de Chile, la Dogmática Constitucional fue tanto promotora como detractora de la doctrina. En esta actividad, los dogmáticos ejercieron su labor conforme al llamado “papel encubierto de la dogmática jurídica” a efectos de generar discursos legitimadores o deslegitimadores hacia la Doctrina de la Seguridad Nacional o hacia el sistema democrático y de derechos humanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Administración Pública tiene por objeto buscar satisfacer el bien común también conocido como interés general. Sin embargo para ello debe hacerlo cumpliendo dos requisitos: la administración debe actuar con sujeción a la ley y además debe cumplir con eficiencia y eficacia los fines que busca. El problema es que son requisitos contrapuestos: sujetarse estrictamente a la ley implica no cumplir eficaz y eficientemente con la satisfacción del bien común. Por el contrario, el afán de una eficaz y eficiente satisfacción de los intereses generales podría implicar una infracción a la ley y en consecuencia la declaración de nulidad de derecho público del acto administrativo dictado para ello. El principio de conservación de los actos administrativos propone una solución que es un término medio entre ambos requisitos, cuestión que no era solucionada por las teorías tradicionales sobre la nulidad de derecho público en Chile. El estudio del principio de conservación revelará distintas herramientas jurídicas que la Administración Pública puede utilizar para cumplir con la satisfacción del interés general de una forma eficiente y eficaz, sin infringir la ley. El método de estudio utilizado es deductivo, estableciendo cuáles son los elementos teóricos que sustentan el principio de conservación de los actos administrativos y cómo éstos se reflejan en su aplicación práctica tanto en la legislación comparada y nacional como la jurisprudencia ordinaria y administrativa

La tranquilidad del pueblo indígena Matsigenka se vio irrumpida por la ejecución del proyecto Gas de Camisea, de tal manera que este artículo analiza la realidad de esta población vulnerable, puesto que ello generó la destrucción de hogares, quebrantamiento del pueblo indígena, de tal modo que alteraron sus costumbres, dañando sus tierras y huertos; lo que conlleva a la afectación de salud física como psíquica, de manera que en vista de tantas transgresiones se busca determinar los derechos afectados. Además de identificar que conducta realizaron las partes frente a la ejecución de dicho proyecto, cuando en ese entonces aún no existía la Ley de consulta previa Nº 29785, y se vieron en la libertad de aprobar proyectos sin medir las consecuencias de ello en los pobladores que habitaban las tierras, puesto que aparentemente se mantenían en una postura donde solo importaban sus intereses particulares y económicos, debiendo optar por involucrarse con el pueblo indígena, y si bien el proyecto prevalecía por un interés al bien común, este podía ejecutarse sin transgredir derechos de los Matsigenkas, ya que la sola Constitución protege y reconoce derechos fundamentales que venían siendo lesionados.

Los beneficios económicos, sociales y ambientales que representan la compartición de infraestructura para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones hacen más atractiva su elección frente a la posibilidad de instalar infraestructura propia. Una regulación que facilite la compartición de infraestructura de red de acceso es necesaria para brindar y expandir los servicios públicos de telecomunicaciones, teniendo en cuenta la importancia de la prestación de dichos servicios para la población, con lo cual se debe impulsar una adecuada compartición de infraestructura no solo del sector de telecomunicaciones, sino además de otros sectores, como electricidad e hidrocarburos.

La presente investigación se enfoca en el análisis del “Ejercicio de Funciones Públicas por Entidades Privadas Colaboradoras de la Administración” (EPCA), figura del Derecho administrativo que pretende englobar una serie de supuestos en los que la Administración traslada a los particulares la facultad de realizar ciertas funciones públicas, con el fin de obtener con ello un mejor resultado a que si dicha actividad hubiera sido realizada directamente por aquella. No obstante, este mecanismo no ha sido debidamente regulado por nuestro ordenamiento jurídico, de modo tal que resulta importante determinar los criterios, fundamentos y efectos que subyacen a esta forma de colaboración entre los administrados y la Administración. De acuerdo con ello, esta tesis está orientada a la consecución de los siguientes objetivos generales: i) Determinar la viabilidad jurídica de la participación del sector privado en el ejercicio de una función pública, a partir de la teoría del derecho administrativo y el análisis de la doctrina comparada; ii) Determinar el contenido del EPCA como figura del Derecho público, con el fin de identificar adecuadamente su naturaleza jurídica, estructura, procedimiento, elementos característicos y delimitación respecto de otros conceptos relacionados; e, iii) Intentar determinar el mecanismo legal por medio del cual se efectúa el traslado de las funciones públicas a la esfera de ejercicio de los particulares, de acuerdo al marco legal vigente; o, de ser el caso, evaluar una posible solución ante la indeterminación de instrumentos específicos. Al respecto, concluimos que el EPCA es una figura que carece de una regulación normativa genérica y específica que permita dar con una respuesta concisa y directa sobre la correcta manera de trasladar el poder público a los administrados. Es por ello que, a falta de un mecanismo diseñado teórica y normativamente para viabilizar este tipo de operaciones, somos de la opinión de que nuestro marco legal debe ser lo suficientemente flexible como para valerse de los distintos instrumentos que se encuentran recogidos en el ordenamiento, en función a cada actividad y contexto específico.

El presente trabajo pretende explicar de qué manera las entidades públicas que aplican el principio de buena administración, a través de mecanismos de participación entre los servidores civiles, pueden mejorar la calidad de la atención y del servicio que brindan a los ciudadanos. Asimismo, este trabajo permite comprender el rol que desempeña el Derecho como herramienta de gestión pública para la implementación de dichos mecanismos de participación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Esta memoria hace un análisis doctrinario y jurisprudencial de la licitación pública con el objetivo de obtener conclusiones respecto a la regulación actual, chilena y comparada, de la concurrencia que debe regir dentro de un proceso licitatorio, a fin de evitar ilícitos anticompetitivos durante su desarrollo, ya sea colusión de los oferentes o corrupción de la Administración. Para aquello se analizan los principios rectores de la licitación pública, en particular, libre concurrencia, igualdad de los oferentes, estricta sujeción a las bases y no formalización, junto a la regulación chilena y comparada que tiene por fin erradicar tales ilícitos anticompetitivos, junto a los parámetros que fija la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con el fin de avanzar en ello. Posteriormente, se analiza la jurisprudencia de dos tribunales especiales con competencia para conocer de acciones relacionadas con licitaciones públicas: Tribunal de Contratación Pública y Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ambos difieren en sus sentencias en cuanto a la aplicación de los principios estudiados y fijan criterios disímiles al establecer si un organismo público o los mismos oferentes han infringido la normativa respectiva