Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta memoria se analiza la legislación educacional y sus efectos durante la dictadura y los gobiernos democráticos de la Concertación. La dictadura militar chilena (1973-1990) realizó una serie de transformaciones institucionales en materia educacional, las cuales tuvieron como eje la mínima participación del Estado en el proceso educativo, cuya función fue reemplazada en gran parte por la iniciativa privada, que se fortaleció mediante incentivos a raíz de la competencia por los recursos fiscales, principalmente vía subvenciones; y ninguna regulación de las actividades lucrativas. Los gobiernos de la Concertación (1990-2010) heredaron estos pilares del sistema educativo autoritario, y si bien otorgaron al Estado un papel regulador y subsidiario, a su vez fomentaron la participación privada al profundizar el modelo de subvenciones, agregando el financiamiento compartido y propiciar la creciente participación de la banca. Si bien en estos periodos se acentúa un creciente aumento en la cobertura educacional, ésta a su vez se caracteriza por una calidad deficiente y por una segregación social profundamente regresiva y estructurada por clases. En efecto, podemos concluir que la legislación educacional ampara y legitima un proyecto nacional abiertamente en crisis.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Existen en la vida de los negocios jurídicos contratos de mayor o menor importancia, que se celebran habitualmente y que pasan desapercibidos ante los ojos del legislador. Estos contratos, calificados por la doctrina como innominados o atípicos, no tienen una jerarquía menor que aquellos que sí están regulados legalmente. Lo anterior podemos sostenerlo con certeza teniendo a la vista el artículo 1.545 del Código Civil, que dispone que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, sin distinguir si el contrato en cuestión está regulado o no por alguna norma legal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias Jurídicas y sociales) / Para nadie es novedoso el hecho de que la educación, y particularmente el derecho a, ha estado en la palestra pública en Chile en los últimos años. A partir de la denominada “Revolución Pingüina” del año 2006, pero fundamentalmente mediante las movilizaciones sociales que se desarrollaron por la temática el año 2011, se comenzó a discutir sobre la relevancia de este derecho para la sociedad misma. No obstante, aquel proceso abrió más preguntas que respuestas. Si se solicitaba la verdadera materialización de la educación como un derecho, ¿qué ocurría, en términos prácticos, que aquél -contemplado en el artículo 19 N°10 de nuestra Carta Fundamental- no era concebido socialmente como tal? En atención a la primacía de la realidad sobre la teoría, podrían concebirse variadas respuestas. No obstante, existe un desafío aún anterior: qué entendemos realmente por Derecho a la Educación, y, junto con ello, qué es la educación en sí. Los derechos humanos de segunda generación o también denominados derechos prestacionales requieren una reconfiguración, una que logre saldar la deuda del Estado moderno, aquella que haga práctica el principio que establece que aquél está al servicio de la persona humana en todas sus facetas, y que comprende que aquellos derechos, concebidos desde el sacrificio de años de historia, le pertenecen a todo ser humano sin importar sus características diferenciadoras del otro. De dicha forma, analizar el concepto de derecho a la educación no sólo desde su jurisprudencia mediante la tutela indirecta mediante el derecho a la propiedad, sino desde sí y para sí, abarcando, con la prudencia suficiente, el recurrir a la filosofía, la sociología y, por sobre todo, al derecho nacional e internacional. Una construcción que devele la posibilidad de configurar el mismo pero también de tutelarlo: hablamos de pasar del papel a la defensa del derecho mismo a educarnos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo pretende exponer y sistematizar de una forma coherente y práctica la abundante y en ocasiones disímil jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, recaída en el actual Estatuto de los Profesionales de la Educación, cuyo texto primitivo se encuentra contenido en la Ley Nº 19.070, vigente desde el 1º de Julio del año 1991, modificado por varias leyes posteriores y refundido, coordinado y sistematizado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del año 1996 del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial Nº 35.672 de fecha 22 de Enero de 1997, mismo que a la fecha también ya ha sufrido algunas modificaciones de relevancia. Para todos los que se vinculan de alguna forma a la función docente, este trabajo puede representar una ayuda en orden a conocer y eventualmente interpretar adecuadamente la normativa contenida en el referido Estatuto Docente y su Reglamento, así como el gran número de normas que lo complementan e informan