El objeto del presente informe jurídico es analizar la Resolución N° 9 del 7 de marzo de 2017, dictada por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial, recaída en el proceso de anulación de laudo, correspondiente al Expediente N° 282-2015- 0-1817-SP-CO-02. Este recurso de anulación de laudo fue promovido por el Instituto de Ciencias y Humanidades, a efectos de que se declare la nulidad parcial del laudo arbitral del 18 de junio de 2015 emitido por la Árbitra Única Eugenia Sessarego Melgar en el Caso Arbitral N° 2870-2013-CCL, seguido por el Instituto de Ciencias y Humanidades contra Innova Publicidad S.A.C, en el cual el tópico principal de la controversia fue el incumplimiento parcial o total de las prestaciones de la segunda en relación a dos contratos suscritos entre ambas partes. A propósito del presente caso, se busca analizar los límites del control judicial de los laudos arbitrales, los cuales muchas veces se ven vulnerados por los jueces al cuestionar aspectos como la aplicación de las normas y la valoración de pruebas por parte de los árbitros. Como veremos en el presente trabajo, el cuestionamiento de estos aspectos implica adentrarse dentro de las mejores o peores razones que el árbitro ha tomado para sustentar su decisión, lo cual se encuentra proscrito por el artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1071, que expresamente prohíbe a los jueces pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por los árbitros. / The purpose of this legal report is to analyze Resolution No. 9 of March 7, 2017, issued by the Second Civil Chamber with Commercial Subspecialty, in the process of annulment of award, corresponding to Case File No. 282-2015-0-1817-SPCO-02. This annulment of arbitration award was initiated by Instituto de Ciencias y Humanidades, for the purpose of declaring the partial nullity of the arbitration award dated June 18, 2015 issued by the Sole Arbitrator Eugenia Sessarego Melgar in Arbitration Case No. 2870-2013-CCL, followed by Instituto de Ciencias y Humanidades against Innova Publicidad S.A.C, in which the main topic of the controversy was the partial or total breach of the latter's performance in relation to two contracts entered into between both parties. The purpose of this case is to analyze the limits of judicial control of arbitral awards, which are often violated by judges when questioning aspects such as the application of the rules and evaluation of evidence by the arbitrators. As we will see in this paper, the questioning of these aspects implies going into the best or worst reasons that the arbitrator has taken to support his decision, which is prohibid by Article 62 of Legislative Decree No. 1071, which expressly forbids judges to pronounce on the merits of the dispute or on the content of the decision or to qualify the criteria, motivations or interpretations set forth by the arbitrators.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, el Poder Judicial y los Tribunales Arbitrales, han señalado en la mayoría de resoluciones, que mediante el enriquecimiento sin causa se puede pagar la utilidad al contratista que ejecutó prestaciones a favor del estado sin mediar un contrato, lo que es un error, ya que el enriquecimiento sin causa brinda una tutela semi – resarcitoria, es decir solo busca reponer el equilibrio patrimonial. En el presente trabajo utilizo el método dogmático porque considero que en el Perú existe un profundo desconocimiento conceptual de la figura del enriquecimiento sin causa, además utilizo el método jurisprudencial ya que analizo las sentencias que resuelven casos que versan sobre enriquecimiento sin causa, de lo cual he concluido que salvo en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, no corresponde reconocer la utilidad a los proveedores del estado que hayan ejecutado prestaciones sin contrato, pues al realizarse el pago de esta manera se le está restando coherencia al sistema de contratación estatal, ya que el proveedor se ve beneficiado al lograr el mismo resultado que si celebrará un contrato público, evitando el gasto de tiempo y dinero que implica participar en una licitación. Asimismo, considero necesario establecer mediante una modificación normativa que establezca que el enriquecimiento sin causa en el ámbito de la contratación pública no da derecho al reconocimiento de la utilidad al proveedor, ya que la legislación vigente no ha regulado adecuadamente las consecuencias de esta fuente de obligación, por lo que se generan pronunciamientos diversos, entorno a la manera de aplicación de esta figura.

