El presente trabajo analiza el instrumento conocido como Aportes Financieros Reembolsables que cobran los prestadores de servicios sanitarios a los nuevos abonados que solicitan la conexión a las redes de las concesionarias de agua potable y alcantarillado y que de acuerdo a la definición que contiene la ley, corresponde a una fuente de financiamiento alternativo al que pueden recurrir los concesionarios para la construcción de obras que son de su cargo y costo. A través de la sentencia N° 85 del 2 de julio de 2009 el Tribunal de la Libre Competencia, zanjó una controversia existente entre urbanizadores y prestadores sanitarios por abuso de posición dominante. Si bien, este proceso no se refería específicamente a este instrumento de financiamiento, sí lo analiza y concluye la necesidad de que sea modernizado a la luz de los cambios ocurridos tanto en el mercado de capitales como en la estructura de financiamiento de los propios prestadores. En este contexto, recogiendo esta inquietud, en este trabajo se analizan las características del instrumento, se revisa la estructura actual de los prestadores sanitarios, su evolución y los mecanismos que han ocupado para financiar la construcción de las obras requeridas para aumentar las coberturas. Se concluye de este análisis, que estos prestadores presentan condiciones muy ventajosas, por ejemplo, para la emisión de bonos, con clasificaciones de riesgo muy favorables respecto de otros emisores que utilizan este mismo tipo de instrumentos. Se investiga también, los mecanismos de financiamiento de las empresas inmobiliarias y en general las condiciones del mercado que permiten definir el riesgo de cada uno de estos agentes, para desde ahí deducir la facilidad con que cada uno de ellos pueden entrar al mercado de capitales con el objeto de financiar sus inversiones. Se verifica para las inmobiliarias condiciones mucho menos ventajosas para el endeudamiento, con pasivos constituidos fundamentalmente por créditos bancarios y con clasificaciones de riesgo mucho menos favorables que para el caso de los prestadores sanitarios. Del análisis, se verifica claramente que el cobro de este aporte no representa estrictamente una necesidad de financiamiento, sino que más bien una oportunidad de adquirir deuda a bajo costo, sin que necesariamente exista una necesidad emergente de inversión. Por lo anterior, las modificaciones regulatorias que se proponen buscan restringir el uso de este instrumento solo para aquellos casos en que efectivamente existan necesidades de inversión para obras que son propias de la concesionaria y su financiamiento impacte el presupuesto de tesorería del prestador, estableciendo tamaños mínimos de proyectos a los que se les puede hacer efectivo este cobro, estableciendo condiciones a la distribución de dividendos entre los accionistas y en general medidas que permitan fortalecer la condición de mecanismo alternativo para el financiamiento de estas obras.

Ingeniera Civil Industrial / Aguas Andinas corresponde a la empresa sanitaria más grande del país, con alrededor de 1,8MM de clientes en la Región Metropolitana y una facturación anual de 509MM de m3 de agua potable, equivalente aproximadamente a $341MMM. Todas las empresas sanitarias presentan cierto porcentaje de agua no facturada, vale decir, aquella agua potable que se produce, pero no logra cobrarse al consumidor final. Este índice es de alrededor del 30% y es explicado por 3 factores: pérdida técnica, pérdida por micromedición y pérdida por uso irregular. El presente trabajo de memoria pretende encargarse del tercer factor, relativo al agua no facturada por intervenciones que realizan las personas en sus medidores o red de agua potable, con el objeto de disminuir la lectura de m3. Este punto es el causante de una pérdida mensual estimada de 700.000 m3, lo que en dinero se traduce en $468MM. Hasta ahora, la empresa ha utilizado ciertos criterios para detectar usuarios irregulares, como verificar cuáles de los clientes previamente visitados por personal técnico ha presentado una baja en su consumo (pues se sabe que algunos trabajadores gasfiteros ofrecen intervenir el medidor) o comprobar denuncias hechas por los clientes. Mas, se desaprovecha un sinfín de información con la que se cuenta y que podría aportar a una mayor detección de ilícitos, mejorándose la actual tasa de detección del 15%. Se tiene por cada 1% de mejora en dicha tasa aumenta la recaudación en $6MM. El eje del trabajo lo constituye la metodología KDD, tendiente a extraer patrones útiles y coherentes de la información que se posee. Es así como se buscó obtener un modelo que señalara la probabilidad que tiene cada cliente de ser un irregular, con la mayor certeza posible, para lo cual se trabajó con datos de clientes irregulares y no irregulares, construyendo una base a la que se le aplicó 3 modelos de aprendizaje supervisado: regresión logística binaria, árbol de decisión CHAID y red neuronal, definiéndose el mejor modelo en base a los costos asociados a los errores tipo I y II. El mejor método resultó ser el árbol de decisión, con la eficacia más alta igual a 75%, lo que conllevaba al costo por error más bajo. A la vez su eficiencia fue de 81,2%, por lo que en un escenario conservador, si se considera que la tasa de detección aumente de un 15% actual a un 40% con el nuevo método, se está ante una recuperación extra mensual de $150MM. Finalmente, junto con la aplicación del modelo resultante de este trabajo se sugiere diseñar una estrategia orientada a mejorar la actual tasa de regularización del 55%, considerada baja, lo que aumentaría aún más la recuperación monetaria. Además se debe tener presente que este tipo de modelos posee un determinado ciclo de vida, vale decir, después de cierto tiempo de aplicación es altamente probable que la eficacia y eficiencia comiencen a decaer debido a cambios que vaya experimentando el universo bajo estudio. Por ello se recomienda retroalimentar cada cierto tiempo el modelo, utilizando toda la data que se vaya recolectando, de modo de mantener su calidad.

Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / El presente trabajo, analiza la factibilidad técnica, económica y estratégica para la creación de un nuevo servicio en Compañía Chilena de Medición S.A., Itron Chile; enfocado en la realización de Recambio de Medidores y de Autocontrol SISS como contratista de Sanitarias en Chile. Para esto, se realizó un proceso de cuatro etapas: diagnóstico de mercado, síntesis estratégica, diseño estratégico y una evaluación económica con y sin financiamiento, a fin de dar una certera respuesta a la factibilidad de que el negocio sea atractivo o no para Itron. Primero se realizó el diagnóstico del mercado listando las empresas Sanitarias más importantes de Chile (una por región), siendo las de la zona centro y sur del país las más atractivas abarcando el 76% del mercado total, con un crecimiento estimado de 2,6% anual. Además, se da a conocer la forma en la que se realizan los servicios de Recambio de Medidores y Autocontrol SISS junto con los competidores actuales, los que en su mayoría no tienen estos servicios como foco principal de su negocio. También se realizó un benchmarking, obteniendo que en Estados Unidos existe un servicio parecido a las Sanitarias apoyado con un software (Profield) que permite tener un mayor y mejor control de lo que realizan los contratistas en campo, entrega la información en una interfaz amena y no con datos disgregados que, según los clientes a quienes se entrevistó, es lo que necesitan debido a que pasan demasiado tiempo depurando los datos entregados por los contratista en una planilla Excel. Para la síntesis estratégica se concentró la información en un análisis FODA por servicio, siendo lo más relevante, los criterios de que lleven a optar por una u otra Sanitaria. Además, la empresa no cuenta actualmente con recursos físicos necesarios para desarrollarlos, por lo que deberá invertir o financiarse si los desea realizar. En el diseño estratégico, se utilizaron las variables de decisión para cada servicio, quedando como clientes objetivo para el Recambio de Medidores Aguas Andinas y ESVAL Aguas del Valle con un total estimado de MMCLP $1.400 para dos años, mientras que el Autocontrol SISS quedó desestimado porque el estimado a dos años fue sólo de MMCLP $65. El precio inicial se estableció en un 10% más que el actual; la promoción se debe realizar en primera instancia con Aguas Andinas; la locación será en Santiago y luego de dos años con oficinas en la IV y V regiones; mientras que el producto será un servicio basado en tecnología WEB y aplicación para Smartphone posicionándose como una empresa que aumenta los estándares de satisfacción de las Sanitarias y con una propuesta única de venta: Recambio de Medidores, con un Control y Gestión que aumenta la productividad a la Sanitaria . Además se listaron los recursos necesarios que permitirán realizar la evaluación económica. La evaluación económica entregó en el escenario sin financiamiento que el VAN es negativo (-$ 242.123.500) al igual que la TIR (-3,95%) pero con flujo positivo para el quinto año, mientras que con financiamiento tanto el VAN y la TIR resultaron positivos ($ 38.473.963 y 0,74 respectivamente) lo que podría ser una opción. Se sensibilizó el escenario sin financiamiento aumentando la cantidad de servicios por instalador, aumentando en 10% el precio y aumentando el costo del combustible en un 10% también, pero para todos los resultados ni el VAN ni la TIR resultaron siendo positivas.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público) / Actividad Formativa Equivalente a Tesis (AFET) / La Ley General de Servicios Sanitarios establece que una concesión, solicitada por una empresa sanitaria, para establecer, construir y explotar servicios públicos destinados a producir agua potable, distribuir agua potable, recolectar aguas servidas, y disponer aguas servidas, le otorga derecho a usar, a título gratuito, bienes nacionales de uso público para instalar infraestructura sanitaria. Sin embargo, ciertos bienes nacionales de uso público, específicamente aquellos ubicados en el borde costero chileno, son administrados por el Ministerio de Defensa Nacional, quien puede conceder su uso a particulares, a través de concesiones marítimas. Por lo anterior, analizadas las normativas pertinentes que regula cada tipo de concesión, se determina que bajo ciertos supuestos es posible aplicar el régimen de gratuidad establecido en artículo 9 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios, cuando una empresa sanitaria solicita una concesión marítima.