Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Según la encuesta nacional UDP (2010), sólo un 22,2 % de los encuestados opina que los homosexuales debiesen poder adoptar hijos, en tanto que un 54,1 % está de acuerdo con que la homosexualidad es una opción sexual tan válida como cualquier otra, denotando lo controversial que puede llegar a ser el debate sobre homoparentalidad. La presente memoria, pretende analizar la relación entre la dificultad e imposibilidad de adoptar por personas y parejas LGBTI, respectivamente, y la discriminación estructural que históricamente ha afectado a este sector de la sociedad. De acuerdo con este objetivo, se realizará un análisis de las principales instituciones de la ley de adopción N° 19. 620, a la luz del principio de igualdad y no discriminación, identificando cuáles obstan a la adopción, y visibilizando las distintas situaciones de desigualdad concreta que afecta a personas y parejas LGBTI (y eventualmente a sus hijos), en el marco de la discriminación por orientación sexual. Se hará un análisis del derecho internacional de derechos humanos y sus interpretaciones jurisprudenciales en materia de adopción homoparental, llevándolo al contexto de las obligaciones internacionales del Estado de Chile, con el objeto de proporcionar directrices sobre su responsabilidad internacional y de las soluciones legales existentes. Cabe señalar que actualmente Chile tiene pendiente ante la Comisión Interamericana un caso en que dos madres lesbianas han sido discriminadas al no poder reconocer a sus hijos legalmente, de modo que el informe respectivo podría cambiar radicalmente los paradigmas existentes respecto a la materia.

El derecho a la igualdad y no discriminación constituye un pilar importante para el Derecho y para institucionalidad democrática de los Estados. Es, además, esencial para una sociedad respetuosa de los derechos humanos y de las diferencias que nos hacen únicos y valiosos. Una sociedad que respeta las diferencias y garantiza igualdad para todos y todas es una sociedad más cercana a la protección de la dignidad del ser humano. Debido a esto, la presente investigación se centra en la aplicación de este derecho en relación con una población vulnerable en específico, me refiero a las personas no heterosexuales y a las relaciones de pareja que forman y que, actualmente, no tienen forma jurídica de protección en el Perú. A diferencia de las parejas heterosexuales, las parejas que no lo son no tienen ningún tipo de institución jurídica que les garantice derechos y obligaciones, pues han sido excluidos de las formas jurídicas existentes que otorgan estos derechos. Esto ha redundado en la discriminación de las que son víctimas en la sociedad, ahondado en las formas de invisibilización, desvaloración y falta de reconocimiento que sufren como individuos y como parejas. En este sentido, he analizado las obligaciones que tiene el Estado peruano derivadas del sistema universal de derechos humanos y del sistema interamericano, comparando estas obligaciones con las normas existentes y las medidas actuales a nivel nacional que se refieren en específico a la igualdad y no discriminación aplicadas al matrimonio como institución jurídica. Luego de un extensivo y profundo análisis de las normas y pronunciamientos a nivel universal, interamericano y nacional, puedo concluir que el Estado peruano tiene una obligación específica de protección sobre las personas que sufren de discriminación en la sociedad y, por lo tanto, deben adecuar la normativa nacional para hacer efectivos los derechos de todos y todas y garantizar que los puedan ejercer en un marco de igualdad. Por esto, el Estado peruano, a través de sus instituciones y normas, está obligado a respetar este derecho y modificar o crear los medios necesarios para hacerlo real, incluyendo en esto la normativa de todo tipo. Esta obligación implica necesariamente que no exista institución jurídica alguna que genere diferencias no objetivas basadas en la orientación sexual de las personas, el matrimonio no puede escapar a esta obligación. Se debe tener en cuenta que, tanto la Constitución peruana como las obligaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos, indican una noción de familia amplia y más allá del modelo tradicional. Es, entonces, consecuencia directa de las obligaciones de igualdad y de la noción amplia de familia que concluyo en la necesidad de adaptar las normas internas peruanas para eliminar las restricciones de las parejas no heterosexuales a instituciones como el matrimonio para garantizar los derechos que les corresponde como familia y que les han sido negados por tanto tiempo. Es hora de que la sociedad y el Derecho avancen de la mano y se busque la protección de todos los seres humanos por igual.

