Un artículo destinado a identificar los problemas del sistema migratorio peruano y descubrir las virtudes del sistema migratorio canadiense. Identificar algunas diferencias en políticas migratorias de ambos países y también diferencias estructurales permite poder analizar la posibilidad de la creación de una institución en el Perú que proteja los derechos de las personas migrantes en situación irregular de manera efectiva. Es en este sentido que nos encontramos ante la lamentable realidad de que al Perú le hace falta no solo una institución que vele por estos derechos, sino un cambio de paradigma en el pensamiento de sus habitantes para entender que la diversidad trae consigo la posibilidad de crecimiento económico y que el fenómeno migratorio puede ser aprovechado en beneficio del país. Lamentablemente, se concluye que para que esta realidad sea factible a nivel institucional, es requisito que se puedan dar cambios en otros aspectos como el normativo y el político. Los pasos de gigante no son posibles en el caso nacional y, por ende, es esencial comenzar con pequeños pasos como la revisión de nuestra actual política migratoria y asegurarnos de que esta pueda cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Tarea que no es imposible, pero que partirá de una mirada distinta para con quienes ingresan al Perú en busca de nuevos y/o mejores oportunidades. / An article intended to identify the problems of the Peruvian immigration system and discover the virtues of the Canadian immigration system. Identify some differences in migration policies of both countries and structural differences as well enables to analyze the possibility of creating an institution in Peru that effectively protects the rights of migrants in an irregular situation. It is in this sense that we are faced with the unfortunate reality that Peru lacks not only an institution to ensure these rights, but also a paradigm shift in the thinking of its inhabitants to understand that diversity brings with it the possibility of growth. economic and that the migratory phenomenon can be used for the benefit of the country. Previously, it is concluded that for this reality to be feasible at the institutional level, it is a requirement that changes can be made in other aspects such as the normative and the political. Giant steps are not possible in the national case and, therefore, it is essential to start with small steps such as reviewing our current immigration policy and making sure that it can comply with international human rights standards. A task that is not impossible, but that will start from a different perspective for those who enter Peru in search of new and/or better opportunities. / Trabajo académico

La presente investigación busca esclarecer si los Estados tienen deberes específicos en relación a la protección del derecho a la identidad de las personas trans en virtud de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Para ello, se hará un análisis sobre la manera en la que ha ido evolucionando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para tutelar la identidad de género de las personas trans y se determinará cuáles son los estándares sobre este tema que vinculan actualmente a todos los Estados. De esta manera, el presente trabajo busca reflexionar sobre las necesidades que tiene la población trans en relación a su derecho a la identidad y la manera en la que viene respondiendo el Derecho para tutelar esta situación. El trabajo parte de la hipótesis de que producto del desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos los Estados tiene dos obligaciones específicas en relación al derecho a la identidad de las personas trans. En primer lugar, el deber de reconocer la identidad de género de las personas dentro de los en los documentos de identificación otorgados por el Estado. En segundo lugar, la obligación de disponer en sus instituciones de salud la posibilidad de acceder a tratamientos hormonales y terapias de afirmación de género para que toda persona pueda ejercer y vivir su identidad sin discriminación. A lo largo del presente trabajo se buscará corroborar este planteamiento inicial.

Este trabajo plantea que a partir de la Constitución Política del Perú de 1993 se puede justificar la existencia de un mandato del Estado para implementar un currículo educativo nacional que incluya transversalmente temática sobre diversidad sexual orientada a erradicar la discriminación por orientación sexual en y desde la escuela. Primero, la tesis parte del paradigma del constitucionalismo contemporáneo de los derechos y la teoría de la argumentación jurídica, marco a partir del cual se puede estructurar un discurso sobre derechos fundamentales. Sobre esta base, se plantean premisas generales del derecho a la igualdad y el derecho a la educación reconocidos en la Constitución peruana que permitirán justificar la conclusión. Segundo, como parte de dicho discurso, se presenta una visión panorámica general de la teoría sobre la orientación sexual, la discriminación por orientación sexual y su tratamiento legal y jurisprudencial en el mundo. El trabajo examina luego los estudios enfocados en la problemática LGB+ en la escuela y la propuesta de un currículo inclusivo como requisito de una educación para todos. Tercero, en base a las premisas filosóficas, constitucionales y educacionales indicadas, la hipótesis de trabajo termina siendo validada. / This dissertation defends that, based on the Peruvian Constitution of 1993, it is possible to justify that the State has a mandate to implement a national curriculum that includes content on sexual orientation diversity, aimed towards the eradication of discrimination in and from the school. First, it is argued that contemporary constitutionalism and the theory of legal argumentation serve as a proper framework to structure a discourse on fundamental rights. On this basis, the general premises of the right to equality and the right to education recognized on the Peruvian Constitution are outlined. Second, the dissertation presents a general overview on the theories of sexual orientation and the legal treatment of discrimination based on sexual orientation in the world. Afterwards the studies on the problems of LGB children in school are examined as well as the proposal of an inclusive curriculum as a requirement of an education for all. Third and finally, based on the philosophical, constitutional and educational premises abovementioned the investigation hypothesis is validated.

