Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto el estudio de la política llevada a cabo por el Estado chileno para incorporar bajo su poder soberano a la Araucanía y al pueblo mapuche. Esta fue una pretensión perseguida por el Estado prácticamente desde su nacimiento como país independiente y hasta concluida la campaña de ocupación o «pacificación» armada, única vía por medio de la cual pudo terminar con la independencia y autonomía del pueblo mapuche. El método de trabajo empleado será el contraste de las distintas fases en el desarrollo de las relaciones entre mapuches y chilenos, o de la propia acción del Estado, respecto a cuál era en cada una de éstas fases la visión predominante existente respecto a la soberanía, según la filosofía política y la teoría del Estado de fines del siglo XVIII y el XIX. Este análisis arrojará como resultado la inexistencia de la presencia soberana del Estado chileno sobre el pueblo mapuche y la Araucanía, situación que se mantuvo inalterada hasta que, en 1859, el Estado decide ocupar militarmente el territorio e incorporarlo a su imperium, proceso que concluyó en 1883 con la ocupación de Villarrica.

El principal objetivo de este trabajo consiste en determinar —desde una aproximación general— en qué medida la privatización del derecho a la seguridad social en nuestro ordenamiento jurídico habría supuesto o no la desnaturalización del contenido de este derecho. Para tal propósito, centraremos nuestro análisis en la prestación social referida a pensiones. En tal sentido, la justificación de este artículo no es otra que la de poder contribuir, desde la perspectiva de los derechos humanos, al análisis de este derecho, así como a la reflexión acerca de las dificultades que este afronta para lograr su plena efectividad. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto estudiar especialmente la relación de causalidad de la responsabilidad por daño ambiental tanto desde un punto de vista doctrinal como jurisprudencial. En un primer término, se pretende desentrañar este elemento a partir de lo señalado por las distintas teorías aplicables a los sistemas de responsabilidad, las cuales han construido diversos criterios a efectos de poder tenerla por acreditada, así como dar a conocer las particularidades que presenta el nexo causal en las acciones de reparación por daño ambiental y su consagración a nivel normativo en la legislación ambiental chilena. En segundo término, se pretende abordar y contestar la pregunta de cómo los nuevos tribunales ambientales han entendido la relación causal, luego de haber analizado exhaustivamente las sentencias en qué ha existido un pronunciamiento directo sobre ella.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

In this article, the author analyses the tort not only from a private view, but also from a public function as part of the legalpolitical- economic structure of a State. Likewise, he analyses the significance of the liability rule and how this social-democratic way of organizing law and entitlements fixes the size of the liability;however, it is an inaccurate description of what occurs in the world, as in the case of eminent domain. Therefore, he claims a more significant economic role for the liability rule. / En el presente artículo, el autor analiza la responsabilidad extracontractual no solo desde una visión privada, sino también desde una función pública como parte de la estructura legal-política-económica de un Estado. Asimismo, analiza el significado de la regla de responsabilidad y de cómo esta manera social-demócrata de organizar el derecho y las titularidades fijan el tamaño de la responsabilidad; sin embargo, esta es una descripción inexacta de lo que ocurre en el mundo como en el caso de las expropiaciones. Por ello, afirma un papel económico más significativode la regla de responsabilidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Constituye un hecho de la causa, por estos días, la constante tensión que se gatilla entre la Ley y la Potestad Reglamentaria Presidencial, en especial, con aquella cuyo objeto radica, precisamente, en dar ejecución a las normas legales emanadas del Poder Legislativo. Lo anterior lo estimamos así atendida la cantidad de requerimientos parlamentarios deducidos en contra de aquellos decretos supremos cuyo objeto estriba en aplicar las leyes. De una parte, la cuestión radicará en las diferencias sustantivas que puedan llegar a advertirse entre aquello que contiene una norma legal y lo que, luego, procede a “ejecutar” el Presidente de la República, toda vez que la probabilidad de que este último se exceda de su facultad constitucional de ejecutar o pormenorizar la Ley (esto es, que agregue cuestiones sustantivas que vayan más allá del contenido normativo del precepto legal que se intenta ejecutar) es una cuestión siempre latente. De consiguiente, ahí será cuando deba operar el control preventivo del Tribunal Constitucional, a efectos de velar porque la actuación reglamentaria del Presidente de la República observe lo sustancial de la norma legal que pretende desarrollar, resguardándose, de ese modo también, la preeminencia del ordenamiento constitucional. De otra parte, la determinación precisa y rigurosa de los deslindes que deban existir entre las materias que recaigan en la reserva legal y la potestad reglamentaria presidencial, respectivamente, será, también, un asunto a resolver por los pronunciamientos de la Magistratura Constitucional, los que, como se verá, constituirán el eje central de este trabajo. Siendo así, en las líneas que siguen nos proponemos, primero, referirnos a algunas de las consideraciones positivas y doctrinarias existentes respecto a este Conflicto Constitucional para, luego, entrar a desmenuzar la manera en que la Jurisdicción Constitucional ha enfrentado esta controversia en varios de sus pronunciamientos recientes

