Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales / El presente trabajo busca responder a la interrogante respecto a si existe en nuestro ordenamiento jurídico una protección integral a los derechos de la infancia. Lo anterior será desarrollado efectuando una investigación de carácter temporal en donde se analizará cómo las ideas de protección a los derechos de la infancia fueron tomando forma en nuestro ordenamiento jurídico, partiendo desde una prácticamente nula protección. Siguiendo a lo anterior, se analizarán ciertos cuerpos legales entrados en vigencia con posterioridad a la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño para demostrar la influencia de ésta en nuestra legislación. Finalmente, se revisará la labor que el Consejo de la Infancia ha realizado, analizando los proyectos de ley presentados al Congreso Nacional. Todo esto con la finalidad de determinar si finalmente es posible lograr una protección integral a los derechos de la infancia.

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas / La posibilidad de injerencia de las Organizaciones Internacionales (OI) en la toma de decisiones es importante porque define su capacidad para responder a los problemas sociales urgentes (Sommerer & Tallberg, 2016). Por consiguiente, pueden ser un complemento de los paradigmas nacionales prevalecientes, siendo una expresión de las políticas de desnacionalización (Zürn, 2004). Chile ha firmado y ratificado varios acuerdos internacionales, siendo entre de los más destacados en materia de infancia, la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Aunque ha habido importantes avances en el Estado, todavía persisten desigualdades significativas que afectan a niños, niñas y adolescentes, siendo Chile uno de los países más desiguales de la OCDE (UNICEF, 2017, pág. 2). La pobreza se ha reducido más de la mitad, pero es mayor en la niñez (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Las estadísticas para los niños y adolescentes muestran importantes brechas en el cumplimiento de la CDN. El objetivo de este estudio es analizar y describir el desarrollo de la influencia en el proceso de toma de decisiones y de políticas de la reforma a la niñez del programa de gobierno de Michelle Bachelet. Como marco analítico, se usó una combinación de los modelos de influencia de políticas postulados por Start y Hovland (2004) y Jones (2011) para comprender, identificar, determinar y describir cómo las OI intervinieron, aconsejaron, defendieron e hicieron lobby para que los cambios a la reforma se realizaran apoyando a que el Estado garantizara igualdad de oportunidades para que "ningún niño se quede atrás". Se utilizó la metodología cualitativa; específicamente entrevistas semi-estructuradas y análisis de contenido de documentos institucionales y discusiones parlamentarias, lo que permitió profundizar el análisis del papel de las organizaciones. El análisis de los resultados establece que hubo cinco organizaciones internacionales involucradas en el proceso de la toma de decisiones de la reforma. La evidencia muestra que su papel principal fue promover la integración de los derechos del niño en el plan nacional de la niñez 2015-2025 y apoyar a los diversos sectores en la definición de sus metas y prioridades para la agenda de los derechos del niño para los próximos 10 años. Todas las OI involucradas identificaron que el problema principal que obstaculizaba el óptimo desempeño del Estado en la disminución de todas las formas de desigualdad entre los niños era el marco institucional. Hubo consenso sobre la ausencia y la necesidad de mejorar esta institucionalidad, la cual también se evaluó que se corrigió parcialmente con la creación de la Subsecretaría de la Infancia y del Defensor de la Niñez, quedando pendiente el desafío principal de garantizar los derechos de la CDN mediante una ley específica de garantías, no aprobada en el Congreso. En general, la mayoría de las OI involucradas lograron algún tipo de influencia en los tomadores de decisiones, en particular en los procesos de discusión parlamentaria en el Congreso que buscaban regular la situación de los niños y adolescentes, lo que resultó en la reforma de las políticas hacia la niñez. A pesar de los desafíos pendientes, la experiencia chilena puede aportar lecciones útiles para otros países sobre cómo mejorar sistemáticamente a través de, por ejemplo, el uso marcadores estratégicos de evaluación nacionales e internacionales, un compromiso con mejoras incrementales centradas en la calidad y un mayor compromiso tanto los sectores públicos como privados. / The decision-making capacity of International Organizations (IOs) matters because it defines their ability to respond to urgent societal problems (Sommerer & Tallberg, 2016) thus they can be a complement to national prevailing paradigms, being an expression of denationalization policies (Zürn, 2004). Chile has signed and ratified several international agreements; one such notable one being the Convention of the Rights of the Chile (CRC) and although major advances within the State have been recognized, significant inequalities persist, rendering the State the most unequal country in the OECD (UNICEF, 2017 p. 2). Despite the reduction, extreme poverty continues to be greater amongst children (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). The statistics for children and adolescents reflect important gaps in compliance with the CRC where inequality is more evident within this group. The consequences of poverty and inequality on children are devastating and efforts to combat them still remain insufficient. The objective is to analyze and describe the development of influence in the decision and policy-making process of the Child Reform under the Michelle Bachelet s government program. As an analytical framework, a combination of the policy influence models postulated by Start and Hovland (2004) and Jones (2011) was used to understand, identify, determine and describe how the IOs involved, advised, advocated and lobbied for the changes to be made to the reform in order to assist the State with ensuring that no child is left behind . Additionally, the qualitative methodology was utilized; specifically semi-structured interviews and content analysis of institutional documents and parliamentary discussions, which allowed for deepening the analysis of the organizations role. The analysis of the results indicate that there were 5 international organizations involved in the decision-making process of the reform. Evidence shows that their role has been to promote the integration of child rights into the plan and to support the various sectors in defining their goals and priorities for the child rights agenda for the next 10 years. All the IOs involved had identified that the main issue with Chile achieving optimal performance status for minimizing all forms of inequality amongst children, has been deep-rooted in the institutional framework. In addition, there was a general agreement on the absence and need for, which was partially corrected with the creation of the Undersecretary for Children, the absence of an Ombudsman that was achieved and a Guarantee Law that was not achieved. Overall, the majority of the IOs involved, have had some form of influence on decision-makers and the Government submitted several bills to Congress which seek to regulate the situation of children and adolescents- which resulted in the Child Reform. Despite the challenges, Chile s experience can provide useful lessons for other countries on how to improve systematically through, for example, the strategic use of national and international assessment markers, a commitment to quality-focused incremental improvements and greater engagement with both the public and private sectors. / Fondecyt "Cambio en las políticas hacia la infancia y adolescencia en Chile, análisis de los marcos interpretativos de instituciones y actores relacionados", a desarrollar en el periodo 2017-2018