Los Estados a partir de la proclamación de la Carta de la Organización de Naciones Unidas empezaron a trabajar en la codificación de normas internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos, es así que hoy en día existen 9 (nueve) tratados internacionales fundamentales de derechos humanos1 y 9 (nueve) protocolos facultativos2. Estos tratados tienen la característica particular de contar con un Comité de expertos/as, el cual cumple la función de vigilar la implementación de las disposiciones de la Convención o Pacto que lo haya creado3. Los tratados mencionados y sus respectivos Comités, actualmente existentes4 conforman el Sistema Convencional de Derechos Humanos, o también denominado, Sistema de Tratados de Derechos Humanos, cuyo principal objetivo es asegurar la protección de tales derechos en el plano nacional por medio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados. De acuerdo a lo estipulado en los tratados, los comités por ellos creados, tienen asignadas diversas funciones relacionadas con la vigilancia de la manera en que los Estados aplican los tratados en que son parte; una de estas funciones se refiere a los informes que los Estados deben presentar periódicamente sobre las medidas que hayan adoptado para el efectivo cumplimiento de las disposiciones del tratado pertinente5. Esta función desarrollada por los 9 (nueve) Comités existentes crea todo un Sistema de Presentación de informes periódicos, tema sobre el cual versará el presente trabajo de investigación.

Si bien el Estado Peruano bajo el mandato constitucional de respeto a la dignidad de la persona humana y de reconocimiento al derecho a la salud mental, ha ejercido un importante avance en la formulación de políticas públicas en materia de salud mental. La ausencia de una cultura basada en los valores de los derechos humanos, especialmente en la interdicción de la discriminación y estigmatización de las personas con discapacidad mental o trastornos mentales, así como el sostenido incremento de trastornos mentales y problemas psicosociales, advierten la existencia de un grave problema de salud pública que viene afectando a nuestra sociedad. Bajo ese contexto, es que surge la duda razonable de si el derecho a la salud mental en el Perú del siglo XXI es un derecho protegido o es un derecho que viene siendo postergado por el Estado Peruano. Precisamente, para dilucidar la incertidumbre, aplicando el método funcional, a través de la presente tesis se pretende realizar un diagnóstico que permita evidenciar la falta de coherencia que existe entre los compromisos asumidos por el Estado Peruano y las medidas efectivamente adoptadas por él en materia de salud mental. Con ese objetivo, se analiza jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, información emitida por el Ministerio de Salud e informes defensoriales realizados por la Defensoría del Pueblo, todos relacionados a la afectación del derecho a la salud mental y al estado de la salud mental en nuestro país. En ese marco general, la presente tesis aborda principalmente los siguientes subtemas a lo largo de sus tres capítulos: primero: el contexto histórico de la asistencia en salud mental y del trato hacia las personas con discapacidad mental o trastornos mentales en el Perú; segundo: el desarrollo dogmático constitucional del derecho fundamental a la salud mental a partir del reconocimiento de la dignidad humana, la importancia del proceso de especificación en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad mental o trastornos mentales y las características de la realidad peruana que afectan la salud mental; tercero: el tratamiento de las personas con discapacidad mental o trastornos mentales por parte del Estado Peruano, bajo el cual se analizan las políticas públicas elaboradas en materia de salud mental por parte del Estado, así como la situación actual de la salud mental en nuestro país. El análisis conjunto de lo subtemas señalados, llevan a la presente investigación a concluir que la situación actual de la salud mental en nuestro país, no es más que la consecuencia directa de la postergación del derecho a la salud mental por parte del Estado Peruano en el siglo XXI.

