Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Busca establecer en qué medida la incorporación al ordenamiento jurídico procesal penal de alguna causal que pueda sustentar una acción de revisión contra una sentencia absolutoria o de un auto de sobreseimiento firme con valor de cosa juzgada, podría significar la vulneración del principio del non bis in ídem. La presente investigación tiene la factibilidad en su realización y en su concretización, debiendo tenerse en consideración los siguientes medios son materia de utilización: el análisis de las diversas Sentencias de Fondo expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la disponibilidad del análisis de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional peruano, la disponibilidad del análisis de la sentencias emitidas por la Corte Constitucional colombiana, bibliografía nacional y extranjera, e identifica diversas páginas web jurídicas, las mismas que sirven como ciberbibliotecas. / Tesis

Desde el punto de vista del Derecho y las Ciencias Sociales la transformación de una problemática empieza en primera instancia, a partir de una investigación y el conocimiento científico del problema jurídico –social y ello sólo es posible interdisciplinariamente. El Perú es un país pluricultural en el que se desarrollan diversas culturas y subculturas pero en el marco de una estructura económico – social sumamente compleja que se empezó a complicar con el choque cultural que significó el enfrentamiento entre la cultura indígena andina y española en el siglo XVI, originando un verdadero trauma histórico que devino en consecuencias que hasta hoy se siguen sintiendo. Estas culturas no conviven de manera armónica en sana interacción sino en constante contradicción pues se trata de un enfrentamiento en el que existe una cultura formal que conciente o inconcientemente desplaza, segrega, excluye. La predominancia cultural ha traído como correlato un sistema legal dominante y extremadamente formal. / Tesis

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Un análisis desde el Derecho internacional general y el Derecho internacional de los derechos humanos nos permite vislumbrar la constitución de la obligación internacional del Estado de judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos. Esta obligación nace de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad del Estado por un sub-grupo de hechos internacionalmente ilícitos, es decir, las violaciones graves a los derechos humanos. El fenómeno que describimos se estructura jurídicamente a partir de la práctica jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha enriquecido el régimen jurídico de la responsabilidad internacional del Estado, estableciendo consecuencias jurídicas diferentes a las clásicas consecuencias reparatorias del Derecho internacional clásico. Así, cuando se configura la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos nace como obligación secundaria el deber del Estado de investigar, procesar y sancionar penalmente al responsable individual de la violación declarada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta obligación internacional del Estado ha sido calificada por Sergio García Ramírez, el actual presidente de la Corte, como el “Deber de Justicia Penal”. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En las dos últimas décadas el derecho internacional ha tenido un avance aceleradísimo, en especial aquel que se refiere a la protección de los derechos fundamentales del hombre, viviendo actual y patentemente el fenómeno de la globalización, ya no sólo de los principios y normas, sino también de la jurisdicción. En nuestra opinión, los organismos internacionales avocados a este tema (Comisión y Corte Interamericana, en nuestro ámbito regional) se han transformado en un importante fiscalizador y garante, para que los estados efectivamente cumplan con su obligación de respeto y protección de las personas. Esperamos que nuestro aporte al tema sirva para difundir en algo este "nuevo orden internacional", recordando que se han cumplido 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La parte orgánica del texto se reducirá a dos partes esenciales: La primera, se referirá al análisis del sistema interamericano de derechos humanos, con especial énfasis en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí haremos una breve reseña histórica del sistema, partiendo de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta llegar a la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinando las diferencias de una y otra a partir de la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento base de toda esta red regional de protección a los derechos fundamentales de la persona. En el siguiente capítulo nos adentraremos en la Organización y Funcionamiento del Tribunal Interamericano, para de esta forma tener un conocimiento básico antes de llegar a analizar el caso que trataremos y que falló la Corte. Finalmente en la primera parte también haremos un análisis de la jurisdicción contenciosa en particular, analizando las normas procesales que inspiran y regulan este ordenamiento, estudiando además las relaciones entre los distintos entes que actúan en el proceso. La segunda parte apuntará al análisis en particular de un caso fallado por la Corte ( Caso Loayza Tamayo ) , donde profundizaremos sobre los aspectos de forma ( Procedimiento seguido ante ella ) y de fondo ( Normas y principios ) ventilados en el caso, en donde destacan la garantía del debido proceso legal, el derecho a la libertad personal e integridad física y mental, el derecho a la defensa, el principio de la igualdad y el non bis in idem.

