La presente investigación trata un tema muy controvertido en el Derecho Societario y en nuestra realidad, el cual es la regularización de las sociedades irregulares sobrevenidas que incurren en causal de disolución de pleno derecho. Es un tema controversial porque existe un conflicto entre la postura doctrinaria y lo establecido por el Tribunal Registral en el primer Acuerdo Plenario del “L” Pleno, además de ser un tema de gran importancia que ha sido dejado de lado por gran parte de la doctrina por varios años. Cabe señalar que, existía un pronunciamiento por parte del Tribunal Registral distinto a la postura de la doctrina, el objetivo de la presente investigación es analizar cada postura, para determinar cuál es más acorde con nuestra realidad en el mundo empresarial o cuál es más beneficioso para las sociedades y finalizar con una postura. Dado que tienen posturas contrarias, una de ellas beneficia a las sociedades irregulares y la otra la perjudica, el supuesto teórico es que una de ellas no está desarrollando su postura conforme a derecho o una de ellas no está tomando en cuenta otras variables que rodean el desarrollo de la actividad empresarial, como son los puestos laborales y los terceros contratantes. Debemos tomar en cuenta que, la regularización de las sociedades irregulares sobrevenidas por causal de disolución de pleno derecho, debe ser conforme a derecho y el acuerdo plenario en cuestión que permite su regularización, también debe serlo, ya que no solo se encuentra en juego la extinción o continuidad de una sociedad, sino también está en juego los puestos laborales, los terceros que contrataron con la sociedad, los consumidores y el sector económico que puede verse afectado con la salida de esta sociedad irregular sobrevenidas por causal de disolución de pleno derecho.

El análisis de la aplicación del principio de predictibilidad o confianza legítima en las resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado, ya sean derivadas de un procedimiento administrativo sancionador o de un recurso de apelación, tienen como efecto jurídico abstracto la generación de confianza legítima en el administrado, confianza que deberá ser creada por el Tribunal en la línea de que guíe su conducta sobre la base de anteriores pronunciamientos emitidos en los mismos supuesto, con la finalidad de que su discrecionalidad al resolver determinados asuntos no se convierta en arbitrariedad y así no pueda tener dos pronunciamientos totalmente antagónicos frente a casos idénticos, en los cuales se presentan los mismos argumentos y se aplica igual normativa (Martinez Zamora, 2014). Sin embargo, del análisis de diversas resoluciones, tanto de procedimientos administrativos sancionadores como de recursos de apelación, se puede constatar que, en la práctica, el Tribunal de contrataciones del OSCE, ha vulnerado el principio de predictibilidad o confianza legítima, pues ante supuestos de hecho sustancialmente iguales sometidos a apelación o a un procedimiento administrativo sancionador han aplicado criterios diferentes y obtenido resoluciones antagónicas de forma inmotivada, generándose arbitrariedad por parte del Tribunal de Contrataciones del OSCE, inseguridad jurídica y la vulneración de derechos y principios conexos.

En el presente trabajo se analiza, no solo desde una perspectiva de derecho del consumidor, sino desde los derechos humanos y de derecho constitucional, algunos aspectos de la Resolución N° 2025-2019/SPC-INDECOPI. Se pregunta si es que, en la situación suscitada en la referida Resolución, efectivamente hubo discriminación por razones etarias a personas mayores de edad. Para ello primero elabora un breve marco teórico sobre el derecho a la igualdad y no discriminación en el que se repasan diversos instrumentos internacionales que recogen y profundizan en estos derechos fundamentales, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En segundo lugar, se enfoca en el análisis de los derechos fundamentales de las personas mayores, como es el derecho a una vivienda digna, basándose también en instrumentos internacionales que los han desarrollado. Se realiza una mención especial a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, único instrumento internacional de obligatorio cumplimiento, recientemente ratificado por nuestro país. Luego, se explora la función de las instituciones financieras y su colaboración con el Estado, especialmente a través del Fondo Mivivienda, en el desarrollo de alternativas que permitan a las personas mayores el pleno goce de sus derechos. Posteriormente, se comenta el impacto económico y de costos que podría tener para las instituciones financieras el otorgamiento de créditos a personas mayores, desde una perspectiva de su responsabilidad empresarial para con los derechos humanos. Finalmente, se realiza un test de proporcionalidad con la finalidad de verificar y validar la constitucionalidad de las medidas propuestas en el Informe. / In this paper, the author analyzes, from human rights and constitutional law perspective some aspects of the Resolution N° 2025-2019/SPC-INDECOPI. He wonders if in the mentioned situation, older consumers were discriminated based on their age. First, he elaborates a short theoretical framework about the right to be treated equally and to not be discriminated by any reason, in which he reviews a series of international instruments that provide a development of these fundamental rights, based on International Human Rights Law. Second, the author focuses on the analysis of older consumers human and fundamental rights, such as owning a deserving house, based on the international instruments that have developed these topics. He does a special mention to the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons, the only instrument of mandatory compliance, that has been recently ratified by our country. Then, he analyses the function of financial institutions and their collaborative work with the government, especially with Fondo Mivivienda, in the development of alternatives that allow older consumers to pursue their fundamental and human rights. Finally, we elaborate a proportionality test in order to validate the constitutionality of the proposed measures in this paper.