Uno de los principales temas de estudio del Derecho está relacionado con la justicia. Es tan importante que constituye un concepto fundamental. Sin embargo, a pesar de esta importancia, el acceso a su materialización o concreción de justicia, no ha recibido la misma atención y preocupación de las investigaciones jurídicas. En la práctica, el debate y la discusión doctrinal relacionados a la justicia han estado centrados en los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. El primero es un aporte anglosajón del sistema jurídico Civil Law y el segundo es un aporte del sistema jurídico romano – germánico presente en los marcos jurídicos europeos. Nuestra Constitución establece expresamente el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional en el artículo 139 Inciso 3°. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico constitucional no estableció la naturaleza de esta relación. El concepto de acceso a la justicia ayuda a aclarar la naturaleza de esta relación. Sin embargo, este concepto es más rico y autónomo. Es un derecho fundamental que se vincula con una necesidad concreta de la población. De ahí que se ha desarrollado a partir de un movimiento internacional generado por las investigaciones de Cappelletti y Garth sobre las experiencias en EEUU y en Europa occidental.

El presente trabajo tiene como objetivo determinar y analizar las razones por las cuales el Estado peruano no cumple con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, se han revisado datos acerca de la cantidad de sentencias e incumplimientos que la Corte publica, así como se han descrito los tipos de reparaciones que ha dictado la Corte y se ha analizado el proceso de cumplimiento de sentencias internacionales por el Estado peruano con el fin de concluir en las razones de incumplimiento de ejecución de sentencias, así como en posibles estrategias para mejorar esta situación. / The objective of this work is to determine and analyze the reasons why the Peruvian State does not comply with the judgments of the Inter-American Court of Human Rights. To do so, data on the number of judgments and breaches published by the Court has been reviewed. And, the types of reparations that the Court has issued have been described and the process of compliance with international judgments by Peruvian State has been analyzed in order to conclude on the reasons for non-compliance with the execution of sentences, as well as on possible strategies to improve this situation.

En derecho, la prescripción es la regla y la imprescriptibilidad la excepción. Si bien el debate en torno a la imprescriptibilidad de la acción penal no es nuevo, con la modificatoria del artículo 41° de la Constitución proclamando la imprescriptibilidad de los “supuestos más graves”, es necesario abordar el sentido detrás de la controvertida fórmula. Por ello, a través del presente trabajo abordaremos el desarrollo de la fórmula “supuestos más graves” bajo el análisis del fundamento de la institución de la prescripción, el nexo entre corrupción y derechos humanos - incidiendo en la identificación de la relación de causalidad y la identificación del nivel de víctima – y su impacto diferenciado en personas o grupos en especial situación de vulnerabilidad. / Trabajo académico

En la actualidad del 100% del total de la PEA (población económicamente activa) asalariada mayor de edad de Perú, sólo un 34,4% se encuentra afiliada a un sistema de pensiones, con lo cual estamos hablando de un porcentaje ascendente al 65,6% que no se encuentra bajo resguardo de sistema previsional alguno; lo que en un aproximado de 20 a 25 años traerá como consecuencia que el Perú cuente con una población por encima de los 65 años, no activa económicamente, y sin ningún tipo de remuneración en una época tan delicada para el ser humano, como lo es la denominada “vejez”. Esta situación se da principalmente por dos causas precisas: el alto índice de informalidad laboral existente en el Perú y la falta de confianza en los actuales sistemas pensionarios, por lo que el presente trabajo de investigación (de carácter conceptual y exploratorio) plantea la necesidad de un “ajuste”-desde el enfoque de los derechos humanos- a la política previsional vigente a través de la implementación del modelo sugerido por el Banco Mundial denominado como “de pilares múltiples”, con el fin de garantizar la progresividad del derecho a la pensión por vejez, como parte del derecho humano y fundamental a la seguridad social, reconocido tanto a nivel nacional como internacional

El Poder Judicial es uno de los pilares de la democracia y como tal, le corresponde respetar los derechos fundamentales de la persona, además como operadores de justicia deben resolver los conflictos que son sometidos a su competencia en cada caso concreto, pero, en la actualidad nos formulamos esta interrogante: ¿podemos sostener qué los derechos fundamentales de los procesados penalmente son respetados por los encargados de administrar justicia?, la respuesta la obtenemos de las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y corroboradas en parte por las del órgano Jurisdiccional al aceptar la existencia de un elevado porcentaje de procesados en todo el país se encuentra sufriendo detención preventiva judicial, al no haber sido juzgados ni sentenciados en primera instancia más allá del tiempo razonable, considerando que una gran mayoría se encuentra en esta situación porque sus derechos fundamentales han sido vulnerados. Por ello, la presente investigación se realiza en los centros penitenciarios antes referidos, por albergar la mayor cantidad de internos del país en esa situación. a) La aplicación de la prisión preventiva y/o detención en el antiguo sistema procesal penal (procesos sumarios y ordinarios) vulnera los derechos y garantías de los procesados: plazo razonable, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad), pues no se contempla una audiencia para ejercitar el contradictorio y validar los elementos que sustentan el daño jurídico derivado del retraso del procedimiento.