La conservación de las áreas naturales protegidas (ANP1) y su posicionamiento como herramientas para la conservación, se ha visto reflejado en las normas que establecen como obligatoria la Opinión Técnica Previa Vinculante (OTPV) a un proyecto que se superponga a dichas áreas, sin su obtención el proyecto propuesto no es viable. Este procedimiento es conocido como compatibilidad. Por otro lado, la creación de escenarios concertados en las áreas naturales protegidas, cobra importancia porque establece la gestión del territorio y los recursos que en ellas se encuentran, si dichos escenarios se construyen sin la participación de los actores, estos no reflejan la forma en que las poblaciones locales se relacionan con su entorno. Cuando estos escenarios se ubican en la zona de sierra entonces existe una alta probabilidad que parte de sus actores sean comunidades campesinas, por tanto entran a tallar no solo las normas aplicables a las ANP sino también las que conciernen a los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, el agua juega un papel importante ya que es un recurso fundamental para la subsistencia de estas comunidades, pues no sólo les permite acceder al alimento a través del cultivo de la tierra o crianza de ganado, sino que también se encuentra ligada a un concepto de territorio, costumbres e identidad colectiva. Además, al discurrir por un ANP la gestión que esta haya previsto en su plan maestro es decisiva para los usos que se le dé, pudiendo no coincidir con las expectativas y/o necesidades de las comunidades. Es así que, en este espacio se tejen una serie de normas que regulan directa o indirectamente el uso que se le da al agua. Entonces, cuando se tiene un proyecto de afianzamiento hídrico cuya fuente de agua se encuentra dentro de un ANP, y cuyo fin es garantizar la subsistencia de una comunidad campesina, no solo rigen las normas y regulaciones dadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sino también aquellas establecidas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y debido a la naturaleza del proyecto también cobran importancia las normas del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). Sin embargo, antes incluso de pensar en el procedimiento para obtención de un derecho de uso de agua, se requiere contar con la OTPV (compatibilidad) favorable, siendo este el primer paso 1 En al presente tesis la sigla ANP se empela indistintamente para referirse a un área natural protegida o a más de un área natural protegida. para ejecutar el proyecto, de no obtenerlo, el proyecto no es factible y termina siendo denegado. Esta situación implica la denegación tácita del uso de agua a la comunidad que lo solicita, con lo cual se podría vulnerar su derecho humano al agua y con este su derecho a una vida digna y otros derechos de los pueblos indígenas. En la presente tesis, se analiza el caso de la comunidad campesina de Aquia ubicada en el departamento de Ancash, para entender cómo funcionó la evaluación del SERNANP, la cual no consideró el derecho humano al agua (DHA) ni los derechos de las comunidades. En base a ello y a entrevistas a diversos actores asociados a la actividad, se determinaron desafíos para incluir en la evaluación de SERNANP, tanto el DHA como el derecho de las comunidades campesinas localizadas en la sierra (pueblos indígenas). Una vez determinados estos desafíos, se pudieron establecer criterios para llevar a cabo una evaluación diferenciada en casos similares al de la comunidad campesina de Aquia. Es decir, se proponen criterios técnicos adicionales en la evaluación previa a la OTPV (compatibilidad) cuando se involucre a una o más comunidades campesinas en sierra con el propósito de mejorar la evaluación. Asimismo, se realizó un análisis legal determinando que la ratificación de diversos tratados internacionales asociados al DHA, son de cumplimiento obligatorio, los cuales brindan la base legal para resolver y emitir la OTPV favorable a un proyecto. A esto se sumó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), la cual permitió demostrar que las menciones al Convenio 169 de la OIT y derechos de las comunidades en la Ley de áreas naturales protegidas y la Ley de recursos hídricos, es la base fundamental para evaluar la solicitudes de compatibilidad, considerando el derecho humano al agua y los derechos de las comunidades como criterios adicionales no indicados literalmente en la legislación, pero si presentes en la normativa existente aplicable al caso. / The conservation of natural protected areas (ANP) and their positioning as tools for conservation has been reflected in the regulations that establish the binding prior technical opinion (OTPV) as mandatory for a project that overlaps those areas, without its obtaining the proposed project is not viable. This procedure is known as compatibility. On the other hand, the creation of concerted scenarios in natural protected areas becomes important because it establishes the management of the territory and the resources that are in them, if such scenarios are carried out without the participation of the actors, they do not reflect the way that local populations are related to their environment. When these areas are located in the highlands, the probability that part of their actors are peasants communities is quite high, therefore the applicable rules are not only related to the ANP, but also those that recognize the rights of indigenous communities. In this sense, water plays an important role since it is a fundamental resource for the subsistence of these communities, as it not only allows them to access food through the cultivation of land or raising livestock, but it is also linked to a concept of territory, customs and collective identity. In addition, when water runs through an ANP the management established on the master plan becomes overriding for its uses, which may not coincide with the expectations and / or needs of the communities, so in this space applies laws that directly or indirectly regulate the resource use. Then, when the water source of a project is inside an ANP whose purpose is to guarantee the subsistence of a peasant community, the rules and regulations that are applied are those given by the ANA, SERNANP and MINAGRI due to the character of the project. However, before even thinking about the procedure to obtain a right to use water, the prior obligation is the OTPV (compatibility), this is the first step to execute the project, if it is not obtained, the project is not feasible and ends up being denied. This situation implies the tacit denial of the use of water to the community that requests it, thereby violating their human right to water and related rights as right to a dignified life and the rights of indigenous peoples In the present thesis, the case of peasant community of Aquia, located in Ancash, is analyzed to understand how the evaluation of SERNANP was accomplished, which did not consider the human right to water or the rights of indigenous peoples. Based on interviews with key actors, challenges were identified linked to evaluation of SERNANP both the DHA and the right of the communities. Once these challenges were determined, criteria could be established to carry out a differentiated evaluation in similar cases to peasant community of Aquia. In other words, additional technical criteria are proposed in the prior evaluation for delivering OTPV when one or more highland peasant communities are involved. Likewise, a legal analysis was carried out determining that the ratification of various international treaties associated with the DHA, are mandatory, which provide the legal basis to resolve and deliver the OTPV favorable to a project. This was complemented by the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (CIDH) and the United Nations Human Rights Court (CDHNU), which demonstrated that the mentions to Convention 169 and the rights of communities in the law of natural protected areas and the law of water resources, is the fundamental basis for evaluating compatibility requests considering the human right to water and the rights of communities. / Tesis