Esta investigación tuvo como objetivo explicar, identificar y analizar las limitaciones y oportunidades que posee la Municipalidad de Shupluy en la implementación de la Ley de Igualdad de Oportunidades-LIO, examinando los procesos y acciones que están llevando a cabo, para proponer recomendaciones que posibiliten concretar la aplicación de la LIO en el distrito. La desigualad de oportunidades es un problema permanente que se encuentra enquistado en nuestra sociedad. A pesar de que en el país se han adoptado políticas sociales de igualdad de género, promulgando leyes y planes nacionales, la solución a este problema no ha mostrado mayores logros. Esto se debe a que existen factores que están limitando la aplicación de la LIO, entre ellos el escaso conocimiento de la población sobre las brechas de género, los insuficientes recursos destinados a la aplicación de estas políticas y la escasa presencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en las zonas rurales. Es la primera vez que el distrito de Shupluy es gobernado por una alcaldesa y esto podría suponer una mejora de oportunidades para las mujeres. Sin embargo, la autoridad ha tenido que realizar muchas concesiones y su liderazgo ha sido debilitado, lo cual repercute en la gobernanza y democracia del distrito. Evaluar los niveles de sensibilización del personal y funcionarios que laboran en la Municipalidad de Shupluy también ha sido de suma importancia, ya que recae en ellos la responsabilidad del desarrollo de la comunidad. Si se cuenta con funcionarios públicos que normalizan la discriminación hacía la mujer, el problema será invisibilizado y por ende no se planteará ningún tipo de solución al respecto.

El presente informe jurídico busca analizar la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la improcedencia de la demanda de amparo, presentada por Susel Ana María Paredes Piqué y Gracia María Francisca Aljovín de Losada La pretensión de la demanda materia de análisis era que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inscriba el matrimonio celebrado por las demandantes en la ciudad de Miami, Estados Unidos. En ese sentido, cuestionamos si la utilización del artículo 7.1 del Código Procesal Constitucional para declarar la improcedencia de la demanda ha sido válido, tomando en cuenta que el argumento principal de la mayoría de los magistrados ha sido declarar la no existencia del derecho constitucional al matrimonio de las personas homosexuales. La presente investigación se realizó en base a la investigación de fuentes doctrinarias, la comparación de jurisprudencia de países latinoamericanos, y el análisis de las distintas normas que forman parte de nuestro sistema jurídico. A manera de conclusión, señalamos que no fue válida la declaración de improcedencia debido a que el Tribunal Constitucional no motivó de manera suficiente la aplicación del artículo mencionado y, en consecuencia, limitó injustificadamente el alcance de la institución del matrimonio a las demandantes y los derechos y obligaciones relacionados / This legal report seeks to analyze the decision of the Constitutional Court to declare the amparo suit, filed by Susel Ana María Paredes Piqué and Gracia María Francisca Aljovín de Losada, inadmissible. The purpose of the suit under analysis was that the Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) register the marriage celebrated by the petitioners in the city of Miami, United States. In this sense, we questioned whether the use of article 7.1 of the Constitutional Procedural Code to declare the claim inadmissible was valid, taking into consideration that the main argument of the majority of the magistrates has been to declare the non-existence of the constitutional right to marriage of homosexual persons. This research was carried out based on the investigation of doctrinal sources, the comparison of jurisprudence of Latin American countries, and the analysis of the different norms that are part of our legal system. By way of conclusion, we point out that the declaration of inadmissibility was not valid because the Constitutional Court did not sufficiently motivate the application of the aforementioned article and, consequently, it unjustifiably limited the scope of the institution of marriage to the plaintiffs and the related rights and obligations

