A partir del estudio de las experiencias de implementación del Programa de Electrificación Rural y el Programa Juntos en los distritos de Checca y Kunturkanki, ubicados en la provincia de Canas, región del Cusco, la presente investigación evalúa la integridad del proceso de reconfiguración o “giro” de los lineamientos, instrumentos y objetivos de la inversión pública rural. Se plantea identificar si tras este proceso se desarrollaron nuevas dinámicas de inversión pública para la promoción de la inclusión económica y social de los sectores rurales en el Perú. Los hallazgos de la investigación muestran que las iniciativas públicas no lograron incorporar de forma integral los instrumentos y objetivos desarrollados en el marco del “giro” de la inversión pública rural. Asimismo, factores de carácter económico e institucional limitaron a los programas en consecución de estos nuevos objetivos. De esta forma, el presente estudio sostiene que el proceso de “giro” de la inversión pública rural no fue un proceso pragmático. Se cambiaron el discurso, los lineamientos y objetivos, pero no las prácticas

El estudio explora los factores que explican los avances en la inclusión educativa para estudiantes con discapacidad en Lima Metropolitana ante el contexto nacional de ausencia de una política educativa clara referida a la educación inclusiva. Para ello se investigó las dinámicas dentro de las instancias estatales (Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la Unidad de Gestión Educativa Local) y la dinámica de las propias instituciones educativas en dos estudios de caso. Todo ello con el propósito de determinar los marcos de acción de las instancias, actores y agentes educativos en relación a los avances, resultados favorables, en sus áreas correspondientes y cómo ello repercute en las buenas prácticas de inclusión en las instituciones educativas de educación básica regular. La investigación tiene como hallazgos principales que el contexto internacional y el debate en torno al enfoque de inclusión educativa determinó el cambio del modelo de integración hacia el modelo de inclusión en el contexto nacional, para lo cual se dieron las normativas necesarias para su aplicación en las diversas áreas competentes del sector de educación. Ésta adopción del enfoque de inclusión educativa para estudiantes con discapacidad fue promovida por organizaciones clave de la sociedad civil, quienes, mediante la presión hacia el Estado, conjuntamente con la presencia de actores estatales en el ministerio propiciaron la aplicación del nuevo enfoque de inclusión. Las instituciones educativas inclusivas se enfrentan a diversas barreras para la inclusión. La primera es la exigencia de presentación de un certificado de discapacidad o diagnóstico del estudiante ante el colegio, lo cual impide una temprana y oportuna atención educativa al estudiante. De la misma manera, se evidencia la poca dotación de recursos económicos, de materiales educativos o de mobiliario a las instituciones educativas inclusivas, lo cual contradice lo que está contemplado en el Programa Presupuesta 0106. Las diferencias encontradas en ambos casos de estudio se relacionan a: (1) el apoyo pedagógico especializado a la institución educativa (docentes de aula y estudiantes inclusivos). El personal del servicio de apoyo especializado SAANEE no se da abasto para atender a todos los estudiantes inclusivos, docentes e instituciones y, en muchos casos, se ha observado que las orientaciones hacia los docentes están sujetas a la voluntad de estos para ejecutarlas; es decir, no siempre se ponen en práctica las orientaciones brindadas en aspectos metodológicos para el aprendizaje de los estudiantes inclusivos en el aula. (2) El compromiso de los directivos y docentes determina la adopción y adecuada práctica de inclusión de estudiantes con discapacidad que favorece su aprendizaje. Se evidencia que el manejo del discurso de inclusión educativa no es suficiente para llevar a cabo la inclusión educativa, si no se trabajan acciones concretas para garantizar un adecuado aprendizaje. Estos resultados se explican, en un marco general, por la presencia y acción de las coaliciones promotoras; principalmente, por las alianzas establecidas entre las comunidades epistémicas con sociedad civil para incidir en el Estado.

