La Conferencia Ética para la Función Pública tiene como objetivo promover el análisis reflexivo sobre la ética en el ámbito público, así como fortalecer la toma de decisiones con la transparencia y los valores necesarios para el ejercicio de la función pública.

Las iniciativas privadas son mecanismos de promoción de la inversión privada que el Estado fomenta como instrumento de desarrollo, dentro del modelo constitucional económico “Economía Social de Mercado”, por tanto las decisiones administrativas deben estar orientadas a promoverlas y generar incentivos para la presentación de propuestas de proyectos por este medio.. La presente investigación estudia los procedimientos administrativos de evaluación de las iniciativas privadas y el rol de la administración pública. Las iniciativas privadas son calificadas normativamente como peticiones de gracia debido al contenido discrecional de la decisión administrativa que las califica, por lo que se analizan las implicancias y los alcances de esta naturaleza jurídica en el procedimiento administrativo, y como su aplicación irrestricta puede afectar derechos de los administrados vigentes en normas de rango legal y constitucional. Sin perjuicio de la naturaleza de petición de gracia, las iniciativas privadas son procedimientos administrativos y por tanto son aplicables la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Constitución y las normas que rigen la función pública, éstas garantizan el interés público, los derechos del proponente, limitan las prerrogativas públicas y evitan que la discrecionalidad de las decisiones administrativas se convierta en arbitrariedad lo que resulta contraproducente a la promoción de la inversión privada. En este sentido se analizan los diversos tipos de control aplicables a las actuaciones administrativas que son parte de este procedimiento, que en el caso de contener elementos discrecionales adquieren una particular importancia e intensidad. / Private Initiatives (Unsolicited Proposal) are mechanisms to promote private investment that the government impulse as a development tool, within the economic constitutional model "Social Market Economy", therefore, administrative decisions must be oriented to foster and create incentives for the presentation of projects proposals in this way. This research studies the administrative procedures of Private Initiatives assessment and the role of public administration. Private initiatives are usually qualified as grace petitions (applications for clemency) because of the discretionary factors included in the administrative decision that qualify them,, accordingly the implications and scope of this legal status in the administrative procedure are analyzed, in addition how the unrestricted application of this may affect rights of private in current legal and constitutional rules. Notwithstanding the nature of grace petition, private initiatives are administrative procedures and therefore are applicable the General Administrative Procedure Act, the Constitution and the rules of civil service, they guarantee the public interest, the proponents rights, limit public prerogatives and prevent the discretionary power of public administration becomes in arbitrarily, it produce adverse effects to the private investment promotion. In this regard the various types of control applicable to administrative behavior that are part of this procedure are studied, in the case contain discretionary elements acquire particular importance and intensity. / Tesis

Las particulares características que tiene el servicio público le otorgan a éste una especial diferenciación con relación a otras actividades. Entre esas particularidades se debe mencionar a la vocación de servicio y la prosecución de los intereses de la colectividad, en el marco del manejo de los recursos públicos. En ese entendido, la doctrina administrativa, con bastante premura, entendió la necesidad de que tal actividad se guíe por principios y valores propios, tendientes a promover un servicio eficiente para los administrados y generar una cultura ético – administrativa propia..