El artículo tiene como propósito de investigación revisar el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al contenido de protección del derecho a un medio ambiente sano (DMAS) como derecho autónomo que reviste de la esencia del enfoque eco-céntrico. Para este cometido, primero revisaremos el camino de la evolución interpretativa acerca de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) hasta llegar a examinar la aseveración de su justiciabilidad directa. En segundo lugar, identifcaremos el itenarario jurisprudencial especifico sobre el DMAS enfatizando en qué momento de este trayecto se hace el giro del enfoque antropocentrico hacia el enfoque eco-céntrico, en el cual, la naturaleza vendrá a adquirir mecanismos de protección para sí misma. En tercer término, revisaremos que obligaciones generales se asocian al contenido del DMAS en base a los lineamientos obligacionales que se ha ido promoviendo para los derechos DESCA, y que obligaciones especificas la Corte IDH ha acogido del Derecho Ambiental Internacional (DAI). Luego, se identificará que tipo de reparaciones se vinculan al DMAS. Para llegar a la conclusión que el enfoque eco-céntrico ha permitido ampliar los destinatarios de protección del DMAS, ello implica que los Estados se encuetran constreñidos a establecer una serie de medidas que garanticen no solo la salvaguardia de los derechos del ser humano, sino de todos los seres vivos y componentes de la naturaleza. / The purpose of the article is to review the jurisprudential development of the Inter-American Court of Human Rights (IDH Court) regarding the content of the protection of the right to a healthy environment (DMAS) as an autonomous right that has the essence of the eco-centric approach. For this purpose, we will first review the path of interpretive evolution regarding economic, social, cultural and environmental rights (ESCER) until we get to examine the assertion of its direct justiciability. Secondly, we will identify the specific jurisprudential itinerary on DMAS, emphasizing at what point in this journey the anthropocentric approach turns towards the eco-centric approach, in which nature will come to acquire protection mechanisms for itself. Thirdly, we will review what general obligations are associated with the content of the DMAS based on the mandatory guidelines that have been promoted for ESCER rights, and what specific obligations the Inter-American Court has accepted from International Environmental Law. Then, it will be identified what kind of repairs are linked to DMAS. To reach the conclusion that the eco-centric approach has made it possible to expand the recipients of DMAS protection, this implies that the States are constrained to establish a series of measures that guarantee not only the safeguarding of the rights of the human being, but also of all living beings and components of nature. / Trabajo académico

