Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En los últimos años, y producto de las exigencias que la modernidad ha impuesto a las empresas, se ha extendido en el ámbito empresarial el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Buena parte del proceso modernizador pasa necesariamente por el empleo generalizado de todos aquellos medios y avances tecnológicos a los que se va teniendo acceso. La necesidad de implementar sistemas y medios de trabajo que redunden en una mayor productividad y en una mejora de la eficiencia, ha venido a masificar dentro de las empresas el uso de herramientas de carácter tecnológico, cuyo máximo exponente es Internet y, dentro de ésta, el Correo Electrónico. Dichas herramientas vienen a hacerse necesarias dada la globalización de los mercados, pues ellas ofrecen indudables ventajas, principalmente en lo que dice relación con el acceso a todo tipo de información y en la celeridad de las operaciones. De tal modo, el uso de las nuevas tecnologías en el seno de la empresa exige una nueva mirada, tanto por el uso que el trabajador da a esas herramientas como por el control que sobre ellas puede ejercer el empleador en su calidad de titular de las mismas. Así, por ejemplo, la posibilidad de que el empresario controle el correo electrónico utilizado por sus trabajadores, ha propulsado el debate sobre una cuestión en la que entran en juego diversos derechos constitucionalmente consagrados. Lo anterior, pues es grande la posibilidad de que se genere un conflicto entre el poder de dirección empresarial y su derecho de propiedad sobre las herramientas tecnológicas utilizadas en su empresa, y el ejercicio de los derechos fundamentales de sus trabajadores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo daremos a conocer este tipo de sociedades que sirven de instrumento y consagración al principio pluralista, las cuales ocupan un lugar estratégico en las sociedades evolucionadas y modernas. Una vez adentrados en el concepto y reconocimiento de estas organizaciones analizaremos si el derecho a la propagación de una ideología puede, o debe, prevalecer por sobre ciertos derechos fundamentales del ser humano que presta sus servicios a dicha entidad. Asimismo, desarrollaremos ciertos criterios que hemos denominado como “útiles” para los efectos de solucionar las eventuales colisiones entre los derechos del trabajador y los de la empresa, algunos ya en práctica otros propuestos. Igualmente, analizaremos algunas sentencias dictadas tanto en el extranjero como en nuestro país, previniendo desde ya que dicho análisis se efectuó bajo la conciencia del escaso conocimiento y estudio de las empresas ideológicas en nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, las conclusiones que alcanzaremos en este trabajo, independiente de la vertiente que adopten, se sostienen en el inevitable conflicto que surge de la tutela por el ordenamiento jurídico a valores y derechos plasmados en los cuerpos normativos nacionales e internacionales de alto reconocimiento. En fin, esta disyuntiva se presenta en toda sociedad que reconoce el pluralismo, independiente de si encuentra una regulación expresa o no en su normativa interna. Por este motivo, es que consideramos de gran importancia indagar en este tema y buscar si tiene efectivamente asidero legal en nuestro país, o por el contrario, si debe aplicarse criterios ya existentes y adaptarlos a una realidad aún no regulada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Tradicionalmente la quiebra ha sido tratada fundamentalmente desde la óptica de la economía y su estudio se ha anexado al Derecho Comercial, dejando en segundo plano los efectos sociales vinculados a la misma. De estos efectos sociales, esencial resulta el estudio del impacto que sufren los trabajadores que son desvinculados por la quiebra de su empleador, considerando que hasta el año 2014, anualmente en promedio quebraban 155 empresas, promediando a su vez 21 trabajadores con contrato vigente al momento de la incautación.1 Así, por años se clamó para que el legislador se pronunciara sobre el reconocimiento y defensa de los derechos laborales afectados por la quiebra de los empresarios, tarea que fue dejada en manos de la doctrina y jurisprudencia, hasta que en el año 2014 se publicó la Ley N° 20.720 que establece una nueva regulación concursal, junto a la cual se introducen varias modificaciones a las normas laborales y de seguridad social. En esta obra se exponen y analizan críticamente estos cambios hechos en materia laboral y de seguridad social vinculados a la insolvencia del empleador, revisando la legislación, trabajos existentes sobre el tema, además de la jurisprudencia que nos ofrecen los tribunales de justicia y la Dirección del Trabajo y otros antecedentes pertinentes, como los emanados de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Las mejoras laborales que introduce la Ley N° 20.720 al ordenamiento son varias y corrigen de manera significativa los múltiples problemas que afectaban a los trabajadores. Aun así, quedan temas pendientes en que el Derecho Laboral y el ordenamiento en general deben avanzar para proteger a los trabajadores ante las crisis económicas de las empresas.