La tesis analiza en extensión el denominado proceso de funcionarización del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas españolas. En concreto, el estudio se efectúa desde las siguientes perspectivas:1º.- Especificar qué puestos de trabajo en las Administraciones Públicas españolas (Administración estatal, Administraciones de las 17 comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Servicio Nacional de la Salud y Universidades Públicas) deben ser ejercidos obligatoriamente por funcionarios públicos y qué puestos pueden ser ocupados por empleados sometidos a un contrato de trabajo. Igualmente, se efectúa un análisis del derecho comparado, especialmente del francés y el alemán.2º.- Descripción del conjunto de normas legales, reglamentarias, acuerdos y pactos de funcionarios y otras disposiciones que regulan en España la funcionarización tanto de los empleados estatales, como los autonómicos, locales, universitarios y del Servicio Nacional de la Salud.2º.- Análisis central de todo el proceso selectivo que supone la funcionarización: los trabajadores que pueden participar, los aspectos temporales del proceso y, fundamentalmente, todo el procedimiento de selección.3º.- Análisis in extenso de las caracteristicas del proceso de funcionarización: fundamentalmente, su respeto a los principios de la Constitución Española de 1978 de igualdad, mérito y capacidad, dado que la funcionarización es un proceso restringido y excepcional, al cual sólo pueden optar los trabajadores con contrato laboral fijo. Se estudia esta excepcionalidad a la luz de los arts.23.2 y 103.3 de la Constitución y según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.4º.- Un estudio específico de la funcionarización en la Comunidad foral de Navarra, por su absoluta singularidad, así como también un análisis de la técnica legislativa empleada por el Parlamento español y los Parlamentos de las Comunidades Autónomas en torno a la legislación sobre funcionarización.5º.- Finalmente, una aproximación a las consecuencias de la funcionarización sobre los trabajadores que asumen el nuevo estatus de funcionario y sobre aquellos otros que no participan en el proceso o no aprueban las pruebas selectivas.La tesis se divide en 2 partes, con un total de 1079 páginas, y se cierra en cuanto a las normas legales, reglametarias y bases y textos de convocatorias de funcionarización consultadas a 1 de enero de 2004. / The thesis analyses extensively the process of transformation of a labour contract into a civil servancy linkage in respect of staff serving Spanish Public Administrations. More specifically, the survey is undertaken from the following perspectives:1º.- Specify which jobs in the Spanish Public Administrations (State administration, administrations of the 17 Spanish Autonomous Communities, local corporations, National Health Service and public universities) must be exercised by civil servants and which positions may be occupied by employees employed under a labour contract. Likewise, an analysis in compared law, in particular French and German law, is undertaken.2º.- Description of legal norms, regulations, agreements and civil servancy accords as well as other provisions regulating the transformation of a labour contract into a civil servancy linkage in Spain, in respect of State employees and Autonomous Communities', local, academic and National Health Service employees.2º.- Central analysis of the entire selection process involved in the transformation of a labour contract into a civil servancy linkage: workers who can take part in the process, temporary aspects of this process and, most importantly, the overall selection procedure.3º.- Analysis in extenso of the characteristics of the process of transformation of a labour contract into a civil servancy linkage: basically, the respect of the principles of the Spanish Constitution of 1978 concerning equality, merit and capacity, as the transformation of a labour contract into a civil servancy linkage is a restricted and exceptional process, to which only those workers that have a fixed labour contract can apply. This exceptional process is considered in light of articles 23.2 and 103.3 of the Constitution and according to the jurisprudence of the Constitutional Court.4º.- A specific study of the transformation of a labour contract into a civil servancy linkage in the Foral Community of Navarra, due to its unique characteristics, as well as an analysis of the legislative technique used by the Spanish Parliament and the Parliaments of the Autonomous Communities regarding legislation on the transformation of a labour contract into a civil servancy linkage.5º.- Finally, an approximation of the consequences of the transformation of a labour contract into a civil servancy linkage on workers who assume the new condition of civil servants and on others who do not participate in the process or do not pass the selection tests.The thesis is divided into two parts, with a total of 1079 pages, and all legal norms, regulations, and basises and texts of convocation for the transformation of labour contracts into a civil servancy linkages are set out, as of those in force on 1 January 2004.