El objeto del presente informe jurídico es analizar la Resolución N° 9 del 7 de marzo de 2017, dictada por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial, recaída en el proceso de anulación de laudo, correspondiente al Expediente N° 282-2015- 0-1817-SP-CO-02. Este recurso de anulación de laudo fue promovido por el Instituto de Ciencias y Humanidades, a efectos de que se declare la nulidad parcial del laudo arbitral del 18 de junio de 2015 emitido por la Árbitra Única Eugenia Sessarego Melgar en el Caso Arbitral N° 2870-2013-CCL, seguido por el Instituto de Ciencias y Humanidades contra Innova Publicidad S.A.C, en el cual el tópico principal de la controversia fue el incumplimiento parcial o total de las prestaciones de la segunda en relación a dos contratos suscritos entre ambas partes. A propósito del presente caso, se busca analizar los límites del control judicial de los laudos arbitrales, los cuales muchas veces se ven vulnerados por los jueces al cuestionar aspectos como la aplicación de las normas y la valoración de pruebas por parte de los árbitros. Como veremos en el presente trabajo, el cuestionamiento de estos aspectos implica adentrarse dentro de las mejores o peores razones que el árbitro ha tomado para sustentar su decisión, lo cual se encuentra proscrito por el artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1071, que expresamente prohíbe a los jueces pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por los árbitros. / The purpose of this legal report is to analyze Resolution No. 9 of March 7, 2017, issued by the Second Civil Chamber with Commercial Subspecialty, in the process of annulment of award, corresponding to Case File No. 282-2015-0-1817-SPCO-02. This annulment of arbitration award was initiated by Instituto de Ciencias y Humanidades, for the purpose of declaring the partial nullity of the arbitration award dated June 18, 2015 issued by the Sole Arbitrator Eugenia Sessarego Melgar in Arbitration Case No. 2870-2013-CCL, followed by Instituto de Ciencias y Humanidades against Innova Publicidad S.A.C, in which the main topic of the controversy was the partial or total breach of the latter's performance in relation to two contracts entered into between both parties. The purpose of this case is to analyze the limits of judicial control of arbitral awards, which are often violated by judges when questioning aspects such as the application of the rules and evaluation of evidence by the arbitrators. As we will see in this paper, the questioning of these aspects implies going into the best or worst reasons that the arbitrator has taken to support his decision, which is prohibid by Article 62 of Legislative Decree No. 1071, which expressly forbids judges to pronounce on the merits of the dispute or on the content of the decision or to qualify the criteria, motivations or interpretations set forth by the arbitrators.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, el Poder Judicial y los Tribunales Arbitrales, han señalado en la mayoría de resoluciones, que mediante el enriquecimiento sin causa se puede pagar la utilidad al contratista que ejecutó prestaciones a favor del estado sin mediar un contrato, lo que es un error, ya que el enriquecimiento sin causa brinda una tutela semi – resarcitoria, es decir solo busca reponer el equilibrio patrimonial. En el presente trabajo utilizo el método dogmático porque considero que en el Perú existe un profundo desconocimiento conceptual de la figura del enriquecimiento sin causa, además utilizo el método jurisprudencial ya que analizo las sentencias que resuelven casos que versan sobre enriquecimiento sin causa, de lo cual he concluido que salvo en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, no corresponde reconocer la utilidad a los proveedores del estado que hayan ejecutado prestaciones sin contrato, pues al realizarse el pago de esta manera se le está restando coherencia al sistema de contratación estatal, ya que el proveedor se ve beneficiado al lograr el mismo resultado que si celebrará un contrato público, evitando el gasto de tiempo y dinero que implica participar en una licitación. Asimismo, considero necesario establecer mediante una modificación normativa que establezca que el enriquecimiento sin causa en el ámbito de la contratación pública no da derecho al reconocimiento de la utilidad al proveedor, ya que la legislación vigente no ha regulado adecuadamente las consecuencias de esta fuente de obligación, por lo que se generan pronunciamientos diversos, entorno a la manera de aplicación de esta figura.

A lo largo de los 20 años que han transcurrido desde la salida del I Pleno Casatorio, las críticas a estos, como sistema de precedentes no han sido pocas. Una de las más grandes se encuentra en el hecho de que el foco de estas no sean los hechos. De ahí que consideremos importante estudiar al IX Pleno Casatorio, pues no solo establece nuevas reglas precedentes, sino que también decide reemplazar reglas de otros dos plenos utilizando overrulling o distinguishing. En ese sentido, la presente investigación tiene como propósito determinar qué técnica de apartamiento se ha utilizado en el IX Pleno Casatorio Civil. Para lograr este objetivo, se analizará los elementos fácticos tanto del mismo caso que motivo al pleno, como también a las sentencias que se ha pretendido modificar, pues no habría similaridad en este aspecto. A partir de ello, y bajo la óptica de la doctrina del precedente, se determinará si fue realmente legítimo el uso de alguna de estas o si más bien existen graves problemas en su uso. Pues, tal como se desarrollará, un mal uso de estos puede conllevar consigo efectos contraproducentes al verdadero objetivo de tener un adecuado sistema de precedentes en un país que exige seguridad jurídica e igualdad ante las normas expedidas por los legisladores. / Throughout the 20 years that have elapsed since the departure of the I Plenary Session, the criticisms of these, as a system of precedents have not been few. Being one of the largest, the fact that the focus of these is not the facts. Hence, we consider it important to study the IX Session Plenary, as it not only establishes new precedent rules, but also decides to replace two other plenary sessions using overrulling or distinguishing. In this sense, the present investigation aims to determine what separation technique has been used in the IX Plenary Civil Casatorio. To achieve this objective, the factual elements of both the same case that motivated the plenary session will be analyzed, as well as the sentences that it has been tried to modify, since there would be no similarity in this aspect. From this, and from the perspective of the doctrine of the precedent, it will be determined if the use of any of these was legitimate or if there are rather serious problems in their use. Well, as it will develop, a misuse of these can have counterproductive effects to the true objective of having an adequate system of precedents in a country that requires legal certainty and equality before the rules issued by the legislators.