La presente investigación académica se centra en la relación entre la doctrina de empresas y Derechos Humanos y la política exterior peruana. A partir de un análisis de compatibilidad entre ambas se busca determinar si efectivamente la promoción y ejecución de la temática de empresas y Derechos Humanos es coherente con la política exterior del Perú y contribuye a alcanzar sus objetivos establecidos. Para alcanzar este fin, se aborda desde un punto de vista tanto teórico como práctico a la política exterior peruana y a la doctrina de empresas y Derechos Humanos para que, de forma posterior, se contrasten ambas y se determine si son o no compatibles. / This academic research focuses on the relationship between the doctrine of business and Human Rights and Peruvian foreign policy. Based on a compatibility analysis between those two, it is sought to determine whether the promotion and execution of the business and Human Rights issue is coherent with Peru's foreign policy and contributes to achieving its established objectives. To achieve this end, Peruvian foreign policy and the doctrine of business and Human Rights will be approached from both a theoretical and a practical point of view so that, later, both are contrasted and we can determined whether or not they are compatible.

En el Perú, el fin del conflicto armado interno y el retorno a la democracia vino acompañado de un conjunto de acciones para responder a las demandas de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición tras dos décadas de violencia. Estas acciones forman parte del marco de la “justicia transicional”. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue uno de los primeros mecanismos de transición en implementarse, siguiendo un enfoque de centralidad de las víctimas, que priorizó la recuperación de los testimonios de las víctimas y el reconocimiento de su condición de ciudadanos. Tras la publicación del informe final, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), a través de su línea de trabajo de Memoria, democracia y posconflicto ha buscado continuar con su legado contribuyendo al proceso de reconciliación nacional y a la promoción de los derechos humanos en el país. El informe profesional presenta la experiencia del autor en dos intervenciones del instituto relacionadas a la búsqueda de personas desaparecidas y a la memorialización que promueven la centralidad de las víctimas en los mecanismos que el Estado viene implementando o diseñando en la actualidad. A través de los proyectos examinados, se muestra el aporte del instituto al reconocimiento de la agencia de las víctimas de la violencia y sus familiares para participar activamente en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y en iniciativas de memorialización desde los años de violencia aun sin existir las condiciones para establecer una relación simétrica con el Estado y el resto de la ciudadanía, una participación que busca coadyuvar a ese tránsito de víctimas a ciudadanos.