A lo largo de los 20 años que han transcurrido desde la salida del I Pleno Casatorio, las críticas a estos, como sistema de precedentes no han sido pocas. Una de las más grandes se encuentra en el hecho de que el foco de estas no sean los hechos. De ahí que consideremos importante estudiar al IX Pleno Casatorio, pues no solo establece nuevas reglas precedentes, sino que también decide reemplazar reglas de otros dos plenos utilizando overrulling o distinguishing. En ese sentido, la presente investigación tiene como propósito determinar qué técnica de apartamiento se ha utilizado en el IX Pleno Casatorio Civil. Para lograr este objetivo, se analizará los elementos fácticos tanto del mismo caso que motivo al pleno, como también a las sentencias que se ha pretendido modificar, pues no habría similaridad en este aspecto. A partir de ello, y bajo la óptica de la doctrina del precedente, se determinará si fue realmente legítimo el uso de alguna de estas o si más bien existen graves problemas en su uso. Pues, tal como se desarrollará, un mal uso de estos puede conllevar consigo efectos contraproducentes al verdadero objetivo de tener un adecuado sistema de precedentes en un país que exige seguridad jurídica e igualdad ante las normas expedidas por los legisladores. / Throughout the 20 years that have elapsed since the departure of the I Plenary Session, the criticisms of these, as a system of precedents have not been few. Being one of the largest, the fact that the focus of these is not the facts. Hence, we consider it important to study the IX Session Plenary, as it not only establishes new precedent rules, but also decides to replace two other plenary sessions using overrulling or distinguishing. In this sense, the present investigation aims to determine what separation technique has been used in the IX Plenary Civil Casatorio. To achieve this objective, the factual elements of both the same case that motivated the plenary session will be analyzed, as well as the sentences that it has been tried to modify, since there would be no similarity in this aspect. From this, and from the perspective of the doctrine of the precedent, it will be determined if the use of any of these was legitimate or if there are rather serious problems in their use. Well, as it will develop, a misuse of these can have counterproductive effects to the true objective of having an adequate system of precedents in a country that requires legal certainty and equality before the rules issued by the legislators.

En el presente informe desarrollaremos el caso resuelto por la Corte Suprema en la Casación Laboral N.o 3453-2017-LIMA ESTE, en la que se presenta a un trabajador quien fue despedido por su empleador por haber concurrido en estado de ebriedad a su centro de labores y al desempeñar una labor de naturaleza tal que la concurrencia en estado etílico constituya excepcional gravedad. Identificaremos si es que el trabajador fue despedido justificadamente por haber incurrido en falta grave establecida en el inciso e) del artículo 25° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, para lo cual, pondremos especial atención a la naturaleza de la labor desempeñada por el trabajador y si el día en el que concurrió habiendo ingerido alcohol realizó su función habitual. Luego, analizaremos si es que realmente concurrió en estado de ebriedad aplicando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y usando como referente parámetros médicos. Una vez realizado ello, analizaremos si para la configuración de dicha falta grave es necesario o no considerar la conducta o desempeño del trabajador que concurrió habiendo ingerido alcohol. Luego de analizado todo ello, concluiremos que en este caso se despidió justificadamente al trabajador conforme al artículo e) del artículo 25° de la LPCL, por haber concurrido en estado de ebriedad a su centro de labores e identificar que la naturaleza de su labor desempeñada conlleva a que esta conducta revista excepcional gravedad.

Las sociedades que han superado regímenes dictatoriales o conflictos armados en los cuales se cometieron graves violaciones a los derechos humanos presentan dificultades para su regulación desde el Derecho. Ello se debe a que estas sociedades suelen carecer de instituciones fuertes, producto de los hechos ocurridos, por lo que legislar e implementar las normas y políticas públicas necesarias para poder superar la situación en la que se encuentran es una tarea compleja. Desde el Derecho existen dos acciones que usualmente son prioritarias: i) el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos y ii) adoptar una legislación adecuada que genere políticas públicas para poder superar las circunstancias adversas en la que estas sociedades se encuentran y se pueda alcanzar la paz. De esta manera, el Derecho en sociedades en transición se relaciona con los objetivos de la justicia transicional como la búsqueda de la verdad, el juzgamiento de las violaciones de derechos humanos, las reparaciones y las garantías de no repetición. Por ello, si bien la justicia transicional surgió como una respuesta frente a algunas limitaciones de la justicia ordinaria, hoy en día, producto de la evolución en los estándares de derechos humanos, se considera que deben ser áreas complementarias y no excluyentes.