El estudio de caso “El desafío ético en la función pública: el caso de Carabineros de Chile” buscó explorar los principales elementos de construcción de lo ético en la función pública, a partir del análisis del caso de Carabineros de Chile, extrayendo algunas lecciones de política pública en la materia. La hipótesis principal del estudio fue que “la formación valórica y su refuerzo organizacional, son fundamentales para lograr una función pública con altos estándares éticos”. El estudio se definió como cualitativo, analítico y exploratorio, ya que no se han realizado estudios anteriores sobre Carabineros de Chile en esta materia. Consideró una revisión conceptual basada en información secundaria de fuentes bibliográficas y entrevistas en profundidad a informantes claves del ámbito académico, institucional de Carabineros de Chile y tomadores de decisión en políticas públicas. Se abordó la materia a partir del año 1990 hasta el 2009, en un contexto institucional democrático. El énfasis estuvo en las medidas y prácticas en pro de la ética en el servicio público. Sobre la ética en Carabineros de Chile, el deber, el altruismo y el heroísmo, son considerados imperativos categóricos; una obligación moral objetiva en términos de Kant y Nagel. La institución ofrece un espacio para la acción heroica, de vital importancia frente a los “malestares de la modernidad” en los términos de Taylor, aportando un sentido superior y con él, la cohesión y permanencia como institución. Estas visiones de la ética, basan el marco teórico de este estudio. La Institución a partir de ésta ética y una doctrina institucional basada en su historia y la tradición castrense familiar y simbólica, logra altos niveles de pertenencia de sus integrantes. Este traspaso valórico y la integración de los nuevos miembros, se fortalece con el sistema educacional de Carabineros. Otros mecanismos organizacionales que refuerzan el sentido de pertenencia, son el sistema de carrera, la red de apoyo social y la política de retiro. Finalmente, el comportamiento policial reflejaría esta ética, cuando el funcionario enfrenta diversos dilemas éticos e incorpora buenas prácticas policiales. Sobre el sistema disciplinario, el control interno es eficaz, pero no suficiente. Es necesario incorporar contrapesos externos. Este rol pudiera ser cumplido por un “Auditor Policial Independiente”. La experiencia internacional, considera la ética en la función pública como prioritaria para el desarrollo de los países. Finlandia, Los Países Bajos y otros, han implementado las propuestas del “Marco de Ética para el Sector Público de los países miembros de la Unión Europea”. Por su parte, Chile ha establecido las principales bases legales que rigen el comportamiento de los funcionarios públicos. Se presenta una realidad institucional nueva, con una “cultura organizacional” que ha experimentado cambios positivos en el proceso. Por lo tanto, se puede avanzar hacia la discusión y fomento de los valores que orientan la acción de los funcionarios públicos. A partir de esta revisión, se constata que para el logro de la integridad de las distintas políticas y normas sobre probidad y ética en Chile, se requiere abordar la temática como Política de Estado y crear un “Ministerio o Secretaria de la Función Pública” que integre los diversos organismos que abordan la materia, hoy independientes. Otras propuestas, son la creación de “Códigos de Integridad” y una “Comisión Nacional para el fomento de valores”. En términos generales, se confirma la hipótesis de investigación. La ética y doctrina institucional que inspiran a Carabineros de Chile y sus mecanismos organizacionales pro ética, son aplicables como orientación para otras instituciones públicas. El logro del bien común supone que los intereses particulares deben conjugarse con el interés general, donde el Carabinero como cualquier funcionario público, debe responder desde una ética fundada en estas nociones. Éste es el desafío de la función pública chilena.

Se exponen las motivaciones de los jefes de unidades orgánicas de una entidad del Poder Ejecutivo del Perú durante el año 2012 para entender las razones por las cuales emplean mecanismos irregulares para la contratación de personal bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios – CAS y se explica que estas motivaciones están vinculadas a aspectos como la confianza y distintos a los vinculados con corrupción. Para ello, se hace una revisión del contexto de la reforma del servicio civil en Perú; la nueva gestión pública; el isomorfismo institucional, el proceso de decoupling, redes de confianza; licitud atípica y otros. Se complementa con entrevistas al personal involucrado que permite entender de primera mano sus motivaciones y se hace un análisis estadístico que demuestra la utilización de estos mecanismos. Se puede afirmar que la utilización de mecanismos irregulares en la contratación de personal CAS es una respuesta natural a la ineficiencia e ineficacia de las entidades públicas para adecuarse a los conceptos de la nueva gestión pública; lo que a su vez ha llevado a que se pierda la perspectiva y ha generado falta de planificación en el Sistema de Recursos Humanos / The motivations of the heads of organic units of an entity of the Executive Power of Peru during 2012 are exposed to understand the reasons why they use irregular mechanisms for hiring personnel under the modality of Administrative Contracting of Services - CAS and it is explained that these motivations are linked to aspects as trust rather than those related to corruption. For this, a review of the context of the civil service reform in Peru is made; the new public management; the institutional isomorphism, the decoupling process, trust networks; atypical legality and others. It is complemented with interviews to the personnel involved that allows to understand first hand their motivations and a statistical analysis is made that demonstrates the use of these mechanisms. It can be said that the