La gestión de políticas públicas requiere muchas veces que Ministerios y Servicios Públicos deban coordinarse para entregar una respuesta eficiente y coherente a problemas complejos y multidimensionales. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: duplicidad de funciones, incoherencia de acciones e irracionalidad en el uso de recursos. En seguridad ciudadana la situación no es muy distinta, y desde el 2006 al 2011 se discutió en el Congreso una propuesta que introduce cambios al marco institucional vigente. Para analizar esta propuesta, esta investigación comenzó desarrollando a nivel teórico una sistematización e integración de la discusión teórica formulada desde distintas disciplinas respecto de la coordinación, definiérndola como una práctica circunscrita a un marco institucional, organizacional e individual; y de la cual se propone la caracterización de al menos 16 fallas, agrupadas en dos vertientes: cuando existen problemas en sus marcos referenciales o bien cuando estos son insuficientemente compartidos. Un segundo elemento a destacar, es que este estudio aprovechó la contingencia de la discusión de la ley y la relevancia de la seguridad pública para construir un análisis durante el proceso mismo, profundizando en los problemas de coordinación del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública desde la perspectiva de su marco institucional. Para ello, se utilizó un enfoque analítico crítico y una metodología de investigación cualitativa, con la cual se analizó la discusión legislativa desde la perspectiva de las fallas de coordinación y se entrevistó a parlamentarios y expertos protagonistas del debate. A partir de estos insumos, utilizando el análisis genealógico de las diversas propuestas de marco institucional y su redefinición, se fueron discutiendo y caracterizando los nuevos problemas de coordinación que surgían de cada rediseño. El análisis develó que la nueva institucionalidad en materia de seguridad pública resolvió algunas fallas pero también puede hacer surgir nuevas trabas. Los principales avances se lograron a partir de la creación de una norma exclusiva; se explicitaron roles y funciones; se institucionalizó la coordinación y un propósito estratégico, la Política Nacional de Seguridad Pública; y se incorporaron mecanismos de “governance” para cumplirla mediante el Consejo Nacional, los Consejos Regionales de Seguridad y las dos Subsecretarías (de Interior y Prevención del Delito). También se incorporó la autorización de planes y programas como un mecanismo para concretar la coordinación; sin embargo su gestión queda poco clara y puede originar nuevas trabas burocráticas que dificulten su concreción. Otras dificultades también pueden surgir con la delimitación de problemas complejos y multidimensionales, producto de la agencialización de las drogas y el alcohol en el nuevo Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; o bien en el ámbito de la seguridad donde convive la prevención, el control, la sanción y la rehabilitación, porque participan múltiples servicios y entidades públicas y privadas. También se evidenciaron fallas propias de la seguridad pública, producto de las diferencias de culturas entre el mundo uniformado con el civil y el político. Todo lo cual permite afirmar que mejorar la coordinación, es un proceso que sin duda requiere introducir mejoras en sus tres marcos referenciales (institucional, organizacional y personal), de modo de avanzar desde la coordinación a la concertación. En este sentido, el principal desafío para el nuevo Ministerio, es lograr darle sentido a la acción de los sujetos para que implementen esta nueva institucionalidad, dada la envergadura del cambio y la complejidad de la coordinación entre actores en el ámbito de la seguridad pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La sociedad avanza a un ritmo vertiginoso, la moral y las buenas costumbres son conceptos que sólo encuentran determinado contenido en relación a una época, y las normas legales no pueden hacer más que adaptarse a los cambios. Las drogas, han formado parte de diversas culturas a lo largo de la historia, y la relación que el ser humano ha establecido con ellas ha mutado de un tiempo a otro. Desde hace ya casi medio siglo que a nivel mundial se ha impuesto sin contrapesos una política de drogas de orden criminal, represiva y muy costosa, que ha venido a romper con toda posibilidad de acercamiento a determinadas sustancias, denominadas sicotrópicas o estupefacientes. Esta política se ha denominado “Guerra contra las drogas”. Lo cierto, es que hoy por hoy, no ha disminuido la cantidad de drogas, ni su consumo ni su distribución, y que se ha gastado una cantidad abismante de recursos sin ver cumplidos los objetivos propuestos. Se vuelve imperioso desarrollar políticas públicas efectivas y eficientes, con medidores de impacto reales que demuestren los avances de modo concreto, orientándose al desarrollo de individuos por sobre su criminalización. Esta memoria es un pequeño aporte en ese sentido.