El 21 de julio del 2012 se incorporó la Cláusula Antielusiva General (CAG) de la Norma XVI del al Código Tributario peruano. El 12 de julio del 2014, después de dos años de su aprobación, la aplicación de la norma fue suspendida, mediante el artículo 8 de la Ley No. 30230 “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”. La norma no llegó a implementarse ni a aplicarse en dicho lapso. Estos hechos nos permiten indicar que hay diversos factores en juego al determinar la capacidad de las empresas de influir en las políticas públicas, pues las teorías basadas en la cercanía del sector privado y el poder político no brindan explicaciones suficientes. En este trabajo se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Qué elemento determinó la suspensión de la aplicación de la CAG de la Norma VI del título preliminar del Código Tributario Peruano entre el 2012 y el 2014? Para responder a esta pregunta, se toma como punto de partida el análisis del poder empresarial desde una concepción bidimensional del mismo: poder instrumental y poder estructural. Utilizando una metodología cualitativa basada en el process tracing y estudio de caso, se analiza la data en torno CAG de la Norma XVI en el período de estudio. Así se identifican los elementos que dan forma a la percepción de los policymakers respecto del sector empresarial en el Perú y de posición estructural de este sector en la economía del país.

En el sector eléctrico se ha vuelto recurrente que los concesionarios de proyectos eléctricos acudan al Ministerio de Energía y Minas para alegar la ocurrencia de eventos que a su criterio califican como caso fortuito o fuerza mayor, a fin de liberarse de toda responsabilidad y ver prorrogado el plazo de su proyecto mitigando así los riesgos y las consecuencias de no lograr la operación comercial del proyecto en la fecha prevista, incurrir en algún incumplimiento contractual o legal e incluso estar frente al inicio de un procedimiento de caducidad de su concesión definitiva. De esta manera, los concesionarios con mucha frecuencia buscan encausar cualquier acontecimiento que impacte en el desarrollo de su proyecto bajo el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor sin haber realizado previamente el análisis jurídico para determinar si se encuentran frente a un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. A propósito de esta práctica cotidiana que el autor ha identificado en su ejercicio profesional surge el presente artículo académico, el mismo que busca analizar la figura jurídica del caso fortuito y fuerza mayor aplicado en el sector eléctrico, así como evaluar si las demoras atribuibles al propio Estado califican dentro de dicha figura jurídica. / In the electricity sector, it has become recurrent for electricity project concessionaires to turn to the Ministry of Energy and Mines to allege the occurrence of events that in their opinion qualify as a fortuitous event or force majeure, in order to free themselves from any liability and see the term of their project extended, thus mitigating the risks and consequences of not achieving the commercial operation of the project on the scheduled date, incurring in any contractual or legal breach and even being faced with the start of a procedure for the expiry of their definitive concession. In this way, concessionaires very often seek to channel any event that impacts the development of their project under the assumption of fortuitous event or force majeure without having previously carried out the legal analysis to determine whether they are facing an extraordinary, unforeseeable and irresistible event. This academic article arises from this daily practice that the author has identified in his professional practice and seeks to analyse the legal concept of fortuitous events and force majeure applied in the electricity sector, as well as to evaluate whether the delays attributable to the State itself qualify within this legal concept. / Trabajo académico