El presente artículo tiene como objetivo elaborar una propuesta de interpretación del delito de agresiones en contra de las mujeres acorde con la perspectiva de género. En este sentido, se realizará una breve descripción del delito de agresiones. Asimismo, se busca explicar el concepto de violencia contra las mujeres y su diferencia con el concepto de violencia contra integrantes del grupo familiar, en qué consiste la perspectiva de género, su reconocimiento jurídico y su relación con los principios de buen gobierno. Para finalmente realizar un análisis a la propuesta del “círculo de la violencia”, buscando responder a la pregunta de si es acorde a la perspectiva de género. Concluyendo con aportar una interpretación del delito de agresiones desde una perspectiva de género, teniendo como elementos base al elemento por su condición de tal y el elemento contexto. / The purpose of this article is to develop a proposal for the interpretation of the crime of assaults against women in accordance with the gender perspective. In this sense, a brief description of the crime of aggression will be made. It also seeks to explain the concept of violence against women and its difference with the concept of violence against members of the family group, what the gender perspective consists of, its legal recognition and its relationship with the principles of good governance. Finally, an analysis is made of the "circle of violence" proposal, seeking to answer the question of whether it is in line with the gender perspective. Concluding with an interpretation of the crime of aggressions from a gender perspective, having as base elements the element by its condition as such and the context element. / Trabajo académico

La teoría del servicio público ha servido como sustento para la intervención del Estado en la actividad económica, respecto del cual no se ha tenido una definición unívoca sino que se ha presentado a través de la historia distintas nociones. Frente a dicha situación, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se presenta como una fuente jurídica que permite abordar la teoría del servicio público de una manera sistemática y de aplicación concreta a la realidad peruana. El objetivo de la tesis es determinar y analizar la construcción propuesta de la noción de servicio público realizada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al rol del Estado y el contexto económico de nuestro país. Por ello, la hipótesis de trabajo es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha moldeado un nuevo concepto de servicio público, dejando atrás la noción clásica o tradicional. Noción que se encuentra más acorde a nuestro ordenamiento jurídico como resultado de un proceso de liberalización de la economía y el nuevo rol del Estado. Para ello se realiza el desarrollo histórico de la noción de servicio público para determinar sus fines y objetivos dentro de un contexto determinado. Se estudia el régimen jurídico de la Comunidad Europea respecto de los servicios de interés general y cómo es que éste plantea nuevos objetivos y características para la noción de servicio público. Y se realiza un estudio sistemático de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para definir los alcances y características del concepto de servicio público y sus implicancias en el contexto socio económico peruano. Como resultado de ello se ha permitido encontrar un concepto de servicio público objetivo y de corte económico que excluye a la titularidad del Estado como característica principal, así como también se proponen nuevos supuestos para determinar qué actividades pueden ser catalogadas como servicio público.

En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo utilizar los principios de la buena Administración como son la Corrección, transparencia y eficacia, en el proceso de asignación de cargos de los oficiales de la Policía Nacional del Perú, desde un enfoque de buena administración la cual va a legitimar el trabajo de la Policía Nacional del Perú, ya que se va utilizar procesos técnicos claramente definidos en los diferentes instrumentos técnicos de gestión administrativa contemplados en la ley, no dando espacio a la discrecionalidad ya que mal utilizada por la administración policial puede convertirse en arbitrariedad. En ese sentido, se ha propuesto en el presente trabajo un conjunto de instrumentos técnicos que pueden utilizar el proceso de asignación de cargos de Oficiales de la PNP, bajo el principio de objetividad como son el Manual de perfil de puestos el cual debe contener (formación académica, conocimiento y experiencia laboral), elaboración de una directiva única para el proceso de asignación de cargos que genere predictibilidad en los Oficiales de la PNP, elaborar las resoluciones de asignación de cargos motivada en derecho, fortalecer la especialidad funcional, realizar una adecuada evaluación anual de idoneidad en el desempeño del cargo y el desempeño personal. Asimismo en el presente trabajo de investigación se utilizó el método deductivo, partiendo desde las premisas generales para llegar a las particulares. Finalmente se concluye que al establecer estos procesos técnicos bajo un enfoque de los principios de buena administración en los Procesos de Asignación de Cargos de Oficiales de la PNP, se le impone a la administración policial el deber de actuar de manera imparcial y conforme a Ley e imponiéndole de manera positiva la obligación de orientar el ejercicio de la discrecionalidad y obtener decisiones de calidad que garanticen el interés general y legitimen a la institución policial.

Este trabajo busca reflexionar respecto al rol que ocupa el principio de buena administración en el ejercicio del control gubernamental, el Sistema Nacional de Control y la Contraloría General. Como dicho principio se encuentra presente en el desarrollo de la función de control, entendido su ejercicio en el marco de la interpretación de los artículos 39 y 82 de la Constitución Política del Perú. De tal manera que se pueda entender el papel que cumple en el adecuado funcionamiento de la administración pública bajo parámetros de legalidad y resultados en la gestión, a través de la supervisión que la Contraloría General de la República hace de los actos de las entidades públicas. Permitiendo el desarrollo del contenido del principio de buena administración y la conexión con sus subprincipios. A la vez esta función de supervisión consolida el cumplimiento de los fines que la buena administración propugna en el desarrollo de la actividad estatal, los cuales no son otros que la consolidación de un Estado social y democrático de Derecho, que no es otra cosa que el bienestar general.