use of irregular mechanisms in the hiring of CAS personnel is a natural response to the inefficiency and inefficacy of public entities to adapt to the concepts of the new public management; which in turn has led to the loss of perspective and has generated lack of planning in the Human Resources System / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente investigación tiene por finalidad hacer un análisis teórico y práctico del proceso de Laboralización de la Función Pública. Por tal, se comprende el proceso en virtud del cual se ha producido una interrelación entre el Derecho del Trabajo y el Derecho del Empleo Público, consistente en la incorporación de figuras e institutos del primero en los cuerpos normativos del segundo. Lo anterior, bajo la premisa de la concepción universal del trabajo como hecho único y social, lo que implica la existencia de principios y elementos comunes y cuya aplicación debiere ser indistinta, se trate de un empleado público o de un trabajador privado. Lo anterior, busca romper el histórico cisma que separa al Derecho Laboral del Derecho del Empleo Público, que, asilándose este último bajo la norma estatutaria, sistemáticamente ha desconocido la calidad de trabajadores a sus dependientes, excluyéndoles de gran cantidad de instituciones protectoras existentes en la norma laboral. Lo anterior no ha hecho sino que configurar una fuerte desigualdad en las condiciones de desempeño de funciones de dos clases de trabajadores que, en principio, responden a idénticas bases, a saber, un vínculo de subordinación y dependencia a cambio de una retribución en dinero. 17 La investigación se basará en un análisis teórico y práctico. En primer lugar se revisarán las instituciones que regulan el empleo público, para luego dar paso a una construcción teórica de la laboralización en tanto institución. Lo anterior, permitirá dar cuenta de un análisis de la experiencia nacional y comparada de la implementación de procesos de integración normativa - o laboralización - y así dar cuenta de la resulta de su implementación. En resumen, esta investigación constará de cuatro capítulos. El primero de ellos busca establecer el concepto de Función Pública, el cual es la piedra sillar de análisis en relación a la configuración de, entre otras cosas, la las relaciones de empleo público. Igualmente se analizarán los diversos modelos de función pública existentes, para así entender el ambiente macro en el cual se verifica la laboralización. El segundo capítulo busca especificar lo establecido el primero, definiendo los conceptos de Derecho del Empleo Público, Empleado Público, Estatuto Administrativo y Vínculo Estatutario; ya que estos son los institutos específicos de la Función Pública en los cuales se verifica materialmente el influjo laboralizador, de este modo, mediante su definición y contraste con sus pares conceptuales del Derecho Laboral, se mostrará la identidad basal entre ambos y se asentarán las premisas base del actuar laboralizador en cada área. El tercer capítulo abordará directamente a la laboralización, vista como sede teórica. Asentadas las bases que estructuran su campo de acción, se procurará entregar la sistematización del término en tanto su definición, clasificación, fundamentos y así como mediante la interconexión 18 que de este fenómeno se ha hecho con otros que discurren en paralelo en la escena administrativa, a fines de demostrar la efectiva o no vinculación entre estos y el concepto en análisis. Finalmente, el cuarto capítulo dará cuenta de un análisis de la implementación de políticas laboralizadoras en los diferentes sistemas comparados, tanto a nivel europeo como americano. Se procurará analizar casos de relevancia en tanto se consideren emblemáticos ya sea en relación a la reticencia a la recepción de la corriente, o a su abierta asimilación a esta misma o por su adecuada sistematización de las normas público y privadas en el desarrollo del tema, entre otros. Mismo ejercicio se efectuará con determinados modelos del continente americano, a efectos de verificar el progreso y asimilación de esta corriente a nivel vecinal. Finalmente, se dará cuenta de una lata revisión del caso chileno, ilustrando la historia plena de su función pública y de la interrelación que en sus diferentes momentos ha tenido con el proceso de laboralización, para así finalmente mostrar el escenario actual de la cuestión y establecer las conclusas respectivas

Las iniciativas privadas son mecanismos de promoción de la inversión privada que el Estado fomenta como instrumento de desarrollo, dentro del modelo constitucional económico “Economía Social de Mercado”, por tanto las decisiones administrativas deben estar orientadas a promoverlas y generar incentivos para la presentación de propuestas de proyectos por este medio.. La presente investigación estudia los procedimientos administrativos de evaluación de las iniciativas privadas y el rol de la administración pública. Las iniciativas privadas son calificadas normativamente como peticiones de gracia debido al contenido discrecional de la decisión administrativa que las califica, por lo que se analizan las implicancias y los alcances de esta naturaleza jurídica en el procedimiento administrativo, y como su aplicación irrestricta puede afectar derechos de los administrados vigentes en normas de rango legal y constitucional. Sin perjuicio de la naturaleza de petición de gracia, las iniciativas privadas son procedimientos administrativos y por tanto son aplicables la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Constitución y las normas que rigen