El presente informe consiste en analizar el Laudo Arbitral en mayoría emitido en el Expediente 1908-308-18 CARC-PUCP. Dicho arbitraje, tiene como antecedente la suscripción del Contrato N° 012-2017-MTC/20, entre el Consorcio Puentes del Norte y Provias Nacional, bajo la modalidad de suma alzada y concurso oferta; de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones con el Estado (Decreto Legislativo N° 1017) y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, vigentes en dicho momento. La controversia se resume en lo siguiente: El Consorcio considera que cumplió debidamente con la entrega del Expediente Técnico pese a que cuenta con un presupuesto de ejecución de obra mayor al inicialmente ofertado debido a que las condiciones originales del contrato variaron; y, por su parte, Provias Nacional considera que no se cumplió con presentar un Expediente Técnico idóneo ya que el presupuesto de ejecución de obra excedía el precio inicialmente ofertado. Ante la necesidad de determinar si el Consorcio cumplió o no con elaborar un Expediente Técnico acorde a lo requerido por la Entidad, se analizará si existió justificación válida para sustentar la presentación de dicho Expediente en los términos señalados por el Consorcio. Por lo que, contrastaremos los argumentos del Consorcio, de la Entidad y del propio Tribunal Arbitral en mayoría. Asimismo, analizaremos la naturaleza de la modalidad del contrato; la aparente rigidez de las Bases Integradas; y, también si existe algún mecanismo acorde a Ley que permita la conservación del Contrato, o si corresponde la resolución de este. / The present report consists of an analysis of the Majority Arbitration Award issued in Case 1908-308-18 CARC-PUCP. This arbitration has its background in the signing of Contract No. 012-2017-MTC/20 between Consorcio Puentes del Norte and Provias Nacional, under the lump sum and competitive bidding modality, in accordance with the provisions of the Law on Public Procurement (Legislative Decree No. 1017) and its regulation approved by Supreme Decree No. 184-2008-EF, in force at that time. The controversy can be summarized as follows: The Consortium argues that it duly complied with the delivery of the Technical File despite having a higher construction budget than initially offered due to changes in the original contract conditions. On the other hand, Provias Nacional argues that the Consortium did not present an appropriate Technical File since the construction budget exceeded the initially offered price. In order to figure out whether the Consortium fulfilled the obligation to prepare a Technical File per the requirements of the Entity, we will analyse whether there was a valid justification to support the submission of said File as told by the Consortium. Therefore, we will compare the arguments of the Consortium, the Entity, and the Majority Arbitration Tribunal. Additionally, we will analyse the nature of the contract modality, the plain rigidity of the integrated terms, and whether there is any legal mechanism that allows for the preservation of the Contract or if its resolution is proper.

El análisis del expediente con número de registro E-1832 es el objeto principal del presente informe jurídico, en virtud del cual el Laudo emitido con fecha 12 de agosto de 2004, mediante el cual se declaró fundada la imposición de una penalidad a Compañía Distribuidora S.A. por un monto de $36,000,000.00 (Treinta y seis millones con 00/100 dólares americanos), resolución que objeto de revisión de revisión en el Tribunal Constitucional, a través de un proceso a de agravio constitucional. La importancia del estudio de dicho caso se fundamenta en si bien es cierto que los árbitros tienen potestad para decidir su propia capacidad, lo cierto es que sus decisiones no pueden dejar de estar debidamente motivadas, siendo que los dictámenes que emiten están sujetos a las garantías y principios del ordenamiento jurídico peruano. Asimismo la sentencia emitida por el máximo intérprete de la Constitución, que deriva de la controversia resuelta mediante Laudo emitido con fecha 12 de agosto de 2004, desconoció los criterios ya trazados, principalmente, en materia de la potestad que tienen los árbitros en el Perú sobre su propia competencia, así como respecto a la procedencia de la revisión de las decisiones suscritas por los árbitros mediante un recurso de amparo. Asimismo, no puede dejar de mencionarse data del año 2009, a casi quince años de dicha decisión, en el arbitraje nacional aún son materia de discusión doctrinal cuestiones como la motivación de los laudos, los requisitos previos al arbitraje, entre otros. En ese sentido, el objetivo de este documento es evaluar: (i) la importancia de la motivación de los laudos; (ii) las cláusulas penales y el abuso del derecho; (iii) el agotamiento de la vía previa, (iv) los requisitos previos al arbitraje y (v) la jurisdiccional arbitral ante el control constitucional. Finalmente, para cumplir con este objetivo se realizará el análisis desde una perspectiva dogmática, apoyándose para ello en el estudio de las leyes pertinentes, la jurisprudencia asociada y la literatura jurídica correspondiente.

