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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo daremos a conocer este tipo de sociedades que sirven de instrumento y consagración al principio pluralista, las cuales ocupan un lugar estratégico en las sociedades evolucionadas y modernas. Una vez adentrados en el concepto y reconocimiento de estas organizaciones analizaremos si el derecho a la propagación de una ideología puede, o debe, prevalecer por sobre ciertos derechos fundamentales del ser humano que presta sus servicios a dicha entidad. Asimismo, desarrollaremos ciertos criterios que hemos denominado como “útiles” para los efectos de solucionar las eventuales colisiones entre los derechos del trabajador y los de la empresa, algunos ya en práctica otros propuestos. Igualmente, analizaremos algunas sentencias dictadas tanto en el extranjero como en nuestro país, previniendo desde ya que dicho análisis se efectuó bajo la conciencia del escaso conocimiento y estudio de las empresas ideológicas en nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, las conclusiones que alcanzaremos en este trabajo, independiente de la vertiente que adopten, se sostienen en el inevitable conflicto que surge de la tutela por el ordenamiento jurídico a valores y derechos plasmados en los cuerpos normativos nacionales e internacionales de alto reconocimiento. En fin, esta disyuntiva se presenta en toda sociedad que reconoce el pluralismo, independiente de si encuentra una regulación expresa o no en su normativa interna. Por este motivo, es que consideramos de gran importancia indagar en este tema y buscar si tiene efectivamente asidero legal en nuestro país, o por el contrario, si debe aplicarse criterios ya existentes y adaptarlos a una realidad aún no regulada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Tradicionalmente la quiebra ha sido tratada fundamentalmente desde la óptica de la economía y su estudio se ha anexado al Derecho Comercial, dejando en segundo plano los efectos sociales vinculados a la misma. De estos efectos sociales, esencial resulta el estudio del impacto que sufren los trabajadores que son desvinculados por la quiebra de su empleador, considerando que hasta el año 2014, anualmente en promedio quebraban 155 empresas, promediando a su vez 21 trabajadores con contrato vigente al momento de la incautación.1 Así, por años se clamó para que el legislador se pronunciara sobre el reconocimiento y defensa de los derechos laborales afectados por la quiebra de los empresarios, tarea que fue dejada en manos de la doctrina y jurisprudencia, hasta que en el año 2014 se publicó la Ley N° 20.720 que establece una nueva regulación concursal, junto a la cual se introducen varias modificaciones a las normas laborales y de seguridad social. En esta obra se exponen y analizan críticamente estos cambios hechos en materia laboral y de seguridad social vinculados a la insolvencia del empleador, revisando la legislación, trabajos existentes sobre el tema, además de la jurisprudencia que nos ofrecen los tribunales de justicia y la Dirección del Trabajo y otros antecedentes pertinentes, como los emanados de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Las mejoras laborales que introduce la Ley N° 20.720 al ordenamiento son varias y corrigen de manera significativa los múltiples problemas que afectaban a los trabajadores. Aun así, quedan temas pendientes en que el Derecho Laboral y el ordenamiento en general deben avanzar para proteger a los trabajadores ante las crisis económicas de las empresas.

TESIS DE GRADO PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN GESTIÓN DE PERSONAS Y DINÁMICA ORGANIZACIONAL / Autor autoriza el acceso a texto completo de su documento. / Las organizaciones a nivel mundial se ven enfrentadas de forma cada vez más evidente a entornos altamente competitivos, globalizados e inciertos (Kotter y Schlesinger, 2008; Palthe y Ernst, 2002; Tsoukas y Chia, 2002; Van de Ven y Poole, 2005), que les exigen una mayor capacidad de adaptación para no quedar condenadas al fracaso (Rogelberg, 2007; Rothwell y Kazanas, 2007). Este desafío acarrea de forma explícita para las organizaciones la necesidad de asegurar que la gestión del capital humano sea consistente con la estrategia y directrices de desarrollo organizacional (Traian y Andrei, 2012), estableciendo políticas y procedimientos integrados en los planes de negocio organizacional (Garavan, 1991, McCracken y Wallace, 1999; en Abdullah, 2009) y asegurando que la gestión de dicho capital sea parte de su ventaja competitiva (Boxall, 1996; en Boxall, 2003). Lo anterior, teniendo en cuenta que el recurso humano constituye en la actualidad un activo fundamental para asegurar el éxito de toda empresa, en la medida que sus habilidades, conocimientos y experiencias permiten a la organización diferenciarse de sus competidores (Abdullah, 2009; Rothwell y Kazanas, 2008; Traian y Andrei, 2012). Sobre la base de lo planteado en los párrafos anteriores, resulta factible indicar que en particular, los procesos de capacitación y desarrollo de personas adquieren un rol trascendental para asegurar las metas y el éxito de las empresas, en la medida que pueden impactar directamente en el desempeño individual, del equipo, y finalmente, en los resultados organizacionales (Bartel, 2000; Salas y Stagl, 2009; Spitzer y Conway, 2007; Rothwell y Kazanas, 2008). Lo anterior se debe principalmente a que la inversión en formación constituye una poderosa palanca para estructurar y guiar diversas experiencias en los trabajadores, lo que facilita la adquisición de aprendizajes cognitivos, afectivos y/o psicomotrices, que a su vez pueden ser transferidos al puesto de trabajo, y eventualmente, impactar en el desempeño organizacional (Kirkpatrick, 2000; Salas y Stagl, 2009), aumentando la productividad y calidad del trabajo (Sattar, 2011), así como también impactando en la eficiencia y eficacia tanto del empleado como de la organización (Ghafoor, Khan y Khan, 2011). Más aún, se ha evidenciado que los planes de capacitación y desarrollo efectivos contribuyen a reducir el ausentismo y la rotación de personal (Brum, 2007; Sattar, 2011), así como también aumentar la motivación, la satisfacción laboral (Sattar, 2011) y el compromiso con la organización (Brum, 2007). Sin embargo, a pesar del rol estratégico que pueden jugar tanto las prácticas de Recursos Humanos en general, como las de capacitación en particular, existen diversos desafíos y problemáticas que obstaculizan su consecución. En este sentido, muchas organizaciones enfrentan dificultades para asegurar la efectividad y relevancia de sus políticas y prácticas de Recursos Humanos, las cuales tienden a ser cortoplacistas, o incluso, pueden no existir en algunas empresas (Adbullah, 2009). A esto se suma que gran parte de las intervenciones no están respaldadas por evidencia empírica que le de sustento y permita afirmar que los resultados a ser obtenidos estarán vinculados efectivamente con los planes y metas organizacionales (Boyd, Gove y Hitt, 2004; Briner y Rousseau, 2011; Spitzer y Conway, 2007; Rousseau y Barends, 2011).