En el presente informe se analizará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Duque vs. Colombia. De esta forma, se buscará llegar a una conclusión sobre la responsabilidad del Estado colombiano por la vulneración del principio de igualdad y no discriminación, y el derecho a la integridad, en perjuicio de Ángel Duque. Para ello, se empleará normativa nacional respecto a la regulación colombiana sobre parejas del mismo sexo, así como normativa internacional sobre la protección de los derechos humanos. Asimismo, se examinará la jurisprudencia de la Corte Constitucional posterior y si con ello se puso fin a la vulneración de los derechos del señor Duque o si, a pesar de ello, es necesario que se declare la responsabilidad constitucional del Estado. De igual forma, se verá si los establecimientos de salud públicos garantizan una atención de calidad a las personas con VIH/SIDA, en comparación a un seguro social. Con ello, se pretende llegar la conclusión de que Colombia es responsable por la vulneración de los derechos humanos contemplados en la Convención Americana; por tanto, tiene la obligación de subsanar el daño causado y garantizar que una situación similar o igual vuelva a darse dentro de su territorio. / This report will analyze the judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Duque vs. Colombia case. In this way, it will seek to conclude on the responsibility of the Colombian State for the violation of the tenet of equality and non-discrimination, and the right to integrity, to the detriment of Angel Duque. For this, national regulations will be used regarding Colombian law on same-sex couples, as well as international regulations on the protection of human rights. In addition, the jurisprudence of the subsequent Constitutional Court will be examined and if this put an end to the violation of the rights of Mr Duque or if it´s necessary to declare the constitutional responsibility of the State. In the same way, it will be seen if public health establishments guarantee quality care for people with HIV/AIDS, compared to social security. With this, it is intended to conclude that Colombia is responsible for the violation of the human rights contemplated in the American Convention; therefore, it must rectify the damage caused and guarantee that a similar or the same situation occurs again within its territory.

En esta investigación se presentan las nociones de campo, capital y habitus tomadas de la obra de Pierre Bourdieu pero aplicadas al derecho. También se presenta la perspectiva de Niklas Luhmann sobre el sistema legal. El resultado es un enfoque original sobre las características y efectos sociales del derecho, con el que se busca describir el denominado campo jurídico. Desde el enfoque sociológico que presentamos en esta investigación, el derecho es una manifestación cultural y de poder en el marco de las relaciones entre las personas y los grupos sociales. Según esta perspectiva, el campo jurídico es el escenario de luchas entre posiciones dominantes y posiciones dominadas. Las posiciones dominantes o dominadas se diferenciarán por la acumulación de cualidades objetivas, que se manifiestan en la capacidad de ejercer el derecho. Una de las principales cualidades objetivas es el capital jurídico, de especial importancia en el marco del sistema legal y el campo jurídico. Quienes tengan más capital jurídico tendrán mejor posibilidad de utilizar el derecho. A la luz de este enfoque sociológico se analizará la relación entre los pueblos indígenas y el sistema legal peruano en el campo jurídico. La intención no es estudiar a profundidad este caso, sino poner en práctica los conceptos teóricos desarrollados. / Tesis

La desigualdad de género es un problema que persiste y se manifiesta en todos los sectores de nuestra organización social. Como protector de los derechos fundamentales de la persona, el Estado peruano se ha comprometido a implementar medidas destinadas a combatir dicha desigualdad en todos sus ámbitos. No obstante, advertimos que, en esa tarea, el Estado se ha eximido de analizar si en la determinación de determinados impuestos se convalidan supuestos que contribuyen a perpetuar la desigualdad de género existente. En atención a ello, en el presente trabajo desarrollamos los motivos por los cuales es necesario que el enfoque de género sea transversal a la política tributaria en tanto las personas, y específicamente, las mujeres, son agentes económicos que permiten la generación de recursostributarios hacia el Estado. Nuestro objetivo principal es demostrar que en la actualidad los impuestos a la renta del trabajo y a la venta de productos de higiene menstrual esconden sesgos implícitos que atentan contra el derecho a la igualdad de la mujer. Para ello, partimos por analizar qué entendemos sobre el género y cómo repercute en los problemas de índole tributaria que hemos identificado, es decir, empezamos en reconocer la existencia de un problema que afecta a la mujer y abordamos las acciones que el Estado debería implementar para concretar la función redistributiva que subyace a los impuestos. Como resultado, tenemos que el enfoque de género es esencial en la determinación de los citados impuestos a riesgo de que continuar con el esquema vigente coadyuve a mantener la inequidad tributaria que actualmente afronta la mujer en el Perú.

