Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / Esta tesis pretende hacer un recorrido desde el problema del concepto de la pena, con el devenir histórico respecto de las modalidades concretas de penalidad que los ordenamientos recogieron, para continuar con el análisis de los discursos propuestos para justificar los fines de la misma. Se dedica también a analizar el auge y posterior crisis mundial que atraviesan las teorías de la prevención especial, con énfasis en la cuestionada meta resocializadora. Todo esto con el propósito de poder resolver si existe un fin para la pena privativa de libertad en Chile y, de ser así, cuál es su contenido. / 31 julio de 2020

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto analizar y problematizar, en torno a las actuales condiciones de ejecución penal de las mujeres transgénero en Chile, teniendo como punto de partida la reciente sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique Rol N° 859-2016 (Protección). Para ello, en el primer capítulo, se hacen presente las características esenciales del transgenerismo, para efectos de distinguir a las mujeres trans, de otro de tipo de variantes de la identidad de género. Con posterioridad, se analizará de forma comparativa los estándares nacionales e internacionales que rigen en nuestro país, para la ejecución de sanciones penales de privados y privadas de libertad, en general, y para mujeres trans en particular. A partir de ello, se problematizará en torno a la vigencia de ciertas normas Soft-Law en Chile, y al concepto de mujer, como única destinataria de la protección al género femenino ante el Estado de Chile. Luego, se dará cuenta de manera descriptiva, de las actuales condiciones materiales en las que, las mujeres trans en Chile, cumplen sus sanciones privativas de libertad. El presente trabajo finalizará, constatando la existencia de una doble vulnerabilidad que aqueja a las mujeres trans privadas de libertad en Chile, situación que, a pesar de su vislumbramiento por parte de organizaciones de la sociedad civil, no ha logrado ser advertida, y mucho menos mitigada, por parte de los organismos estatales particularmente llamados a hacer cumplir la sanción penal, así como tampoco por el aparato estatal en su conjunto, en tanto mandatado por la Constitución Política de la República, a respetar, garantizar y promover el respeto de los derechos humanos en el territorio nacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El siguiente trabajo tiene por objeto analizar el conflicto entre el llamado derecho a la educación y la privación de libertad como respuesta del sistema judicial ante la comisión de un ilícito, para cumplir la finalidad de reinserción social. En el contexto de las penas privativas de libertad, el derecho de los condenados a acceder a una educación al interior de los Centros Penitenciarios resulta en extremo difícil cuando ni la normativa penitenciaria ni la institucionalidad cuentan con programas de acceso universal para la población penitenciaria. Esto, sumado a las precarias condiciones existentes al interior de los centros penitenciarios, hace poco verosímil la finalidad de reinserción social de la penal.

Tesis (programa de especialización en derecho penal) / El presente trabajo pretende dar una solución al problema de las crisis de las penas privativas de libertad donde, por una parte, de acuerdo con la tendencia a la descriminalización y a la despenalización, se aboga por el establecimiento, ampliación y profundización de las penas sustitutivas, con el objeto de superar la solución simplista e ineficaz de la cárcel como única o preponderante respuesta del sistema penal al complejo fenómeno social de la delincuencia; y por la otra, se asiste al fenómeno de la “hiperinflación penal”, la que trae como consecuencia el aumento del recurso a las soluciones institucionalizadas de carácter segregativo (cárcel), en respuesta a las demandas por mayor seguridad ciudadana que tienen lugar a raíz del incremento de algunas formas de criminalidad. Es así como en nuestro país se establece la ley 20.603 que modifica la ley 18.216 sobre penas sustitutivas a las penas privativas de libertad, ley que como analizaremos, más que solucionar el problema antes señalado, se transforma en una solución paradójica que acarrea respuestas diversas frente a instituciones jurídicas establecidas, como los recursos y los abonos a dichas penas sustitutivas, y lo confronta con el surgimiento de nuevas leyes, como la ley 20.770 y la 20.813 que más que ampliar el abanico de posibilidades sancionatorias diferentes a la cárcel, lo limita e incluso hace nula su aplicación, recurriendo exclusivamente a ésta como la única respuesta penal posible ante la comisión de un hecho ilícito. Se propondrán, a la luz de esta paradoja, soluciones posibles para poder en definitiva, dar cumplimiento a los estándares internacionales respecto a la no utilización de la cárcel como única respuesta al delito

