Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente ensayo se efectuará un análisis sobre el informe favorable del Servicio Nacional de Menores que requiere el artículo 55 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para que el juez pueda ejercer la facultad de remitir el saldo de la sanción penal. Específicamente nos centraremos en la sanción de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, regulada en el artículo 17 de la misma ley. Dada su vaga regulación legal y reglamentaria, efectuaremos una construcción normativa respecto a las materias que el informe debe contener conforme a los principios de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los estándares internacionales y lo que ha señalado la doctrina, principalmente a través de entidades como Paz Ciudadana, Opción, entre otras. Luego pasaremos a contrastar dicho modelo de informe con aquellos presentados por el órgano administrativo en seis causas del 7° Juzgado de Garantía de Santiago entre los años 2017 y 2018, donde se concedió la remisión de la sanción. Todo lo anterior está motivado por un cuestionamiento sobre las materias que los informes abordan y sobre los problemas en la intervención penal que realiza el órgano encargado del cumplimiento, que estos informes pudiesen evidenciar; ello para efectos de contribuir a que el juzgamiento penal adolescente y la intervención penal se materialice conforme a principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo analizaremos el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, su reconocimiento en la legislación nacional y extranjera, y su aplicación por la jurisprudencia chilena e internacional. Para ello estudiaremos el desarrollo y reconocimiento de la infancia a nivel internacional, partiendo de la época previa a la Declaración de Ginebra, donde había una nula consideración de la misma, culminando con la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde analizamos tanto el contenido de este instrumento, sus artículos y principios rectores, como el cumplimiento del mismo. Y luego, realizamos un análisis del surgimiento y posterior desarrollo de las medidas de protección de la infancia en Chile. Después, estudiaremos el derecho de los NNA a vivir en familia, en lo que consiste la separación de estos de sus familias y las principales causas que la originan y las diferentes modalidades de cuidado alternativo que predominan. Realizamos una breve reseña de la recepción de este derecho por parte de la doctrina, para finalmente analizar críticamente cómo los Tribunales de Justicia chilenos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dado concreción a este derecho expresado en su definición, funciones, criterios de determinación y alcances al momento de fallar. Para la elaboración de esta investigación revisamos acabadamente un total de 35 sentencias dictadas por la Corte Suprema y las distintas Cortes de Apelaciones del país, y además, analizamos, a partir del estudio de 24 fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diversas sentencias relevantes de ésta y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde consagran, protegen y fomentan el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la vida familiar.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar la implementación de la Ley Nº21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales. Su rol en la prevención de la victimización secundaria en Chile y en el Derecho Comparado, y los conflictos de dicha implementación en relación al derecho de defensa del imputado. Para lograrlo, en un primer capítulo se contextualiza al lector respecto a las problemáticas previas que dan cuenta de la necesidad de crear un método de prevención de la victimización secundaria, mediante el análisis de lo que significa que los niños, niñas y adolescentes, sean “víctimas especialmente vulnerables de delito”. A continuación, se expone un catálogo de derechos de los cuales son titulares en función de la protección especial que les ha sido otorgada por diferentes estándares internacionales, ya sea por su calidad de víctima, como de niño, niña o adolescente. Ultimando con la descripción de algunas de las consideraciones relevantes respecto al testimonio del menor de edad, con énfasis en la teoría del hechizo y el proceso de develación. Con estas herramientas, en un segundo capítulo se describe la entrevista video-grabada como método de prevención de la victimización secundaria, exponiendo las diversas formas en las cuales se ha llevado a cabo su incorporación probatoria al Juicio Oral, en Chile y en el Derecho Comparado. Finalizando con el estudio del conflicto que surge a partir de su implementación debido a la colisión de derechos entre el niño, niña y adolescente víctima de delitos sexuales y el derecho de defensa del imputado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca dilucidar cuáles son los estándares que debiera cumplir un órgano como la Fiscalía según los principios establecidos en la Convención de Derechos del Niño y comparar dicho ideal con el caso chileno. Para ello se compone de una revisión de los principios del derecho penal juvenil que se desprenden de los principales instrumentos internacionales en la materia vigentes y los deberes que, por ende, corresponde exigir al Ministerio Público chileno en virtud de ellos, y una exposición de la forma en que se ha respondido a este deber de implantar un sistema penal juvenil coherente con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva del persecutor en Chile.