El presente trabajo tiene por objeto analizar las actuales políticas públicas enfocadas a mejorar los índices de la participación de las mujeres en puestos de alta dirección el mercado laboral peruano, considerando la Agenda de Desarrollo establecida por nuestro país por medio de la Política Nacional de Igualdad de Género y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; donde se busca velar por la protección jurídica de los derechos de la mujer entre los que se encuentran la erradicación de la discriminación en base al principio de igualdad que garantiza nuestro ordenamiento. En principio, la erradicación de la discriminación laboral se ha entendido a lo largo del tiempo, como el acceso al mercado laboral, sin considerar otros factores como calidad de trabajo y remuneración suficiente; lo que ha conllevado a mantener las brechas respecto al acceso a empleos de calidad, en particular respecto a los puestos de alta dirección. Esta desigualdad se explica en gran parte debido a que los trabajadores con responsabilidades familiares (que en su mayoría son mujeres) realizan un trabajo no remunerado asociado a cuidado de adultos mayores, hijos o familiares con discapacidad. Por lo mismo, los trabajadores con responsabilidades familiares no pueden participar dentro del mercado laboral en igualdad de condiciones con los trabajadores que o no tiene dicha responsabilidad o a pesar de tenerla por los roles de género no asumen la mayor parte de la carga de la misma; lo que nos lleva a concluir que no se está cumpliendo con promover la igualdad de género en el mercado laboral peruano de manera adecuada. Por ende, este trabajo busca resaltar la importancia de las políticas públicas de cuidado como una alternativa eficaz para resolver dicha problemática en contraste con la política de cuotas de género que ha venido siendo la herramienta de inclusión social utilizada por el Estado Peruano para promover la participación de mujeres en puestos de alta dirección. / Trabajo académico

En el 2010 el Estado Peruano, ejerciendo su función protectora, puso en vigencia el Código de Defensa del Consumidor. Un esfuerzo orientado a reducir la asimetría informativa entre las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, el ejercicio pleno del derecho a la educación financiera va más allá. Implica una política social cuya prioridad sea una justa redistribución de oportunidades en temas básicos como inclusión social, salud, educación, etc… La inclusión financiera es un complemento de los temas básicos, que como el resto de derechos fundamentales es una de las dimensiones que contribuye al ejercicio pleno de la ciudadanía. De nada sirve acceder “democráticamente” a un cumulo de conocimiento, sin las condiciones para desarrollar capacidades en igualdad de condiciones. En ese sentido, mostraremos en nuestra investigación en qué nivel de maduración se encuentra hoy el entendimiento de los jóvenes limeños de 24 a 35 años del derecho a la educación financiera. Las prácticas económicas en el Perú promueven el consumismo financiero. Los peruanos laboralmente activos buscan mejorar su nivel de vida en el corto plazo, mientras que los bancos incrementan su oferta (sin información clara y suficiente) y sus utilidades, ¿y el Estado? Por décadas ha tenido una posición de defensa de los intereses de los grupos de poder. Veremos si hoy pueden considerarse garante y regulador efectivo de los intereses del colectivo de ciudadanos. Para nuestro análisis tendremos tres actores principales: El Estado, las empresas y el ciudadano. Si en los tres niveles no se toman decisiones que generen un cambio, poco o nada se mejorará. Analizaremos lo que sucede con los jóvenes limeños de 24 a 35 años en este escenario. Además, veremos cuál es el enfoque y acciones del Estado para atender sus demandas, y cuál es la participación e interés de las empresas (grupos de poder económico y político). El ejercicio pleno de la ciudadanía requiere que cada una de sus dimensiones se desarrolle. Una de ellas es la educación, y parte importante de ésta es la educación financiera. Se requiere un vehículo que contribuya a desarrollar algunas oportunidades en función del bienestar social. Veremos por qué no se logra aterrizar en programas y proyectos concretos. Finalmente, el Perú cuenta con una Comisión Multisectorial de Educación Financiera, liderada por el Ministerio de Economía; veremos si tiene una orientación democrática y si realmente puede ser artífice del camino que los jóvenes necesitan para ser incluidos democráticamente en el sistema financiero con transparencia, condiciones de equidad y con resultados eficientes para su desarrollo personal, y más cercanos a ejercer plenamente su ciudadanía. / Tesis

El presente informe tiene como objetivo realizar una breve revisión de la experiencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) creado en octubre del 2011 por el Gobierno del Presidente Ollanta Humala, haciendo énfasis en el proceso de rediseño y reorganización del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas - JUNTOS, a la luz de los conceptos de Gerencia Social, como son la eficacia, eficiencia y sostenibilidad.

