Históricamente se considera al Perú como un país de tradición minera. Esta no es una afirmación a la ligera, debido a que posee amplia abundancia de recursos minerales gracias a la presencia de la cordillera de los Andes, la cual recorre todo el territorio y es la fuente principal de nuestra riqueza mineral. En Perú, todos los recursos minerales son parte del Patrimonio de la Nación, por lo que se busca aprovechar los recursos materiales mediante concesiones a privados, y es el Estado quien se encarga de emitir las reglas de juego y fiscalizar la actividad minera en todo el territorio. Para la presente investigación resulta de suma importancia analizar la eficiencia y la forma mediante la cual se recaudan los impuestos del sector minero. Durante la década 2003-2012 se mantuvo un alza sostenida de los precios de los commodities en el mercado internacional lo que generó uno de los periodos de bonanza económica más importantes para el país en los últimos años. Sin embargo, no se implementaron mecanismos de tributación fiscal alternativos para poder aprovechar de alguna forma las sobre ganancias de las mineras durante el mayor auge del precio de los commodities. En este sentido, en la opinión pública se generó un consenso acerca dela importancia de la participación del Estado peruano en las ganancias obtenidas por los privados. Se procederá a analizar las reformas trascendentales del sistema tributario y de regalías mineras efectuadas durante el principio del gobierno de Ollanta Humala, centrándonos en la Ley No 29788 que modifica la Ley No 28258 de Regalías Mineras. Sin embargo, no se puede entender el nuevo Régimen Tributario Minero sin relacionar la Ley de la nueva regalía minera con las normativas que se aplicaron ese mismo año, como la ley No 29789, que crea el impuesto especial a la minería, así como la ley No 29790 que establece el marco legal del Gravamen Especial a la Minería. / Historically, Peru is considered a country with a mining tradition. This is not a light statement, since it has a wide abundance of mineral resources thanks to the presenceof the Andes Mountain range, which runs through the entire territory and is the main source of our mineral wealth. In Peru, all mineral resources are part of the Nation's patrimony, so the aim is to take advantage of the material resources through concessions to private companies, and it is the State that dictates the rules of the game and supervising the mining activity throughout the territory. For this research it is extremely important to analyse the efficiency and the way in which taxesare collected in the mining sector. During the decade 2003-2012 there was a sustainedrise in commodity prices in the international market, which generated one of the most important periods of economic growth for the country in the last decades. However, the government did not implement alternative taxation mechanisms to take advantageof the excess profits of mining companies during the greatest commodity prices boom.In this sense, a consensus was generated in the public opinion about the importance of the Peruvian State's participation in the profits obtained by the private companies. We will proceed to analyse the transcendental reforms of the tax and mining royalties system carried out during the beginning of the government of Ollanta Humala's, focusing onLaw No. 29788, which modifies Law No. 28258 on Mining Royalties. However, the newMining Tax Regime cannot be understood without relating the new Mining Royalty Lawwith the regulations that were implemented this year, such as Law No. 29789, which creates the special mining tax, as well as Law No. 29790, which establishes the legal framework for the Special Mining Tax.

En el presente informe se analiza la Casación N.° 03158-2022 LIMA, en la cual la Corte Suprema estableció como precedente vinculante la imposibilidad de controvertir una resolución de determinación emitida al finalizar el procedimiento de fiscalización, cuando el contribuyente haya presentado una declaración jurada rectificatoria en la que recoge las observaciones de la Administración Tributaria. En tal sentido, el informe busca determinar si el referido precedente se encuentra acorde con nuestra legislación tributaria, es decir, si el contribuyente puede o no impugnar una resolución de determinación, a pesar de que en el procedimiento de fiscalización presentó una declaración jurada rectificatoria recogiendo las observaciones emitidas por la Administración Tributaria. Para ello, se ha dividido el informe en cuatro secciones. En primer lugar, se aborda las figuras de la declaración jurada y la resolución de determinación como actos de determinación. En segundo lugar, se analiza si únicamente pueden controvertirse las resoluciones de determinación que contienen reparos. En tercer lugar, se busca determinar si es que la aceptación del contribuyente respecto a las observaciones de la Administración Tributaria, mediante una declaración jurada rectificatoria, implican una renuncia a su derecho a la impugnación. Finalmente, se aborda cómo el criterio de la Corte Suprema vulnera el derecho a la defensa del contribuyente y se presenta la acción de amparo como un posible remedio. El desarrollo del informe jurídico se sustenta en la interpretación de nuestra normativa tributaria; así como el empleo de la jurisprudencia y doctrina como fuentes de derecho. / This report analyzes Cassation No. 03158-2022 LIMA, in which the Supreme Court established as a binding precedent the impossibility of challenging an assessment resolution issued at the end of the audit procedure, when the taxpayer has filed a rectifying affidavit in which the observations of the Tax Administration are included. In this sense, the report seeks to determine if the referred precedent is in accordance with our tax legislation, i.e., if the taxpayer may or may not challenge an assessment resolution, even though in the audit procedure he filed a rectifying affidavit including the observations issued by the Tax Administration. For this purpose, the report has been divided into four sections. Firstly, it deals with the figures of the affidavit and the determination resolution as acts of determination. Secondly, it is analyzed whether only assessment resolutions containing objections can be challenged. Thirdly, it seeks to determine whether the taxpayer's acceptance of the observations of the Tax Administration, by means of a rectifying affidavit, implies a waiver of his right to challenge. Finally, it is discussed how the Supreme Court's criterion violates the taxpayer's right to defense and the amparo action is presented as a possible remedy. The development of the legal report is based on the interpretation of our tax regulations, as well as the use of jurisprudence and doctrine.