la función pública, éstas garantizan el interés público, los derechos del proponente, limitan las prerrogativas públicas y evitan que la discrecionalidad de las decisiones administrativas se convierta en arbitrariedad lo que resulta contraproducente a la promoción de la inversión privada. En este sentido se analizan los diversos tipos de control aplicables a las actuaciones administrativas que son parte de este procedimiento, que en el caso de contener elementos discrecionales adquieren una particular importancia e intensidad. / Private Initiatives (Unsolicited Proposal) are mechanisms to promote private investment that the government impulse as a development tool, within the economic constitutional model "Social Market Economy", therefore, administrative decisions must be oriented to foster and create incentives for the presentation of projects proposals in this way. This research studies the administrative procedures of Private Initiatives assessment and the role of public administration. Private initiatives are usually qualified as grace petitions (applications for clemency) because of the discretionary factors included in the administrative decision that qualify them,, accordingly the implications and scope of this legal status in the administrative procedure are analyzed, in addition how the unrestricted application of this may affect rights of private in current legal and constitutional rules. Notwithstanding the nature of grace petition, private initiatives are administrative procedures and therefore are applicable the General Administrative Procedure Act, the Constitution and the rules of civil service, they guarantee the public interest, the proponents rights, limit public prerogatives and prevent the discretionary power of public administration becomes in arbitrarily, it produce adverse effects to the private investment promotion. In this regard the various types of control applicable to administrative behavior that are part of this procedure are studied, in the case contain discretionary elements acquire particular importance and intensity.

The State delegates the provision of an important number of services of general interest for society, and the State delegates them to private economic operators. However, in these circumstances the need for regulation in order to achieve allocative efficiency underlies as a duty of the State.In this article, the author presents how the criminal offence of collusion is a way of regulatory capture, and how it brings along negative consequences for the social welfare and progress. The author also reaches a conclusion concerning which is the legal right protected with the aforementioned crime. / El Estado delega la prestación de una serie de servicios de interés general para la sociedad en agentes económicos privados. Sin embargo, en estas circunstancias subyace como deber del Estado la necesidad de regulación en aras de conseguir eficiencia asignativa.En el presente artículo, el autor expone cómo el delito de colusión es una forma de captura del regulador, y cómo ello trae consigo consecuencias negativas para el bienestar y progreso social, además de presentar cuál es el bien jurídico que se protege en el mencionado delito.

He considerado que en estos momentos en que se celebran los 10 años de entrada en vigor del TREBEP, era el momento adecuado para realizar una reflexión de conjunto sobre de mis trabajos de investigación que abarcan un largo periodo de evolución del empleo público, también contrastar como muchas de mis consideraciones y propuestas han sido recibidas y aceptadas tanto por la doctrina como por la legislación vigente como expondré con detalle en un posterior apartado, y asimismo, reflexionar sobre la actual situación, y en especial, si este último instrumento de desarrollo normativo (TREBEP) ha permitido cumplimentar adecuadamente los mandatos constitucionales con relación al empleo público. Asimismo, otro objetivo de esta tesis se centra en la detección y delimitación de los problemas y conflictos que presenta el actual régimen jurídico del empleo público, tras haber transcurrido 10 años desde la aprobación del TREBEP, formulando al respecto propuestas concretas que entendemos pueden aportar soluciones jurídicas y operativas a la actual situación, incorporando también las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales sobre: - La selección, en concreto, me refiero a la evolución de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que se está produciendo desde el año 2014, con relación al alcance y funcionalidad de la "discrecionalidad técnica", la incorporación del principio de transparencia, y asimismo, la importancia que puede tener en el futuro la incorporación de los medios electrónicos reconocidos por la Ley 39/2015 LPACAP, y en especial, la Ley 40/2015 LRJSP, con relación a la posibilidad de grabación de la realización de ejercicios orales o prácticos (no escritos) o la celebración de video sesiones de los órganos de selección, en la línea de la obligación de motivación detallada de la valoración recogida en la última doctrina del Tribunal Supremo sobre la discrecionalidad técnica. - La desviada utilización de sistemas de provisión de puestos de trabajo que ha supuesto una desprofesionalización del empleo público y su politización. - El Problema de la temporalidad el empleo público y las consecuencias de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. - Las consecuencias del nuevo marco normativo de las entidades locales como consecuencia de la reforma de la LRBRL originada por la aprobación de la Ley 27/2013 LRSAL.