Los Estados a través de la suscripción de instrumentos internacionales en materias de promoción y protección de inversiones, otorgan determinados estándares de tratamiento a inversionistas (ya sean estas personas jurídicas o naturales). Sin embargo, a veces estos se ven forzados a modificar de manera sustancial el ordenamiento jurídico bajo el cual se venían desarrollando las actividades económicas de los inversionistas extranjeros. Lo cual, podría generar lo que se conoce como una “expropiación indirecta”; sin embargo, dicha figura jurídica no se encuentra del todo reconocida a nivel del derecho doméstico, ya que se argumenta que ya se cuenta con una figura jurídica similar, a nivel del derecho administrativo, conocida como “Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública”. Es por ello que el objetivo del presente trabajo de investigación es poder demostrar la necesidad de regular la figura jurídica de la expropiación indirecta al interior del Estado Peruano, sin perjuicio, de que ya contemos con la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. Por lo que, el método empleado es el de poder corroborar, no sólo en base a la doctrina existente a nivel nacional como internacional, lo señalado en el párrafo anterior, sino que también se realizará el análisis de casos peruanos, en cuyo contenido se ha discutido lo referente a expropiaciones indirectas, pero suponiendo cómo estos hubieran sido resueltos si es que los operadores de justicia hubieras aplicado la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. Por tanto, se podrá observar a lo largo del presente trabajo de investigación la necesidad de regulación o reconocimiento a través de la interpretación de nuestro marco jurídico vigente de las expropiaciones indirectas, no sólo por su reconocimiento a nivel internacional, sino porque también ello permite otorgar un mayor nivel de protección al derecho de propiedad de las personas, en este caso, jurídicas. Además, que ello también nos permitiría, a que en la práctica podamos nivelar los estándares de tratamiento de protección a las inversiones, independientemente del origen de su capital o constitución, ya sean estas de origen nacional o internacional. / Tesis

The forced expropriation has been, since the origins of the Peruvian Republic, a useful mechanism for the Government to meet its objectives, at the expense of the lawful damage inflicted to the private actors, conferring a fair compensation in return.In this article the current Peruvian legal regime of forced expropriation is studied, for which purpose both authors compare it with the regulation in the earliest Peruvian constitutions and laws, discovering that the concept has not always been designed in the same way by the constituent or the legislator. / La expropiación forzosa ha sido, desde los orígenes de la República, un mecanismo que ha servido al Estado para cumplir con sus objetivos, a costa del daño lícito causado al privado, y a cambio de un justiprecio. En el presente artículo se estudia el actual régimen jurídico de la expropiación forzosa en el Perú, para lo cual los autores lo comparan con lo regulado en las primeras constituciones y leyes peruanas, descubriendo que la figura no siempre fue pensada de la misma manera por el constituyente o el legislador.

En las dos últimas décadas se aprobaron diversas reformas legislativas para facilitar la expropiación de terrenos destinados al desarrollo de proyectos de infraestructura pública; lo cual ha formado parte del esfuerzo del Estado peruano para atraer la inversión privada con la finalidad de ampliar la provisión de servicios públicos. Sin embargo, y pese a las reformas legales ocurridas durante este periodo, la actual regulación de la expropiación sigue siendo considerada como inadecuada o insuficiente para lograr que el Estado cumpla oportunamente sus obligaciones contractuales relacionadas con la entrega de terrenos para la construcción de infraestructura pública; al mismo tiempo, esta regulación también es cuestionada debido a que vulneraría algunas garantías constitucionales de la propiedad. La inadecuada regulación de la expropiación tiene efectos negativos en la seguridad jurídica que necesitan las personas y las empresas para tomar decisiones de inversión respecto a bienes inmuebles –las cuales generalmente son costosas y de largo plazo–, sin el riesgo de que su patrimonio sea afectado por la imposición de limitaciones excesivas o por su transferencia forzosa mediante procedimientos arbitrarios y que no garantizan un pago apropiado por la propiedad expropiada. Por ello, esta investigación analiza los problemas de la regulación de la expropiación desde la perspectiva de los aspectos institucionales y el proceso a través del cual el Estado adopta decisiones en esta materia. Este análisis se realiza aplicando la perspectiva del análisis económico, concretamente desde la teoría de la elección pública. En ese sentido, esta investigación postula que las decisiones que adopta el Estado en materia de expropiación son el producto de un proceso en el cual participan distintos agentes con diferentes objetivos. Por lo tanto, las debilidades de la estructura institucional en la cual se desenvuelve dicho proceso podrían explicar el porqué de la aprobación de diversas reformas de baja calidad, poca coherencia y limitada duración.