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación que se presenta a continuación tuvo como objetivo determinar si el derecho a defensa y al debido proceso han sido respetados durante la aplicación de medidas disciplinarias, en la fase de ejecución de sanciones, a los adultos condenados a penas privativas de libertad en Chile. Para este efecto, el marco teórico se construyó a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la respectiva normativa nacional referente al sistema penitenciario. El marco teórico fue analizado en función de la práctica, en particular, las medidas disciplinarias aplicadas por Gendarmería de Chile. Para lo último, se solicitó información sobre los procedimientos de aplicación de sanciones disciplinarias en dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana, esto es, el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur y el Centro de Orientación Femenina. El estudio concluye revelando que en el procedimiento y aplicación de sanciones administrativas se han presentado una serie de falencias, tanto a nivel normativo como práctico, en relación a las obligaciones internacionales contraídas por Chile. Por lo anterior, se finaliza presentando una serie de propuestas que tienen como objeto final, contribuir a erradicar las incongruencias del actual sistema penitenciario. Esperamos que el presente estudio permita una reflexión y base para la modificación del actual sistema de medidas disciplinarias así como el mejoramiento de estándares -tanto de derechos humanos como procesales-, ya que estas medidas también tienen por objetivo la rehabilitación y reinserción de las personas adultas condenadas a penas privativas de libertad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria de prueba para optar al grado de Licenciadas en Ciencias Jurídicas y Sociales / La fase de ejecución de la pena privativa de libertad corresponde a un periodo de vulnerabilidad para los reos, pues la vulneración de derechos es mayor a la sola limitación de la libertad ambulatoria. Ante la ausencia de una ley de ejecución de sanciones penales evidenciamos la urgencia y necesidad de un cuerpo normativo, pero también sostenemos la necesidad de que el contenido de esta obedezca a estándares internacionales de respeto a los Derechos Humanos, conforme así lo exige un Estado democrático de derecho. Para la consecución de este fin es que disponemos de secciones que evidencian los principios y derechos que necesariamente deben ser resguardados y regir como estándares en esta materia; evidenciamos la realidad carcelaria a propósito del análisis de Actas de Visitas de la Oficina Judicial de la Corte Suprema a las cárceles desde los años 2013 a 2017; advertimos los intentos de proyectos y comisiones conformadas para tratar estos temas, así como un estudio de las legislaciones paradigmáticas de España y Alemania en materia penitenciaria por la importancia que se le reconoce a estos textos legales. Todo este estudio es con atención al régimen penitenciario y sanciones disciplinarias que operan hoy en día en el cumplimiento de las penas. Por ello derivamos en una última sección haciendo una propuesta de articulado con atención a la evidencia y conclusiones de las secciones anteriores ya mencionadas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ley 18.216, que vino a establecer en nuestro sistema jurídico la institución de las antiguamente llamadas “medidas alternativas” a las penas privativas de libertad, encarnó al momento de su dictación el deseo eminentemente prevencionista del legislador chileno frente a un ámbito de delincuencia menor, cuyas ideas matrices estaban marcadas por una finalidad de reinserción, resocialización y el uso racional de la pena efectiva de cárcel. Frente a esto, en el presente trabajo analizamos cómo con el transcurso del tiempo dicha institución ha debido acomodarse dentro de nuestro sistema jurídico de manera tal que pueda ser justificada también desde una perspectiva retribucionista de la fundamentación de la pena, fenómeno que se manifiesta claramente en las modificaciones que dicha ley ha sufrido desde su dictación, que van desde cuestiones tan simples como la modificación de la nomenclatura de “medidas alternativas” a “penas sustitutivas”, hasta la reducción del catálogo de delitos que permiten acceder a estas penas. Este análisis comprende también una revisión histórica acerca de la evolución en la concepción teórica de la sanción penal y su aplicación en la política criminal, lo que demuestra -a nuestro juicio- que el fenómeno descrito a propósito de esta ley no es algo aislado, sino más bien viene a ejemplificar lo que ha sucedido en diversos momentos de la Historia en los cuales ha existido una orientación predominante en las decisiones político criminales en relación a la imposición del ius puniendi Estatal y en los cuales diversas instituciones sufrieron este mismo proceso de “intervención”, de manera tal que pudieran ser justificadas desde otra perspectiva y así poder hacer frente a las necesidades de la sociedad en cada momento, dejando en evidencia su permeabilidad ante la realidad y el devenir histórico. Palabras clave: Ley 18.216, penas sustitutivas, medidas alternativas, justificación de la pena, prevención, resocialización, reinserción, retribución, culpabilidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo, busca determinar si la jurisprudencia en materia de sustitución de penas de régimen cerrado con programa de reinserción social se acomoda a los estándares establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales relativos a la materia. Para lo anterior, en el primer capítulo nos centraremos en los Estándares internacionales en el derecho penal de adolescente relativos a las penas privativas de libertad, sentando los criterios bajo los cuales analizaremos posteriormente la jurisprudencia. En el segundo capítulo, nos centraremos en los fines de las penas privativas de libertad en el derecho penal de adolescentes, analizando estos tanto en los denominados modelos de responsabilidad como en nuestra legislación. En el tercer capítulo, nos centraremos en la figura de la sustitución de penas establecida en los art. 53 y 54 de la ley 20.084, con la idea de poder entender los objetivos de la misma, al mismo tiempo de analizar cómo han sido entendidos sus requisitos por la doctrina y por el legislador histórico. En el cuarto capítulo, nos centraremos en analizar la jurisprudencia en materia de sustitución de penas de régimen cerrado con programa de reinserción social, centrando el análisis en una serie de situaciones y elementos que se repiten en la jurisprudencia, determinando las diversas posturas que pueden apreciarse respecto a los mismos. Por último, para finalizar el presente trabajo, procederemos a señalar cómo, a nuestro juicio, existen manifestaciones en la jurisprudencia que van en contra de los estándares internacionales ya señalados, partiendo por un análisis de la jurisprudencia en términos generales, para después pasar a analizar los diversos elementos y situaciones individualmente señalados, determinando qué posturas respecto a los mismos contradicen los estándares internacionales.