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención derecho penal) / El presente proyecto de Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET), versa sobre la elaboración detallada y experiencial de un modelo de persecución del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, acotado a la oferta mercantil de la misma, y a partir de la comercialización de pequeñas cantidades de aquella, como una propuesta en sentido ascendente hacia la gran criminalidad asociada a las drogas. Al dirigirse, como destinatarios preferenciales los sujetos procesales e intervinientes de nuestra Sistema Procesal Reformado, pretende ofrecer, para el posterior estudio crítico y mejor desarrollo, una plataforma versátil a futuras investigaciones especializadas y relacionadas en las Fiscalías Territoriales, adaptable a las realidades de cada zona geográfica a implementar. Asimismo, se circunscribe a la necesidad de identificar y ejecutar una Política Criminal Integrada de persecución del fenómeno, en concordancia con las actuales tendencias regionales comparadas. En particular, se basa en el examen de la experiencia práctica del autor, en la labor desempeñada como Fiscal Adjunto de dedicación exclusiva a la 7 persecución de delitos enmarcados en la ley 20.000, en las comunas de Maipú y Cerrillos de la ciudad de Santiago, Región Metropolitana de Chile, durante la vigencia de la Reforma Procesal Penal, entre los años 2009 y 2010

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A partir del análisis de elementos que dan forma al Sistema de Control Penal se intenta señalar como este se configura y se articula en la realidad de una sociedad. Con el trabajo anterior, y tomando en cuenta la reflexión de la criminología, se realiza una consideración critica del rumbo a que actualmente tienden los Sistemas de Control Penal. Las anteriores consideraciones criticas se estudian en dos casos concretos de reciente aparición en la sociedad chilena. Una es la organización de grupos de vecinos para enfrentar la delincuencia y otra es la propuesta para la construcción de un mayor numero de cárceles con participación de la empresa privada. Se realiza un estudio critico de ambas propuestas. Finalmente se elaboran conclusiones generales a partir del estudio teórico del control penal y del análisis concreto de las dos propuestas antes señaladas, buscando e interpretando el significado de estas emergentes formas de configuración y articulación del sistema de control penal en Chile

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto del presente trabajo consiste en determinar la naturaleza jurídica del control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, en otras palabras, comprender cuál es la finalidad que cumple dicha institución en el ordenamiento jurídico. Para ello, realizamos un estudio pormenorizado de las modificaciones legales que ha presentado la normativa y los motivos del legislador para realizar dichos cambios en tan poco tiempo. En segundo lugar, para la mejor comprensión de la institución, recurriremos a los conceptos elaborados por la doctrina, haciendo una revisión general de los aspectos del procedimiento del control de identidad, desde sus supuestos habilitantes hasta el término del procedimiento. Enseguida, para lograr nuestro objetivo y acercarnos a las posibles finalidades de la norma, analizaremos las opiniones de la doctrina, la legislación comparada y la jurisprudencia. De lo anterior, advertiremos tres distintas finalidades de la figura: cautelar, investigativa o preventiva. Para determinar cuál de las finalidades descritas es preponderante en la norma, realizaremos un estudio detallado de la figura, contrastándola con su ubicación dentro del Código Procesal Penal, cada uno de los supuestos que autorizan a solicitar la identificación del sujeto, las medidas que faculta la institución, como el registro, cotejo de órdenes de detención pendiente; y las reformas efectuadas por la ley. Esto nos permitirá comprender a cabalidad el sentido y alcance de la figura. Por último, analizaremos las ideas centrales del proyecto de ley del año 2003 que establecía un nuevo control de identidad de carácter preventivo. Finalizando con el estudio y críticas de las reformas efectuadas por la ley 20.931 al artículo 85 Código Procesal Penal y la implementación de una nueva figura, denominada “control de identidad preventivo”.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)