El presente trabajo busca a partir de la normativa aplicable y de los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Registral, encontrar los criterios aplicables en sede registral al procedimiento de regularización de edificaciones al amparo de la Ley 27157, a fin de facilitar la inscripción del referido acto en el registro de predios. En ese sentido, se hace un análisis del marco normativo, de los requisitos para la inscripción de la regularización de edificaciones y se desarrolla los criterios adoptados por el Tribunal Registral.

El presente artículo toma como punto de partida los casos de desalojo por ocupación precaria entre familiares y la posibilidad de discutir temas de derecho de alimentos en este tipo de procesos. Esto debido a que, actualmente, la Corte Suprema ha señalado que no es posible esta discusión; sin embargo, mediante el siguiente análisis doctrinario, jurisprudencial y normativo, nos propondremos comprobar lo contrario. De esta manera, en una primera sección estableceremos que cuando el demandado se encuentra en estado de necesidad, entonces tendrá un derecho a la vivienda que debe ser brindado por el demandante cuando son familiares. Para ello, primero estableceremos la relación entre el derecho de alimentos y el derecho a la vivienda. Luego, analizaremos la relación entre el derecho de alimentos y el estado de necesidad. En la segunda sección abordaremos específicamente los argumentos que nos permitirían la discusión del derecho de alimentos en un proceso de desalojo por ocupante precario entre familiares. Esto es, teniendo en cuenta el Estado Constitucional de Derecho, el diseño procesal actual del proceso de desalojo por ocupante precario y otras cuestiones procesales como la utilización del principio de iura novit curia y que se aperture un nuevo contradictorio. Finalmente, veremos ejemplos de derecho comparado en Argentina y España, lo cual ayudará a reafirmar nuestra postura respecto de que sí es posible esta discusión en la parte considerativa de la sentencia y que, por todo lo analizado en este artículo, la postura asumida por la Corte Suprema, no sería la más justa. / The present article takes as its starting point cases of eviction due to precarious occupation among family members and the possibility of discussing issues of alimony in such proceedings. This is because, currently, the Supreme Court has stated that such discussion is not possible; however, through the following doctrinal, jurisprudential, and normative analysis, we will aim to prove otherwise. In this way, in a first section, we will establish that when the defendant is in a state of necessity, they have a right to housing that should be provided by the plaintiff when they are relatives. To do this, we will first establish the relationship between the right to alimony and the right to housing. Then, we will analyze the relationship between the right to alimony and the state of necessity. In the second section, we will specifically address the arguments that would allow us to discuss the right to alimony in a process of eviction due to precarious occupation among family members. This includes considering the Constitutional State of Law, the current procedural design of the eviction process due to precarious occupation, and other procedural issues such as the use of the principle of iura novit curia and the opening of a new adversarial process. Finally, we will examine examples of comparative law in Argentina and Spain, which will help reaffirm our position that such discussion is possible in the considerative part of the judgment, and that, based on all the analysis in this article, the stance taken by the Supreme Court may not be the fairest. / Trabajo académico

Dos problemas de tipo económico se presentan alrededor de las viviendas vacacionales en nuestro país: su alto costo y su desuso, ya que, por tratarse de viviendas para descanso, la utilidad de estas se encuentra reducida a un tiempo mínimo durante todo el año. A su vez el desuso no solo se presenta desde la perspectiva del usuario final de la vivienda sino también desde la perspectiva del empresario turístico, que tiene desocupadas gran parte de las viviendas del complejo vacacional durante largas épocas del año, teniendo asegurada su ocupación solamente en períodos determinados del año, lo que representa una pérdida en su negocio. Por ello es importante hallar un mecanismo que permita que más personas puedan acceder a las viviendas vacacionales y a su vez que permita darles un uso permanente a fin de evitar el desperdicio de recursos. Para solucionar este problema podríamos acudir a la figura legal que en doctrina se conoce como multipropiedad, derecho que consiste en compartir la propiedad o el uso de un inmueble vacacional entre varias personas que se turnan en el disfrute en forma periódica. En Perú la multipropiedad ha sido regulada mediante el Decreto Legislativo N°706 que data del año 1991, sin embargo no ha sido aplicado en la práctica, por lo que son objetivos de este trabajo: determinar si efectivamente se pueden celebrar contratos de multipropiedad a la luz del citado decreto o si es necesario acudir a otra forma de regulación vigente, determinar las ventajas y desventajas de cada una de las posibles formas de regulación de la multipropiedad y por último determinar la opción legislativa más conveniente, ya sea en la misma normativa nacional o creando nueva regulación. Al final del presente trabajo se concluye que la alternativa idónea para regular este negocio turístico y aprovechar económicamente las viviendas vacacionales es el arrendamiento, y se propone una forma de regulación desde una perspectiva civil y registral.