En el presente informe desarrollaremos el caso resuelto por la Corte Suprema en la Casación Laboral N.o 3453-2017-LIMA ESTE, en la que se presenta a un trabajador quien fue despedido por su empleador por haber concurrido en estado de ebriedad a su centro de labores y al desempeñar una labor de naturaleza tal que la concurrencia en estado etílico constituya excepcional gravedad. Identificaremos si es que el trabajador fue despedido justificadamente por haber incurrido en falta grave establecida en el inciso e) del artículo 25° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, para lo cual, pondremos especial atención a la naturaleza de la labor desempeñada por el trabajador y si el día en el que concurrió habiendo ingerido alcohol realizó su función habitual. Luego, analizaremos si es que realmente concurrió en estado de ebriedad aplicando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y usando como referente parámetros médicos. Una vez realizado ello, analizaremos si para la configuración de dicha falta grave es necesario o no considerar la conducta o desempeño del trabajador que concurrió habiendo ingerido alcohol. Luego de analizado todo ello, concluiremos que en este caso se despidió justificadamente al trabajador conforme al artículo e) del artículo 25° de la LPCL, por haber concurrido en estado de ebriedad a su centro de labores e identificar que la naturaleza de su labor desempeñada conlleva a que esta conducta revista excepcional gravedad.

Las sociedades que han superado regímenes dictatoriales o conflictos armados en los cuales se cometieron graves violaciones a los derechos humanos presentan dificultades para su regulación desde el Derecho. Ello se debe a que estas sociedades suelen carecer de instituciones fuertes, producto de los hechos ocurridos, por lo que legislar e implementar las normas y políticas públicas necesarias para poder superar la situación en la que se encuentran es una tarea compleja. Desde el Derecho existen dos acciones que usualmente son prioritarias: i) el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos y ii) adoptar una legislación adecuada que genere políticas públicas para poder superar las circunstancias adversas en la que estas sociedades se encuentran y se pueda alcanzar la paz. De esta manera, el Derecho en sociedades en transición se relaciona con los objetivos de la justicia transicional como la búsqueda de la verdad, el juzgamiento de las violaciones de derechos humanos, las reparaciones y las garantías de no repetición. Por ello, si bien la justicia transicional surgió como una respuesta frente a algunas limitaciones de la justicia ordinaria, hoy en día, producto de la evolución en los estándares de derechos humanos, se considera que deben ser áreas complementarias y no excluyentes.

El presente informe consiste en analizar el Laudo Arbitral en mayoría emitido en el Expediente 1908-308-18 CARC-PUCP. Dicho arbitraje, tiene como antecedente la suscripción del Contrato N° 012-2017-MTC/20, entre el Consorcio Puentes del Norte y Provias Nacional, bajo la modalidad de suma alzada y concurso oferta; de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones con el Estado (Decreto Legislativo N° 1017) y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, vigentes en dicho momento. La controversia se resume en lo siguiente: El Consorcio considera que cumplió debidamente con la entrega del Expediente Técnico pese a que cuenta con un presupuesto de ejecución de obra mayor al inicialmente ofertado debido a que las condiciones originales del contrato variaron; y, por su parte, Provias Nacional considera que no se cumplió con presentar un Expediente Técnico idóneo ya que el presupuesto de ejecución de obra excedía el precio inicialmente ofertado. Ante la necesidad de determinar si el Consorcio cumplió o no con elaborar un Expediente Técnico acorde a lo requerido por la Entidad, se analizará si existió justificación válida para sustentar la presentación de dicho Expediente en los términos señalados por el Consorcio. Por lo que, contrastaremos los argumentos del Consorcio, de la Entidad y del propio Tribunal Arbitral en mayoría. Asimismo, analizaremos la naturaleza de la modalidad del contrato; la aparente rigidez de las Bases Integradas; y, también si existe algún mecanismo acorde a Ley que permita la conservación del Contrato, o si corresponde la resolución de este. / The present report consists of an analysis of the Majority Arbitration Award issued in Case 1908-308-18 CARC-PUCP. This arbitration has its background in the signing of Contract No. 012-2017-MTC/20 between Consorcio Puentes del Norte and Provias Nacional, under the lump sum and competitive bidding modality, in accordance with the provisions of the Law on Public Procurement (Legislative Decree No. 1017) and its regulation approved by Supreme Decree No. 184-2008-EF, in force at that time. The controversy can be summarized as follows: The Consortium argues that it duly complied with the delivery of the Technical File despite having a higher construction budget than initially offered due to changes in the original contract conditions. On the other hand, Provias Nacional argues that the Consortium did not present an appropriate Technical File since the construction budget exceeded the initially offered price. In order to figure out whether the Consortium fulfilled the obligation to prepare a Technical File per the requirements of the Entity, we will analyse whether there was a valid justification to support the submission of said File as told by the Consortium. Therefore, we will compare the arguments of the Consortium, the Entity, and the Majority Arbitration Tribunal. Additionally, we will analyse the nature of the contract modality, the plain rigidity of the integrated terms, and whether there is any legal mechanism that allows for the preservation of the Contract or if its resolution is proper.