El expediente materia de análisis permite abordar una serie de problemáticas jurídicas, dentro de las cuales cabe destacar el análisis integral de la teoría del delito y sus diferentes subcategorías. Asimismo, se encuentran presentes aspectos de la normativa procesal a ser contrastados desde el aún vigente Código de Procedimientos Penales y la más reciente normativa del Nuevo Código Procesal Penal, principalmente en torno al control judicial de las resoluciones de primera instancia efectuado por la Corte Suprema. Finalmente, en la tramitación del expediente subyace una problemática cuya relevancia y necesidad de prevención ha venido tomando mucha importancia en los últimos años, como lo es el fenómeno de la violencia de género y lo que ello entraña para la aplicación de las categorías e instituciones jurídico-penales vigentes en nuestro ordenamiento. En razón de lo señalado, considero que la presente investigación se justifica en dos principales razones: la revisión de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el caso concreto y las vías alternativas a través de las cuales las causas de justificación podrían ser reinterpretadas en función de los efectos que un fenómeno estructural como la violencia de género podría tener en la aplicación del Derecho Penal. En ese sentido, se sustenta como hipótesis la concurrencia de un estado de necesidad exculpante en la conducta de la procesada y, asimismo, postulo una reinterpretación de los parámetros para la aplicación de la causa de justificación del “estado de necesidad justificante” en atención a los efectos que la violencia de género podría tener tanto sobre la víctima de la misma como sobre aquellos terceros en estrecha vinculación con esta. Para el presente trabajo, se utilizó como metodología la revisión de doctrina jurídica y jurisprudencia aplicables al caso concreto, a través del método dogmático-jurídico.

El propósito del presente trabajo académico es mostrar cómo requiere y no establece absolutamente medidas, ni excepciones, para cumplir con los requisitos específicos el artículo 565-A del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, esto es “acreditar estar al día en el pago de la pensión alimentaria”, de cualquier persona que alegue que el órgano jurisdiccional extinguida una obligación de carácter alimentaria al cual se está obligado, en violación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a los efectos de preparar este acto para determinar que debe ser interpretado sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el marco legal en el que se construye. También se analiza que debemos entender por derecho a alimentos y los que están obligados a otorgarlos, al hacer un análisis específico de causas específicas en las que se estableció la transferencia de exenciones de impuestos sobre los alimentos, se estableció en el artículo 483° del Código Civil, lo siguiente; por la incapacidad material de seguir cumpliendo dicha obligación por parte del obligado, de manera tal que exigirle dicho cumplimiento ponga en riesgo su propia subsistencia; por haber desaparecido el estado de necesidad del alimentista y por ultimo cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad. Una vez que se determine cada causal, los parámetros o excepciones a la aplicación de una solicitud especial al momento de calificar la demanda, llegando a la conclusión de que el juzgador en todo caso vía control difuso, debe aplicar la ley constitucional a un comportamiento legal efectivo, comparable a un requisito oficial para limitar el acceso a la justicia, incluso una declaración de sustancias en una justicia de proceso donde se hace la garantía mínima para verificarse y establecerse sobre la fundabilidad de la pretensión.

El presente artículo toma como punto de partida los casos de desalojo por ocupación precaria entre familiares y la posibilidad de discutir temas de derecho de alimentos en este tipo de procesos. Esto debido a que, actualmente, la Corte Suprema ha señalado que no es posible esta discusión; sin embargo, mediante el siguiente análisis doctrinario, jurisprudencial y normativo, nos propondremos comprobar lo contrario. De esta manera, en una primera sección estableceremos que cuando el demandado se encuentra en estado de necesidad, entonces tendrá un derecho a la vivienda que debe ser brindado por el demandante cuando son familiares. Para ello, primero estableceremos la relación entre el derecho de alimentos y el derecho a la vivienda. Luego, analizaremos la relación entre el derecho de alimentos y el estado de necesidad. En la segunda sección abordaremos específicamente los argumentos que nos permitirían la discusión del derecho de alimentos en un proceso de desalojo por ocupante precario entre familiares. Esto es, teniendo en cuenta el Estado Constitucional de Derecho, el diseño procesal actual del proceso de desalojo por ocupante precario y otras cuestiones procesales como la utilización del principio de iura novit curia y que se aperture un nuevo contradictorio. Finalmente, veremos ejemplos de derecho comparado en Argentina y España, lo cual ayudará a reafirmar nuestra postura respecto de que sí es posible esta discusión en la parte considerativa de la sentencia y que, por todo lo analizado en este artículo, la postura asumida por la Corte Suprema, no sería la más justa. / The present article takes as its starting point cases of eviction due to precarious occupation among family members and the possibility of discussing issues of alimony in such proceedings. This is because, currently, the Supreme Court has stated that such discussion is not possible; however, through the following doctrinal, jurisprudential, and normative analysis, we will aim to prove otherwise. In this way, in a first section, we will establish that when the defendant is in a state of necessity, they have a right to housing that should be provided by the plaintiff when they are relatives. To do this, we will first establish the relationship between the right to alimony and the right to housing. Then, we will analyze the relationship between the right to alimony and the state of necessity. In the second section, we will specifically address the arguments that would allow us to discuss the right to alimony in a process of eviction due to precarious occupation among family members. This includes considering the Constitutional State of Law, the current procedural design of the eviction process due to precarious occupation, and other procedural issues such as the use of the principle of iura novit curia and the opening of a new adversarial process. Finally, we will examine examples of comparative law in Argentina and Spain, which will help reaffirm our position that such discussion is possible in the considerative part of the judgment, and that, based on all the analysis in this article, the stance taken by the Supreme Court may not be the fairest. / Trabajo académico