Magíster en gestión cultural / El presente documento establece el cruce entre Gestión Cultural y Diseño, identificando cuáles son los posibles recursos y/o herramientas transferibles entre si, favoreciendo la manera de estructurar, desarrollar y presentar proyectos culturales. Así se comenzó una investigación a modo de Tesis, indagando en tres ámbitos disciplinares: Gestión Cultural, Diseño y Comunicación. Sin embargo, mientras se desarrollaba este estudio, surgió un proyecto solicitado por el Instituto de Derechos Humanos (INDH) “Continuidad Misión Sename: Promoción, Defensa y Prevención de los Derechos de los Niños”. Nace a raíz de los resultados de las dos comisiones investigadoras realizadas por Sename entre el 2014 y 2016, y tras el Informe Misión Sename del 2017, que arrojaron impactantes casos y cifras de numerosas vulneraciones a los Derechos de los niños que se encuentran en sus Centros de Protección. El objetivo de este encargo, fue la transmisión de los Derechos de los niños en un lenguaje comprensible para ellos, con el fin que puedan ejercer y exigir su respeto y satisfacción, dentro y fuera de los Centros de Protección. A lo largo del desarrollo de este proyecto, se vio plasmada la investigación ya iniciada en formato de tesis y cuando se concluyó el proyecto, se pusieron en evidencia los cuestionamientos referidos a los posibles puntos de encuentro entre la Gestión Cultural y Diseño. Así, incorporando ciertas herramientas propias del Diseño como: las formas de análisis de usuario; la metodología del Design Thinking; la elaboración de mapas conceptuales; la posibilidad de generar constantemente prototipos y testearlos; entre otros, se vieron fortalecidas las múltiples labores de la gestión cultural. De este modo, el presente documento constituye una Actividad de Formación Equivalente (AFE), donde se presenta la génesis, desarrollo y aprendizajes derivados del proyecto realizado para Instituto de Derechos Humanos y encabezado por la gestora cultura que suscribe. Igualmente, se expone parte del trabajo inicial de investigación realizado en formato inicial de tesis, el que se incorpora más profundamente, en el capítulo de desarrollo y palabras finales. El proyecto encargado implicó un trabajo interdisciplinario de profesionales de los ámbitos de la psicología, jurídico-legal, diseño, ilustración y letras, regidos bajo las convenciones internacionales de Derechos Humanos y del Niño, además de los lineamientos técnicos de Sename, y tuvo una duración de 11 meses, desde mayo de 2017 a marzo de 2018.