El debate legal tributario sobre los derechos de los contribuyentes y la demora de la administración tributaria y el Tribunal Fiscal en la resolución de impugnaciones del proceso contencioso tributario ha ocupado el interés de la opinión pública y los operadores del derecho, como consecuencia de los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre esta materia. A partir de ello, se ha generado espacios de discusión respecto a las implicancias de dicha demora en el cómputo del plazo de prescripción y de los intereses moratorios, temas que revisten especial importancia por las consecuencias jurídicas que se derivan de su aplicación en la esfera jurídica de las personas. En el presente trabajo, se cuestiona la razonabilidad del tratamiento de la suspensión del cómputo del plazo de prescripción en el ámbito tributario, a propósito del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 2051-2016-PA/TC – caso Industrial Paramonga –, que ordena la reanudación del plazo de prescripción de la acción para determinar y exigir la deuda tributaria cuando el Tribunal Fiscal se haya excedido del plazo legal para resolver el recurso de apelación en el procedimiento contencioso tributario. A partir de ello, se realiza un análisis de los motivos o razones que sustentan los límites a la recaudación de ingresos destinados al gasto público por aplicación de la institución de la prescripción en el ámbito tributario, para determinar si estos cumplen con el principio de razonabilidad en el caso concreto de la suspensión del cómputo del plazo de prescripción durante el tiempo que se excede el plazo legal establecido para resolver impugnaciones administrativas en el ámbito tributario. Con esta finalidad, se ha recurrido a los principios constitucionales que se encuentran en conflicto al aplicarse la prescripción en el ámbito tributario, recurriendo a los precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional, así como a la doctrina especializada en el tema para determinar la naturaleza jurídica de la prescripción. Asimismo, se ha recurrido a la aplicación del Test de proporcionalidad aplicado por el máximo intérprete de nuestra Constitución, con lo cual se concluye que la posición interpretativa de dicho órgano – respecto a la reanudación del plazo de prescripción – no es adecuada, pues hay una grave afectación al deber de contribuir en que se sustenta la recaudación en nuestro país. / The legal debate surrounding taxpayers' rights and the prolonged processing times within tax administration and the Tax Court regarding challenges to tax disputes have captured public interest and legal experts' attention, especially in light of recent rulings by the Constitutional Court. These developments have sparked discussions about the ramifications of such delays on the calculation of statutory limitations and accrued interest, issues of paramount importance due to their direct implications on taxpayers' rights and protections. This paper critically examines the rationale behind suspending the statute of limitations in tax matters, particularly in response to the Constitutional Court's ruling in Case No. 2051-2016-PA/TC – Industrial Paramonga –, which mandates the reinstatement of the statute of limitations for actions to determine and collect tax debts when the Tax Court exceeds the prescribed deadline for resolving appeals in tax litigation. Drawing on this context, an analysis is undertaken to evaluate the justification for imposing limits on revenue collection for public expenditure through the mechanism of prescription in tax law. The focus is on determining whether such limitations adhere to the principle of reasonableness, particularly concerning the suspension of the statute of limitations during periods when the legal timeframe for resolving administrative challenges in tax matters is exceeded. To this end, constitutional principles in conflict during the application of prescription in tax law are examined, relying on jurisprudential doctrines articulated by the Constitutional Court and specialized legal scholarship to ascertain the legal nature of prescription. Furthermore, the application of the Proportionality Test by the Constitutional Court is scrutinized, leading to the conclusion that the Court's interpretation regarding the reinstatement of the statute of limitations is inadequate, as it significantly undermines the fundamental duty to contribute to revenue collection, a cornerstone of fiscal policy in our nation.