El trabajo de investigación parte de la existencia de dos interpretaciones totalmente opuestas respecto de la aplicación de intereses moratorios y sanciones ante la posterior modificación del Impuesto a la Renta que sirvió como base de cálculo para determinar los pagos a cuenta. A partir de la aplicación del método de interpretación sistemática de las normas que regulan la obligación de abonar los pagos a cuenta y de los intereses moratorios respecto de tales anticipos, así como de las normas referidas a las declaraciones tributarias original y rectificatoria, se concluye que contrariamente a lo establecido por la Corte Suprema, sí procede el cobro de intereses moratorios y de sanciones ante la posterior variación del impuesto anual que fue utilizado para determinar dichos pagos a cuenta. Así, se establece una crítica a la interpretación efectuada por la Corte Suprema, planteándose una interpretación acorde a lo previsto por la normatividad tributaria aplicable, y apoyando la postura adoptada por el Tribunal Fiscal. Asimismo, el trabajo de investigación pone en evidencia la inseguridad jurídica generada en los contribuyentes ante esta doble interpretación, y, además, la posible afectación en la recaudación del Estado como consecuencia de lo que se resuelva de forma definitiva en los procesos judiciales iniciados en los que se invoca la aplicación de la interpretación efectuada por la Corte Suprema. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación busca analizar, entender, comprender e interpretar la ley penal en blanco y su relación con el delito de minería ilegal. El método empleado en la presente investigación es el del análisis de documentos, de manera específica la doctrina y jurisprudencia respecto al tema de investigación. Las principales conclusiones del delito de minería ilegal, previsto en el artículo 307° A del Código Penal son: el primer párrafo del delito de minería ilegal es una norma de accesoriedad administrativa de acto, la cual te remite a un acto administrativo para establecer su complementariedad; descartando la posibilidad de la existencia de una ley penal en blanco en este punto; el segundo párrafo del delito de minería ilegal, tampoco es una ley penal en blanco, ya que cuando se hace referencia al estar fuera del proceso de formalización no requiere de una norma extrapenal para determinar el carácter delictuoso del acto, tampoco necesita de un acto administrativo para estar fuera o dentro del proceso de formalización, pues la sola presentación de la declaración de compromiso genera que el imputado se encuentre dentro del proceso y por ende su conducta es atípica; la tercera parte del tipo penal prescribe los delitos culposos de difícil realización. Finalmente, el delito de minería ilegal, previsto en el artículo 307° A, no vulnera el principio de legalidad, ya que el mandato de determinación (Lex certa) es claro. / The present research work seeks to analyze, understand, understand and interpret the blank criminal law and its relationship with the crime of illegal mining. The method used in this research is document analysis, specifically the doctrine and jurisprudence regarding the research topic. The main conclusions of the crime of illegal mining, provided for in article 307° A of the Penal Code are: the first paragraph of the crime of illegal mining is a rule of administrative accessory of the act, which refers you to an administrative act to establish its complementarity ; ruling out the possibility of the existence of a blank criminal law at this point; The second paragraph of the crime of illegal mining is not a blank criminal law either, since when reference is made to being outside the formalization process, it does not require an extra-criminal norm to determine the criminal nature of the act, nor does it need an administrative act. to be outside or inside the formalization process, since the mere presentation of the declaration of commitment causes the accused to be within the process and therefore his behavior is atypical; The third part of the criminal type prescribes culpable crimes that are difficult to carry out. Finally, the crime of illegal mining, provided for in article 307° A, does not violate the principle of legality, since the determination mandate (Lex certa) is clear.

El presente informe abarca el caso arbitral N°122-2010 seguido por el consorcio Johesa Upaca contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, mediante el cual se analiza la pretensión de consorcio a fin de determinar la irregularidad y extemporaneidad de la resolución que aprueba la liquidación del contrato de obra realizada por la Entidad y, a su vez, sobre el consentimiento de la liquidación de contrato presentado por el contratista. Para ello corresponde evaluar las liquidaciones de obra presentadas por las partes a fin de determinar cuál de ellas siguió el procedimiento regular establecido en la ley. Cabe señalar que dicho examen se realizará bajo el análisis de la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado y su reglamento aplicable al caso. Asimismo, corresponde analizar si un hallazgo de contraloría puede generar variaciones en una ampliación de plazo aprobada y consentida y a su vez determinar la competencia del Tribunal Arbitral para tratar el enriquecimiento sin causa frente a la indemnización solicitada por el demandante. / This report analyzes the arbitration case N°122-2010 followed by the consortium Johesa Upaca against the Special Project of National Transportation Infrastructure - PROVIAS NACIONAL, through which the consortium's claim is analyzed in order to determine the irregularity and untimeliness of the resolution approving the liquidation of the construction contract carried out by the Entity and, in turn, on the consent of the contract liquidation presented by the contractor. To this end, it is necessary to evaluate the work settlements submitted by the parties in order to determine which of them followed the regular procedure established by law. It should be noted that this examination will be carried out under the analysis of the State contracting and procurement rules and regulations applicable to the case. Likewise, it is necessary to analyze whether a comptroller's finding can generate variations in an approved and consented extension of time and, in turn, to determine the competence of the Arbitral Tribunal to deal with the unjust enrichment in relation to the compensation requested by the claimant.