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en 1990, Chile ha promulgado diversas normas orientadas a su cumplimiento progresivo (UNICEF, 2015a). Entre estas se encuentra la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025 y el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025 que conciben a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Como parte de las áreas estratégicas de la política se considera como orientación prioritaria lo plasmado en el artículo 31 de la CDN Niños, Niñas y Adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, juego y participar de actividades artísticas y culturales (Consejo Nacional de la Infancia, 2015a). El Comité del Niño alerta sobre el escaso reconocimiento que los Estados otorgan a este derecho, traduciéndose en ausencia de inversiones, legislación protectora débil e invisibilidad de los niños en la planificación nivel nacional y local(UNICEF, 2015b). El objetivo de este estudio es analizar la oferta programática que implementa Chile para el cumplimiento del derecho a la recreación en NNA y cómo desde este enfoque contribuye al cumplimiento de las líneas del Plan de acción Nacional 2018-2025. Este análisis se realiza bajo el enfoque de derechos en las políticas de infancia, utilizando metodología cuantitativa, de tipo descriptiva y exploratoria. Se analiza la totalidad de programas de la base de programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, vigentes hasta 2017 respecto al ámbito de estudio. Los resultados muestran que, desde el diseño de objetivos, los programas se relacionan con el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025. Sin embargo, éstos conciben el derecho a la recreación como un medio para solucionar problemas emergentes y no como un fin en sí mismo, es decir, el derecho a la recreación aún no es prioridad en los programas/políticas. Acorde a la información que se tiene, los programas no muestran definición exacta de los rangos etarios, éstos son muy variables, se evidencia una oferta programática limitada para los NNA entre 0-5 años de edad, aun siendo la primera infancia esencial en el desarrollo de los NNA. La periodicidad de las actividades realizadas por los programas es muy esporádica, y no tienen en cuenta la opinión de los NNA para su formulación. El 47% de los programas se implementaron en las quince regiones del país, sin embargo, sólo el 12% cubrió cerca del total de comunas. La cobertura por programa respecto a la población potencial es muy mínima, ésta oscila entre 1%-21%, sin embargo, respecto a la población objetivo, la cobertura efectiva es alta, en su mayoría mayor a 100%, ello se debe a factores como: eventos al aire libre (que no está en función de cupos y de los cuales no llevan registro, sólo existe una estimación de participantes por m2), estimación inicial de participantes se fue a la baja lo que explica que los programas estan instrumentalizados en función de las metas asociadas a la institución que tienen que ver con el bolsillo. El presupuesto por programa muestra orientación hacia el desarrollo de alto rendimiento, pues se refleja mayor presupuesto al programa que tiene la menor cantidad de beneficiarios. A 28 años de la ratificación de la CDN, los programas y políticas chilenas no llevan a la práctica en su totalidad el enfoque de derecho en los NNA ni conciben a todos los derechos por igual, normalmente priorizan el derecho a la salud y educación. / Fondecyt N° 11160330 "Cambio en las políticas hacia la infancia y adolescencia en Chile. Análisis de los marcos interpretativos de instituciones y actores relacionados"

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / ¿Cuáles son los principales elementos de gestión y regulación necesarios para la generación de valor público en el modelo de provisión de servicios de protección especializada de la niñez con participación de la sociedad civil? El presente estudio se enmarca en las investigaciones sobre modelos de provisión de servicios y colaboración público privada en políticas de niñez y adolescencia, específicamente en el ámbito de la protección especializada de derechos. Su relevancia se asocia a la necesidad de indagar sobre formas de gestión y regulación de la oferta de servicios, de cara los procesos de reforma pendientes en el área. La metodología se basa en un análisis de contenido categorial de información obtenida de fuentes primarias (entrevistas semi - estructuradas a actores claves del Estado y organismos colaboradores) y 50 fuentes secundarias (documentación legislativa, técnica y revisión de legislación comparada). Los resultados de este análisis demuestran una propuesta de valor público centrada en el enfoque de derechos de la niñez, reflejada en la necesidad de nuevos procedimientos para la determinación de medidas de protección, siempre en el marco de un sistema de protección integral de derechos. También destacan nuevos principios de diseño, organización y cadenas de valor del Cuidado Alternativo Residencial y diversas intervenciones ambulatorias. Posteriormente, se identifican diversas problemáticas y riesgos para la participación de la sociedad civil. Entre los principales elementos encontrados destaca la existencia de diversos factores de índole exógena relacionados a la forma de derivación y gestión de los casos, la existencia de una serie de falencias en la gestión y organización de los proyectos y diversos problemas en el modelo de financiamiento que afectan la sostenibilidad y calidad de las prestaciones. Con base a lo anterior, se desarrolla un marco de propuestas de gestión y regulación que permitan mejorar las condiciones y capacidades de la sociedad civil en la provisión de estos servicios, a partir de procesos de organización y licitación pertinentes y con respuestas a diversas problemáticas y riesgos detectados en el desempeño.