El Conflicto Armado Interno en el Perú (1980 – 2000) dejó alrededor de 69 mil víctimas y fracturó de forma profunda a la sociedad peruana. De estas víctimas, 46% se le atribuye al PCP-SL, 30% a las fuerzas del orden estatales y 24% al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (CVR 2003). Así, las fuerzas del orden cometieron también ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, y desapariciones (Reátegui Carrillo, Ciurlizza, Peralta 2004). La legitimidad de estas violaciones a los derechos humanos es objeto de controversia desde el discurso oficial de seguridad nacional y denunciada por el discurso de los derechos humanos. Esta batalla por la memoria se ve reflejada en los procesos de instauración y ejecución de los lugares de memoria en el país. De ahí, surge la necesidad de conocer cómo se representa la memoria del CAI en espacios estatales como el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), que se reclama a sí mismo como un espacio de encuentro plural, donde se albergan diversas voces en sus exposiciones y actividades culturales. La presente es una propuesta de investigación sobre el abordaje institucional de las controversias en torno a la representación de la responsabilidad de las violaciones de los derechos humanos durante el CAI (1980-2000) en el LUM desde su fundación el 2015 hasta la actualidad. Para ello, nos apoyamos en la literatura sobre la institucionalización de la memoria y la musealización de las memorias de conflictos armados en la región latinoamericana.

Disfrutar de un espacio urbano accesible es el derecho de toda persona con discapacidad y es la obligación del Estado peruano cooperar para asegurar la accesibilidad a estas personas (Naciones Unidas, 2016a). En este sentido, es necesario evaluar la infraestructura vial actual con el fin de determinar si los elementos que la conforman, realmente, satisfacen las necesidades de desplazamiento de los peatones más vulnerables, las personas sin autonomía. Con este fin, se evaluó a la instalación de un cruce a desnivel que es el puente peatonal, y, así, responder si promueve la accesibilidad universal o no. La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar si fue adecuada la instalación del puente peatonal con rampas en la intersección de la Av. Néstor Gambetta y la Av. La Playa. Se desdobló este objetivo en tres objetivos específicos: Describir la opinión de los peatones respecto al puente peatonal construido, determinar el nivel de accesibilidad peatonal que se alcanza en el área de estudio y si se logra la integración del puente peatonal construido, y diseñar una propuesta para mejorar las condiciones de circulación peatonal en la zona de estudio. La metodología se basó en un enfoque mixto. Por un lado, en el enfoque cualitativo está el diagnóstico del nivel de accesibilidad del entorno peatonal, a través de la observación y el registro fotográfico. Por otro lado, como parte del enfoque cuantito, se aplicaron encuestas presenciales a una muestra no probabilística, se contó los flujos peatones y vehiculares, y se evaluó la eficiencia de la propuesta de rediseño vial que excluye al puente peatonal a través del software VISSIM 8. Los resultados obtenidos respaldan la conclusión de que la construcción del puente peatonal de la intersección estudiada no fue adecuada, afirmación que se respalda en tres argumentos. El primero es que la opinión compartida por las personas sin autonomía es que el puente es la opción menos accesible, o, incluso, inaccesible. Además, les provoca cansancio producto del esfuerzo extra para recorrerlo, les demanda más tiempo para lograr cruzar la avenida, y, durante el recorrido por los tramos del puente, no se sienten seguros. El segundo motivo es que el entorno peatonal actual es calificado con bajo nivel de accesibilidad que impide la formación de itinerarios peatonales accesibles y continuos, por lo que, al incluir al puente, este no logra integrarse y, mucho menos, logra mejorar las condiciones de desplazamiento para las personas sin autonomía. El último argumento es que, es posible mejorar las condiciones de circulación para brindar mayor accesibilidad al peatón, a la par de beneficiar la circulación de los vehículos en un escenario donde no existe el puente peatonal.