Tesis (magíster en derecho) Universidad de Chile, 2017. / El artículo 19 de la Ley 19.968, recoge la idea de que los niños, niñas y adolescentes actúen en los procesos debidamente representados en juicio por un curador ad litem, en todos los casos en que se hallen comprometidos intereses de un niño, niña o adolescente, y carezcan de representante legal o sus intereses sean contradictorios o independientes a los de sus representantes legales. La presente investigación, tiene por objeto delimitar las funciones y competencias del curador ad litem, más precisamente cual es su rol, analizando éste tanto desde el punto de vista teórico dogmático, como en una dimensión práctica. Desde el punto de vista teórico-dogmático, se hará un recorrido por sus antecedentes históricos, para luego entrar en el análisis de los principios que sustentan el derecho de los NNA a ser representados en los juicios de familia, teniendo como eje central la actual concepción del niño como sujeto de derechos. En otra esfera de la investigación, se realizará un análisis de campo, para conocer y determinar cual es el rol del curador ad litem en cuanto a su funcionamiento actual en la Justicia Familiar.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El cambio de paradigma respecto a la niñez a partir de la proclamación de la Convención Internacional Sobre Los Derechos Del Niño deja atrás la concepción de la infancia y la adolescencia como “objeto de protección”, constituyéndose en objetos de caridad por parte de los organismos públicos y privados. En virtud de este nuevo marco, pasan a ser “sujetos de derecho” y titulares de éstos, pudiendo exigir su respeto y cumplimiento a su familia, a la sociedad y al Estado. El propósito del presente trabajo es establecer la responsabilidad que le cabe al Estado como garante de los derechos de la infancia cuando éstos han sido violentados o se ven amenazados de serlo. Los niños, niñas y adolescentes requieren vínculos estables que le brinden la seguridad y protección necesarias para su desenvolvimiento personal. La misión de procurar la estabilidad y satisfacción de sus múltiples necesidades está entregada a la familia como organismo fundamental de la sociedad. Sin embargo, producto de diferentes situaciones, circunstancialmente hay familias que no pueden brindar el ambiente seguro y estable que un niño o niña requiere para su desarrollo integral, debiendo el Estado ejecutar medidas para el restablecimiento de los derechos vulnerados o amenazados. Estas disposiciones son de diversa índole y grado de intervención. Si excepcionalmente se requiriese la separación del niño o niña de su familia, se han establecido medidas de cuidado alternativo como el acogimiento residencial o el acogimiento familiar; debiendo escogerse entre ellas la más idónea para el interés superior del niño y la observancia de sus derechos. Las repercusiones y efectos que estas providencias tienen en los niños y niñas son objeto de un estudio multidisciplinario, debiendo recurrir a otras áreas del conocimiento para su análisis, en especial sobre los beneficios entregados por el acogimiento familiar frente a las otras modalidades.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente ensayo tiene como objeto esencial el estudio de aquellas normas de la Ley 20.084 que conforman el régimen general de determinación de la pena en el Derecho Penal Juvenil nacional, y entregar una opinión acerca de los cambios y adiciones que respecto de estas normas se proponen en el “Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones la Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes y a otros cuerpos legales que indica”. Por el hecho de estar centrado el enfoque del trabajo en el referido régimen general, han sido deliberadamente excluidas de este estudio aquellas normas que tratan situaciones especiales referidas a la unificación de condenas, reiteración de delitos y concurso de sanciones correspondientes a regímenes diversos. Luego de un breve repaso de los principales conceptos que rodean la teoría de la reacción punitiva estatal, se realizará un estudio exegético de las disposiciones que conforman el régimen general, para posteriormente realizar comentarios a las modificaciones que el proyecto introduce, entregando un juicio personal acerca de si éstas implican un trato más o menos severo para los adolescentes infractores que el que suponen las normas actualmente vigentes. Hacia el final, junto a las conclusiones, se entregarán propuestas orientadas a la aclaración de ciertos puntos obscuros que se han atribuido a la normativa vigente y que, en algunos casos, podrían ser profundizados por las modificaciones que el proyecto viene a introducir.

Tesis (magíster en derecho) Universidad de Chile, 2017. / En Chile se realizan interceptaciones telefónicas entre abogados defensores y sus clientes imputados en procesos penales. Lo anterior debido, en gran medida, a que el Ministerio Público así lo ordenó a sus fiscales en un Instructivo General de la Fiscalía Nacional (Nº 060-2014). Aunque la ley prohíbe expresamente la simple interceptación de las llamadas entre el imputado y su abogado, en la práctica se interceptan cientos de estas llamadas. La mayoría de estas comunicaciones se graban, después se escuchan, y luego, siguiendo el instructivo de la Fiscalía Nacional, debe determinarse por el fiscal del caso si las materias conversadas entre abogado defensor y cliente son “materias propias del ámbito de defensa”. Hecho esto, y si se trata de materias de defensa según el criterio del fiscal, éste debe informar al Juzgado de Garantía; y, si se trata de eventuales delitos cometidos por parte del abogado, puede iniciar una investigación penal en su contra. Los funcionarios del Ministerio Público y las policías saben que la conducta de “interceptar” comunicaciones entre abogados y sujeto defendido, existiendo una autorización judicial para interceptar las comunicaciones del imputado, es una conducta prohibida legalmente y reprochable jurídicamente, pero aun así se hacen, contando además con una instrucción de la máxima autoridad persecutora que respalda dicho accionar. Se analizará y determinará si esa conducta, prohibida por el legislador pero autorizada por el Fiscal Nacional, es inconstitucional e ilícita. Además, se evaluará si esa conducta puede ser constitutiva de delito. Finalmente, se propondrán soluciones al problema.