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN GESTIÓN DE PERSONAS Y DINÁMICA ORGANIZACIONAL / Las problemáticas visualizadas a nivel nacional en el último año respecto al Servicio Nacional de Menores y el funcionamiento de programas de residencias y de intervención no es sólo una problemática respecto a la ejecución de las políticas públicas de infancia y adolescencia, sino que reviste diversas aristas que se conjugan en el cuestionamiento hacia el Servicio Nacional de Menores, sus programas de intervención y su accionar en función de la mejora de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. A partir de los procesos de modernización del Estado de Chile del año 2000, y la puesta en marcha del Plan y Política Nacional de Infancia 2000 – 2010, se implementaron programas de promoción y protección de derechos de infancia y adolescencia en diversas comunas de nuestro país. En este sentido, las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) son organizaciones sin fines de lucro dependientes del convenio entre Servicio Nacional de Menores y las Municipalidades respectivas, reguladas bajo la Ley.20.032 del año 2005, que establece los lineamientos para la implementación del sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME bajo el régimen de subvención (Servicio Nacional de Menores [SENAME], 2015). Las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) centran su funcionamiento en torno a dos componentes esenciales: Protección de Derechos y Gestión Comunitaria, estableciendo dentro de las bases técnicas y de convenio las plazas de atención de usuarios para las áreas de protección y de gestión. En relación al componente proteccional, éste se enfoca en la atención de niños, niñas y adolescentes y sus familias en contexto de baja complejidad1 en la vulneración de Derechos; y por otra parte, el componente de Gestión Comunitaria, tiene por realizar acciones de prevención de vulneración de derechos y promoción a nivel comunitario; y como objetivo transversal de ambos componentes, implementar un Sistema Local de Protección de Derechos y de vinculación con otros organismos del territorio en función de la promoción de Derechos (SENAME, 2015). El modelo OPD difiere de otros programas de la red SENAME respecto a la modalidad de atención al operar desde una mirada de oferta de servicios y demanda de usuarios, mediante el ingreso de casos por demanda espontánea y OIRS SENAME, y por otra parte, en convenio con el Tribunal de Familia respectivo, tiene la obligación de la realización de informes situacionales y controles sociales en el caso de vulneración de derechos, cuya demanda es variable y su incumplimiento es sancionado por la entidad judicial y el Servicio Nacional de Menores. Dentro de estas funciones con otros organismos judiciales, las OPD están encargadas de investigar vulneración de derechos en casos de connotación pública, como femicidios, homicidios y parricidios en el territorio correspondiente, dentro de 5 días hábiles, emitiendo un informe a las autoridades locales y a Dirección Regional de SENAME (SENAME, 2015). Desde un punto de vista organizacional, las Oficinas de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia se caracterizan por ejecutar un modelo de gestión de administración centrada en el establecimiento de objetivos mediante una matriz de trabajo anual, la cual establece las acciones pertinentes y su nivel porcentual de cumplimiento requerido para todos los objetivos del programa mediante indicadores cuantitativos de resultado, de producto y de procesos. (SENAME, 2015). Otro aspecto clave del modelo OPD es la flexibilidad laboral respecto al vínculo contractual de los profesionales con el Servicio, que se caracteriza por tener profesionales a tiempo completo y media jornada, así también puesto que al ser un convenio municipal, los profesionales de la OPD son funcionarios municipales a honorarios, cuyo contrato es de prestación de servicios al municipio correspondiente, dependiendo de éste el cumplimiento de derechos laborales de los profesionales. En este sentido, el contrato a plazo fijo y el sistema de contrata a honorarios tienen consecuencias desde el punto de vista individual a través del síndrome de burnout, afectando vida laboral del funcionario, puesto que éste queda sujeto a las demandas del mercado (Barría, 2001).

Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / En la presente tesis se analizarán comparativamente las instituciones encargadas de supervisar y controlar la ejecución de las penas privativas de libertad en el marco de los sistemas de responsabilidad penal adolescente de los ordenamientos jurídicos chileno e inglés, particularmente las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión reguladas en el Reglamento de la Ley 20.084 y la rama de la Inspectoría de Prisiones británica a cargo de las Young Offender Institutions. Su caracterización y comparación se hará a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, derechos de la infancia y derechos de los jóvenes privados de libertad con el objeto de determinar cuáles son los principios generales en la materia y cuáles son las obligaciones de cada Estado en el ámbito en cuestión. A través de este trabajo se pretende situar al modelo inglés como un referente en la materia e identificar las falencias en que pudieran incurrir las Comisiones a la hora de dar garantía a los derechos humanos de los jóvenes privados de libertad

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el principio de especialidad -contenido tanto en la legislación nacional como internacional- y su incidencia en la institución de la Internación Provisoria consagrada en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Para cumplir este objetivo, se analizará tanto el Principio de Especialidad como la Internación Provisoria en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como su regulación en Costa Rica y España, ya que es el propio Mensaje de la Ley el que señala que estas legislaciones fueron utilizadas como referentes al momento de enviar el Proyecto que establece un nuevo sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Realizado esto, se procederá a estudiar y verificar de qué manera el legislador cumple con el estándar internacional en materia de especialidad y en la regulación de la medida cautelar. Para finalizar, se analizará de qué forma los jueces chilenos recogen este principio en la regulación de la medida cautelar