La presente investigación es un acercamiento a los procesos de comunicación y generación de espacios que tienen las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) alineado al objetivo institucional de fomentar la participación ciudadana de las personas con discapacidad. El caso de estudio aborda la situación vivida por la Municipalidad de San Miguel y se recogen las vivencias de cada uno de los actores que conviven en este distrito. De ellos se recolecta sus experiencias divididas en tres aspectos: la participación política, social y cultural. Para lograr nuestro objetivo de investigación se planteó como propuesta realizar entrevistas y dinámicas grupales a los distintos actores presentes en el distrito. Ello va desde las autoridades Municipales, personas responsables del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), responsables de los talleres impartidos, las personas con discapacidad y sus familias. La información recolectada permitió desarrollar conclusiones que van desde los modelos de gestión de los espacios hasta las perspectivas que poseen cada uno de los actores entorno a la discapacidad. Todo ello plantea un aporte a los estudios en comunicación para el desarrollo, ya que permite rescatar las experiencias desde las distintas perspectivas de las personas involucradas y plantear nuevos focos en la gestión de los procesos de comunicación que imparten las instituciones públicas.

En diciembre de 2015, el Lugar de la Memoria (LUM) fue inaugurado tras una serie de inusuales alianzas plurales entre sectores liberales y otros más izquierdistas, bajo un accionar siempre prudente y consciente de sus propias limitaciones. Esto estuvo expresado en la lógica del “prevenir antes que lamentar”, aunque a veces esta autoconciencia de la propia debilidad haya sido un poco excesiva. Esta investigación busca comprender de qué modo la falta de consenso en la opinión pública y la oposición política latente a la memoria de la violencia política y a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, influenció el proceso de formulación del LUM. Se ubican tres momentos políticos (Alameda, Museo y Lugar) que, a pesar de su ubicación (sociedad civil o Estado), la diferente composición de sus coaliciones promotoras o que se auto-perciban radicalmente distintas entre sí, mantienen un grado importante de continuidad en torno a coordenadas generales de memoria. Esto debido a que comparten un núcleo básico de memoria delimitado por la CVR, aunque constantemente los promotores del LUM traten de desmarcarse de ella, debido a la polarización de memorias existente y la incapacidad de generar una hegemónica en la sociedad. Debemos reconocer que el LUM no existiría sin el camino trazado y las batallas libradas por la CVR. Al mismo tiempo, frente a ella hay una oposición constante que demuestra la continuidad en la falta de consenso sobre los hechos de la violencia política. Por otro lado, las discrepancias entre las coaliciones pro-LUM se generan, más bien, debido a diferencias sobre preferencias de políticas de memoria (las discusiones estéticas de los guiones museográficos), que influencian la conformación de las coaliciones mediante redes sociales. Asimismo, como procedimiento de las coaliciones encontramos una continuidad en la cerrazón y el limitado diálogo con actores que piensan distinto, como los opositores (fujimoristas o grupos alzados en armas) y las víctimas, quienes son tematizadas pero no tratadas como agentes políticos. Este trabajo celebra la existencia de un LUM, con todos sus aciertos y errores, en un contexto político tan complicado

En los tiempos modernos, el crecimiento económico ha generado recientemente una corriente que impulsa a la inclusión financiera de la población, a partir de diferentes sectores tanto públicos como privados. Esto ha venido generando una serie de condiciones que, desde la promulgación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera – ENIF, han venido dando las condiciones para abordar el tema de manera cada vez más urgente. El desarrollo de la tecnología en este sentido, también viene llevando a que cada vez el sistema financiero compita por brindar servicios cada vez más tecnificados y eficientes para administrar el dinero de sus clientes. Sin embargo, si consideramos que las personas más que clientes son ciudadanos y ciudadanas, en este contexto llama la atención la condición en la que se encuentran la mayoría de personas en nuestro país, donde dadas sus condiciones de vulnerabilidad de un gran porcentaje de la población, apenas cuentan con los medios necesarios para subsistir, con una serie de deficiencias en sus condiciones de vida, tanto sociales como económicas, y que dado en desarrollo del sector financiero, vienen siendo expuestos a una situación de riesgo al tener que interactuar con las instituciones financieras, en condiciones que no suelen ser las más adecuadas y que además vulneran sus derechos. Ante este hecho, el Estado empieza a generar ciertos esfuerzos, pero estos aún son incipientes, como se analiza en la presente investigación. / Tesis