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se analizará la institución de los servicios mínimos -como una limitación al derecho de huelga- desde diferentes aristas con el propósito de comprender el contexto en donde se originó la controversia respecto de si la calificación administrativa de los servicios mínimos realizada por el Director Nacional del Trabajo, es susceptible o no de revisión por parte de los tribunales de justicia. Se presentará a través de -una pequeña muestra representativa- la forma en que se ha desarrollado ésta discusión en los distintos tribunales de justicia de nuestro país, de la cual se extraerán los principales argumentos que fundamentan las posturas adoptadas por los juristas, ya sea, en favor o en contra del reconocimiento de la competencia de los tribunales laborales para conocer del asunto. Con el fin de aportar a la discusión, se propondrá una interpretación normativa desde una concepción global del ordenamiento jurídico, por medio de aquellas normas, reglas y principios que permitan comprobar tanto la existencia de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo para conocer del asunto, como la necesidad de un control judicial respecto a la calificación de servicios mínimos que realiza la administración, debido a que la resolución del asunto involucra la ponderación de derechos fundamentales de los sindicatos, los empleadores y la sociedad en su conjunto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Se hace imperioso comenzar este trabajo con el estudio, en primer lugar de la evolución histórica de la responsabilidad civil, lo que permitirá entender el sentido de las instituciones y normas que nos rigen en la actualidad, estudiando, en detalle, los presupuestos de la responsabilidad extracontractual y contractual actual, a la luz de la doctrina, legislación y jurisprudencia nacionales, para, de este modo, comprender en toda su dimensión algunas teorías y principios que rigen o regían las hipótesis de perjuicios de naturaleza laboral, en el derecho nacional. Analizaremos el daño moral tanto desde la perspectiva civil como desde la óptica del Derecho del Trabajo, por ser una temática de gran actualidad, tanto en el ámbito nacional como comparado. Por otro lado trataremos sistemáticamente, los casos de posibles daños que pueden presentarse con anterioridad y posterioridad a la vigencia del contrato de trabajo (responsabilidad precontractual y postcontractual), tema que la doctrina nacional no ha examinado con toda la profundidad que amerita. Posteriormente, nos referiremos a la responsabilidad por el hecho ajeno del empresario, deteniéndonos en ciertas formas de contratación atípicas como el teletrabajo o el trabajo a domicilio, que plantean problemas dogmáticos de importancia, dada nuestra actual estructura de responsabilidad. Además, en este mismo apartado, haremos mención a una interesante tendencia exegética de nuestros tribunales de justicia para adaptar esta responsabilidad del empresario, a las actuales condiciones de la economía. En los Capítulos siguientes nos centraremos en las fuentes de responsabilidad del empleador netamente laborales, analizando hipótesis de daños específicos producidos a los trabajadores. Para tales efectos comenzaremos con el análisis de la responsabilidad subsidiaria del dueño de la empresa, obra o faena, respecto de las obligaciones laborales y previsionales que hayan incumplido los contratistas y subcontratistas. En ese mismo Capítulo definiremos los intervinientes en este tipo de relaciones, estableceremos el ámbito subjetivo y temporal de aplicación de las normas que regulan este tipo de responsabilidad. Por otro lado, analizaremos las relaciones triangulares y las vinculaciones entre éstas con la simulación y el fraude de ley laboral. Posteriormente, revisaremos las normas y principios aplicables a las hipótesis de perjuicios ocasionados al trabajador, que se verifican con más frecuencia en las relaciones del trabajo, como lo son los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De este modo, revisaremos la historia legislativa en relación con estas materias, analizaremos las definiciones que se dan de ambos conceptos, los titulares de las acciones entregadas por la ley, así como los tribunales competentes para conocer de ellas, los plazos de prescripción, entre otras materias de importancia. En el séptimo, y último Capítulo, trataremos un tema aún en ciernes en el Derecho Laboral chileno y que tiene relación con los perjuicios causados al trabajador como consecuencia de un despido declarado, posteriormente, como injustificado, indebido o improcedente, por el Tribunal competente, y la posibilidad de exigir una indemnización adicional de daños no comprendidos explícitamente en el Código del Trabajo, por parte del trabajador. Para tales efectos revisaremos las distintas teorías que explican la naturaleza jurídica de las indemnizaciones que se originan producto del despido. Asimismo, expondremos las posturas que niegan la posibilidad de solicitar reparación por este concepto y aquellas que la defienden, y, en este último caso, los fundamentos constitucionales, legales y de principios dogmáticos que se esgrimen para ello; además, nos pronunciaremos acerca del tribunal competente para conocer de dichos procesos y el estatuto jurídico a aplicar a estas acciones.