Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Es innegable la importancia de la protección de la niñez y adolescencia en toda sociedad, en incontables ocasiones hemos escuchado y dicho que “los niños son el futuro”. Las consideraciones, sociales, culturales, morales y todo tipo son diversas según las distintas sociedades y por ello no es posible pretender que el criterio de protección sea unificado de una sola vez, ya sea con la mera ratificación de instrumentos internacionales o la consagración de los derechos establecidos en ellos en el ordenamiento nacional. En nuestro país, se han dado los pasos descritos, sin duda se ha avanzado en adecuar nuestra legislación a los parámetros internacionales de protección de los niños, niñas y adolescentes, sin embargo pese a que se encuentra en tramitación el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, nos queda mucho tiempo para seguir aplicando la normativa vigente y que ha demostrado ser insuficiente para los tiempos actuales. En este trabajo me enfoqué en el análisis de uno de los derechos del niño en particular, el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído, que, si bien tiene implicancias en muchos ámbitos de su desarrollo, fue analizado en particular en cuanto a la forma que es recogido en el derecho Internacional, comparado, su consagración en el actual Derecho de Familia Chileno y su desarrollo en la esfera judicial de la justicia de familia.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El presente estudio se enmarcar en una crisis publica del sistema proteccional chileno, donde en el año 2013 se designa una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputado con el fin de analizar la efectividad del sistema. Una de las conclusiones de esta comisión es la necesidad de buscar alternativas o formatos que aseguren el resguardo efectivo de los derechos de los niños eliminando los riesgos de ser nuevamente vulnerados en su interior. Su objetivo es determinar la existencia de evidencia práctica o sustento teórico que explique la mayor proporción de plazas existente en Chile en programas residenciales versus la existente en programas de familia de Acogida (FAE-FAS), aportando a la discusión y búsqueda de mejores alternativas proteccionales. Se efectúa a través de un estudio de caso, basado en metodología de diagnóstico cuantitativo y cualitativo, de tipo exploratorio. Las fuentes utilizadas son de origen secundario en el caso de la información pública de la realidad de los programas de familia de acogida en Chile, así como, la realidad de los programas residenciales de nuestro país, complementado con fuentes primarias específicamente, entrevistas a algunos actores sociales nacionales e internacionales. Los principales hallazgos que arroja el presente estudio es la inexistencia de evidencia alguna que justifique la proporción de plazas que hoy existe para los programas de hogares residenciales y Familias de Acogida. Esta proporción que es de 2,3 plazas en hogares por 1 plaza en FAE-FAS no se justifica bajo dos aspectos fundamentales: En primer lugar el costo efectivo para cumplir los objetivos de protección de derechos de los niños es menos de la mitad para el caso de las FAS que los hogares. En segundo lugar los programas FAE y FAS cumplen un 25% más de objetivos específicos que los residenciales y por último desde la perspectiva de impacto son programas similares en cuanto a permanencia, en este sentido no hay evidencia que uno sea mejor o más efectivo que el otro. Emerge de este estudio como conclusión final la positiva complementariedad de ambos programas y las grandes sinergias institucionales, técnicas y de gestión que existen en el hecho de administrar ambos programas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo está orientado al estudio del procedimiento especial de adopción de las medidas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Sus falencias y virtudes, como se ha ido adoptando a través del tiempo, y como se moldea a los nuevos estándares nacionales e internacionales. Los derechos de los NNA, han sido adoptados como Derechos Humanos, por lo que todo país que los haya adoptado como propios debe adecuar sus políticas, economía y legislación en pos de asegurarlos. Para ello resulta necesario una conceptualización de las medidas de protección de los NNA, y un estudio de la estructura del procedimientos, de sus intervinientes, los principios que lo informan y cómo conviven entre ellos, la norma vigente, y las reformas que buscan satisfacer los estándares internacionales. Palabras claves: Medidas cautelares especiales, medidas de protección, niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Convención de los derechos del niño. Ley que crea los tribunales de familia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro trabajo de investigación tiene por objeto describir el efecto criminógeno que el control social formal posee sobre la población infractora inimputable desde una perspectiva criminológica crítica, centrándose –exclusivamente- en la sección de esta población que se considera inimputable, por estar bajo la edad mínima de imputación penal. Para ello, nos hemos hecho valer de los métodos de investigación inductivo, analítico e histórico, los que nos permitieron estudiar particularmente cada una de las instancias del Control Social Formal, al mismo tiempo que comprender y criticar el sistema mismo como un conjunto. Gracias a todo ello, determinamos que el Control Social Formal tiene un efecto criminógeno negativo sobre la población infractora inimputable, al ser este un factor generador de criminalidad infantil y no uno de control o disminución de la misma, el cual persigue y captura sistemáticamente a la infancia pobre y vulnerada, perteneciente a la clase proletaria marginada de nuestro país.