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“La consulta previa y la actividad minera en el Perú”Cuba Benites, Alfredo Alejandro de la 12 February 2018 (has links)
Si bien actualmente se encuentran vigentes la Ley y el Reglamento del derecho a la
consulta previa a los pueblos indígenas u originarios (abril – 2012), normas que tienen
como sustento el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
ratificado por el Perú (febrero - 1995), éstas no fueron promulgadas oportunamente ni
establecieron cómo deberá proceder el Estado – a través de la entidad competente -
con relación a las actividades mineras autorizadas durante el período comprendido
entre la ratificación del referido Convenio y la aprobación de ambas normas (1995 –
2012). En ese sentido, este documento analiza el marco normativo aplicable y propone
un procedimiento para permitir a la entidad competente verificar que se cumplió con
proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios a pesar de no
haberse realizado el procedimiento de consulta previa.
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Implementación del proceso de consulta previa para los contratos de licencia de hidrocarburos firmados después de la entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT en el ordenamiento jurídico peruano y antes de la promulgación de la legislación nacional sobre consulta previa en el PerúSáenz Delgado, Alfredo David 10 May 2021 (has links)
El presente trabajo aborda la problemática existente en el Perú que surgió a partir de febrero de
1995, en que el Convenio N° 169 se incorporó a su legislación. Ello, por cuanto numerosos
proyectos hidrocarburíferos fueron adjudicados desde dicha fecha hasta mediados de 2011, en que
el Estado peruano promulgó la primera norma relacionada con la implementación del derecho a la
consulta previa, habiendo transcurrido un extenso periodo de dieciséis (16) años, al que hemos
denominado “gris”, dentro del cual, la aplicación de la consulta previa en dichos proyectos
permaneció en un estado de incertidumbre. Así, para resolver dicha incertidumbre, armonizando
el derecho a la consulta con la seguridad jurídica de la que gozan los proyectos adjudicados en el
“periodo gris”, hemos partido del estudio de los fundamentos conceptuales y antecedentes
históricos relevantes del Derecho a la Consulta Previa y de la manera en que éste se insertó en el
ordenamiento peruano, en el marco de una economía de mercado, sustentada en los enormes
réditos de la industria extractiva. Asimismo, elaboramos los criterios para evaluar el cumplimiento
del Convenio 169 en el “periodo gris” y de qué forma se debe entender el principio de flexibilidad.
Para ello, hemos efectuado un estudio exhaustivo de la jurisprudencia nacional, doctrina
doméstica, la legislación peruana y la jurisprudencia internacional, que nos permitió entender la
insuficiencia de desarrollo a nivel local y, por tanto, la necesidad de acudir a los criterios de
jurisprudencia internacional para desarrollar la propuesta de adecuación que presentamos, respecto
de las actividades efectuadas en el “periodo gris”. En ese sentido, formulamos un procedimiento
riguroso, en virtud del cual se podrá identificar qué proyectos se encuentran afectados por la
incertidumbre del “periodo gris”, y así proceder con la validación y adecuación de los mismos bajo
el Convenio 169.
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