Los Estados a través de la suscripción de instrumentos internacionales en materias de promoción y protección de inversiones, otorgan determinados estándares de tratamiento a inversionistas (ya sean estas personas jurídicas o naturales). Sin embargo, a veces estos se ven forzados a modificar de manera sustancial el ordenamiento jurídico bajo el cual se venían desarrollando las actividades económicas de los inversionistas extranjeros. Lo cual, podría generar lo que se conoce como una “expropiación indirecta”; sin embargo, dicha figura jurídica no se encuentra del todo reconocida a nivel del derecho doméstico, ya que se argumenta que ya se cuenta con una figura jurídica similar, a nivel del derecho administrativo, conocida como “Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública”. Es por ello que el objetivo del presente trabajo de investigación es poder demostrar la necesidad de regular la figura jurídica de la expropiación indirecta al interior del Estado Peruano, sin perjuicio, de que ya contemos con la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. Por lo que, el método empleado es el de poder corroborar, no sólo en base a la doctrina existente a nivel nacional como internacional, lo señalado en el párrafo anterior, sino que también se realizará el análisis de casos peruanos, en cuyo contenido se ha discutido lo referente a expropiaciones indirectas, pero suponiendo cómo estos hubieran sido resueltos si es que los operadores de justicia hubieras aplicado la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. Por tanto, se podrá observar a lo largo del presente trabajo de investigación la necesidad de regulación o reconocimiento a través de la interpretación de nuestro marco jurídico vigente de las expropiaciones indirectas, no sólo por su reconocimiento a nivel internacional, sino porque también ello permite otorgar un mayor nivel de protección al derecho de propiedad de las personas, en este caso, jurídicas. Además, que ello también nos permitiría, a que en la práctica podamos nivelar los estándares de tratamiento de protección a las inversiones, independientemente del origen de su capital o constitución, ya sean estas de origen nacional o internacional.

El autor alcanza una primera reflexión teórica sobre la confluencia de tres instituciones jurídicas de mucha relevancia para el Derecho Constitucional, el derecho fundamental a la propiedad, la expropiación y la patrimonialidad cultural, confluencia pacífica en abstracto pero conflictiva en la realidad, como demuestra con la legislación y la jurisprudencia vigentes, con la doctrina y los principios jurídico constitucionales a los que adscribe y con los varios casos que analiza, particularmente el emblemático y controversial caso Machupicchu, presente transversalmente en la investigación, sobre el cual sostiene que los propietarios de la ciudadela inca fueron indebidamente despojados de su derecho fundamental a raíz de una serie de inválidos actos de poder surgidos del mal entendimiento y la incorrecta aplicación de las materias inmersas y a partir del cual afirma que el único procedimiento válido de privación de dicho derecho sobre bienes inmuebles conformantes del Patrimonio Cultural de la Nación es la expropiación constitucionalmente válida a título de Patrimonio Cultural, una expropiación estricta y escrupulosamente cumplidora de cada uno de los rigores que le establece el sistema jurídico constitucional y que además precise cabalmente un destino necesariamente cultural para el bien, con lo cual incide en la necesidad de modificar la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, eliminando sus contradicciones, modificar la Ley General de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, agregando importantes especificaciones al procedimiento y acaso precisándolo para bienes inmuebles culturales, y corregir todo el sistema legal de los bienes estatales.