La igualdad como derecho y principio fundamental de los Estados democráticos trasciende el concepto de igualdad ante la ley y exige a la sociedad y a los poderes públicos hacer que esa igualdad formal tenga concreción en la vida de las personas. Este derecho-principio fue reconocido tardíamente a las mujeres, quienes aún no ejercen, plenamente, su derecho a la participación política en condiciones de igualdad. Este es el marco en el que se inscribe la presente tesis que explora la teoría de la igualdad introduciendo el aporte de las mujeres, y examina la evolución de este derecho en el campo de la participación política. La hipótesis planteada es que con la consagración de la paridad se podrá garantizar la presencia efectiva de las mujeres en los espacios de decisión y de gobierno, que promueva un valor esencial en todo estado democrático de derecho: la participación política en condiciones de igualdad. La investigación concluye en que es necesario que los Estados, incluido el Perú, adopten medidas más efectivas para lograrlo. La paridad es la medida necesaria para el avance efectivo en la participación política de las mujeres, en condiciones de igualdad. En ese sentido, a través de un estudio histórico, crítico, analítico y actual del ordenamiento jurídico peruano, como del derecho constitucional comparado sobre la materia, desarrolla los argumentos que validan a la paridad como una propuesta compatible con el marco constitucional peruano, que contribuirá a la consolidación del Estado Democrático de Derecho.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Aunque se suele afirmar que las leyes penales en blanco constituyen, ante todo, una técnica legislativa, pocos autores han intentado extraer consecuencias analíticas de esta aserción. En general, su estudio se concentra en las denominadas leyes penales en blanco “propias”, debido a que son las únicas que tensionan la garantía de la lex scripta. Estudiar estas figuras a partir de la técnica legislativa, sin embargo, obliga a emprender un análisis no directamente sobre ellas, sino que sobre su tertium genus: las remisiones normativas. Soslayar este punto de partida puede conducir a errar sobre la clase de remisión que entraña un determinado tipo penal y, en consecuencia, errar sobre su constitucionalidad. El presente trabajo constituye un análisis crítico de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, entre el 2006 y el 2016, que recayeron sobre aquellos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del delito de incumplimiento de deberes militares del artículo 299 N°3 del Código de Justicia Militar. Desde el primer requerimiento en adelante, en noviembre de 2006, habiendo sobrados motivos para hacerlo, nadie parece haber cuestionado el desacierto de nuestro Tribunal Constitucional al calificar al citado precepto como penal en blanco. Lo particular de este análisis, además de controvertir esa calificación, se ve reflejado en el lugar desde donde se levanta el discurso crítico: la lex certa; ya que aquella es la manifestación del principio de legalidad penal que se ve tensionada con la cada vez más frecuente técnica legislativa de remisión normativa

Investigación para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídica y Sociales / La incapacidad absoluta del demente está consagrada en el Código Civil chileno y es actualmente aplicada en personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial. Esta atribución de incapacidad por discapacidad contribuye a la estereotipación y vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en ámbitos de su vida pública y privada. Las mujeres con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial aún en nuestros días son sometidas a procedimientos de esterilizaciones forzosas sin su consentimiento, vulnerando el derecho del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que consagra el Igual reconocimiento como persona ante la ley y el derecho del artículo 23 del mismo cuerpo normativo que garantiza el respeto del hogar y de la familia