Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se implementó el Plan Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) entre los años 1996 hasta el 2000, fue entonces cuando alrededor de 300,000 mujeres indígenas quechuahablantes que vivían en condiciones de pobreza o pobreza extrema fueron esterilizadas en contra de su voluntad.   El objetivo de este ensayo es analizar desde una perspectiva interseccional, las causas por las que sigue impune el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú a pesar de haberse presentado denuncias documentadas, testimonios y registros de víctimas mortales a la Defensoría del Pueblo.  Es importante estudiar este caso dado que, durante la historia del Perú se han cometido muchos abusos contra pueblos indígenas y como veremos se siguen cometiendo en la actualidad.    Esta investigación es un estudio cualitativo, basado en recopilación de literatura secundaria y artículos periodísticos que han añadido una visión más actual sobre este emblemático caso de las Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias ocurridas en los departamentos de Cusco y Huancavelica.   Los resultados de esta tesis indican que existen varias hipótesis sobre las causas de impunidad de este caso. Desde la perspectiva interseccional se evidencia en este trabajo que este grupo de mujeres fueron discriminadas por ser indígenas, quechuahablantes, pobres, analfabetas y por provenir de zonas rurales. La Fiscalía del Perú archivó el caso de las Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias (AQV) por no haber encontrado pruebas suficientes que muestren la responsabilidad del expresidente Alberto Fujimori en los casos de las esterilizaciones forzadas. También, otro motivo es la falta de representantes dentro del gobierno peruano. Así como también, se suma a esto el indulto humanitario y la gracia presidencial otorgados al ex-dictador Alberto Fujimori, que disuelven todos los procesos judiciales pendientes.

A mediados de la década de 1990 el Estado peruano puso en marcha el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF 1996-2000) cuyo resultado fue la esterilización forzada de mujeres. Esta situación no fue ajena a la intervención de la Iglesia desde sus agentes pastorales (sacerdotes, religiosos y laicos), pues no solo llevaron información, sino también realizaron un trabajo de acompañamiento a las víctimas como parte de su acción pastoral. Y a partir de allí surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué motivó a los agentes pastorales a intervenir y encabezar las denuncias? ¿Cómo se organizaron en defensa de las mujeres afectadas? Se plantea entonces como hipótesis que los agentes pastorales, independientemente del rol de la Iglesia jerárquica, fueron capaces de conservar su autonomía en la defensa de las perjudicadas, logrando articular una idea de fe cristiana en el compromiso con la justicia. En ese sentido, es factible señalar al respecto determinados objetivos específicos: ofrecer una mirada crítica al rol de estos agentes destacando su autonomía para asumir la defensa de dichas mujeres, y subrayar los diversos conflictos y limitaciones que enfrentaron a raíz de la posición que decidieron tomar. Una defensa que parte de una motivación de fe en diálogo con la vida humana y las problemáticas sociales, permitiéndoles crear espacios de salvación (física, psicológica y espiritual) para las víctimas. Para la investigación, se han empleado las fuentes documentales contenidas en repositorios institucionales, pero básicamente, las entrevistas a diferentes agentes pastorales, fundamentales para la concreción de los objetivos propuestos.